Por: Nuris Poma – Investigación
Ayer, jueves 5 de junio de 2025, se desarrolló el Webinar Interaprendizaje: Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur, con la participación de investigadoras e investigadores de Bolivia, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay, así como referentes de organizaciones sociales y movimientos agroecológicos. El evento fue organizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) como parte de la investigación comparativa iniciada en 2024, en estos cinco países, con el apoyo de Humundi, CCFD- Terre Solidaire, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Pan para el mundo (PAM), el Programa TACSA, el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), el Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) y la Red de Acción en Plaguicidas (RAPAL) y sus Alternativas de América.
El webinar fue moderado por Lorenzo Soliz parte del equipo de IPDRS, quien presentó el contexto, los objetivos y la importancia de este estudio. Destacó que, a pesar de las normativas nacionales e internacionales existentes, el uso de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) sigue creciendo en la región, incluso en productos prohibidos por contrabando o permisividad legal. También señaló que la expansión de la frontera agrícola, el uso de semillas transgénicas y la narrativa dominante del agronegocio configuran un escenario de riesgo para la salud humana, los ecosistemas y las culturas rurales.
Paula Aldana Lucero, coordinadora del estudio, presentó los principales hallazgos del estudio incluyendo el análisis normativo, entrevistas con actores clave y un enfoque comparativo entre países. Señalo que todos los países analizados comparten problemas estructurales como la débil fiscalización, escaso presupuesto público, contrabando, y la alta permisividad al uso de PAP, muchos de ellos prohibidos en Europa, pero exportados activamente a América Latina.
Indico que la Comunidad Andina (CAN) presenta una mayor armonización normativa en comparación con el MERCOSUR, donde las normativas son fragmentadas y desigualmente implementadas. Sin embargo, en ambos bloques existe una gran distancia entre la norma y su cumplimiento real.
Se tuvo la participación de representantes de organizaciones agroecológicas entre ellas:
María Julia Jiménez del Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), valoró el estudio como una herramienta para la incidencia y el control social. Señaló que en Bolivia hay normativas, pero poca voluntad política y mínima fiscalización, y que el contrabando y la informalidad agravan la situación. Destacó el caso de Palos Blancos y Alto Beni, municipios que se han declarado agroecológicos, libres de minería y comprometidos con una producción limpia vinculada a comercio justo y mercados diferenciados. Además, propuso llevar el tema a los parlamentos andino y del Mercosur, y cuestionó el doble estándar tóxico de países que prohíben estos productos en su territorio, pero los exportan a América Latina.
Cecilia Mendiola del Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) compartió la experiencia de los monitoreos ciudadanos de plaguicidas en alimentos comercializados en Lima, donde se detectaron PAP prohibidos. Explicó que esta acción involucró a SENASA, gobiernos locales y laboratorios independientes, y permitió construir evidencia para impulsar una propuesta de ley que busca fortalecer la capacidad fiscalizadora del SENASA a nivel nacional, desplazando la responsabilidad que hoy recae en los municipios, sin recursos ni formación técnica.
María Elena Rozas de la Red de Acción en Plaguicidas (RAPAL), sostuvo que este es el primer estudio regional de su tipo y constituye un aporte fundamental para actualizar los marcos normativos. Lamentó la su notificación de intoxicaciones, especialmente en población infantil y rural, y la escasa presencia del tema en medios de comunicación. Valoró que en Argentina se hayan introducido avances como el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y normas de trazabilidad, pero enfatizó que aún no existe una ley nacional sobre plaguicidas, como tampoco en la mayoría de países analizados.
El equipo investigador complemento el estudio con sus reflexiones desde sus respectivas indagaciones de países:
Javier Souza investigador plaguicidas Argentina resaltó la contundencia de la evidencia científica sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana y el ambiente, y defendió el rol del control ciudadano como principal motor de cambio, especialmente en territorios como Pergamino, donde las comunidades lograron zonas libres de fumigación.
Guillermo Villalobos investigador plaguicidas Bolivia y Perú, destacó la situación crítica de Bolivia, con debilidad institucional, falta de trazabilidad, contrabando, y alta exposición en zonas fronterizas. Valoró el avance del movimiento agroecológico en Perú y el uso de metodologías de monitoreo ciudadano para ejercer presión sobre las autoridades.
Alejandro Henao investigador plaguicidas Colombia, identificó la dispersión normativa y los conflictos agrarios como factores que agravan el uso de plaguicidas. Subrayó que Colombia enfrenta un escenario complejo donde confluyen agroindustria, cultivos ilícitos y crisis de gobernabilidad territorial.
Agustina Etchegoyen (Paraguay) advirtió que el agronegocio ejerce una fuerte presión sobre las políticas públicas, y que instituciones como el SENAVE no cuentan con presupuesto ni independencia. Sin embargo, reconoció el trabajo de organizaciones como CONAMURI, que desde una perspectiva feminista e indígena impulsan la agroecología como resistencia activa.
Este espacio de interaprendizaje no solo permitió visibilizar la magnitud del problema relacionado con los plaguicidas en la región, sino también evidenció la diversidad de voces, saberes y experiencias que desde los territorios están enfrentando sus consecuencias y proponiendo alternativas. El encuentro confirmó que el desafío no se limita a la técnica ni a lo normativo, sino que implica transformar modelos de producción, relaciones de poder y prioridades políticas. Frente a un contexto adverso, las articulaciones regionales, el conocimiento compartido y la acción colectiva emergen como claves para defender la vida, la salud y la soberanía de nuestros pueblos.
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