Por: Ruth Bautista Durán – Investigadora IPDRS
Foto: Reinicio de la marcha Pongo, 1 de mayo de 2026
Aunque se trataba de un territorio lejano geográficamente, el Norte Amazónico fue sumamente importante en la vida y economía nacional del siglo XX. El sistema de la barraca gomera y el habilito, el peonaje por deudas y un mecanismo de control territorial, aunque con dificultades, se permeaban. La Reforma Agraria de 1953 impulsó la conformación de comunidades y la organización de sindicatos campesinos. La provincia que había asumido el nombre de Antonio Vaca Díez, uno de los barones de la goma, concentraba la mayor actividad de aquella industria, próspera para criollos y extranjeros, y opresiva para la población nativa y migrante. Por su parte, la provincia Madre de Dios asumió el nombre del río que atraviesa la Amazonía peruana y boliviana, y es afluente del gran Amazonas. La Federación de Campesinos Vaca Díez se fundó en 1953 y la Federación Madre de Dios en 1955; por ello, ambas tienen filiación directa con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La Federación de Pando, por su parte, se articuló para encarar el proceso más reciente de la segunda reforma agraria en los años noventa.
Las organizaciones indígenas en la Amazonía fueron delineando su camino propio desde aquel foco organizativo, siendo que las familias que se consideraban campesinas, que salían —y muchas veces volvían— del empatronamiento, además eran descendientes de los pueblos tacana, cavineño, chacobo, etc. Conformando así el actual mapa organizativo y territorial de territorios colectivos, comunidades campesinas, centrales indígenas y centrales y federaciones campesinas y zafreras del Norte Amazónico.
¿Por qué marcha el Norte Amazónico?
La Amazonía boliviana, según la Constitución Política del Estado, está compuesta por el departamento de Pando, las provincias de Vaca Diez y Ballivián del Beni, y la provincia Iturralde del departamento de La Paz. El Norte Amazónico se ha caracterizado por una estructura de desigualdad marcada por el extractivismo: en el siglo XIX y principios del siglo XX, por la extracción de la goma elástica y, en adelante, por la industria de la castaña. Esta vocación extractivista en la región reproduce el esquema patronal instaurado con las barracas gomeras, en una versión que se muestra modernizada, pero que, desde sus nuevos representantes y generaciones, todavía refiere a la elite regional, las familias “patricias” que todavía hoy detentan el poder económico a través del acopio, beneficio y exportación de la castaña.
El centralismo ha castigado drásticamente al Norte Amazónico. Las distancias determinan pocas posibilidades para su articulación al resto del país, en términos de mercado, de la importación de productos agrícolas y forestales al resto del país, así como del abastecimiento interno. En términos de institucionalidad, sus municipios son casi todos rurales, altamente manoseados y saqueados por las élites tradicionales y nuevas que sacan ventaja de las desigualdades estructurales, las enormes distancias y un enorme problema carretero que, si bien es sobrellevado para la gran exportación de los productos amazónicos, en época de lluvia dificulta toda la vida cotidiana de la mayoría de la población y genera enormes obstáculos para la economía local.
Foto: Gentileza Facebook Noticias NT
El Norte amazónico es invisibilizado por la acelerada dinámica del agronegocio en el oriente, no obstante, contiene una de las áreas boscosas más valoradas de la región amazónica continental y, además, Bolivia es el principal exportador mundial de castaña. en 2024, las exportaciones alcanzaron los 115 millones de USD en castaña (Ministerio de Relaciones exteriores), llegando de forma directa e indirecta a mercados de 34 países entre Europa, Norteamérica y Asia. Esas bondades son contradictorias a la vivencia de campesinos, indígenas y zafreros –sector urbano que adquiere contrataciones temporales en las barracas y fábricas, según el precio internacional del producto–, que deben enfrentar las adversidades del clima, un bosque con inminentes peligros y una inseguridad social y laboral durante la zafra de la castaña, entre noviembre y marzo de cada año. Además, debe enfrentar una disputa tenaz, permanente y violenta entre zafreros asalariados, zafreros campesinos y zafreros indígenas, que en la recolección intentan cubrir la demanda de las empresas y el mercado internacional.
Cada año, se laceran los cuerpos de las y los castañeros, ocurren protestas por el precio y disputas cada vez más cruentas por el aprovechamiento del bosque. El fin de 2025 y el inicio de 2026, no fue la excepción, machetazos, pérdida de miembros y vidas, bloqueos de caminos en protesta y una gran frustración por el bajo precio de la barrica de castaña, se sumó al gasolinazo lanzado en diciembre por el reciente gobierno de Paz Pereira.
Las familias campesinas reiteraban “ya perdimos la navidad, no hay navidad para nosotros”, mientras se sentaban en mesas de negociación sobre el precio de la barrica de castaña con el sector barraquero –ASPROGOAL (Asociación de Productores de Goma y Almendra), CADEXNOR (Cámara Empresarial de Exportación (…) del Norte), entre otros.
Foto: Gentileza Facebook Protagonista Beniano
Abril de 2026, no fue un buen momento para anunciar más peligros y mayores riesgos a sus derechos territoriales a una población cansada de tantas zafras, precios injustos, momentos tan violentos en el monte, deudas interminables –desde el habilito hasta el ‘gota a gota’– y tantas horas bregando en el fango de las carreteras.
27 días de marcha, rupturas y alianzas
El contexto organizativo, en el Norte Amazónico como en el resto del país, no es el mejor en este momento histórico. El clientelismo político ha dejado mellas importantes, lo cual se suma a una agitada dinámica en la demanda, asentamiento y acceso a la tierra. La connotación del avasallamiento de tierras en el Norte amazónico tiene que ver con la posibilidad de zafrar la castaña y extraer madera. No obstante, también denota la posibilidad de muchas familias de acceder a un medio de vida, aunque el costo sea ser la base de una cadena de valor que reproduce y parece perpetuar las desigualdades sociales y económicas.
La marcha inició siendo campesina, con las tres federaciones de la región. Sin embargo, antes de cumplir los 20 días, tras tres intentos de diálogo, la Federación de Pando firmó un acuerdo con el gobierno central con la promulgación del Decreto Supremo 5613 que determina lineamientos para la dotación y titulación de tierras en favor de comunidades campesinas e indígenas, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni, a través de la conversión de tierras fiscales no disponibles a disponibles. Tal decreto tampoco ha sido debidamente consultado con las bases sociales afectadas, tiene vicios de superposición de demandas y atiza abiertamente la conflictividad territorial.
Vaca Diez y Madre de Dios impusieron un pliego que inicia con la abrogación de la Ley 1720, por intervenir en la gobernanza comunitaria de la pequeña propiedad y blanquear la propiedad que, estratégicamente, los grandes propietarios lograron titular como pequeña en el saneamiento, reafirmando su presencia y control sobre las comunidades. En la localidad de Caranavi, la Central Étnica de Pueblos Mojeños del Beni se sumó a la marcha, respaldando la decisión y, luego de varios años, unificando un movimiento campesino e indígena.
Foto: Pliego petitorio Pacto de unidad por la Dignidad, la soberanía nacional, la defensa de la tierra y el territorio para el movimiento indígena originario campesino.
La Ley 1720 o, popularmente denominada como Ley Marinković –por haber sido propuesta por un político agroindustrial, protagonista de amplias controversias por disputa y anulación de títulos de más de 30.000 ha de tierra–, autoriza que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pueda convertir pequeñas a medianas propiedades, a solicitud voluntaria, en 10 días hábiles y, al perder su carácter de patrimonio familiar inembargable, indivisible y exenta de impuestos, se someta a la verificación de la Función Económica y Social (FES), pero no cada 2 años como estipula la ley, sino a los 10 años.
La Ley 1720 ha sido cuestionada desde diferentes sectores, principalmente, por su carácter inconstitucional, al desproteger a la pequeña propiedad sin mayor consideración técnica, vulnerabilizarla en el ámbito financiero, y afectar al patrimonio familiar campesino e indígena. Además, se cuestiona que ninguna población u organización de pequeños propietarios de tierra, campesinos e indígenas, ha sido consultado de manera previa, libre e informada. Al contrario, la propuesta responde al interés de los representantes del agronegocio –si no es que al latifundio– y se aprobó en la cámara de senadores y luego de diputados de forma esporádica y sin mayor discusión.
A la fecha, Vivian Palomequi, Secretaria Ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez – Beni, y Faifer Cuajera, Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios – Pando, del Norte Amazónico; y Víctor Yba Palacios, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB), de la Amazonía Sur, encabezan la Marcha por la Defensa de los bosques amazónicos y la seguridad jurídica de los territorios indígena originario campesinos, que exige la abrogación de la Ley 1720, la Ley Marinković, la frontera que alerta sobre una posible y sistemática regresión de derechos.
Al llegar al centro de la ciudad de La Paz, el 4 de mayo, la dirigencia de la marcha firmó un pacto de unidad con diversos sectores del movimiento popular. Al 10 de mayo, la abrogación fue aprobada en la Cámara de diputados, la incertidumbre de las carreteras se extiende a la vigilia en la ciudad, por dos noches, las y los marchistas pernoctaron en inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Con una primera victoria, esperan que la Cámara de Senadores apruebe la abrogación y la ley corta se promulgue.
