Bajo el lema de «Las cooperativas construyen un mundo mejor», el año 2025 se celebrará el Año Internacional de las Cooperativas, según lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con este motivo y la necesidad de escudriñar en la historia y presente de Bolivia, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS con el apoyo de We Effect están arrancando un estudio sobre el cooperativismo y los sectores minero, agropecuario, servicios, transporte, ahorro y crédito, telecomunicaciones y otros, con el objetivo de contribuir con un análisis integral, con énfasis en las organizaciones articuladas a los territorios rurales, destacando sus contribuciones a la economía plural en lo que viene del siglo XXI.
Bolivia tiene una historia marcada por el abigarramiento social y la disputa de modelos económicos por la democratización y distribución de la riqueza. Tras la instauración de un modelo económico basado en la exportación de materias primas, que expropia tierras y subordina la fuerza de trabajo indígena en tierras altas y bajas, el proyecto nacional boliviano se caracterizaba por una masiva demanda de ciudadanía, participación política y económica de parte de las mayorías del país.
En la primera mitad del siglo XX y tras la Guerra del Chaco, que puso a prueba la integración geográfica, política e identitaria de la nación, se dicta la primera disposición legal sobre el funcionamiento de cooperativas, y en pocos años se presentaría un primer anteproyecto de Ley de Cooperativas.
El cooperativismo es un modelo económico y social basado en valores cooperativos –autoayuda, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, cuidado por los demás– entre personas y grupos el mejoramiento de sus condiciones de vida, la satisfacción de sus necesidades y el planteamiento de una perspectiva común. En principio, las cooperativas son organizaciones autónomas y aunque no sea su propósito principal, hacen frente a otros modelos económicos en los que ‘lo común’ y ‘lo colectivo’ son desestimados por lo privado, los monopolios, la acumulación y búsqueda de excedentes. El cooperativismo supone la gestión colectiva de los modos de operar la economía, la producción de determinados bienes, el aprovechamiento de determinados recursos, así como las formas de relacionamiento entre las personas, miembros o grupos familiares, su participación en la toma de decisiones, la distribución de beneficios y la responsabilidad equitativa de los riesgos.
En nuestro país, la Reforma Agraria de 1953 y la persistencia de las identidades territoriales han librado un gran esfuerzo respecto a la estructura del extractivismo, por ejemplo, con la minería de plata y estaño en tierras altas y la industria gomera en tierras bajas; sin embargo, estos modelos económicos han sido por mucho el denominado motor de la economía y en cuyo financiamiento la subordinación de la fuerza de trabajo humana supuso la fragmentación de tejidos sociales originarios y la toma de los esquemas de autogobierno y valores políticos y económicos –sino el exterminio– de masivas poblaciones.
En tal contexto, la democratización ciudadana y la recuperación de las tierras supuso generar mayore condiciones para el desarrollo del cooperativismo tanto en el ámbito urbano como en el rural. Con el paso del tiempo, la consolidación del modelo económico primario exportador y el ajuste estructural para la reducción del gasto público de la última etapa del siglo XX, el cooperativismo boliviano generó su legislación propia, sectores productivos consolidados, estructuras de articulación cooperativa y también generó lecciones propias.
El último periodo histórico, caracterizado por la Ley Nº 356 de Cooperativas (2013) nos requiere pensar en las nuevas formas en las que el Estado constituye su calidad benefactora o permisiva, y en Bolivia, peculiarmente, consolidar su aliento plurinacional respecto a sus entidades territoriales, pero también respecto a su forma de vivir y construir su democracia y economía. Además, y sustancialmente, debe pensar en afianzar sus avances respecto al contexto de la crisis climática, que se presenta no cómo la responsabilidad ambiental de la que se habla hace décadas desde los sectores privados, públicos y sociales, sino como una crisis multidimensional y civilizatoria que nos muestra, precisamente, que nuestras formas de tejido social, solidaridad y corresponsabilidad de cuidado tienen serios problemas de sostenibilidad no solo en el tiempo, sino en la reproducción de la vida misma.
El estudio servirá para caracterizar a una diversidad de sectores sociales que, a partir del enfoque y filosofía cooperativista, adquieren cierto dinamismo económico y eventualmente, condiciones y/o beneficios articulados a una gran gama de políticas públicas, acceso a recursos y ejercicio de derechos económicos que son necesarios de tener presentes.