Con drones desconocidos sobrevolándoles, incertidumbre y confiados de la solidaridad de las comunidades y pueblos, avanzó la Marcha por la defensa de los bosques de la Amazonía y la seguridad jurídica de los territorios, que plantea la abrogación de la Ley Nº 1720, la titulación de tierras y el rechazo a la propuesta de ley antibloqueos.

La caminata la emprendió la Federación de campesinos de Pando –que tras la promulgación del Decreto Supremo N° 5613, decidió retirarse de la marcha. La columna salió entre el 6 y 8 de abril de la ciudad de Cobija, ingresó al Beni, en la ciudad de Riberalta sumó a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios – Pando y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez – Beni, rumbo a la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. La columna de marchistas reunió a mujeres, hombres y jóvenes de las tres federaciones, centrales y comunidades campesinas del Norte Amazónico de Bolivia. Sobre los 20 días, la Central Étnica de Pueblos Moxeños del Beni alcanzó a la columna en la localidad de Caranavi.

En todo el recorrido, un sinfín de medios locales de los diferentes municipios hicieron cobertura, captaron el recorrido y pudieron entrevistar a las dirigencias y bases campesinas. Además, medios alternativos como la Fuga radial, la Casa de las Culturas Wayna Tambo, Ecuanasha TV, entre otros, así como las páginas oficiales en Facebook de las organizaciones marchistas. Todo este trabajo se reprodujo incontables veces en redes sociales como Facebook y TikTok, con una gran flexibilidad y solidaridad, se contribuyó en gran medida a humanizar a la opinión pública. Mientras los medios oficiales, no terminaban de recaer en las peculiaridades de la marcha, las especificidad de las organizaciones y la composición de la columna, se anunció el fin de la movilización y se hizo seguimiento sólo a partir de Caranavi.  

Al promulgarse el Proyecto de Ley Nº 157, como Ley Nº 1720 de Conversión de la clasificación de pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, arrancó la marcha que sorprendió a muchos, pero que se explica desde un contexto de conflictividad, demanda de tierras y desigualdad estructural.

La Ley 1720 o, popularmente denominada como Ley Marinkovik –por  haber sido propuesta por un político agroindustrial, protagonista de amplias controversias por disputa y anulación de títulos de más de 30.000 ha de tierra–, autoriza que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pueda convertir pequeñas a medianas propiedades, a solicitud voluntaria, en 10 días hábiles y, al perder su carácter de patrimonio familiar inembargable, indivisible y exenta de impuestos, se someta a la verificación de la Función Económica y Social (FES), pero no cada 2 años como estipula la ley, sino a los 10 años.

La ley ha sido cuestionada desde diferentes sectores, principalmente, por su carácter inconstitucional, al desproteger a la pequeña propiedad sin mayor consideración técnica y vulnerabilizarla en el ámbito financiero, y afectar al patrimonio familiar campesinos e indígena. Además, se cuestiona que ninguna población u organización de pequeños propietarios de tierra, campesinos e indígenas, ha sido consultado de manera previa, libre e informada. Al contrario, la propuesta responde al interés de los representantes del agronegocio –si no es que al latifundio– y se aprobó en la cámara de senadores y luego de diputados de forma esporádica y sin mayor discusión. El 2 de mayo, la columna llegó a la tranca de Urujara y el lunes 3 de mayo, se realizará el ingreso a la ciudad de La Paz. Cientos de personas se movilizaron para recibir a la marcha, diferentes grupos acopiaron ropa de abrigo, frazadas, medicamentos y víveres para colaborar al sostenimiento de la marcha, en su último tramo. Lo que se espera es que el gobierno respete las estructuras organizativas, se decida a conversar y sentar las bases para un diálogo transparente, respecto a una ley inconsulta, inconstitucional y peligrosa para el núcleo de la ruralidad boliviana: la comunidad.