A invitación de la Plataforma Mujeres y Derechos a la Tierra y Territorios, la Plataforma Global de los Pueblos Indígenas y la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar de la ILC, tuvimos la oportunidad de participar del panel “Acceso a la tierra y medios de vida digna para las mujeres rurales en la región andino-amazónica”, en el marco de la agenda paralela de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma agraria y desarrollo rural (ICARRD+20, por su sigla en inglés).
Algunas voces oficiales
El panel inició con una presentación de Amparo Cerrato, Oficial de Tenencia de la Tierra y Recursos Naturales de la FAO, que estableció que en la región existen una serie de barreras legales para el acceso a la tierra de las mujeres, desde la limitación del acceso a información legal, hasta las estructuras tradicionales de sus propios entornos que condicionan y limitan los mecanismos como la herencia para que las mujeres puedan obtener tierra. Además, afirmó que una mujer sin tierra es una mujer sin financiamiento y sin acceso a crédito. La situación de las mujeres todavía se caracteriza por concentrar la mayor parte de las tareas de cuidado, por acceder a empleos informales y con bajas remuneraciones.
También estuvo presente Debora Guimaraes del INCRA Brasil, que se refirió a los avances en la incorporación del enfoque de género a la política agraria brasilera. Sin embargo, partió por señalar que Brasil es un país sumamente violento y la mitad de las asesinadas en la defensa de sus territorios son las mujeres. En ese contexto, pese a que se hacen esfuerzos en la reforma agraria a través de procesos de formación, inscribir la obligatoriedad de la participación de las mujeres, las disputas las siguen ubicando en desventaja. Explicó que se requieren políticas de desarrollo específicas para las mujeres, para que las dejen de omitir en el trabajo de campo de los extensionistas y se obtengan datos sobre su contribución en la producción agropecuaria.
Ambas panelistas recomendaron cumplir las legislaciones, materializar las políticas y producir datos para visibilizar la situación y contribución de las mujeres rurales.
Foto: X FAO Colombia
Voces desde organizaciones de la sociedad civil
Por otra parte, se presentaron algunas experiencias específicas a los países de la región. Luz Amparo Vásquez, vocera de la Plataforma de Incidencia política de mujeres rurales colombianas explicó algunas de las estrategias que asume su organización y resaltó la importancia del trabajo de las mujeres en el enfriamiento del plantea.
Danitza Quispe, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) se refirió al trabajo de incidencia que realiza su organización, concibiendo tres aspectos: la participación paritaria en todos los espacios, la articulación estratégica con diferentes actores e instituciones, y la reforma de normas comunitarias, estatutos para institucionalizar la participación de las mujeres de forma equitativa.
Las paradojas del caso boliviano
De nuestra parte, compartimos la experiencia en la exigibilidad jurídica del derecho a la tierra de las mujeres en Bolivia. Ruth Bautista Durán, responsable del área de investigación del IPDRS, se refirió a la movilización indígena y campesina como generadora de la agenda legislativa en materia de tierras. Esta movilización en diálogo con los avances, a nivel nacional e internacional, de las políticas de género, lograron que la política agraria incluya aspectos importantes para las mujeres, su participación, el ejercicio de sus derechos territoriales más allá de su estado civil y en caso de pareja (de hecho, o matrimonio), suscribir primero el nombre de las mujeres. Estos principios, inscritos en la Ley 1715 INRA y la Ley 3545 de Reconducción comunitaria, también se incorporaron a la Constitución de 2009.
Con esa legislación, pero no exenta de conflictos, se implementó la segunda reforma agraria en Bolivia, transformando la estructura agraria de forma significativa, tanto para pueblos indígenas como para las mujeres rurales, campesinas e indígenas. Si en 1992, las mujeres poseían a penas el 10% de los títulos, en 2025, las mujeres poseen el 45% de los títulos, una estimación que incluye varios tipos de propiedad de la tierra, la propiedad individual, la copropiedad, la propiedad comunitaria y la propiedad colectiva.
Los límites de estos avances son estructurales. La sociedad en su conjunto avanzó poco respecto al patrón patriarcal de su conformación y principalmente, no se superó al extractivismo como modelo de desarrollo, por lo que la expansión del agronegocio y la profundización del extractivismo determinan que aún con títulos agrarios, las mujeres indígenas y las mujeres campesinas no puedan ejercer control sobre sus territorios, no puedan ejercer sus derechos económicos, pues no tienen incentivos ni suficientes programas productivos para el desarrollo y gestión de sus territorios y todavía la precarización económica es un común en el campo.
La ausencia de una concepción integral en la política agraria limita los alcances, aunque los avances sean significativos. En lo que se trabaja es en el fortalecimiento y rearticulación de las agendas campesinas e indígenas, y específicamente, en la agenda de las mujeres rurales. El diálogo de las experiencias apunta a temas comunes, a la necesidad de generar datos confiables, a la explicitación de políticas públicas para mujeres y a una decisión por la protección de los derechos de las mujeres desde el ámbito público, pero también desde el ámbito organizativo y territorial.
