Con motivo del Año Internacional de Cooperativas 2025, declarado por las Naciones Unidas, y como parte de la investigación en desarrollo que lidera el Instituto para el Desarrollo de Sudamérica – IPDRS con el apoyo de We Effect, sobre el estado situacional del cooperativismo en Bolivia, el pasado jueves 20 de marzo, se llevó a cabo el conversatorio «La contribución del cooperativismo a la economía plural de Bolivia«.
El evento reunió a actores clave del ámbito gubernamental y cooperativo, incluyendo representantes del Viceministerio de Empleo, Servicio civil y cooperativa y el Viceministerio de Cooperativas Mineras. También estuvieron presentes algunos representantes de organizaciones como la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia – CONCOBOL, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias – FENCOA, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia y PROCASHA; instituciones de investigación como el Centro de Estudios y Proyectos – CEP, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA; y, además, las y los investigadores que propondrán los capítulos de la mencionada investigación colaborativa. Aunque fueron invitados, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP y algunas instancias académicas de la UMSA, no contamos con su participación.
El propósito del conversatorio fue analizar el impacto, los desafíos y las perspectivas del cooperativismo en la economía plural, abordando tres interrogantes fundamentales:
- ¿Cómo contribuye el cooperativismo al desarrollo de la economía plural en los diferentes sectores cooperativos y ámbitos territoriales?
- ¿Cuáles son los principales desafíos del cooperativismo y sus entes reguladores, así como en su fortalecimiento organizativo?
- ¿Cómo ha influido el sector minero en el desarrollo del cooperativismo en el país?
El Viceministro de Empleo, servicio civil y cooperativa, Gonzalo Zambrana, abrió el diálogo y destacó que el cooperativismo no solo es un modelo económico alternativo, sino una respuesta a la crisis económica y política tanto a nivel nacional como internacional. Subrayó que el cooperativismo, al estar respaldado por la Constitución Política del Estado (CPE), debería ser un instrumento clave para la construcción de una economía más equitativa y sostenible, diferenciándose del modelo neoliberal. En este sentido, resaltó la necesidad de comprender el cooperativismo dentro de un contexto más amplio, en el que su fortalecimiento es fundamental para la estabilidad económica del país.
Uno de los puntos más críticos señalados fue la falta de información actualizada sobre el sector cooperativo. Actualmente, no existe un censo preciso que permita conocer la cantidad exacta de cooperativas activas, sus sectores de operación y su impacto en la economía. Esta carencia impide la elaboración de políticas públicas efectivas y limita el desarrollo de estrategias de fortalecimiento. Por ello, se planteó la urgente necesidad de un Censo Nacional Cooperativo, que permitiría identificar a los actores clave, mejorar la regulación y garantizar un apoyo más estructurado desde el Estado.
El impacto de las cooperativas en el desarrollo territorial durante la pandemia del COVID-19, fue un papel crucial en la seguridad y soberanía alimentaria, garantizando el acceso a productos básicos a través de cooperativas agropecuarias y redes de producción comunitaria. A su vez, el sector de servicios, en especial, las cooperativas de ahorro y crédito, ha sido clave para la inclusión financiera, permitiendo que miles de bolivianos accedan a préstamos y financiamiento sin depender exclusivamente del sistema bancario tradicional. Sin embargo, a pesar de estos logros, el modelo cooperativo sigue enfrentando desigualdades. Mientras que algunos sectores, como el agropecuario y el financiero, han logrado consolidarse, otros, como el minero, han crecido de manera descontrolada y con escasa supervisión.
En la segunda interrogante, el Presidente de FENCOA, Bruno Pinto, resaltó que el cooperativismo tiene profundas raíces en las prácticas ancestrales de reciprocidad y complementariedad, como el ayni y la minka. Desde su origen en la década de 1930, el modelo cooperativo ha sido un instrumento de desarrollo social y económico, creciendo de manera significativa en los años posteriores. Sin embargo, a pesar de su expansión y su reconocimiento en la CPE, como parte de la economía plural, el sector enfrenta desafíos y obstáculos a su consolidación y fortalecimiento.
Uno de los principales problemas identificados es la falta de representación adecuada en la normativa vigente. Señaló que las cooperativas agropecuarias no se sienten plenamente incluidas en la Ley General de Cooperativas N°356, ya que esta no contempla de manera específica sus necesidades y limitaciones. La desconexión entre el marco normativo y la realidad del sector ha generado dificultades en la integración de las cooperativas con otros sectores estratégicos, como el de transporte, a pesar de la interdependencia que existe entre ambos.
Además, el proceso de homologación de cooperativas ha sido complejo y burocrático. Pinto reveló que más de 200 trámites fueron rechazados por no cumplir con requisitos normativos poco claros, lo que afecta principalmente a comunidades rurales donde el acceso a información y asesoramiento es limitado. También resaltó la falta de reconocimiento de la diversidad cultural dentro del movimiento cooperativo, destacando que la lengua materna de los cooperativistas debería ser respetada en todos los registros oficiales.
Otro desafío clave es la fiscalización y supervisión. Aunque entidades como la AFCOOP, ASFI, AJAM y ATT están encargadas de regular el sector, su capacidad de control es limitada. Esto ha permitido que muchas cooperativas operen sin los principios básicos de transparencia y sostenibilidad, debilitando la credibilidad del sector.
Y la tercera interrogante, el Director General de Cooperativas Mineras, Anghelo Herrera, indicó que el cooperativismo minero en Bolivia ha sido una de las formas más influyentes de organización dentro de la economía plural. Desde la creación de la cooperativa Kajchas Libres de Potosí en 1939, se establecieron las bases de un sector que, con el tiempo, se consolidaba como un actor clave en la generación de empleo y la estabilidad económica del país. Sin embargo, su crecimiento ha estado marcado por desafíos estructurales que han puesto en debate su sostenibilidad y verdadero impacto en el desarrollo nacional.
El auge del cooperativismo minero se produjo después de la relocalización de mineros de COMIBOL y la implementación del Decreto 21060, que dejó sin empleo a más de 20 mil trabajadores. En respuesta, surgieron cooperativas en regiones como Huanuni y Atocha, impulsando millas de empleos directos e indirectos. Actualmente, existen más de 2.500 cooperativas mineras legales con un fuerte impacto en la producción nacional.
Si bien el sector minero es un pilar económico importante, su crecimiento no ha estado acompañado de una regulación eficiente. La falta de control estatal ha permitido que algunas cooperativas operen sin cumplir estándares ambientales y sociales, generando problemas de minería ilegal y alianzas con capital privado, lo que distorsiona su función original. En este sentido, se enfatizó la necesidad de revisar la normativa vigente para garantizar que las cooperativas mineras operen de manera sostenible y con responsabilidad social.
El evento permitió identificar varios desafíos y oportunidades dentro del cooperativismo en Bolivia. Entre las principales conclusiones destacan:
- El cooperativismo sigue siendo un motor clave en la economía plural, promoviendo el empleo, la inclusión social y la soberanía alimentaria.
- Es urgente la creación de un Censo Nacional Cooperativo para contar con datos precisos y diseñar políticas efectivas.
- La regulación debe fortalecerse, asegurando mayor supervisión y transparencia en todos los sectores cooperativos.
- Es necesario mejorar la relación entre cooperativas y el Estado para garantizar su crecimiento y sostenibilidad.
- El sector minero necesita una revisión profunda de su estructura organizativa y normativa, para evitar distorsiones y garantizar su impacto positivo en la economía.