Rumbo al Foro Social Pan amazónico, el pre FOSPA Bolivia realizado en la ciudad amazónica de Riberalta, del 10 al 12 de julio de 2026, representantes de organizaciones indígenas y campesinas pusieron en común las principales preocupaciones que atraviesan sus territorios. Entre ellas, se discutió sobre el avance de las actividades extractivas y agroindustriales, la creciente presión sobre los recursos naturales y los cambios normativos que, desde su perspectiva, podrían afectar las garantías territoriales reconocidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Las reflexiones desarrolladas en la mesa de trabajo sobre Tierra y Territorio partieron de una idea compartida: la defensa de la Amazonía no se limita a la protección de la tierra, también implica defender la capacidad de los pueblos para decidir sobre sus territorios, fortalecer sus formas de organización y construir modelos de desarrollo acordes a sus propias realidades.
De la defensa de la tierra a la defensa del territorio amazónico
Uno de los principales debates se refirió a las propuestas de reclasificación o reconversión de la pequeña propiedad agraria. Las organizaciones del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico (BOCINAB) expresaron su rechazo a los intentos de reclasificación e intervención de la legislación agraria, pues no responden a las características sociales, culturales y ambientales de la región ni garantizan una protección adecuada del patrimonio familiar y comunitario.
Durante las mesas de trabajo, señalaron que estas iniciativas —impulsadas inicialmente mediante el Proyecto de Ley 157, la abrogada Ley 1720 y otras propuestas— se basan en criterios de superficie, producción y rentabilidad económica, no acordes a la realidad del campo rural boliviano. Desde la perspectiva de las organizaciones, esto podría favorecer a una élite que persiste por décadas disputando la tierra, a la expansión de la ganadería intensiva, actividades extractivas y agroindustriales en territorios amazónicos.
Para las y los participantes, la conversión de la pequeña propiedad no constituye una respuesta a las necesidades productivas del sector, considerando que los mecanismos de acceso a créditos y apoyo productivo ya se encuentran contemplados en la normativa vigente. Su principal preocupación es que estas medidas puedan debilitar las garantías existentes sobre la propiedad agraria y generar mayores condiciones para la concentración de la tierra.
La Ley “Bruno Racua”: una demanda histórica que vuelve al centro del debate
Frente a este escenario, el Bloque Amazónico reafirmó la importancia de avanzar en la Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico de Bolivia “Bruno Racua”, una propuesta construida durante varios años por organizaciones y actores amazónicos con el objetivo de contar con un marco jurídico acorde a las particularidades ecológicas, sociales y culturales de la región.
Uno de los acuerdos alcanzados durante la mesa fue ratificar la necesidad de avanzar en la Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico de Bolivia “Bruno Racua”. Las organizaciones recordaron que esta iniciativa no surge en el marco del Pre FOSPA, sino que recoge un proceso de construcción colectiva impulsado durante años por organizaciones indígenas y campesinas amazónicas.
Para las y los participantes, la propuesta adquiere relevancia frente a las presiones actuales sobre los territorios amazónicos, porque plantea la necesidad de contar con una normativa que considere las condiciones ecológicas, sociales y culturales de la región. Más que una norma sectorial, la Ley “Bruno Racua” es comprendida como una herramienta para proteger la pequeña propiedad, fortalecer el régimen especial de la Amazonía y garantizar la participación de los pueblos amazónicos en las decisiones que afectan sus territorios.
“La ley Especial Bruno Racua, recoge años de construcción colectiva y responde a la necesidad de una normativa pensada desde la realidad de la Amazonía boliviana”
Las organizaciones señalaron que esta demanda encuentra respaldo en la Constitución Política del Estado. Los artículos 390, 391 y 392 reconocen el carácter estratégico de la Amazonía boliviana y establecen la responsabilidad estatal de promover un desarrollo integral y sustentable considerando sus características ecológicas, sociales y culturales. Asimismo, los artículos 393 y 394 reconocen la protección de la propiedad agraria y las garantías para la pequeña propiedad vinculada a su función social y a la seguridad alimentaria.
En esa línea, la Ley “Bruno Racua” fue planteada como una vía para avanzar hacia una gestión territorial construida desde las propias realidades amazónicas. Junto con esta demanda, las organizaciones identificaron otras prioridades: agilizar los procesos de saneamiento de tierras, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), prevenir los avasallamientos y garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres sobre la tierra y el territorio.
Las organizaciones indígenas y campesinas atraviesan una crisis
Uno de los elementos más significativos de las conclusiones del Pre FOSPA Bolivia fue que las organizaciones no centraron la discusión únicamente en las amenazas externas que atraviesan la Amazonía. Durante la mesa de trabajo, se abrió un espacio de reflexión sobre los propios desafíos del movimiento indígena y campesino amazónico, reconociendo que la defensa territorial depende de la capacidad de organización, articulación y representación construida desde las comunidades.
Entre las intervenciones surgieron cuestionamientos sobre la influencia electoralista en la vida interna de las organizaciones. “La política partidaria ha hecho daño a la vida sindical”, señalaron participantes de las mesas, al advertir que la disputa de intereses políticos ha generado divisiones y dificultades para construir acuerdos comunes desde las bases.
También llamó la atención la expresión “ahora los dirigentes están haciendo un sindicalismo turístico”, utilizada para cuestionar prácticas dirigenciales que, según las organizaciones, priorizan la presencia en eventos y espacios institucionales por encima del acompañamiento permanente a las comunidades.
Estas reflexiones pusieron sobre la mesa un desafío central: la defensa del territorio requiere organizaciones con legitimidad, participación comunitaria y capacidad de representar decisiones colectivas. Entre los desafíos identificados por las propias organizaciones estuvieron la pérdida de memoria organizativa, el debilitamiento de los usos y costumbres, la fragmentación interna y la necesidad de ampliar el protagonismo de las juventudes.
La unidad indígena y campesina como estrategia de defensa territorial
A partir de este análisis surgió otro de los acuerdos centrales del encuentro: recuperar la articulación entre las organizaciones indígenas y campesinas como una condición necesaria para enfrentar los desafíos que atraviesa la Amazonía.
Esta discusión cobró especial importancia durante el análisis del Decreto Supremo 5613, que establece la priorización de las comunidades campesinas e indígenas con resolución de asentamiento y solicitud de dotación de tierras fiscales disponibles y no disponibles que estén reconocidas por su organización.
Las organizaciones señalaron que su participación no debe limitarse al seguimiento de una norma, sino que debe incluir una presencia activa en las decisiones públicas que tienen impacto directo sobre sus territorios. En esa línea, plantearon la conformación de un Bloque de Unidad del Norte Amazónico, articulando organizaciones de Beni, Pando y el norte de La Paz, con independencia político-partidaria y espacios de diálogo entre dirigencias actuales, dirigentes históricos, mujeres, juventudes y comunidades.
Durante las conclusiones, las organizaciones resumieron esta necesidad en una idea central: “la unidad basada en el diálogo es la única estrategia viable para enfrentar las amenazas externas, defender los territorios y garantizar los derechos del sector indígena-campesino en la Amazonía”.
Para avanzar en este proceso, propusieron generar espacios regionales de encuentro, fortalecer la relación con las comunidades y construir acuerdos desde los propios territorios.
El Decreto Supremo 5613 y el desafío de la participación territorial
El análisis del Decreto Supremo 5613 permitió profundizar la discusión sobre el papel de las organizaciones indígenas y campesinas en las decisiones vinculadas a la tierra y el territorio. La norma establece lineamientos para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, priorizando comunidades campesinas e indígenas de Beni y Pando, además de incorporar aspectos relacionados con el saneamiento, la seguridad jurídica y la coordinación institucional entre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
Durante la mesa de trabajo, las organizaciones insistieron en que la aplicación de esta normativa debe incluir una participación efectiva de los actores territoriales, especialmente en los procesos de reglamentación y toma de decisiones. Desde su perspectiva, el diálogo y la articulación organizativa son fundamentales para que las políticas públicas respondan a las realidades de las comunidades amazónicas.
El debate también dejó claro que la gestión territorial no puede reducirse únicamente a la titulación de tierras. Para las organizaciones, defender la Amazonía implica participar en las decisiones sobre los bosques, los recursos naturales y las formas comunitarias de organización que sostienen estos territorios.
En este marco, la propuesta del Bloque de Unidad del Norte Amazónico fue planteada como una herramienta para fortalecer la articulación regional y ampliar la capacidad de incidencia de las organizaciones.
Gobernar el territorio desde las comunidades
Otro de los puntos abordados durante el Pre FOSPA fue la necesidad de avanzar hacia formas de gestión territorial construidas desde las propias comunidades.
Las organizaciones plantearon acciones relacionadas con el ordenamiento comunitario, la vigilancia y monitoreo territorial, el cuidado de bosques y fuentes de agua, así como el fortalecimiento de las estructuras de autogobierno. Estas propuestas fueron vinculadas a los desafíos que representan el extractivismo, la expansión agroindustrial, la deforestación y la degradación de los ecosistemas amazónicos.
Asimismo, destacaron la importancia de ampliar la participación de mujeres y juventudes, recuperar espacios de formación política y desarrollar herramientas técnicas, jurídicas y comunicacionales que acompañen la defensa colectiva del territorio.
Criminalización de la defensa territorial
“La defensa del territorio también enfrenta la criminalización y judicialización de quientes protegen los derechos humanos y ambientales”
Una preocupación presente en las discusiones fue la criminalización y judicialización de dirigentes, autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos y ambientales.
Las organizaciones señalaron que estas situaciones afectan la capacidad de defender los territorios y generan condiciones de inseguridad para quienes denuncian vulneraciones de derechos o cuestionan actividades que afectan sus comunidades.
Frente a ello, plantearon fortalecer las redes de solidaridad entre organizaciones indígenas y campesinas, impulsar mecanismos de acompañamiento jurídico y promover acciones de incidencia para avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú como una herramienta de protección para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.
Las juventudes participantes también resaltaron la necesidad de contar con mecanismos que protejan a quienes enfrentan procesos de persecución por la defensa de sus territorios.
La mesa fue facilitada por el Programa Nina, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), CENDA Bolivia, CIPCA Cordillera, entre otras instituciones.
