Publicamos el Décimo Informe sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, un trabajo colectivo que reúne a 25 especialistas de toda la región y múltiples miradas sobre cómo la matriz extractivista se actualiza con la mercantilización de la naturaleza, a través de la economía y colonialismo verde, que sitúan a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes en el paradójico rol de guardianes y defensores de territorios que están bajo permanente asedio, por la expansión del agronegocio, la profundización del extractivismo o la inmersión de proyectos conservacionistas que tergiversan las acciones posibles respecto a la crisis climática.
Un recuento sobre los diez informes que buscan un enfoque sudamericano sobre el acceso a la tierra y los territorios
La principal característica de la región es la expansión del agronegocio como matriz dominante, así lo apunta variablemente, la disputa por la tierra, la política estatal incluso en su forma de enfrentar la crisis económica que atraviesa a los diferentes países. Esta expansión refiere al monocultivo de la soya, a la ganadería extensiva y al crecimiento de los monocultivos forestales; así también se apunta el uso de transgénicos, plaguicidas y otros elementos que intervienen no solo en los sistemas productivos, sino en la salud humana y de la biodiversidad. Este avance, interfiere y en muchos casos atropella a los territorios indígenas, asentamientos campesinos e incluso áreas protegidas. El agronegocio en la región es tan estructurante que debe considerárselo no sólo en el ámbito de la producción agropecuaria, sino como una forma de reordenamiento territorial, muchas veces violento y con alta incidencia en los Estados.
Parte importante de esta matriz dominante es la profundización del extractivismo, principalmente, con la expansión de la minería legal/ilegal en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela; la exploración y explotación hidrocarburífera en Argentina, Bolivia y Colombia, con proyectos como el Arco Minero que afectan territorios enormes y con basta biodiversidad como la Amazonía. Esta lógica económica y política sitúa a la tierra y a la Naturaleza como un ámbito de extracción de recursos, y no como un ser sujeto de derechos, como se aspiró alguna vez.
Con estas matrices de desarrollo, otro tema estructurante es la transformación del rol del Estado, si históricamente los proyectos de construcción del Estado nacional, apuntaban a la reforma agraria como uno de sus componentes fundamentales; al presente, el rol de redistribución se ha reducido a la regularización y al otorgamiento de seguridad jurídica con fines de inversión. Del mismo modo, si en algún momento el reconocimiento a los derechos colectivos sobre la tierra fue una expresión de avance, ahora se estimula y promueve con recursos y políticas la titulación individual de la tierra. Y, el enfoque territorial de las políticas públicas ha girado hacia una o diferentes expresiones de gobernanza para el mercado. Entonces, el escenario para la mercantilización de los territorios y la naturaleza, parece consolidarse. En resumen, el rol estatal cambió su función redistribuidora y garante de derechos hacia un rol de facilitación de la acumulación a través del mercado. Esto tiene rasgos peculiares en los diferentes países, el Estado uruguayo se retrae y deja la función reguladora de la tierra al mercado, en Paraguay tenemos un Estado pro-agronegocio, en Chile será un estado securitizador del conflicto con la restitución de territorios indígenas, Brasil pareció aportar por la contrarreforma agraria; y Bolivia se muestra como un Estado ambivalente, reconocedor de derechos, pero expansor del agronegocio y extractivismo.
Entonces, en términos de la política agraria, a nivel regional no se ha afianzado la redistrución de tierras, sino más bien se han propagado políticas de formalización, reconocimiento parcial, registro, regularización. Se entregan títulos agrarios o documentos, pero no se alteran los altos índices de concentración de tierra en casos como el Paraguay, Colombia, Brasil, Argentina; no se amplía el acceso a la tierra bajo los principios de favorabilidad que establecen instrumentos como la Declaración de Derechos de los pueblos indígenas o la Declaración de los Derechos campesinos que, respectivamente, adoptó las Naciones Unidas. Y, lo más preocupante, es que los derechos colectivos reconocidos son vulnerados y los territorios indígenas quedan fragmentados, sacrificados, y los pueblos debilitados, si no es que violentados.
Los conflictos territoriales son tratados como problemas de orden público y, por ello, son cuestiones que atienden las instancias de seguridad. Cuando las familias y comunidades de un pueblo indígena o comunidades campesinas demandan, ocupan y defienden tierras, en Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, principalmente, estas prácticas de resistencia son vistas como delitos, criminalizadas como invasiones a la propiedad privada de terratenientes, empresarios, multinacionales, etc., que acusan a campesinos e indígenas por usurpación y hasta terrorismo. Estos hechos que pueden presentarse como aislados, son comunes y se suman a conflictos de mayor escala, por ejemplo, en el conflicto armado de Colombia, donde los asesinatos a líderes se recrudece pese al proceso de construcción de la Paz. Entonces, la militarización, los desalojos violentos asistidos por la policía y los asesinatos a líderes rurales deben ser vistos como violencia territorial estructural.
Esta violencia encuentra a las y los sujetos más vulnerables en el campo. Parte de ella serán las estrategias de prebendalizar líderes y fraccionar organizaciones. En ese meollo, quienes resisten y politizan su recargado rol de cuidado son las mujeres rurales, campesinas e indígenas que, al defender los territorios, defienden ámbitos de cuidado de la vida, y proponen lugares de resistencia y crítica constructiva dentro de sus organizaciones, denunciando la violencia patriarcal junto a la violencia territorial.
Estos procesos no escapan del viraje ideológico o la despolitización del ejercicio de derechos, que parecen caracterizar apenas los últimos años, precisamente el tema del acceso a la tierra y la disputa por los territorios muestra un proceso de afianzamiento de la hegemonía de los modelos productivos y de desarrollo que, no solo atentan contra las posibilidades de ejercer derechos colectivos y vivir el campo de una forma coherente al tiempo de la crisis climática. Situamos al acceso a la tierra y a los territorios al centro de las discusiones porque es allí, donde se ubican los cruces, el expansionismo profundización de formas de hacer, de políticas y lógicas que justifican que la tierra de ser la base de derechos a redistribuir, pase a ser una plataforma de extracción, inversión y control, donde el Estado sea mediador de esa transformación, impulsor de las inversiones y guardián de la acumulación; mientras que los pueblos indígenas, campesinos y mujeres rurales, afianzan su rol como núcleos principales de resistencia y alternativas.
El Décimo Informe Anual que propone una mirada desde la geopolítica
Este Informe Anual intenta destacar las demandas y acciones afirmativas de campesinos e indígenas, las amenazas que enfrentan, en un contexto de renovación del valor de la tierra en la geopolítica mundial; lo cual manda a que los Estados y las multilaterales conduzcan políticas nacionales e internacionales abocadas a resolver la crisis climática y las consecuencias que tiene para la humanidad. No obstante, este intento no deriva de aprendizajes territoriales, ni de un intento de dar plenitud al ejercicio de los derechos humanos, apuesta por nuevos extractivismos, nuevos commodities, nuevos discursos, nuevas formas de fragmentar los tejidos sociales y comunitarios y nuevas formas de reproducción de las desigualdades en el mundo.
De este informe participan académicos comprometidos con las luchas por la tierra, es el caso del Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios sobre Movimientos sociales en América Latina (GER-GEMSAL) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires de Argentina; la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade Federal do Paraná de Brasil; el Observatório da Questão agrária no Paraná y el grupo GEOLUTAS del Brasil; el Núcleo de Estudios Rurales de la Universidad de la República del Uruguay; instituciones de acompañamiento como la Defensoría Ambiental de Chile, instituciones de largo recorrido como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) de Bolivia; el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Programa para la Paz de Colombia, el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Tierraviva para los Pueblos indígenas del Chaco de Paraguay; y el Instituto del Bien Común y la Plataforma de Gobernanza responsable de la tierra de Perú.
Todas y todos ellos destacan una gran actividad y movilización permanente en demanda de la tierra y defensa de los territorios. Aunque se imponga una lógica mercantilista y se quiera reducir la tierra a un recurso para la productividad, las miles de voces y manifestaciones que protagonizan campesinos, indígenas y afrodescendientes en el mundo, muestran que
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