Alrededor de 40 personas, principalmente jóvenes de distintos municipios y comunidades del Norte Amazónico boliviano, participaron en un proceso formativo sobre el Acuerdo de Escazú, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) con el objetivo de fortalecer las capacidades de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Las jornadas se realizaron en dos momentos: el 16 y 17 de abril en Yucumo y el 25 y 26 de abril en Caranavi. Participaron representantes de Sena, Riberalta, la provincia Vaca Díez, Pando y otras localidades amazónicas, quienes compartieron experiencias sobre las problemáticas ambientales que enfrentan sus territorios y reflexionaron sobre las herramientas jurídicas y políticas que ofrece el Acuerdo de Escazú para fortalecer la participación ciudadana y la defensa del ambiente.

El proceso formativo permitió comprender que el Acuerdo de Escazú no es únicamente un tratado internacional, sino el resultado de más de una década de construcción regional para garantizar derechos fundamentales relacionados con el ambiente. Durante las sesiones se abordó su proceso de consolidación, el compromiso asumido por Bolivia al ratificarlo mediante la Ley Nº 1182 y, sobre todo, los cuatro pilares que sustentan este instrumento: el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Uno de los aspectos que despertó mayor interés fue el análisis del artículo 9 del Acuerdo, que establece la obligación de los Estados de garantizar un entorno seguro para quienes defienden la naturaleza, los bosques, el agua y los territorios. Las y los participantes debatieron sobre los desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones sociales y coincidieron en la necesidad de fortalecer redes de apoyo, conocer mejor el contenido del tratado y promover procesos de formación dentro de sus propias comunidades.

Los talleres coincidieron con la movilización de organizaciones indígenas y campesinas que expresaron su rechazo a la Ley Nº 1720, referida a la reclasificación de la pequeña propiedad agraria. En ese contexto, el espacio formativo adquirió especial relevancia, al ofrecer herramientas para comprender los derechos de acceso a la información, la participación efectiva en decisiones que afectan los territorios y los mecanismos de protección para quienes ejercen la defensa ambiental desde las comunidades.

A través de exposiciones, análisis de casos y ejercicios participativos, las y los asistentes intercambiaron experiencias sobre conflictos socioambientales presentes en la Amazonía boliviana y reflexionaron sobre el papel que pueden desempeñar los liderazgos juveniles en la promoción de una gestión ambiental más transparente, participativa y respetuosa de los derechos colectivos.

Con esta iniciativa, el IPDRS reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones territoriales y de las nuevas generaciones de líderes amazónicos, promoviendo el conocimiento y la apropiación del Acuerdo de Escazú como una herramienta para la defensa de los territorios, la democracia ambiental y la protección de quienes dedican su trabajo a cuidar la vida y los bienes comunes.