Por Nuris Poma, Investigación-acción IPDRS
El pasado viernes 30 de mayo se llevó a cabo el quinto conversatorio del ciclo sobre cooperativismo en Bolivia, titulado “Características, aportes y desafíos de las cooperativas mineras”, organizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) junto a We Effect. Este espacio ofreció una mirada crítica y necesaria sobre uno de los sectores más influyentes y complejos del país: la minería cooperativista.
Liliana Carrillo Valenzuela, periodista independiente y docente, abrió el conversatorio con un análisis sobre los desafíos de las cooperativistas minero, centrado en la minería aurífera. Subrayó que, si bien las cooperativas nacieron con un espíritu comunitario y de solidaridad, hoy funcionan en la práctica como empresas con ventajas legales y tributarias desproporcionadas, en muchos casos reproduciendo estructuras jerárquicas y prácticas de subcontratación informal que vulneran derechos laborales.
Indicó que existen alrededor de 2.300 cooperativas registradas, aunque muchas más funcionan al margen de la legalidad, especialmente en áreas auríferas del norte paceño. A pesar de representar más del 58% de la producción minera, “las cooperativas solo aportan el 0.2% de los impuestos del sector”, lo que revela una profunda desigualdad fiscal.
Asimismo, advirtió sobre el impacto ambiental y social que genera una minería cooperativista sin control, como la contaminación con mercurio en ríos amazónicos y la destrucción de economías locales. También alertó sobre el incremento de la violencia entre cooperativas por conflictos de territorio, citando el caso del cantón Yani (Sorata), donde los enfrentamientos armados han dejado muertos y heridos. Finalmente, cuestionó las estructuras internas de estas organizaciones, donde existe una marcada distinción entre socios fundadores —los llamados “padrinos” o “cachas”— y obreros sin contrato, sin derechos ni garantías, perpetuando un modelo de explotación que contradice los principios cooperativos de igualdad y democracia.
Elizabeth López Canelas, investigadora encargada del análisis sobre cooperativas mineras, profundizó en las raíces históricas del cooperativismo minero, recordando que surgió como respuesta a crisis y despidos en el sector estatal. Sin embargo, con el tiempo ha derivado en formas organizativas alejadas de los principios cooperativos.
En su intervención, destacó como estas cooperativas han operado bajo condiciones de informalidad, sin redistribución justa de ganancias, con altas tasas de subcontratación, presencia creciente de mujeres jóvenes mal remuneradas y una alarmante desatención al impacto ambiental, así como también lo mencionaba la anterior invitada. Al referirse al auge de la minería aurífera en la Amazonía, denuncia que —la figura de yacimiento marginal se usa para tributar menos, flexibilizar normas ambientales y contaminar más—. Además, planteó que el imaginario del “minero luchador” ha sido instrumentalizado para legitimar un sector que encubre a la gran minería, vulnera derechos de pueblos indígenas y acumula poder político, económico y territorial, lo que obliga a repensar críticamente quién es hoy el verdadero actor minero.
En lo social, destacó que las cooperativas absorben mano de obra marginal, incluyendo mujeres y niños (en algunos casos), y reproducen relaciones laborales profundamente desiguales. La minería aurífera, en particular, ha generado impactos profundamente negativos como la violencia, prostitución, alcoholismo, trata y actividades ilegales, alterando de forma drástica las dinámicas sociales y comunitarias.
Además, advirtio que las cooperativas mineras, en su mayoria hoy funcionan más como empresas privadas, con lógicas extractivistas, sin redistribución de ganancias, y con serias problemáticas laborales, ambientales y sociales, incluyendo subcontratación, trabajo infantil y de mujeres en condiciones precarias.
Ruth Bautista Durán, Responsable de investigación-acción del IPDRS, realizó una reflexión integradora señalando que el modelo extractivo minero transforma no solo el territorio, sino también las relaciones sociales y culturales de las comunidades. Destacó que muchas cooperativas reproducen estructuras desiguales, donde pocos concentran poder y la mayoría trabaja en precariedad, lo que obliga a cuestionar quién realmente se beneficia de esta actividad. Además, advirtió sobre el grave impacto ambiental, como la contaminación con mercurio en el norte paceño, y cuestionó la débil respuesta estatal, que prioriza la expansión minera sobre la protección de derechos y territorios.
Puedes ver el conversatorio completo en los siguientes enlaces:
El conversatorio evidenció que muchas cooperativas mineras, lejos de representar una alternativa solidaria, actúan hoy como actores hegemónicos, con fuerte poder económico, capacidad de presión política y una preocupante deriva hacia la ilegalidad y la violencia.
