El miércoles 28 de febrero de 2024, se reunió la asamblea extraordinaria del BOCINAB – Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas Amazónico de Bolivia, para analizar y decidir acciones respecto al Decreto Supremo de aprovechamiento de recursos forestales no maderables en la Amazonía Boliviana que el gobierno central estaría preparando.
El decreto en cuestión es una propuesta que busca incluir nuevos actores para el aprovechamiento de recursos no maderables en tierras fiscales, quienes tendrán acceso a estos recursos durante 10 años a partir de su habilitación. Asociaciones y miembros del bloque dieron sus puntos de vista tras la lectura de la propuesta, muchas intervenciones expresaron preocupación acerca de los riesgos de este decreto supremo.
Preocupa tanto la forma como la terminología usada en el decreto para definir a los actores involucrados «personas naturales y jurídicas que practiquen esta actividad», considerándola demasiado amplia y permitirá el ingreso al bosque a grupos y empresas, como los denominados «barraqueros», a quienes consideran poco respetuosos con los derechos laborales y sociales de las poblaciones locales. Además, observan que no estarían considerando los riesgos para el medio ambiente y los bosques de la Amazonía.
Existe una profunda preocupación sobre los artículos que derogan disposiciones fundamentales para la defensa de los bosques, impactando directamente a los derechos y oportunidades de los miembros del BOCINAB.
En este marco, el primer coordinador del bloque y coordinador del CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), Gonzalo Oliver, ha afirmado que las instituciones «están midiendo las capacidades y fuerza política. […] es importante que sepamos que hay una Constitución que nos da las herramientas para defender nuestros derechos, y que el bloque en caso de necesidad va defender a sus hermanos y hermanas».
Las unidades territoriales aliadas al BOCINAB, del Sena, luego de analizar el decreto supremo dieron a conocer que existen muchos vacíos como la faltan de parámetros para la entrega de tierra, y el consenso de las organizaciones sociales territoriales, también señalaron que el término «usuarios tradicionales» en lugar de comunidades ancestrales y campesinos indígenas demarca una voluntad clara que excluye a los campesinos e indígenas para dar espacio a empresas y privados en el aprovechamiento de los bosques.
En este sentido, el bloque organizará otros eventos de socialización en todo el norte amazónico de Bolivia (Pando, Beni y Norte de La Paz) para que todas las unidades territoriales puedan sumarse desde sus localidades, con el objetivo de elaborar un documento conjunto de respuesta a la propuesta de este decreto supremo.
