martes 3 noviembre, 2026
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Dulce DZohany Cházaro Romero

En Sudamérica, defender el territorio también significa proteger las formas de vidas en las comunidades campesino e indígenas. Quienes se oponen a actividades extractivas y a otros intereses que afectan sus tierras enfrentan amenazas, agresiones y procesos judiciales.

Pieza textil que expresa el rechazo a la minería y la defensa de la naturaleza y los territorios. Imagen tomada de El Encuentro Regional de Defensoras y Defensores Indígenas de la Tierra y Territorio en América Latina

Bolivia: amenazas contra quienes defienden sus territorios

Entre mayo y agosto de 2025, UNITAS registro veintidós vulneraciones contra personas defensoras ambientales en Bolivia. Catorce de estos casos se relacionada con hechos de criminalización, es decir con el uso de procedimientos judiciales contra las personas que defendían sus territorios o de quienes denunciaban actividades extractivas o daños ambientales.

Los casos de Tariquía en Tarija donde se oponen a las actividades hidrocarburífera fueron imputados por presuntamente obstaculizar el trabajo del YPFB. En Potosí Jacobo Copa Mamani, defensor indígena de Cala Cala, fue agredido por integrantes de una cooperativa minera cuando defendía las fuentes de agua en su comunidad. Jacobo Copa, denuncia acusaciones para incriminarlo por porte de armas y droga.

El 28 de octubre, el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), emitió un pronunciamiento rechazando las amenazas contra Javier Fernández Tuno, presidente de Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP). El BOCINAB declaró estado de emergencia y exigió garantizas para el dirigente y su familia. Las amenazas están relacionadas con su defensa del río Madre de Díos frente a los daños de la minería aurífera.

Javier Fernández Tuno – Presidente de la CIPOAP. Imagen tomada del FB Noticias SC. 365

Historias de resistencia en Sudamérica

Los casos del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, recogen distintas experiencias de organización y defensa comunitaria.

La Comunidad Nativa Tres Islas decide controlar el ingreso de los mineros ilegales construyendo una caseta de vigilancia. Imagen del Movimiento Regional por la Tierra – Caso 137

En madre de Dios, Perú, la comunidad Nativa Tres Islas (Caso 137) enfrentó la minería y tla ilegal que afectaba directamente a sus bosques y fuentes de agua. Para controlar el ingreso a sus tierras instaló una caseta de vigilancia y reja para cuidar su territorio. Esto para controlar el ingreso de personas ajenas a la comunidad. La Comunidad Nativa Tres Islas llevó su caso la justicia peruana quien reconoció su derecho a la autonomía comunal y al control de su territorio.

Los pueblos indígenas no deben abandonar la naturaleza, deben luchar por ella. Imagen del Movimiento Regional por la Tierra – Caso 89

En Brasil, el pueblo indígena Pataxó de Barra Velha y Comexatibá (Caso 89), logro recuperar tierras ancestrales que permanecían ocupadas por hacendados. Las recuperaciones que son conocidas como retomadas, buscan que las comunidades retornen a habitar espacios que forman parte de su territorio. En el año de 2022, hombres armados expulsaron a varias familias indígenas de estas tierras recuperadas usando armas. En el año 2023, la CIDH solicito al Estado brasileño dar medidas para proteger a esta comunidad.

Entran las maquinarias y comienza el desmonte y el loteo, con ello, la resistencia de María del Carmen Puel junto a su familia. Imagen del Movimiento por la Tierra – Caso 99

Otro caso de interés pero en Neuquén en Argentina, la comunidad mapuche Plácido Puel (caso 99) enfrentó desde 1996 desalojos vinculados con el avance  de un proyecto turístico en sus tierras ancestrales. Esto se concreto en construcción de campings, hoteles y cabañas. Los empresarios usaron a trabajadores de esos proyectos para destruir cultivos, cortaron manzanos antiguos y ciruelos con los que se mantenía la familia Puel. La justicia falló a favor de María del Carmen Puel, recuperando una gran parte de sus tierras.

La protección de quienes defienden el ambiente

El Acuerdo de Escazú, establece garantías para las personas defensoras ambientales y compromete a los Estados Parte a prevenir, investigar y sancionar los ataques en su contra. Bolivia ratificó en el año 2019 y Argentina en el año 2021. Brasil y Perú lo firmaron en el 2018, pero aun no lo han rectificado.

Las cifras del Global Witness dimensionan la violencia contra quienes defienden la tierra y el medioambiente. En el año 2025, fueron asesinadas 124 personas en el mundo, de las cuales 105 eran de América Latina, un 85% del total.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado, la Ley N.º 071 de Derechos de la Madre Tierra y el Acuerdo de Escazú establecen garantías para las personas defensoras y comprometen al Estado a prevenir y atender situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

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