Por: Lorenzo Soliz, IPDRS
En el 𝗘𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗦𝗮𝗯𝗲𝗿𝗲𝘀, 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀 𝘆 𝗔𝗴𝗿𝗼𝗯𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱, que concluyó el viernes 14 de noviembre en Cochabamba, identificó dos desafíos, entre otros, y que son de interés nacional y que deben ser tomados en cuenta en la nueva gestión de gobierno, que recién comienza en Bolivia.
El primero, asumir la Estrategia Nacional de Agroecología (ENA), que fue elaborada con alta participación de múltiples actores (productoras y productores, consumidores, académicos, instituciones de desarrollo, autoridades y funcionarios públicos, organismos internacionales como la FAO y el IICA, con el apoyo técnico y financiero de la cooperación alemana y la Unión Europea, a través de la GIZ). Fue aprobada el 16 de septiembre recién pasado por Resolución Ministerial 304.
Entre los objetivos de la ENA se destacan para los próximos cinco años: fomentar el manejo agroecológico de la producción agropecuaria y recolección silvestre para proveer alimentos de la canasta básica familiar al tiempo de restaurar la biodiversidad, los suelos, los ciclos del agua y, en consecuencia, las funciones ambientales. Fomentar la amplificación de los sistemas alimentarios agroecológicos a través del financiamiento e incentivos públicos y privados. Consolidar los mercados para los productos agroecológicos nacionales, e impulsar investigaciones e innovaciones para fortalecer la transición y amplificación de sistemas alimentarios agroecológicos.
El segundo, el 50/50 de distribución de recursos públicos para la descentralización ha de regir para todos los niveles de la descentralización. Como se sabe, en Bolivia el proceso de descentralización con asignación de recursos a los niveles subnacionales se inició con la Ley 1551 en la década de 1990, del siglo pasado. Continuó con los nuevos niveles subnacionales; es decir, además de los Departamentos y Municipios, las Autonomías indígena originario campesinas y las Autonomías regionales, en el marco de la Constitución Política del Estado, aprobada mediante referendo en 2009 y la Ley 031.
El presidente Paz ha ratificado la redistribución de fondos públicos de 50% para el nivel central y 50% para la descentralización. En el Encuentro de Cochabamba, se ha enfatizado que ese planteamiento tiene que regir para todos los niveles subnacionales, que incluye a las nueve autonomías indígena originario campesinas (AIOC) constituidas en el país hasta el presente, y para las que se constituyan en el futuro, de las más de 25 que están en proceso.
Raquel Antúnez, Presidente de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas (CONAIOC) y Mburuvicha de la Autonomía de Charagua Iyambae, fue enfática al señalar que el actual gobierno, y la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben aprobar las propuestas de modificación de normas, estructuras del Estado central y procedimientos que propone la CONAIOC para facilitar el acceso a los fondos públicos para las AIOC tal y como está establecida en la Constitución Política del Estado y en los estatutos de dichas entidades autonómicas. Hasta ahora la normativa y estructura del nivel central sigue estancado y obstaculizando a las AIOC, denunció.
La nueva viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, que ya anunció que “su principal misión desde esa cartera es hacer realidad la distribución de los recursos públicos 50/50 y consolidar las autonomías”, tendrá que escuchar y atender a las AIOC y a la CONAIOC, al igual que a las otras entidades autonómicas.
El referido Encuentro llevado a cabo en Cochabamba del 10 al 14 de noviembre, fue organizado por AGRUCO-UMSS, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, EDUSAF, el MOVIMIENTO AGROECOLÓGICO BOLIVIANO y otros aliados.
