El proceso político y social abierto en Chile a partir de la revuelta popular de octubre de 2019, profundizado por la pandemia del Covid-19, puso en evidencia las tensiones estructurales en torno al acceso a la tierra y el territorio, especialmente en los espacios rurales e indígenas. En un contexto de crisis sanitaria, militarización del Wallmapu y avance de proyectos extractivos, las comunidades campesinas y, en particular, el pueblo Mapuche enfrentaron una mayor vulneración de derechos, inseguridad alimentaria, escasez hídrica y criminalización de sus demandas territoriales. Al mismo tiempo, la pandemia visibilizó el rol estratégico de la agricultura familiar, la pesca artesanal y las redes comunitarias en el abastecimiento alimentario, así como el surgimiento de acciones solidarias como comedores populares, donaciones y movilizaciones frente a la violencia racista. Pese a algunos avances normativos e institucionales, las medidas estatales resultaron insuficientes para responder a las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios, evidenciando la persistencia de un modelo productivista y extractivista que profundiza los conflictos territoriales y limita la construcción de un desarrollo rural justo e intercultural en Chile.