Por: Rocío Lloret Céspedes / La Región, Nassau (Bahamas) 

• La cuarta conferencia del primer tratado ambiental de América Latina aprobó diez decisiones.
• Se crearon dos nuevos grupos de trabajo: registros de emisiones y acceso a la justicia ambiental.
• Panamá anunció su disposición para albergar la COP5, fijada para el 20 al 22 de abril de 2028, pero esto se debe confirmar oficialmente.
• América Latina concentra más del 80% de los asesinatos de defensores ambientales del mundo.

Nassau es una isla de grandes brechas sociales y económicas. La capital de Bahamas —situada al norte de Cuba y al sudeste de Florida (Estados Unidos)— es una ciudad caribeña construida sobre arenas que un mar de tonos calipso reclama. Un archipiélago que tiene dos realidades en sus 210 kilómetros cuadrados de extensión. Por un lado el downtown o centro histórico, lleno de turistas del mundo que llegan a abordar cruceros inmensos; tiendas de lujo que ofrecen joyas de cristal o perfumes de alto costo. Un lugar cuyo ritmo palpita entre las 8.00 y las 15.00, cuando los negocios cierran y por las calles solo quedan trabajadores que buscan cómo volver a su hogar en una urbe sin un sistema fijo de transporte público. Al otro lado, fuera del centro, un mundo de casas estilo colonial británico, con avenidas asfaltadas y calles de arena. Barrios llenos de residuos de plástico y cartones de franquicias de comida rápida, con iglesias de distintas religiones que se llenan los domingos.

 Ahí, entre el 21 y el 24 de abril, delegaciones oficiales negociaron en salones con aire acondicionado del British Colonial Hotel los avances del Acuerdo de Escazú. La elección del escenario no fue casual. Era la primera vez que una Conferencia de Partes (COP), como se conoce a estas reuniones de alto rango se realizaba en un país caribeño, la subregión que más Estados ha sumado al acuerdo y la que tiene menos margen de tiempo si los compromisos estatales frente a la crisis climática no se traducen en hechos concretos. Esa tensión entre la urgencia del entorno y la cadencia de las negociaciones recorrió cada sesión.

De América Latina y el Caribe

Adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense que lleva su nombre, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales es el primer tratado ambiental y de derechos humanos negociado y firmado en América Latina y el Caribe. Su carácter pionero reside en que, por primera vez en la región, un instrumento jurídicamente vinculante o de cumplimiento obligatorio conecta tres derechos de acceso —información, participación y justicia— con la protección explícita de quienes defienden esos derechos en terreno. El acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021 y su secretaría es ejercida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Está abierto a los 33 países de la región; pero a la fecha, solo 19 lo han ratificado, entre ellos, Bolivia.

La conferencia cerró con la aprobación por consenso de diez decisiones. Entre las más sustanciales figuran la creación de dos grupos de trabajo: uno sobre registros de emisiones y transferencia de contaminantes, y otro sobre acceso a la justicia ambiental. Ambos incorporarán representantes de la sociedad civil, un punto que las organizaciones civiles presentes en Nassau (público, en lenguaje diplomático) exigieron con insistencia. También se aprobaron lineamientos metodológicos para que cada Estado Parte elabore su propia hoja de ruta de implementación, con mecanismos para identificar brechas, definir prioridades y establecer procesos transparentes.

El Plan de Acción sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales ocupó la sesión final de la conferencia. Los delegados revisaron los avances y los próximos pasos, en particular la elaboración de un diagnóstico regional que permita cuantificar y caracterizar la situación de quienes protegen la naturaleza. El impulso a un mecanismo de respuesta rápida fue presentado por México como uno de sus aportes centrales a esta COP. La Cepal, como secretaría, instó a los países que aún no son parte a que se incorporen. “Necesitamos llegar a los 33 países de América Latina y el Caribe, ya que si avanzamos todos juntos llegaremos más lejos”, dijo Carlos de Miguel, director de la División de Desarrollo Sostenible del organismo.

“Este acuerdo no era solo un tratado jurídico, sino un compromiso de democracia ambiental: ningún desarrollo puede ser sostenible si se construye sobre el silencio de las comunidades o el miedo de los defensores”, intervino Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de Protección al Ambiente de México.

En cuanto a la adhesión de nuevos países, la COP4 celebró formalmente a los tres incorporados en el ciclo más reciente: Dominica (abril 2024), Colombia (agosto 2024) y Trinidad y Tobago (enero 2026). Para estos tres, Nassau representó su primer ciclo de reporte o informe sobre los avances de implementación. La representante electa del público en la sesión inaugural fue Nicole Leotaud, procedente precisamente de Trinidad y Tobago, lo que simbolizó visualmente la expansión del acuerdo hacia el Caribe de habla inglesa.

Las demandas de la sociedad civil

La jornada previa a la apertura oficial estuvo marcada por posicionamientos de organizaciones de Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, México y varios países mesoamericanos y caribeños. El diagnóstico fue coincidente: persiste una brecha entre el texto ratificado y la implementación efectiva. La protección de defensores fue el punto más urgente. La sociedad civil no llegó con estadísticas frías sino con casos documentados, con nombres de comunidades y con la denuncia de que las mujeres defensoras —liderezas indígenas y campesinas— son simultáneamente las guardianas más activas del territorio y las más expuestas a la criminalización y la violencia institucional.

Una demanda que se repite desde las primeras ediciones del acuerdo y que en Nassau adquirió mayor contundencia fue la exigencia de cupos garantizados para representantes indígenas en los espacios de decisión del tratado.

Óscar Daza, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), formuló la propuesta con precisión durante el foro de defensores celebrado días antes en Saint Kitts y Nevis: garantizar participación indígena directa como mecanismo para combatir desigualdades históricas y estructurales. En Nassau, esa demanda no encontró resolución formal, pero quedó registrada en las actas y en la agenda de los grupos de trabajo recién creados.

Entre la lentitud y las ausencias

El acuerdo tiene 19 Estados (países) Parte de un universo posible de 33. Ocho países lo firmaron pero no lo han ratificado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana. Dos —El Salvador y Honduras— aún no lo firmaron. La paradoja que señalan los datos de Global Witness —oenegé que investiga y denuncia los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos vinculados a la explotación de recursos naturales— es persistente: los países que no han ratificado Escazú se encuentran entre los que más casos documentados de ataques contra defensores registran.

América Latina concentró el 82% de los 146 asesinatos de defensores ambientales reportados globalmente en 2024, según la organización internacional. Colombia fue, por tercer año consecutivo, el país con más asesinatos de defensores en el mundo, pese a haber ratificado el acuerdo en agosto de 2024 y presentar en Nassau una hoja de ruta institucional.

En el Cono Sur, la implementación avanza a velocidad desigual. Argentina ratificó el acuerdo pero su delegación en Nassau no tuvo el peso político que la sociedad civil esperaba. Bolivia envió una comisión conformada por la directora de Relaciones Bilaterales, Guadalupe Palomeque. Perú, que no ha ratificado el tratado, estuvo ausente de la conferencia. Brasil, el país más grande de la región y uno de los más críticos en términos de conflictividad ambiental, sigue sin definir la ratificación.

Lee aquí la intervención de Bolivia en Escazú:

El camino hacia 2028

La COP4 aprobó la composición de una nueva mesa directiva para el período 2026-2028. La presidencia quedó en manos de Derionne Edmeade, de San Cristóbal y Nieves, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las vicepresidencias. El mandato del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) fue extendido por un año para alinearse con el calendario de las próximas conferencias.

Panamá anunció su disposición para albergar la COP5, fijada tentativamente para el 20 al 22 de abril de 2028. La sede exacta aún está por confirmar oficialmente. Para ese encuentro, los desafíos centrales son conocidos: consolidar el diagnóstico regional sobre defensores, avanzar en la implementación de las hojas de ruta nacionales y, sobre todo, ampliar la base de Estados Parte hacia los 14 países que aún no forman parte del único tratado regional que vincula jurídicamente el acceso a la información ambiental con la protección de quienes la defienden.

La frialdad de los salones de Nassau no resolvió esa ecuación. Tampoco lo hará la siguiente COP, a menos que los compromisos adquiridos en este ciclo encuentren expresión presupuestaria, institucional y política en los países que los firmaron.