martes 17 noviembre, 2026
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Ruth Bautista Durán

¿Pueden las y los jóvenes acceder a la tierra, en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? ¿Las y los jóvenes rurales acceden a formación, asistencia técnica y créditos? ¿Participan, opinan y deciden sobre la gestión de la tierra y el cambio climático?¿Qué rol y protección tienen las y los jóvenes en la defensa territorial? El pasado sábado, 14 de noviembre, realizamos un grupo focal con jóvenes de tierras altas para el proceso de construcción del Informe Global sobre Juventud y Gobernanza de la Tierra que promueve la Coalición Internacional de la Tierra (ILC) y que el IPDRS, punto focal de la Coalición Nacional por la Tierra-territorio facilita en Bolivia.

Siete jóvenes, siete mujeres y dos hombres, provenientes de los municipios de San Pedro de Totora y Pazña del departamento de Oruro, San Andrés de Machaca, Rurrenabaque y El Alto del departamento de La Paz, dialogaron con nosotras sobre las tensiones que viven en su acceso a la tierra y sus posibilidades de participar en la gestión territorial.

Juventudes, inestabilidad y herencias patriarcalizadas

La percepción generalizada respecto al acceso, tenencia y transferencia de tierras refiere a la dificultad y al no reconocimiento. En Bolivia, los derechos territoriales han atravesado dos procesos de reforma agraria (1953 y 1996), no exenta de problemas que determinan los mecanismos de transferencia intergeneracional de las tierras basadas en las normas y procedimientos propios; es decir, la decisión y peculiar gestión territorial comunitaria.  

Algo que los jóvenes notan es que, en la propiedad familiar, pueden sembrar y cosechar, pero no tienen el reconocimiento de la comunidad. En contextos de minifundio, el mecanismo de distribución de la tierra es (“sí o sí”) la herencia, aunque las parcelas sean cada vez menores y se enfrenten problemas de desertificación. Al llegar a los 18 años y tener una pareja, se considera que las y los jóvenes son nuevas familias, y muchas de ellas son “empujadas” a ejercer cargos, asumir responsabilidades dentro de la comunidad.

Pese a que una característica de la juventud es la inestabilidad, tanto económica como emocional, los jóvenes asumen responsabilidades, roles específicos e incluso cargos de autoridad. Esta etapa de tránsito entre la infancia y la adultez se explica también como una etapa de formación técnica y profesional, la conformación de las familias, el aprendizaje de la vida organizativa y de la conflictividad territorial.

Las y los jóvenes explican que enfrentan una serie de contradicciones, pues si bien asumen cargos de autoridad en la comunidad, son criticados por su falta de experiencia, precisamente por quienes los empujan a las responsabilidades. Sin embargo, la experiencia temprana en la participación en la vida organizativa, asambleas, ampliados, rituales, el ejercicio de cargos lleva a las compañeras a afirmar: “me encanta el campo”, “he extrañado tener cargo”, “ha sido muy interesante tener cargo, es toda una escuela, un gran aprendizaje”.

El ejercicio de cargos implica una posibilidad de participación en la toma de decisiones condicionada a las responsabilidades, pero, además, a la función social que se debe cumplir para garantizar la tenencia de la tierra, “un joven afiliado decide; un joven no afiliado no decide”, afirman.

“A esta tierra la estamos matriarcalizando”

En la región andina, las y los miembros de la comunidad son los propietarios o poseedores de tierra reconocidos, inscritos en la comunidad, cumplen con sus aportes, trabajos comunitarios y eventualmente deberán ocupar algún cargo de responsabilidad en la comunidad. Las mujeres jóvenes llegan a ocupar cargos, no por poseer un terreno propio, sino acompañando y complementando a algún miembro de su familia.

En la reflexión, la herencia familiar y el reconocimiento comunitario no necesariamente pasa por la edad o género de las personas, sino por su comportamiento y responsabilidad en la comunidad. La tierra “la dan por igual, si se porta bien o mal”, afirman; sin embargo, también la reflexión deja ver que las mujeres tienen un mayor control moral respecto a sus cuerpos y acceso a la tierra. Ellas son mal vistas por embarazarse y tener marido a temprana edad, “los hombres tienen más oportunidades, creen más en ellos, hay un sesgo a favor de los hombres (…) a los jóvenes les cuesta, pero a las mujeres jóvenes les cuesta mucho más (…) por ser chico, le van a escuchar, es muy obvia la desigualdad”.

Las mujeres jóvenes también explican la vida organizativa rural como un ámbito apasionante, que no implica la ausencia de la crítica al contexto comunitario. Respecto al acceso a la tierra de las mujeres jóvenes, se afirmó “la herencia es patriarcalizada, yo no recibiré nada por ser mujer, pero si mis hermanos”; no obstante, las mujeres jóvenes también se perciben como sujetos diferentes a sus abuelas y madres, con expectativas de finalizar estudios superiores, cumplir cargos en la comunidad, asumir cargos en la gestión pública y tener una gran amplitud en la explicación de las problemáticas territoriales; por ello, afirman que “a esa tierra, la estamos matriarcalizando”, refiriéndose específicamente a la transformación de los criterios familiares y comunitarios para definir los mecanismos de la herencia y otros mecanismos de transferencia intergeneracional de la tierra.

Legislación específica a las juventudes rurales, programas formativos y asistencia técnica

Aunque Bolivia tiene una buena legislación agraria y territorial, no existen especificaciones explícitas a las juventudes. No obstante, el amplio reconocimiento a la gestión territorial, gobernanza colectiva, normas y procedimientos propios, como se ha explicado, permite que muchas y muchos jóvenes accedan a la tierra, a través del ejercicio de cargos comunales.

Las y los jóvenes identifican el tema de la formación y educación como uno de los principales motivos por los que deben salir de la comunidad y distanciarse de la vida rural. “No hay quien ni cómo se incentive a los jóvenes a quedarse con las materias primas de la comunidad (…) Los jóvenes migran porque no aprovechan la tierra al 100%, no generan economía”. De tal modo, afirman que es una necesidad mostrar que en el campo “sí se genera dinero, que hay productividad”. Y, con bastante propiedad, afirman las necesidades de formación en educación financiera, economía circular y, sobre todo, la construcción de currículos educativos regionalizados.

Las y los jóvenes enumeran pocas instituciones no gubernamentales que proponen programas formativos cortos y localizados en sus comunidades, y explican la necesidad de que estas instituciones se articulen en un centro formativo o normal, para “mitigar la migración” de las y los jóvenes.

Respecto al cambio climático, las y los jóvenes reconocen que no acceden a asistencia técnica desde las instituciones públicas. Muy poca gente aprovecha el Seguro Agropecuario (INSA) y las comunidades viven muchos problemas al enfrentar la sequía, la falta de agua, y también las inundaciones que arrastran pastos. Para las y los jóvenes el cambio climático no sólo es una cuestión natural, la desertificación de suelos implica, en muchos casos, el abandono de personas de la tercera edad; es decir, el cambio climático supone una serie de problemas sociales. Además, reconocen que los desastres naturales se deben a la acción humana, el extractivismo y la contaminación.

Las y los jóvenes defensores territoriales enfrentan criterios contradictorios “has estudiado, ya no necesitas tierra”

Con un sentido ampliamente crítico, la explicación de los conflictos y problemáticas territoriales, sitúan a los jóvenes en medio de una gran disputa. En los territorios donde se ubican sus comunidades se enfrenta, por ejemplo, contrabandistas versus agricultores. Los contrabandistas, principalmente de combustible, inciden en la normativa local y departamental, de tal forma que promueven la intervención del territorio por carreteras, sin consulta a propietarios y comunidades. Cuando los jóvenes analizan y denuncian estos circuitos de decisión e intervención territorial, reciben ataques y criterios que les atraviesan: “eres joven, has estudiado, ya no necesitas tierra”.

Mucha de esta conflictividad llega a manifestaciones de agresividad verbal y física. El adultocentrismo observa a las y los jóvenes como actores que transitan entre la urbanidad y la ruralidad, pero también que transitan entre diferentes temporalidades y valores comunales. Una líder muy joven cuenta que, en medio de un conflicto, recibió insultos en lengua aymara, asumiendo que ella no entendía, pero ella entiende y habla su lengua originaria, comprende y rechaza la agresión.

Frente a otro tipo de actores como las empresas mineras que, a veces, históricamente están presentes en la comunidad, las y los jóvenes denuncian que son hostigados con drones y con el racionamiento del agua para el consumo de las comunidades. Cuando existen estos problemas, los comunarios recurren a la comunidad, pero la dinámica de compra de dirigentes, pronto les hace descartar recurrir a la jurisdicción propia, a la jurisdicción indígena originaria campesina, y sientan que es inminente la pérdida del territorio, pues no hay un lugar a donde recurrir a quejarse o pedir justicia.

Respecto al extractivismo minero, las y los jóvenes explican que el avasallamiento implica una afectación al territorio y al sentido colectivo de la vida en comunidad. Por ejemplo, a áreas comunes de pastoreo y a la compra de autoridades territoriales, lo que fragmenta a las comunidades y repercute negativamente en la generación de nuevos líderes.

Seriamente, un joven defensor territorial que ha sido judicializado por una empresa minera en Oruro explicó que, ante las agresiones, “los jóvenes dijimos, nosotros como profesionales defenderemos”, pero al enfrentar el hostigamiento de parte de las empresas mineras, sienten mucho la falta de una instancia de defensa de jóvenes defensores, pues enfrentan la disyuntiva “o me vendo a los mineros, o me sigo arriesgando”.

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