Erika Incata Bedoya y Gualberto Rodríguez Gandarillas, investigadores del cooperativismo de vivienda en Bolivia, forman parte del equipo de la investigación colaborativa sobre el cooperativismo en el país, impulsada por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) con el apoyo de We Effect. Ambos fueron entrevistados el pasado viernes 8 de agosto de 2025 en el programa “La mañana en directo” de Radio ERBOL.

Durante la conversación, se destacó que el cooperativismo de vivienda, aunque poco difundido, constituye una alternativa real para que familias de bajos ingresos accedan a una vivienda adecuada. Se resaltaron dos modelos principales: las Cooperativas de Mujeres Constructoras (COSEMCO) y las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (COVAM), inspiradas en la experiencia uruguaya de FUCVAM e implementadas en Bolivia desde 2002.

En Cochabamba se concentran las experiencias más consolidadas. COSEMCO surgió en 2009 como respuesta a la exclusión de las mujeres del sector de la construcción, brindándoles capacitación técnica y organización cooperativa para autoconstruir sus hogares. Por su parte, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua —como COVISEP y COVIVIR— promueven la propiedad colectiva, la autogestión, la solidaridad y la equidad de género. En total, 42 familias han logrado concretar sus viviendas mediante este modelo: 30 en COVISEP y 12 en COVIVIR.

Ambos investigadores subrayaron que estas experiencias se han financiado principalmente con apoyo crediticio de la cooperación internacional, sin recurrir a subsidios estatales, lo que las diferencia de los programas tradicionales de vivienda social. Sin embargo, lamentaron que, pese al trabajo de incidencia política, aún no se hayan habilitado mecanismos de crédito públicos para replicar el modelo a mayor escala. También señalaron la importancia del control social interno de las cooperativas para garantizar el cumplimiento de pagos y la sostenibilidad financiera.

Aunque las cooperativas enfrentan retos como la regularización de terrenos y la aprobación de planos municipales, han demostrado que es posible construir viviendas dignas con organización comunitaria y financiamiento solidario. Para el futuro, el desafío es lograr que el Estado boliviano reconozca este modelo como parte de sus políticas de vivienda y habilite líneas de crédito accesibles para su expansión.

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