Rocío Lloret Céspedes / La Región (Nassau, Bahamas)

La COP4 del Acuerdo de Escazú arrancó en Bahamas, con un público que demanda a los gobiernos pasar del papel a la acción en materia de acceso a la información, justicia ambiental y protección real a quienes defienden el territorio y el medio ambiente.

Este lunes, en la jornada previa a la apertura oficial de la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales—, representantes del público provenientes de países la región se reunieron para sentar posición. No vinieron a aplaudir avances. Vinieron a denunciar la brecha que persiste entre lo que los gobiernos firman y lo que realmente hacen.

Las intervenciones de organizaciones de Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia, así como de México, El Salvador y Guatemala, por la parte mesoamericana, y de representantes del Caribe; trazaron un diagnóstico común: el Acuerdo de Escazú sigue siendo un documento de diez países firmantes, que no logra una implementación plena.

El acceso a la información ambiental todavía es limitado, selectivo y, en muchos casos, abiertamente negado. La justicia climática real —aquella que llega a las comunidades que viven al pie del río contaminado, junto a la mina que no pidieron o en el bosque que alguien quiere talar— continúa siendo una promesa incumplida.

La protección de defensoras y defensores ambientales fue, una vez más, el punto más urgente y más doloroso de la jornada. América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo para quienes protegen el territorio y el medio ambiente. Y en esta COP4, la sociedad civil no llegó con estadísticas frías: llegó con nombres, con comunidades, con historias que los informes oficiales no siempre recogen. Hubo un énfasis particular en las mujeres defensoras: liderezas indígenas y campesinas que se han convertido en las guardianas de sus territorios. Paradójicamente, son también las más expuestas a la violencia, la criminalización y el silencio institucional. La transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo no es una demanda nueva; lo nuevo es la urgencia con que se plantea, tras años de avance insuficiente.

La agenda de los próximos días en Nassau no es menor. Los 19 Estados parte darán seguimiento a los objetivos planteados durante la tercera reunión, celebrada en 2024, y reportarán cómo se ha implementado el tratado en los diez países firmantes, entre ellos, Bolivia.

Entre los temas formales figura la elección de una nueva mesa directiva; algo en lo que la sociedad civil tiene una expectativa clara: que recaiga en países que puedan mostrar avances reales, no solo voluntad declarada o retrocesos, como se denunció durante las reuniones previas. También se espera un balance del estado de ratificaciones y una hoja de ruta para los países que firmaron pero aún no han ratificado, así como señales hacia aquellos que todavía permanecen fuera del acuerdo.

¿Cómo llega Bolivia?

Bolivia llega a esta COP con una representación que generó comentarios en los pasillos: una comisión del Tribunal Agroambiental y funcionarios de Cancillería, pero sin una delegación de alto nivel político. Para la sociedad civil, esa ausencia habla por sí sola.

La inauguración oficial está programada para este martes 22 de abril a las 14.30 hora de Bahamas y hora de Bolivia, con la presencia de Zane Lightbourne, Ministro de Estado para el Medio Ambiente de Bahamas; José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL; Oscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que preside la mesa directiva del Acuerdo; y Nicole Leotaud, representante electa del público, procedente de Trinidad y Tobago.

A partir de ahí, y durante toda la semana, las sesiones de trabajo arrancarán con una presión que la sociedad civil ya instaló antes de que sonara el primer gong protocolar.

El mensaje de este lunes fue claro: Escazú no puede seguir siendo solo un texto. Tiene que ser el instrumento que proteja a quien defiende un río, a quien denuncia una tala, a quien exige saber qué le están vertiendo en el agua. Así también, el instrumento legal para que los Estados o partes puedan entregar información clara, precisa y a tiempo a sus ciudadanos. Finalmente, que las mujeres tomen un rol protagónico, no solo para alzar su voz, sino para dejar en claro que sin ellas no hay justicia climática.