La discusión sobre los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros en Argentina vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa Sudamérica: ¿quién controla la tierra? Importa cómo se distribuye la propiedad, qué actividades avanzan sobre los territorios y qué ocurre con las comunidades que viven y trabajan en ellos.

La tierra en disputa, una mirada desde Sudamérica
La compra de tierras por personas o empresas forma parte de una discusión más amplia sobre la propiedad rural. En distintos países de la región, la concentración de tierras y la explosión de grandes actividades productivas cambiaron las condiciones de acceso y permanencia de las comunidades en sus territorios.
Desde el 2016, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), junto con organizaciones aliadas, publica informes sobre el acceso a la tierra y el territorio. A lo largo de diez versiones, estas investigaciones han documentado cambios en las políticas agrarias, conflictos por la propiedad y demandas de pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes por el reconocimiento de sus derechos territoriales.
El Décimo Informe Anual, publicado en el 2026, recoge un caso que permite observar cómo se expresa la extranjerización en el Valle del Uco, en la provincia de Mendoza en Argentina; la investigación identifica la presencia de capitales europeos y chilenos en tierras fértiles, en un contexto de concentración de la propiedad y expansión del agronegocio. En este informe se advierte sobre los efectos del monocultivo y el riesgo de la biodiversidad por el desmonte de tierras nativas.
Argentina ofrece un ejemplo reciente de las disputas sobre la regulación de la propiedad rural. En el año 2011, la Ley 26.737, estableció un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal. También fijó que una mima nacionalidad no podía superar el 30% de ese porcentaje.
Para el año 2026, el gobierno argentino impulsó cambios a este régimen mediante el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa buscaba modificar restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados de este país, se incorporó la restitución de la Ley de Tierras Rurales. El proyecto fue aprobado con modificaciones el 21 de octubre de 2026, volvió al Senado, donde todavía no había concluido su tramite legislativo.

La discusión en Argentina, demuestra que regular la propiedad rural implica definir qué limites existen para la adquisición de tierras y que información permite verificar quiénes la poseen.
Bolivia, avances y desafíos en el acceso a la tierra
En Bolivia, la Constitución Política del Estado reconoce la propiedad individual y colectica de la tierra (art. 393 y 394), establece que debe cumplir una función social o una función económica social (art. 397). También, prohíbe el latifundio y la doble titulación (art. 398). En cuanto a la propiedad extranjera, el artículo 262, menciona las restricciones para adquirir bienes inmuebles dentro de los 50 km de las fronteras, mientras que el articulo 396 prohíbe a las personas extranjeras adquirir tierras del Estado.
El reconocimiento de la propiedad individual y colectiva del CPE, responde a las demandas históricas de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Todavía quedan tierras por sanear y titular. En marzo de 2026, el INRA informó que proceso alcanzó un avance del 94%, con alrededor de 6,5 millones de hectáreas pendientes.
El balance del INRA para el periodo de 1996-2024, muestra cómo se distribuye las superficies saneadas y tituladas. Los territorios indígenas originario campesinos representan el 27%, las propiedades comunitarias el 18% y la pequeña propiedad el 10%. Las tierras fiscales concentran el 29%, mientras que las propiedad medianas y empresariales representan el 16%
Entre 2010 y 2024, el INRA registró 54.234 operaciones de compraventa de tierras. Según da tos del INRA, el 95% de las transferencias correspondió a pequeñas propiedades. En comparación un poco más de 1.200 operaciones sobre tierras empresariales involucraron cerca de cinco millones de hectáreas.
La presencia de inversionistas extranjeros en tierras bolivianas se remonta a mediados de los años noventa. La Ley INRA de 1996 ya establecía restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros en zonas fronterizas y les prohibía acceder a tierras fiscales. Estas disposiciones se mantuvieron en la CPE de 2009. Pese a ese marco legal, las compras de tierras por inversionistas brasileños y argentinos continuaron, principalmente en el departamento de Santa Cruz.
Información pública para conocer quién controla la tierra
Los casos de Argentina y Bolivia plantean una pregunta concreta: ¿cómo pueden las comunidades y la ciudadanía saber quién controla la tierra si no tienen acceso a información sobre sus propietarios y las transacciones?
En Bolivia, el IPDRS ha planteado la necesidad de consolidar y actualizar el catastro rural, transparentar los valores y las transferencias de tierras e incorporar información ambiental sobre su uso. También ha señalado la importancia de coordinar estos procesos entre el Gobierno nacional, los gobiernos municipales y las autonomías indígena originario campesinas.

Para las comunidades y el resto de la población, no basta con que los datos existan en registros administrativos. Es necesario que puedan consultarlos y conocer quiénes poseen la tierra, qué superficies controlan y cuándo cambia su titularidad. Esa información permite seguir las transformaciones de la propiedad, participar en las decisiones sobre los territorios y evaluar el cumplimiento de las normas.
Sin datos públicos, actualizados y accesibles, no es posible conocer con claridad quién controla la tierra ni cómo cambia su distribución.




