Luego de una amplia etapa en la que propios, extraños y muchos analistas afirmamos el debilitamiento, vaciamiento y desarticulación del movimiento campesino-indígena, en abril de 2026, la Marcha por la Defensa de los bosques amazónicos y la seguridad jurídica de los territorios indígena originario campesinos sorprendió y dio lecciones de independencia política y autogestión. El estigma instaurado en las últimas décadas sobre el campesinado –referido a las organizaciones “trillizas” del anterior gobierno: campesinos, bartolinas e interculturales– se removió frente a unas organizaciones tradicionales, surgidas de la primera reforma agraria de 1953 y permanentemente golpeadas por la estructura extractivista amazónica que intenta perpetuar su dominio económico y político en la región.

Inquietudes por la marcha y la inconstitucionalidad de la Ley 1720

Mientras avanzaba la Marcha, varios colectivos activistas en las diferentes ciudades intentaban saber de la columna, saber dónde estaban, cómo avanzaban y qué pedían. La principal demanda fue la abrogación de la inconsulta Ley 1720, pero también se hablaba de la titulación de tierras en un departamento que llevaba más de 15 años con el proceso cerrado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Los medios alternativos y de las propias organizaciones campesinas visibilizaban una problemática mucho más compleja que la ley promulgada –entre gallos y media noche–, una larga resistencia al extractivismo gomero y castañero, y una permanente disputa por los precios de la castaña, pero también por la representación política efectiva y por una ciudadanía plena en adverso contexto del Norte Amazónico boliviano.

La abrogada Ley 1720, permitía la conversión de la pequeña propiedad en mediana, perdiendo así su carácter social y pasando a ser objeto de mercantilización, hipoteca y eventual embargo. Muchas comunidades en el país vislumbraron que esta ley atizaría su conflictividad, pero, además, en diferentes regiones del país, se vio que esta ley era impulsada por y para el sector terrateniente que había visto mermada su gran propiedad dada la transformación agraria en el país. El reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra, no había sido del agrado de todos, muchos propietarios para no perder su control titulan parte de sus tierras como pequeña propiedad a nombre de diferentes familiares, y como un pendiente, siempre intentaron recuperar el valor de mercado de estas tierras.

Fotos: Gentileza Federación Vaca Diez

“No queremos que vuelva el patrón” repetían los testimonios, y se sumaban los motivos por los cuales rechazar la ley, el encarecimiento de la canasta familiar, la gasolina ‘basura’, los casos de corrupción y múltiples omisiones. Tras dos mesas de diálogo, en la ciudad de Caranavi, un sector del campesinado, la Federación de Pando, creada para la segunda reforma agraria que inició en los años noventa, pactó con el gobierno un decreto bastante dudoso sobre la conversión de tierras fiscales no disponibles a disponibles, y la titulación de tierras de comunidades asentadas con permisos mínimos.

Una marcha que avanzó frente la adversidad

La columna fragmentada avanzó con todo y con muchos contratiempos, una logística complicada y múltiples limitaciones. Un aliciente y a la vez un mandato fue el impulso de las bases campesinas de la regional Vaca Diez del Beni y la regional Madre de Dios de Pando. Ambas federaciones partieron de la ciudad de Riberalta, y marcharon hacia el norte de La Paz y luego a la sede de gobierno. A falta de comisiones y aparatosa organización, sus cabezas, Vivian Palomequi y Faifer Cuájera, reunidos con la Central Étnica de Pueblos de Mojos del Beni, decidían todo, las rutas, los lugares, las formas, delegando roles específicos y sobre todo consultando con sus bases. Cerca a La Paz, las manifestaciones de solidaridad empezaron a hacerse sentir, pero no se imaginaron que ya en la ciudad, los colectivos de jóvenes y mujeres activistas serían no una presencia esporádica, sino el sostén de la movilización, la olla común y el equipo logístico.

Fotos: Gentileza Federación Vaca Diez / Fuga Radial.

Desde el último tramo de retorno a sus territorios en el Norte Amazónico, diferentes dirigentes agradecieron a todas las personas que acompañaron, a sus bases, a sus familias y a los colectivos urbanos y tantas personas que trabajaron para garantizar espacio, alimento y abrigo en la marcha y los 15 días de vigilia en la ciudad de La Paz.

Pese a las omisiones gubernamentales, el ‘ninguneo’ que sintieron pues, a diferencia de todas las marchas indígenas y campesinas antes realizadas, el Presidente nunca los recibió, nunca se sentó a dialogar con ellos y se hizo una campaña de subestimación y difamación desde el gobierno hacia ellas y ellos. Como si los políticos no tuvieran asesores legales, económicos, políticos y hasta de imagen, múltiples declaraciones ‘oficiales’ afirmaron el financiamiento de la marcha, el dictado de la agenda y pliegos, que mostraban una falta de lectura óptima de la Ley 1720.

La memoria histórica enseña y dirige

En efecto, la Ley 1720 no menciona la propiedad comunitaria ni los territorios indígenas, pero la experiencia de la memoria larga y corta de relacionamiento con un Estado de sesgo colonial y clasista les permitió tener la claridad de que esta ley permitiría la inconstitucionalidad, la fragmentación de sus comunidades y el blanqueo de mucha tierra, que en el norte amazónico como en el oriente del país, se tituló como pequeña propiedad, correspondiendo a tierra concentrada por el latifundio y las élites criollo mestizas. Transgredir la Constitución por una vez, permitirá que se la transgreda hasta el punto de hacer regresivos los derechos conquistados por sus abuelos y padres, a punta de marchas, protestas y una tenaz resistencia diaria de trabajo y estudio de familias y jóvenes que se rebelan al patronazgo.

La Marcha fue financiada por los aportes comunales, humildes y dignos, por eso esta columna, como no se veía hace mucho tiempo, pasó hambre, frío y múltiples carencias en su camino. La Marcha no tuvo tutela ni compromiso político, por eso fue omitida por un presidente cuya política improvisada no le permite valorar el peso de la organicidad, la legitimidad y la contribución campesina e indígena a un país que lucha día a día por ser viable.

Al 19 de mayo de 2026, mientras se agolpan las protestas populares en la sede de gobierno y la política represiva del gobierno sigue teniendo una lectura obtusa del país, las bases de las federaciones campesinas amazónicas, reciben a sus dirigentes y delegados marchistas con pescado de río, yuca y plátano, expresiones del chaco cultivado y de los espacios comunitarios del cuidado y autonomía.

Foto: Gentileza Federación Vaca Diez