Artículos de opinión

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(Harare, 16 de octubre de 2018) Las semillas campesinas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Constituyen la base de la producción alimentaria mundial y permiten que las campesinas y los campesinos produzcan y que los consumidores y ciudadanos encuentren una alimentación saludable y variada. Nos permiten resistir, conservar nuestras culturas ancestrales y defender nuestra identidad campesina.

Foto: PROBIOMA

Foto: PROBIOMA.

El día de ayer, 15 de octubre, en el seminario ¿Por qué no queremos transgénicos en Bolivia?, realizado en La Paz, varios investigadores y población en general expusieron los argumentos económicos, ambientales y culturales para decir no a los transgénicos, como parte de la política agraria, que desde los gobiernos se justifica principalmente tras la búsqueda de seguridad alimentaria y desarrollo económico de la ruralidad de Sudamérica.

 En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrada cada 15 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que las mujeres rurales garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y las ayudan a prepararse frente al cambio climático.

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU, declaró que "el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales es esencial para construir un futuro próspero, equitativo y pacífico para todos en un planeta sano".

En nueve años, sólo tres de 20 Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) accedieron a la autonomía indígena originaria campesinas lograron conformar su autogobierno, se trata de Charagua Iyambae, Uru Chipaya y Raqaypampa. El resto aún debe vencer los retos que implica llegar a este sueño, pese a que la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 abre el camino para que los pueblos indígenas de Bolivia recuperen sus formas de gobierno ancestral.

Líderes indígenas coinciden en que existe una serie de trabas que impide el avance a de las autonomías indígenas, las más comunes son los requisitos que impone el Estado central para la conformación de la autonomía, los intereses políticos-económicos internos y externos a la Entidad Territorial Autónoma y la falta de consensos en la construcción de los estatutos autonómicos indígenas.

ADOPTADA POR LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DE LA ILC EL 20 SEPTIEMBRE 2018

1 Nosotros, miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), nos reunimos en Bandung, Indonesia, el 27 de septiembre de 2018, con motivo de nuestra Asamblea de Miembros, después del Foro Global de la Tierra celebrado con la cordial acogida del Gobierno de la República de Indonesia y el Comité Organizador Nacional.1 Representamos a más de 250 organizaciones multilaterales y de la sociedad civil procedentes de 77 países de África, Asia, Europa, Oriente Medio, América del Norte, América Latina y el Caribe.


2 A pesar de nuestra diversidad y de los muy diferentes enfoques, hemos elegido unirnos en torno a una misión compartida para construir una gobernanza de la tierra centrada en las personas como elemento fundamental para lograr un mundo justo, equitativo e inclusivo. La materialización de nuestros 10 compromisos para lograr una gobernanza de la tierra centrada en las personas guía e impulsa nuestras acciones conjuntas como coalición.

3 Con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los líderes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocieron por primera vez en la historia la importancia que revisten los derechos a la tierra. Sin embargo, desde el último Foro Global de la Tierra en Dakar, Senegal, en 2015, hemos observado tendencias que amenazan seriamente nuestro objetivo compartido de no dejar a nadie atrás.

4 En los últimos tres años, hemos visto que la desigualdad socio-económica extrema se ha vuelto más aguda. Los niveles alcanzados en muchos de los países de nuestra Coalición son injustos e insostenibles. La riqueza y el poder, en términos de control sobre la tierra y otros recursos naturales, a menudo se concentran en las manos de unos pocos a expensas de muchos. Además, los impactos del cambio climático son cada vez más visibles, lo cual exacerba los conflictos sobre la tierra, los bosques, los pastizales, el agua y otros recursos naturales, aumentando el sufrimiento humano y forzando a la migración. La degradación de la tierra, que está estrechamente relacionada con la inseguridad legal de tenencia, sigue siendo un gran desafío que necesita de acción tanto en zonas rurales como urbanas. La corrupción y la falta de transparencia y de rendición de cuentas continúan alimentando la desposesión y los conflictos. La justicia y los valores democráticos se ven desafiados y
muchos de nuestros miembros están constreñidos por un espacio para la sociedad civil cada vez más reducido, incluyendo en el contexto de la ocupación y del conflicto armado, que precisa especial consideración. Por su parte, 2017 ha sido el año más mortífero jamás registrado para los defensores de la tierra y del medio ambiente. El racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas persiste. A pesar del aumento de sólidos movimientos dirigidos por mujeres que han desafiado el statu quo y han empezado a cambiar las mentalidades y las normas en muchos países, las leyes y prácticas patriarcales y discriminatorias persisten, impidiendo la igualdad de derechos a la tierra de las mujeres, particularmente de las pertenecientes a las comunidades más marginadas.


5 Contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dependerá de nuestra voluntad de transformar radicalmente los sistemas que promueven la desigualdad y la injusticia y alimentan el conflicto y la exclusión. Los derechos a la tierra ejemplifican este desafío, así como la oportunidad de lograr un cambio real. En este contexto, nuestra misión para una gobernanza de la tierra centrada en las personas es más imperativa que nunca a fin de avanzar verdaderamente hacia la consecución de los ODS. Es un objetivo ambicioso, pero el poder de nuestra red y los progresos alcanzados gracias al trabajo conjunto construyendo procesos democráticos en la toma de decisiones y el control de la tierra y los recursos naturales, impulsan el optimismo y la confianza en nuestro éxito.

6 Trabajamos en muchos frentes para asegurar el progreso, pero hoy llamamos la atención mundial sobre dos cuestiones particularmente críticas en nuestro contexto actual:


7 LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE

7.1. Es preciso acabar con la creciente, dramática e inaceptable tendencia de homicidios, ataques y criminalización de las comunidades y los individuos que actúan como Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente. La situación actual ha alcanzado niveles de crisis en muchos países y afecta directamente a nuestras organizaciones miembro, en particular a las organizaciones de campesinos y pueblos indígenas. Los recientes informes de los Relatores Especiales sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señalaron una creciente “crisis mundial” de ataques contra los defensores del medio ambiente y de derechos humanos, destacando que muchos de ellos pertenecen a pueblos indígenas.


7.2. Rendimos homenaje a la memoria de aquellos integrantes de nuestra red que, desde nuestra reunión en 2015, han perdido sus vidas por desempeñar una labor heroica como Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente, defendiendo los derechos a la tierra de sus comunidades. Por ejemplo, observamos que durante la última década en Indonesia, el Consorcio para la Reforma Agraria (KPA) ha informado el desalojo por acaparamiento de tierras de 3,5 millones de personas, la detención de 1.617 Defensores de la Tierra y del Medio Ambiente y el asesinato de 122 Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente.


7.3. Teniendo en cuenta que la mayoría de los abusos contra los Defensores de los Derechos Humanos están relacionados con los derechos a la tierra, es fundamental fortalecer el reconocimiento de los derechos a la tierra en los marcos, instituciones e instrumentos de derechos humanos, como por ejemplo, en el proceso en curso del Consejo de Derechos Humanos sobre la Declaración de la ONU y los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

7.4. Hacemos un llamado a los gobiernos para que cumplan inmediatamente con sus obligaciones de proteger a los Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente, para que apliquen plenamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada hace 20 años y para que garanticen que empresas e inversores respeten los derechos de los Defensores de la Tierra y del Medio Ambiente en sus actividades y cadenas de suministro. Somos conscientes de que para algunos gobiernos, la persecución, los ataques y la criminalización de los Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente forman parte de una estrategia deliberada. Hacemos un llamado a dichos gobiernos para que pongan fin a la represión y a la criminalización, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance como coalición para promover la rendición de cuentas y el derecho a la justicia, y para respaldar directamente la protección de los Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente y de sus comunidades amenazadas.


8 REFORMA AGRARIA

8.1. La reforma agraria debe volver a las agendas políticas nacionales como medida necesaria para corregir las desigualdades en las sociedades rurales. Lejos de ser un enfoque obsoleto, la reforma agraria redistributiva, sostenible y paritaria es un recorrido esencial para alcanzar un futuro con menos conflictos y un intercambio justo de riqueza y oportunidades. Para tener éxito, es fundamental que la reforma agraria:

1) se base en políticas coherentes y sostenibles de agricultura, tenencia, inversión y uso de la tierra; 2) esté respaldada por recursos adecuados e infraestructura social; 3) esté diseñada e implementada con la participación significativa de las organizaciones que representan a propietarios a pequeña escala, pueblos indígenas, pastores y comunidades locales afectadas; 4) reconozca la relación intrínseca de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos naturales, y respalde todas las formas de derechos comunitarios a la tierra y los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra como una ruta para abordar los conflictos de tierras; 5) no esté financiada por ningún préstamo o cualquier otro apoyo financiero externo que contradiga los principios de gobernanza de la tierra centrada en laspersonas.


8.2. Los beneficios de la reforma agraria pueden verse gravemente socavados o despilfarrarse debido a modelos de inversión basados en la adquisición de tierras a gran escala por parte de inversores nacionales y extranjeros. Nuestra experiencia nos
ha enseñado que las adquisiciones de tierra a gran escala a menudo causan despojos,  desplazamientos forzados, concentración de la riqueza y las oportunidades fuera de las comunidades, así como actos de criminalización. Hacemos una llamada al sector privado y a los gobiernos para que detengan las inversiones que implican transferencias de tierras a gran escala y desalojan a comunidades locales o pueblos indígenas. Todas las inversiones deben basarse en la asociación en lugar de en la exclusión, incluidas aquellas relacionadas con el turismo y que afectan a las comunidades costeras. Las inversiones deberían proponerse, diseñarse e implementarse de manera que prioricen la participación y los intereses de las comunidades afectadas y llevarse a cabo únicamente cuando se cuente con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, tal y como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.


8.3. La Década de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas proporciona un contexto positivo para la reforma agraria; un componente crítico en un paquete más amplio en el que los gobiernos brindan un apoyo muy necesario para garantizar que los agricultores familiares, los pastores y los pueblos indígenas puedan desempeñar plenamente su papel de actores clave en economías rurales dinámicas, frecuentemente sociales, y de guardianes de territorios y ecosistemas saludables.

9 Para que podamos cumplir mejor con nuestra misión conjunta, nos hemos damos cuenta de que, como coalición, hay aspectos en los que debemos trabajar de forma diferente. Por ello, nos comprometemos a:


9.1. Avanzar hacia convertirnos en una red que responde mejor a las necesidades, preocupaciones e intereses de los jóvenes de las zonas rurales. Como organizaciones individuales y, conjuntamente, como coalición, abogaremos a todos los niveles para que haya un mayor diálogo intergeneracional y una mayor transferencia de liderazgo, incluyendo para facilitar el acceso de los jóvenes, y en especial de las mujeres jóvenes, a la tierra y el control de esta.


9.2. Asegurar que todas nuestras acciones estén conformadas por los principios de la justicia de género, ya que este es un compromiso central para nuestra coalición.
Reconocemos que nuestras propias acciones no han desafiado adecuadamente las normas discriminatorias. Nos comprometemos a actuar de acuerdo a los principios de justicia de género en nuestras organizaciones y coalición, del mismo modo que trabajaremos para un mundo más paritario. Nos aseguraremos de que las mujeres participen y decidan en igual medida que los hombres, y trabajaremos activamente para desafiar y superar las prácticas discriminatorias y las estructuras de poder desiguales que las facilitan. Hacemos un llamamiento a todas las partes interesadas para que tomen medidas urgentes a fin de superar la discriminación estructural, las barreras institucionales y culturales y el desequilibrio de poder generalizados que perpetúan la desigualdad de género y obstaculizan el progreso hacia la justicia de género en cuestiones relacionadas con las tierras y los territorios y, en consecuencia, afectan los derechos de las mujeres de forma más amplia, incluidos todos los tipos de violencia contra las mujeres, su empoderamiento económico y sus voces.


9.3. Fortalecer una verdadera colaboración entre las diversas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales de nuestra coalición, incorporando plenamente su naturaleza a la realidad de nuestro trabajo. Reconocemos que en algunos casos esto significará superar diferencias en perspectivas, experiencias, recursos y capacidades entre miembros. Nosotros, como miembros de la ILC, facilitamos y apoyamos el diálogo y la asociación entre miembros como una coalición de iguales, desafiando la división Norte-Sur. Donde sea que identifiquemos acuerdos, complementariedades y sinergias, construiremos sobre la base de tales oportunidades.

Cuando existen diferencias las respetaremos. Trabajaremos para mejorar la coordinación, en particular a nivel de país, implementando las DVGT, demostrando el valor de dichas asociaciones para lograr una gobernanza de la tierra centrada en las personas. Juntos, en línea con las DVGT, continuaremos haciendo llamados a los gobiernos para que involucren plenamente a las organizaciones de la sociedad civil en los sistemas de gobernanza territorial.

10 Nos vamos de Bandung inspirados por la fuerte memoria del Encuentro Asia-África en Bandung de 1955 y por el gran trabajo de nuestros miembros nacionales por promover una reforma agraria auténtica y el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como pasos hacia una gobernanza de la tierra centrada en las personas en Indonesia.
Felicitamos al Gobierno de Indonesia por haber fijado unas metas ambiciosas de reforma agraria y gestión forestal sostenible. Felicitamos al Gobierno por dos anuncios importantes hechos ante el Foro Global de la Tierra: la suspensión de la expansión de los cultivos de aceite de palma y la firma del decreto presidencial sobre la reforma agraria. También aguardamos con interés la aprobación de la Ley sobre los Derechos Indígenas..


11 Respaldamos la declaración del Presidente de la República que menciona que también se tiene que redistribuir la tierra si se pretende construir justicia con la reforma agraria. Hacemos un llamado al Gobierno para que trabaje conjuntamente con organizaciones de campesinos, pueblos indígenas, pescadores, agricultores y comunidades locales para apoyar un proceso de reforma agraria genuina construido desde abajo. Alentamos al Gobierno para que resuelva los conflictos de la tierra adoptando las 444 áreas prioritarias de redistribución de la tierra presentadas por el Consorcio para la Reforma Agraria (KPA) al Ministro de Coordinación de Asuntos Económicos en el Foro Global de la Tierra. El indicador más importante para evaluar el éxito del Gobierno será el haber satisfecho las grandes aspiraciones de los pueblos para una reforma agraria genuina y una resolución de los conflictos de tierras.

1 El Comité Organizador Nacional está compuesto por el Consorcio para la reforma agraria (KPA), el Instituto indonesio de bosques y medio ambiente (RMI), la Red de mapeo participativo (JKPP), el Instituto Sajogyo (SAINS), el Foro indonesio para el
medio ambiente (WALHI Indonesia), la Alianza de los pueblos indígenas en el archipiélago indonesio (AMAN), la Unión campesina Pasundan (SPP), la Unión campesina Indramayu (STI), la Alianza de campesinos indonesios (API), la Comunidad y Sociedad ecológica para la reforma legislativa (HuMa), el Instituto Epistema y el Comité de derechos humanos de Indonesia para la justicia social (IHCS).

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