A convocatoria del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia – BOCINAB, este jueves 5 de diciembre se llevó a cabo el primer “Diálogo por la Amazonía: Una alternativa por la vida” en San Buenaventura – La Paz.
Este encuentro permitió que organizaciones campesinas e indígenas de La Paz, así como de la provincia Vaca Diez – Beni y Madre de Dios – Pando se reúnan para dialogar respecto a la situación actual de la Amazonía y la necesidad de socializar y hacer aprobar el Proyecto de Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentables del Norte Amazónico de Bolivia “Bruno Racua”. Reconociendo el valor estratégico de este territorio, alrededor de 60 representantes de las organizaciones territoriales, así como representantes de gobiernos municipales y de ONG se dieron cita para atender el Diálogo.
Frente a la ausencia de autoridades nacionales invitadas, Gonzalo Oliver, primer coordinador del BOCINAB y ejecutivo de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz – CPILAP, inició el diálogo recordando que la Ley “Bruno Racua” es una deuda histórica y constitucional que el Estado tiene con la Amazonía y sus habitantes. En este marco, Manuel Cuadiay, fundador del BOCINAB, recalcó la importancia del Bloque frente a la vulneración histórica de los derechos humanos y territoriales en la Amazonía, recordando que desde la década de los 90 el Bloque ha promovido acciones para una reforma constitucional que, aunque no se haya realizado de acuerdo a los principios iniciales planteados por el mismo Bloque, buscan la dignificación de la vida amazónica.
Desde este panorama histórico que marca la coyuntura actual amazónica, se vuelve evidente la necesidad de promulgar la Ley “Bruno Racua” ya que, como bien mencionó el BOCINAB, este marco permitirá atender integralmente las necesidades específicas de la Amazonía, tomando en cuenta que los extractivismos están violentando sus derechos y no son compatibles con los modos de vida propios de sus habitantes. Todas estas presiones sobre el territorio fueron abordadas por Andrea Bedregal de WCS, quien ejemplificó esta situación a través de los niveles de mercurio presentes en indígenas Esse Ejjas y Tsimanes a causa del consumo de peces contaminados por la minería.
Juan Pablo Chumacero, de Fundación Tierra, amplió la información apuntando que la Amazonía también vive en constante presión frente a decisiones políticas. Se mencionó que, ante la crisis de combustible en el país, el Estado pretende ampliar la exploración hidrocarburífera en territorio amazónico, sin embargo, es evidente que esta no es una solución estructural, no respeta el derecho a la consulta previa y genera contaminación. Asimismo, la intensificación de la minería se presenta como una apuesta clara desde la política pública nacional, puesto que desde el 2023 se han estado dotando concesiones mineras en las riberas del río Madre de Dios, por ejemplo.
También se señaló que los sectores forestal y agropecuario están generando una ampliación de la frontera agrícola en la Amazonía, a través de acciones como el cambio del Plan de Uso de Suelos – PLUS del Beni y la desafectación de ciertas áreas del Madidi, que facilitan la expansión del agronegocio y por ende monocultivos como la palma africana, caña de azúcar, soya y arroz, entre los más importantes. Toda esta situación se evidencia en la coincidencia de los recurrentes y cada vez más violentos incendios que atraviesan los ejes carreteros por los que se está expandiendo el modelo de agronegocio.
Posteriormente, Esteban Sanjinés recalcó la importancia de la Ley “Bruno Racua” para atender toda esta situación. A través de una revisión estratégica de los objetivos y artículos más importantes del proyecto de ley, señaló que su promulgación y posterior aplicación permitirá generar un espacio de diálogo específico para todos los actores amazónicos y la elaboración de planes estratégicos que compatibilicen las actividades humanas con la sostenibilidad de la vida en la Amazonía.
El encuentro finalizó con la participación en plenaria, donde destacaron intervenciones de comunidades indígenas. Por un lado, una representante del pueblo Leco apuntó la ausencia de otros actores estratégicos, argumentando que la inasistencia da cuenta de la falta de interés o, por el contrario, de atender solo el interés de ciertos sectores. Por otro lado, una mujer indígena representante del Consejo Indígena del Pueblo Tacana – CIPTA, denunció que recientemente se enteraron que el Estado entregó 2000 hectáreas para la producción de soya en su territorio, lo que claramente significa una vulneración de sus derechos y autonomía.
Los “Diálogos por la Amazonía” seguirán convocando a sus habitantes para conversar sobre la necesidad de promover la aprobación de la Ley “Bruno Racua”. Es importante que todos los actores estratégicos encuentren en este espacio un punto de consenso en el que todas y todos ejerzan sus derechos libremente y de la manera más informada posible. En este momento de crisis multidimensional mundial, es importante que todos y todas las habitantes de la Amazonía se sienten a dialogar para resistir los impactos del cambio climático y de intereses geopolíticos.
Esta actividad ha sido organizada por el BOCINAB, con el apoyo de la Coalición Nacional por la Tierra – CNT en Bolivia, una instancia de la que participa el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS como anfitrión, la Fundación Tierra, el CEJIS, CENDA, CERDET y otras instituciones de acompañamiento a las organizaciones sociales.
