Exposición sobre el Acuerdo de Escazú, 2024
El seminario «Escazú, un compromiso con la vida» desarrollado el 28 de agosto de 2024, puso en el centro la protección de defensores y defensoras del medio ambiente en Bolivia, en un contexto donde las amenazas contra ellos continúan en aumento. Este seminario fue impulsado por la Defensoría del Pueblo y respaldado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), LIDEMA y la Alianza Intergeneracional Boliviana por el Acuerdo de Escazú, y dejó entrever las tensiones estructurales en la implementación del Acuerdo de Escazú en Bolivia.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores y defensoras del medio ambiente en América Latina. Este acuerdo internacional busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la formación de autoridades y equipos de gobierno en esta temática. Fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021, en Bolivia fue ratificado mediante la ley N° 1182, sin embargo, su implementación ha sido rezagada hasta la fecha.
En el seminario se presentaron algunos avances encaminados hacia su implementación, en uno de ellos Bolivia, liderada por la Defensoría y acompañada por la Universidad, propone crear un comité especial regional para la elaboración de las hojas de ruta y así lograr su implementación hasta el año 2026. Asimismo, se expusieron dos instrumentos en el marco del acuerdo. El primero fue el Protocolo para la defensa de las personas defensoras de los derechos humanos y espacio cívico como seguimiento de la Declaración de Marrakech, que busca promover la defensa integral, gestión de espacios de defensa y reconocimiento a las y los defensores, e identificar grupos vulnerables sujetos a especial atención. El segundo, se refirió al Plan de acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, con el objetivo de poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del acuerdo con plazo al 2030.
A pesar de asumir que una de las más grandes debilidades para la implementación del acuerdo recae sobre el Estado, no se abordó críticamente el papel estructural que juega el mismo en la vulneración de los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente, de las comunidades indígenas y de la madre tierra. Es decir, el Estado por acción u omisión es responsable de la vulneración de los derechos humanos, más aún de grupos vulnerables como los Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), mujeres u otros. Además, el Estado boliviano en reiteradas ocasiones ha negado el acceso a información que debería ser de dominio público, sin mencionar que en caso de brindarla carece de veracidad y legitimidad.
En este mismo sentido, es fundamental comprender la relación estrecha entre la profundización del extractivismo, la vulneración de derechos y la inacción del Estado ante ello. El gobierno ha mostrado escasa voluntad política para avanzar en la aplicación de este acuerdo internacional que garantiza la protección de los defensores del medio ambiente. Esta falta de acción no solo perpetúa la impunidad frente a las agresiones contra activistas, sino que también erosiona la confianza de la sociedad civil en las instituciones públicas encargadas de velar por los derechos humanos y ambientales.
Por otro lado, la falta de confrontación con los intereses estatales en la explotación de recursos naturales evidencia las limitaciones de la Defensoría para actuar plenamente en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las y los defensores del medio ambiente.
A pesar de los logros alcanzados sobre el Acuerdo de Escazú, queda claro que el extractivismo sigue siendo un pilar central de la política económica del Estado, lo que entra en conflicto directo con los objetivos de protección ambiental y derechos humanos. Esta contradicción estructural pone en jaque la implementación efectiva del Acuerdo y perpetúa un sistema que explota a las comunidades más vulnerables, sin ofrecerles mecanismos adecuados de participación ni protección.
Ante este panorama poco alentador, la Alianza Intergeneracional boliviana por el Acuerdo de Escazú presentó el programa Champions Escazú Bolivia con el objetivo de impulsar acciones a favor de la implementación del acuerdo. Actualmente, el representante es Cristian Flores Mamani quien a su vez está impulsando la Escuela Andina Escazú que buscará desarrollar procesos formativos dirigido a jóvenes sobre el Acuerdo de Escazú para su difusión, organización e incidencia con tomadores de decisión a nivel nacional en 5 países de la región (Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia). Esta iniciativa esta aún en fase inicial, pero anunciaron que se abrirán 500 becas a nivel regional para la escuela próximamente.
Estas iniciativas representan avances valiosos en la formación y movilización de jóvenes líderes interesados en la implementación de acuerdos para enfrentar la crisis climática, y la vulneración de los derechos de defensoras y defensores ambientales y de pueblos indígenas. Sin embargo, la implementación del Acuerdo de Escazú en Bolivia enfrenta obstáculos estructurales, principalmente derivados de la falta de voluntad política del Estado y su compromiso con el modelo extractivista, lo cual perpetúa y reproduce la vulneración de los derechos humanos. Ante ello queda duplicar los esfuerzos para impulsar la implementación del acuerdo, y la activa participación de organizaciones sociales de base en el proceso.
