El programa Justicia climática para sociedades más equitativas e inclusivas en América Latina, liderado por Oxfam e implementado por el IPDRS en Bolivia, finalizó y dejó varias lecciones para la búsqueda de la justicia climática desde un enfoque de equidad y derechos, la responsabilización sobre las consecuencias e impactos del cambio climático, múltiples reflexiones sobre el financiamiento climático, la economía local y una agenda climática como espacio de disputa e incidencia política desde la sociedad civil.
Un contexto adverso, una Amazonía en riesgo
El programa se implementó en el Norte amazónico boliviano, región que atraviesa una situación de creciente incertidumbre, marcada por la convergencia de crisis climática, económica, energética y política que afecta directamente las condiciones de vida y las posibilidades de acción en los territorios. Los incendios forestales, las inundaciones y las sequías han impactado los caminos, la disponibilidad de alimentos y la productividad del bosque, mientras la escasez de combustible y dólares incrementa los costos de transporte y de la canasta familiar. Estas condiciones dificultan particularmente la movilidad y participación de las y los jóvenes, pero también evidencian que los impactos de la crisis climática se encuentran estrechamente vinculados con las estructuras económicas que sostienen la vida amazónica y con las condiciones territoriales en las que se desarrollan.
En este contexto, uno de los principales desafíos es la persistencia y profundización de un modelo de aprovechamiento de los bienes naturales basado en el extractivismo. La castaña continúa siendo un componente central de la economía amazónica y de la vida de numerosas familias campesinas e indígenas, especialmente durante la zafra, que condiciona los tiempos de participación, estudio y organización de las y los jóvenes. Al mismo tiempo, la disminución de la productividad del bosque y el deterioro de los almendros muestran los límites de una economía que depende de los ciclos naturales y que se encuentra sometida a crecientes presiones. La expansión de la minería, el agronegocio, la frontera agrícola y otras formas de explotación de los bienes del bosque profundizan esta tensión y plantean el desafío de construir alternativas económicas que respondan a las necesidades materiales de las comunidades sin comprometer la reproducción de los territorios amazónicos.
A ello se suma una adversidad política que amenaza los avances alcanzados durante décadas en materia de derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades campesinas. La disputa por el modelo de desarrollo se expresa también en propuestas orientadas a flexibilizar las formas de aprovechamiento de la naturaleza y a individualizar la propiedad de la tierra. La Ley 1720, que buscó reclasificar la pequeña propiedad como mediana bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito, fue identificada por las organizaciones campesinas como una amenaza a las protecciones jurídicas de sus tierras y derechos colectivos. La reacción organizada para exigir su abrogación muestra, sin embargo, una importante capacidad de defensa territorial: la seguridad jurídica de la tierra aparece vinculada con la defensa de la Amazonía y de los bosques entendidos como bienes comunes. En este escenario, fortalecer los liderazgos, la participación juvenil, los medios territoriales y las capacidades de incidencia resulta fundamental para sostener la defensa de derechos y construir una perspectiva de justicia climática arraigada en los territorios.
Acciones por la justicia climática en la Amazonía boliviana
Durante los tres años de implementación, el proyecto desarrolló más de 50 acciones de formación, diálogo, movilización, comunicación e incidencia, con participación de jóvenes, mujeres, defensoras y defensores territoriales, organizaciones campesinas e indígenas y periodistas. El Programa Formativo comprendió talleres, cursos, encuentros y espacios de formación presenciales y virtuales sobre justicia climática, defensa territorial, Acuerdo de Escazú, crisis climática, memoria e identidad territorial y negociaciones climáticas. Se realizaron encuentros específicos de juventudes amazónicas, espacios intergeneracionales con organizaciones territoriales y procesos de formación para defensoras y periodistas. Entre los principales espacios de articulación estuvieron el XI FOSPA, LCOY Bolivia, COP16 de Biodiversidad, Foro Global de la Tierra y procesos preparatorios hacia la COP30, además de intercambios amazónicos y sudamericanos. En los diálogos nacionales y regionales se registró la participación de más de 800 personas, entre ellas, la mayoría jóvenes de menos de 35 años, y se desarrollaron foros sobre tierra, territorio, bosques, mercados de carbono, extractivismo, sostenibilidad de la vida y justicia climática.
El componente de comunicación y periodismo comprendió al menos 10 acciones específicas, entre laboratorios y talleres de formación para periodistas, fondos concursables de investigación periodística, concursos de cobertura, acompañamiento a comunicadores territoriales y alianzas con medios y redes de comunicación. En el marco del proyecto se produjeron campañas digitales y materiales pedagógicos sobre justicia climática, incendios forestales, defensa de la Amazonía y extractivismo. Entre los productos destacan 20 videos testimoniales y reflexivos y 5 ilustraciones de la campaña #EsteFuegoLoApagasTú; el ciclo de 10 episodios del pódcast Justicia Vida Territorio; campañas sobre Claves de la Justicia Climática y el Mandato del XI FOSPA; además de materiales sobre daños y pérdidas, mercados de carbono y defensa territorial.
En materia de movilización e incidencia, el proyecto acompañó acciones de defensa territorial, fortaleció la participación amazónica en espacios nacionales e internacionales y apoyó procesos organizativos del BOCINAB. Entre los principales resultados se encuentran la participación de más de 150 personas del norte amazónico en el XI FOSPA, la incorporación de una cartera de juventudes en la directiva del BOCINAB, la participación de jóvenes y defensoras en la COP16 de Biodiversidad, la LCOY y otros espacios de discusión regional y global, y la definición de una delegación amazónica para la COP30, integrada por cuatro personas. También se contribuyó a procesos de incidencia vinculados con la defensa territorial, la propuesta de Ley de Desarrollo Integral Sostenible de la Amazonía “Bruno Racua”, el Acuerdo de Escazú y la construcción de agendas juveniles y de mujeres defensoras.
Estas acciones muestran que el proyecto no se limitó a desarrollar actividades formativas, sino que articuló formación – organización – comunicación – movilización – incidencia, fortaleciendo la presencia de actores amazónicos en las discusiones sobre justicia climática desde sus propias experiencias territoriales.
Aprendizajes y desafíos
La concentración en la región amazónica permitió una interpelación recurrente sobre el cuidado de la Naturaleza y una articulación directa con problemáticas que afectan la vida territorial, como los incendios forestales, la expansión del mercado de carbono y los conflictos por la tierra y los bienes naturales. En este contexto, resulta especialmente significativo el papel de las y los jóvenes, quienes han asumido tareas como bomberos voluntarios, denunciantes, comunicadores y promotores ambientales, articulándose con sus comunidades y organizaciones. El proyecto también ha ampliado estos procesos mediante la participación de mujeres campesinas, indígenas y urbanas, así como a través de la articulación con el BOCINAB y otros espacios regionales, fortaleciendo capacidades de movilización, formación e incidencia. La apertura de una cartera de juventudes en el BOCINAB constituye, en este sentido, un resultado relevante para el reconocimiento de las nuevas generaciones dentro de las estructuras organizativas campesinas e indígenas.
La experiencia también ha permitido identificar desafíos importantes para la sostenibilidad de estos procesos. Las y los jóvenes muestran una alta receptividad frente a la justicia climática, pero enfrentan condiciones que pueden interrumpir su continuidad organizativa: la salida de las comunidades para acceder a educación superior, la búsqueda de trabajo y nuevas oportunidades, así como estructuras adultocéntricas que todavía les asignan lugares secundarios en las organizaciones. Los bosques educativos y las brigadas socioambientales muestran el potencial de generar experiencias comunitarias, pero requieren evolucionar hacia formas de organización y participación política que acompañen las trayectorias juveniles más allá de la etapa escolar. Por ello, se considera fundamental fortalecer las carteras de juventudes en federaciones, centrales campesinas e indígenas y promover su reconocimiento efectivo en las organizaciones matrices. Al mismo tiempo, el proyecto ha mostrado la importancia de sostener espacios intergeneracionales y de género, así como herramientas de comunicación y formación que permitan vincular las experiencias territoriales con procesos más amplios de defensa de derechos, particularmente frente a los incendios, el extractivismo y las transformaciones del territorio.
Finalmente, la experiencia plantea una reflexión crítica sobre las formas institucionalizadas de participación en la agenda climática. Si bien el proyecto ha logrado articularse con plataformas nacionales, regionales e internacionales y participar en procesos vinculados al FOSPA, la COP y el Acuerdo de Escazú, se advierte una brecha entre la participación formal de los actores sociales y su capacidad efectiva de incidencia y control sobre las decisiones. Frente a la reiteración de un “lenguaje climático” que puede terminar alejándose de las experiencias concretas, el proyecto reafirma la necesidad de mantener un cable a tierra, partiendo de los daños y pérdidas ocasionados por la crisis climática, la defensa de los territorios, la autodeterminación de los pueblos y los saberes locales. En este sentido, la justicia climática adquiere especial pertinencia frente a los debates actuales sobre tierra, función económica y social, tierras fiscales y expansión de los extractivismos. La articulación con periodistas y medios territoriales, así como la socialización del Acuerdo de Escazú, contribuye a dar visibilidad y herramientas a estas luchas. Como sintetizan dirigentes históricos del BOCINAB: “ya tocó luchar por la tierra, ahora se debe luchar por el planeta”. Esta perspectiva permite comprender los aprendizajes de este y otros proyectos no sólo como acompañamiento de jóvenes y organizaciones, sino como fortalecimiento de una defensa territorial capaz de conectar las luchas históricas por la tierra con los desafíos contemporáneos de la justicia climática.
