Una tendencia generalizada hacia la mercantilización antes que al cuidado se imprime en las políticas gubernamentales respecto a la tierra en la región. El tratamiento de la cuestión como simplemente agraria y productiva, parece ser el enfoque que omite la crisis multidimensional que atraviesa el planeta, en cuya dinámica geopolítica, Sudamérica se sitúa como territorio de sacrificio por sus recursos naturales y no como un basto territorio de pueblos, culturas y alternativas para sobrellevar el aliento a devastación que deja a su paso la crisis climática y los múltiples impactos del extractivismo.

El Décimo Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes en la geopolítica actual (Descarga libre), presentado en febrero de este año anunciaba la necesidad de poner a la tierra, al centro de las discusiones, en un contexto de múltiples adversidades, agravios y el latente riesgo de la regresión de derechos por la que pulsan diversos proyectos gubernamentales en la región.

El giro al norte  

Foto: Gentileza UTT – Unión de Trabajadores de la Tierra, Argentina

La Argentina de los últimos años nos refiere a una permanente incertidumbre institucional. Los recortes a los programas dirigidos a la agricultura familiar y el freno al reconocimiento de derechos territoriales indígenas nos hablan de una política gubernamental que apuesta por el agronegocio y la extranjerización de las tierras. Actualmente, se vive un debate político, y un grito de defensa frente a la desregulación, la flexibilización de la Ley 26.737 de Tierras Rurales y la posible eliminación de restricciones a la adquisición de tierras por capitales extranjeros, y un inminente estímulo a la concentración de las tierras. En un momento, en el que el gran peso de la crisis se ha delegado a las clases trabajadoras, se intenta atentar contra los bienes naturales y expandir el extractivismo, a título de gestionar la crisis y los recursos estratégicos.

Con tal panorama, la conflictividad y la resistencia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas está a la orden del día. El litio es nombrado como el principal motor económico y de exportación del Noroeste Argentino (NOA), comprometiendo a los territorios de Salta, Catamarca y Jujuy, que cuestionan la ausencia de procesos de consulta previa y la pronta afectación a su acceso al agua. Los pueblos Mapuche, Wichí, Qom, entre otros, viven conflictos con una particular carga de violencia, desalojos y disputas judiciales. Entre tanto, las organizaciones populares parecen articularse y embanderar la defensa territorial y la denuncia.

Foto: Gentileza de Mocase Vía Campesina / Argentina

En un juego cíclico, esta década nos devuelve a las discusiones de hace 30 años, cuando la “seguridad jurídica” era una bandera suficiente para el movimiento indígena y campesino. Bolivia cuenta una Constitución y legislación favorable a los derechos territoriales de las grandes mayorías; y, además, importantes logros en su implementación. 55% de la tierra saneada y titulada está en régimen colectivo y comunitario, y pequeña propiedad; y sólo 16% a la mediana y gran propiedad, un cambio importante cuyo principal desafío es la gestión efectiva de los territorios. Mientras tanto, aumenta la cantidad e intensidad de los conflictos por avasallamientos, expansión agropecuaria, minería e incendios forestales.

Las organizaciones campesinas e indígenas del Norte Amazónico se movilizaron en resistencia una ley que pretendía la reclasificación de la pequeña en mediana propiedad, restando atribuciones a la seguridad jurídica y patrimonial de las familias campesinas e indígenas, en un claro ejercicio inconstitucional. La política gubernamental intenta favorecer a la concentración y mercantilización de la tierra, utiliza el viejo discurso desarrollista que promete créditos y viabilidad empresarial a las familias campesinas y pequeños propietarios. La movilización, una marcha desde el norte del país hacia la sede de gobierno, 1.000 kilómetros, fue atendida por bancadas de oposición, pero no por el gobierno central que se vio presionado y terminó abrogando la ley, pero dejó abierta la discusión.

Foto: Archivo IPDRS

Nuevamente, el mecanismo de justificar el extractivismo, el entreguismo de los bienes naturales y la judicialización campesina e indígena, intentan mostrarse como la solución a una crisis económica y política, que afecta a la mayoría de la población. El fin de la política rentista en Bolivia, deja al país sin combustible, debilita a la moneda nacional frente al dólar y atiza los conflictos entre clases sociales atravesadas por el colonialismo interno y un escalonamiento infinito de exclusiones.

Con una dinámica más agitada en términos de la criminalización y “seguridad”, Ecuador también incluye en su Constitución y legislación, uno de los marcos más interesantes en el reconocimiento de los derechos colectivos y derechos de la Naturaleza. No obstante, la expansión minera, petrolera y de otras actividades extractivas continúa generando conflictos territoriales, especialmente en la Amazonía y territorios indígenas. Los movimientos indígenas mantienen una fuerte capacidad de articulación nacional y regional, colocando en el centro del debate la defensa territorial y el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos.

La agenda territorial identifica en el centro del conflicto, la tensión entre extractivismo y derechos colectivos demandando la implementación efectiva de la consulta previa y que el consentimiento tenga efectos vinculantes. El esquema de la movilización indígena se repite, así como las cada vez más y nuevas concesiones que determina el gobierno central, para la minería y la industria petrolera.

Avances a cuestas

Habiendo firmado un Acuerdo de Paz, cuyo primer punto es la Reforma Agraria integral, Colombia presenta los mayores avances en la entrega y formalización de tierras, a través del Fondo de Tierras y la ampliación de resguardos indígenas, en el marco de una política orientada a reducir la desigualdad agraria. También se aprobó el documento CONPES 4184 (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que establece la Política de Reforma Agraria: redistribución de tierras y aguas para la producción y el cuidado de la vida. Con toda esa apuesta, la violencia ha persistido. Asesinatos de líderes rurales, la disputa armada por el control territorial, la proliferación de las economías ilícitas y las demoras en la formalización definitiva de los predios continúan limitando el ejercicio efectivo de los derechos campesinos e indígenas. El proceso colombiano muestra dificultades institucionales para consolidar la Jurisdicción Agraria, cuyo proyecto volvió a enfrentar obstáculos legislativos en 2026.

Foto: Gentileza Brasil de Fato (BdF) / André Ribeiro

Aunque se han recobrado algunos espacios perdidos en el régimen de Bolsonaro, en Brasil, la conflictividad agraria continúa siendo una de las más altas de América Latina. Si bien el gobierno retomó políticas agrarias, demarcación de tierras indígenas e institucionalidad tras años de retroceso, persisten fuertes disputas con el agronegocio, la minería y la ocupación ilegal de tierras públicas. Pese a haber sido sede de escenarios como la COP30 de cambio climático, la Amazonía brasilera vive una gran presión vinculada a la minería ilegal, la deforestación y el crimen organizado, afectando desproporcionadamente a pueblos indígenas y comunidades tradicionales, destacando los casos de resistencia en el Cerrado y los territorios Yanomami, Munduruku y Kayapó; y por supuesto, la persistencia de la apuesta agroecológica de los asentamientos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra – MST.

Algunas tendencias regionales

• Viraje político de los gobiernos de políticas conservadoras a políticas confrontativas a la economía campesina, indígena y afrodescendiente, con una clara apuesta por la individualización, privatización, extranjerización y concentración de la tierra, pese a distintos niveles de reforma agraria y reconocimiento territorial.
• Persistente brecha entre reconocimiento jurídico y ejercicio efectivo de derechos territoriales, en la mayoría de los casos, los avances normativos no se traducen plenamente en control territorial propio, protección frente a la violencia o fortalecimiento de los autogobiernos territoriales.
• Expansión de la presión extractiva (minería, hidrocarburos, agronegocio e infraestructura), especialmente sobre territorios indígenas y amazónicos, incluso a nombre de soluciones verdes o basadas en la Naturaleza.
• Impulso al fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas en la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, la justicia climática y la autonomía territorial.

Invitamos a hacer seguimiento a la cuestión territorial y visitar la plataforma del Movimiento Regional por la tierra y territorio en Sudamérica, una articulación que reúne más de 200 experiencias inspiradoras de acceso a la tierra y territorio desde la perspectiva campesina, indígena y afrodescendiente en Sudamérica.