Más de 20 especialistas en la cuestión territorial de diez países de la región, preparan el nuevo Informe Anual Tierra-territorio: Un nuevo ciclo de movilización popular frente a la mercantilización de la tierra en Sudamérica, la onceava versión colaborativa que coordina el IPDRS y de la que participan varios centros de investigación universitaria, colectivos de académicos activistas e instituciones comprometidas con el desarrollo rural de base campesina, indígena y afrodescendiente.

Reflexiones de contexto

En Sudamérica se configura un nuevo escenario de disputa por la tierra y los territorios. Después de varias décadas en las que los movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes lograron ampliar el reconocimiento jurídico de sus derechos territoriales —mediante reformas agrarias, procesos de titulación colectiva, reconocimiento de territorios indígenas, defensa territorial, consulta previa y, en algunos países, derechos de la Naturaleza—, estos avances enfrentan actualmente procesos de regresión, debilitamiento institucional y dificultades crecientes para su ejercicio efectivo.

Este escenario se sitúa en una corriente histórica que vira hacia la derecha y cuestiona aspectos que creímos ganados: Los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la igualdad como horizonte de todas las poblaciones, grupos sociales y pueblos, la libertad de culto y laicidad, y una serie de criterios para una mejor y pacífica convivencia de la humanidad.

La disputa contemporánea por la tierra no puede comprenderse únicamente a partir de las categorías de concentración, extranjerización o privatización que caracterizaron buena parte de los debates agrarios de las décadas de 1990 y 2000. Sin desaparecer, estas dinámicas adquieren nuevas formas y se articulan con transformaciones políticas y económicas de mayor alcance: la flexibilización de marcos regulatorios, debilitamiento de políticas de apoyo a las economías campesinas e indígenas y redistribución de la tierra, reducción de las garantías territoriales, expansión de actividades extractivas y de infraestructura, presión sobre tierras públicas y comunitarias, mayores impactos derivados de la crisis climática y creciente participación de grandes capitales en la apropiación y valorización de territorios rurales.

La tierra vuelve a ocupar un lugar estratégico en la disputa por el modelo económico, el control de los bienes naturales y el futuro de la civilización. Los procesos antes vistos, hay que comprenderlos también en un nuevo contexto de crisis multidimensional, no sólo económica, no sólo política y no sólo climática; a la que se suma la masificación de las tecnologías y la circulación de información a través de la inteligencia artificial, las redes sociales y una acelerada producción de ‘posverdades’ que ponen en jaque a las formas clásicas de discusión y pensamiento crítico.

Existe una tensión regional: la existencia de avances jurídicos e institucionales en materia de derechos territoriales no garantiza, por sí misma, su ejercicio efectivo ni impide procesos de regresión. La distancia entre el reconocimiento formal y las condiciones materiales para ejercer los derechos se expresa en la falta de control territorial, la violencia contra comunidades y dirigentes, los desalojos, la judicialización de las organizaciones, la expansión de actividades extractivas y las modificaciones normativas que pueden debilitar las garantías previamente conquistadas.

A la vez, la presión sobre la tierra se encuentra estrechamente vinculada con una reconfiguración de las economías rurales y de los territorios. La minería para la transición energética, los hidrocarburos, el agronegocio, las grandes infraestructuras y otras actividades asociadas a la extracción y valorización de bienes naturales están ampliando o profundizando disputas territoriales. Incluso iniciativas presentadas bajo discursos de transición energética, desarrollo sostenible o soluciones basadas en la Naturaleza pueden producir nuevas presiones sobre territorios indígenas, campesinos y comunidades tradicionales cuando no reconocen sus derechos, formas de gobierno y sistemas propios de relación con la tierra y los bienes comunes.

Frente a este escenario, emerge también una renovada capacidad de movilización y articulación de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Las luchas por la tierra se articulan cada vez más con demandas por soberanía alimentaria, justicia climática, defensa del agua, autonomía territorial, derechos de la Naturaleza y protección de los bienes comunes. Las movilizaciones adquieren dimensiones nacionales y transfronterizas y, al mismo tiempo, recuperan repertorios históricos de acción colectiva frente a nuevas formas de presión territorial.

En este sentido, el nuevo ciclo de movilización popular constituye una dimensión fundamental para comprender las actuales disputas por la tierra en Sudamérica. No se trata únicamente de reacciones frente a conflictos particulares, los procesos de resistencia cuestionan las políticas que intervienen en las reglas de acceso, propiedad, uso y control de la tierra y los territorios. La movilización es un espacio desde el cual las organizaciones rurales no solamente defienden derechos previamente conquistados, sino que también disputan el modelo de desarrollo, las formas de apropiación de los bienes naturales y el sentido mismo de la política y la democracia contemporánea.

Seguimiento a la movilización popular y la resistencia a la mercantilización de la vida

Este Informe Anual propone analizar este proceso regional a partir de una pregunta central: ¿cómo se expresa la regresión de derechos territoriales y la nueva mercantilización de la tierra en Sudamérica, y de qué manera las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes están construyendo nuevas formas de movilización y resistencia frente a estos procesos? Este Informe Anual buscará identificar las principales transformaciones normativas, económicas y políticas que están reconfigurando las disputas por la tierra, así como las respuestas organizativas que emergen en distintos territorios y países de la región.

En esta versión sostenemos nuestro trabajo para Bolivia y trabajamos con GER-GEMSAL de la UBA de Argentina; diferentes universidades de Brasil; el Núcleo de Estudios Agrarios de la Universidad de la República del Uruguay. Conoceremos la contribución de Causeos. Colectivo de investigación crítica en territorios rurales de Chile; el Colectivo de Estudios Agrarios La Creciente de Colombia; las instituciones Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras de Ecuador, la Pastoral Social Cáritas, GRUFIDES del Perú y el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.