En Bolivia, la reciente apertura a los denominados mercados de carbono nos obliga a informarnos. Los territorios, especialmente los bosques – sean primarios o reforestados –, son y serán los espacios de disputa entre empresas, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, habitantes rurales, empresas intermediarias y, dependiendo de la regulación, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno. La Amazonía cumple la función de secuestro y captura de carbono, sosteniendo la Vida del planeta, por lo que actualmente hay un interés geopolítico mundial en este territorio. Bajo estos entendidos es imprescindible que todos y todas estemos informadas para tomar decisiones lo más conscientes y libres posibles.
Contexto nacional respecto a los mercados de carbono (por Miguel Vargas – CEJIS Bolivia)
Después de un proceso largo de reconocimiento de los territorios indígenas, en el país se tienen aproximadamente 405 formalmente reconocidos, de los cuales 58 (13 millones de hectáreas) están en tierras bajas de Oriente, Chaco y Amazonía. Estas áreas representan el 43,8% de las 53 millones de hectáreas de bosque en Bolivia, aunque este dato, seguramente, ha cambiado sustancialmente después de los incendios forestales en el país. Además, también hay que tomar en cuenta a las ocho autonomías indígenas constituidas a nivel nacional, de las cuales tres se encuentran en el Chaco y una en la Amazonía. Este escenario es importante porque es acá donde las empresas, e incluso el Estado, están promoviendo los mercados de carbono.
Esta situación responde a un cambio de paradigma dado, principalmente, por la firma de los Acuerdos de París y la adopción de la política de cooperación por resultados, a partir del 2022, que implica la articulación con mecanismos de compensación de emisiones a través del gobierno central y con la participación de la gobernación de Pando y la autonomía indígena de Charagua – Iyambae. Aunque aún están en proceso de diálogo, no se tienen claros los tiempos y beneficios que tendrían estos territorios.
También hay que mencionar que, desde el 2022, hay ocho territorios indígenas que tienen acuerdos con empresas de mercados de carbono, como Green Carbon. Estos acuerdos son ilegales porque, hasta el 2024, la Ley 300 no permitía la mercantilización de la Madre Tierra, pero ante la ausencia de una institucionalidad que fiscalice estos mercados, los acuerdos se realizaron sin inconvenientes. Actualmente, hay que tomar en cuenta que la Sentencia Constitucional 0040/2024 declara inconstitucional la no mercantilización, por lo que se abre la posibilidad del ingreso de los bonos de carbono a niveles subnacionales.
Pese a esta sentencia, es importante señalar la ausencia de mecanismos técnicos y legales que garanticen el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y campesinos. Se ha puesto en duda el derecho a la libre autodeterminación porque generalmente no existe una consulta previa que involucre a las bases. Además, las reuniones con los negociadores se hacen de manera bilateral, entre ellos y unos cuantos representantes de los pueblos indígenas, por lo que la toma de decisiones al respecto, muchas veces, ha sido arbitraria.
A continuación, se presentan los puntos destacados sobre estos mercados, basados en las experiencias compartidas en el Foro Sudamericano “Disputas por el territorio, los bosques y la sostenibilidad de la Vida”, con aportes de expertos como Miguel Vargas (CEJIS), Pablo Solón (Fundación Solón), María Teresa Vargas (Fundación Natura), Linda Gonzales (CENSAT), Juan Carlos Torrico (Instituto Agrario) y Stanislaw Czaplicki (economista ambiental).
- Apoyo a proyectos diversos y sostenibles:
Según Juan Carlos Torrico, los mercados de carbono abarcan múltiples categorías, incluyendo uso de suelo y bosques, transporte, agricultura, energía renovable y disposición de residuos. Estos proyectos no solo promueven la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también generan beneficios tangibles para las comunidades al impulsar la sostenibilidad local.
- Incentivos económicos para la conservación:
María Teresa Vargas destacó que los bonos de carbono representan una herramienta para canalizar financiamiento hacia iniciativas ambientales. Aunque el mercado global alcanzó 2 mil millones de dólares en 2022, su proyección hacia los 100 mil millones podría posicionar a Bolivia como un actor clave, gracias a la riqueza de su biodiversidad y sus vastos territorios forestales. Sin embargo, también mencionó la incertidumbre respecto al comportamiento financiero de los mercados de carbono.
- Éxitos regionales y aprendizaje global:
Experiencias como la de Zambia, compartida por María Teresa Vargas, demuestran que comunidades indígenas pueden convertirse en socios activos en proyectos de carbono. En estos casos, los beneficios económicos y sociales son administrados de manera directa, fortaleciendo la autonomía y la cohesión comunitaria. Aunque, también se destacó que tan solo el 6% de estos proyectos de carbono representan un éxito real del que se pueda obtener aprendizajes aplicables a Bolivia.
- Compensaciones territoriales efectivas:
Casos como el de California, también mencionados por María Teresa Vargas, muestran que regulaciones adecuadas pueden garantizar que las acciones de reducción de emisiones se concentren dentro de las áreas afectadas, minimizando los impactos en otros territorios.
- Generación de co-beneficios sociales y ambientales:
Los mercados de carbono, cuando están bien diseñados, no solo contribuyen a mitigar el cambio climático, sino que también mejoran la calidad de vida de las comunidades mediante la creación de empleo, el fortalecimiento de capacidades locales y la protección de bienes naturales. Según Juan Carlos Torrico, estos beneficios adicionales son parte de los requisitos para obtener certificaciones internacionales que avalen las buenas prácticas.
- Proyección de largo plazo:
Aunque existen riesgos asociados a los tiempos prolongados de los contratos (hay casos donde se firmaron contratos hasta por 100 años), Stanislaw Czaplicki destacó que los mercados de carbono pueden ser catalizadores para proyectos sostenibles que preserven los bosques y generen ingresos constantes para las comunidades durante décadas.
- Compensaciones frente a emisiones crecientes:
Pablo Solón argumentó que los mercados de carbono perpetúan la idea de que es posible compensar la contaminación sin abordar las causas profundas de la crisis climática. En un panorama mundial donde las emisiones continúan y tienden a incrementarse, la compensación no logra frenar ni la crisis ecológica ni social.
- Largos tiempos de ejecución y retorno:
Czaplicki explicó que los mercados de carbono funcionan bajo un modelo de reembolso. Las comunidades deben demostrar cumplimiento con criterios estrictos de elegibilidad antes de recibir pagos, un proceso que puede tardar hasta 7 años, dificultando la planificación a corto plazo.
- Conflictos y divisiones internas:
Según Miguel Vargas, los mercados de carbono han generado divisiones dentro de organizaciones territoriales campesinas e indígenas, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano – CIDOB. Estas tensiones internas se ven profundizadas por el incumplimiento del derecho a la consulta previa y la falta de representación de las bases durante las negociaciones.
- Falta de transparencia y regulación:
Casos documentados por Linda Gonzales revelan que la información sobre los contratos, restricciones y beneficios, no se comunica adecuadamente a las bases comunitarias. Esta falta de transparencia dificulta la toma de decisiones informadas, genera desconfianza en los procesos y crea un ambiente propicio para la corrupción.
- Restricción de prácticas ancestrales:
Linda Gonzales también destacó cómo los mercados de carbono han restringido prácticas tradicionales como la “chakra” en la Amazonía colombiana – o lo que en Bolivia sería el chaco–, criminalizando actividades que forman parte de la relación armoniosa entre las comunidades y la Naturaleza.
- Desigualdad en la distribución de beneficios:
María Teresa Vargas señaló que, en muchos casos, las ganancias de los mercados de carbono no llegan directamente a las comunidades. Los recursos tienden a quedarse en empresas intermediarias, evidenciando un conflicto de intereses y una distribución inequitativa.
- Riesgos de corrupción y malas prácticas:
Según Czaplicki, la falta de regulación en Bolivia ha permitido la operación de empresas fraudulentas que comprometen la credibilidad de los mercados de carbono. Además, la corrupción en las instituciones gubernamentales desincentiva la inversión internacional y pone en riesgo los proyectos en marcha.
- Implicaciones legales y contractuales:
Contratos firmados antes de la Sentencia Constitucional 0040/2024 son motivo de controversia, ya que comprometen territorios a largo plazo sin haber cumplido con los marcos legales vigentes en su momento. Pablo Solón advirtió que estos acuerdos pueden vulnerar derechos indígenas y campesinos.
- Desafíos técnicos y financieros:
Czaplicki cuestionó la viabilidad técnica de cumplir con los requisitos de adicionalidad, permanencia y no reversión en contextos como el boliviano, donde los incendios forestales y la deforestación continúan siendo problemas estructurales y más violentos cada año.
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