Por: Ruth Bautista Durán, Investigación – acción,

En una sesión virtual, el pasado 15 de enero, representantes de las instituciones miembro de la Coalición Nacional por la Tierra – CNT Bolivia, se reunieron para analizar los avances en la implementación de la política agraria e identificar los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades campesinas para ejercer sus derechos territoriales. Una gran audiencia estuvo atenta a este evento y la CNT Bolivia se comprometió a profundizar una diversidad de temas en diferentes espacios.

Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra afirmó que, en Bolivia, se ha regularizado el derecho propietario y se tiene seguridad jurídica sobre la tierra. En términos generales, además de la cantidad de hectáreas saneadas que corresponde al 94% del total de tierra cultivable, los avances se reflejan, por ejemplo, en el acceso a la tierra de las mujeres, de 10 a 50% en copropiedad y 25% en propiedad exclusiva; y ni qué decir de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, que reúne 26 millones de hectáreas tituladas y 17 millones propiedad comunitaria. En el presente, 55% de la tierra está en manos de campesinos e indígenas, y hoy debemos saltar de la titularidad a la gestión territorial.

Chumacero explicó que existen desafíos estructurales, operativos e institucionales. Entre los desafíos estructurales existe un tema pendiente con el minifundio en tierras altas, el salto de los territorios indígena originarios campesinos (TIOC) de reserva cultural a ámbitos de producción sostenible, así como la articulación de la variable ambiental a la cuestión agraria, al uso de los úselos, la normativa forestal, etc. En cuanto a los desafíos operativos, Chumacero se refirió a la necesidad de reclasificar la propiedad agraria, afianzar la verificación de la Función Económica y Social (FES) como una herramienta del derecho propietario y no como un instrumento de extorsión, a afianzar la política de recaudación de impuestos. Entre los desafíos institucionales, mencionó al fortalecimiento del INRA para recobrar la institucionalidad, credibilidad y gobernanza perdidas en los últimos años.

Por su parte, Fredy Villagomez, director de CENDA, se refirió al ejercicio de los derechos políticos y representación política de los pueblos indígenas, como parte de los alcances del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos y la incorporación del enfoque territorial a la vida política nacional. Los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, explicó Villagomez, tienen tres formas de participación política, a través de la representación directa a nivel nacional, municipal, departamental, a través de organizaciones políticas de los PNIOC y a través de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. Desde esa perspectiva, enfatizó en que aún no se han elegido alcaldes municipales, pero sí concejales por normas y procedimientos propios. En varios casos, la elaboración de cartas orgánicas municipales y departamentales están frenando la posibilidad de la representación directa.

Villagomez resaltó que, actualmente, tenemos ocho Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos (GAIOC), que eligen a sus autoridades por normas y procedimientos propios. Con un relevo de datos sumamente novedoso, afirmó que al 2025, a nivel departamental, se han elegido 25 asambleístas departamentales por normas y procedimientos propios, tal como se ha establecido en la ley del régimen electoral. El año pasado, la Nación Qhara Qhara y la Nación Yampara han logrado tres representaciones, cuya lucha se remonta a estrategias implementadas desde el Censo de 2012, cuando promovieron la autoidentificación con el INE, a partir de eso, reclamaron representación directa, realizaron acciones judiciales, hasta lograrlo. La representación directa implica la rotación por el territorio, evita el caudillismo, mejora la distribución de la representación y no permite la concentración del poder. A nivel nacional, los NPIOC cuentan con siete circunscripciones especiales, a las que acceden vía partido político, pero a partir de la Constitución de 2009, pueden participar como pueblo indígena. El pueblo Yuqui logró participar de forma directa, aunque su representación está subordinada a la democracia representativa, al voto universal, cuando podría pasar por usos y costumbres.

En las reflexiones de Villagomez, este es un proceso anterior al gobierno del MAS, el año 2004, luego de aprobarse la ley de pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas, 52 pueblos indígenas a nivel nacional, se presentaron a las elecciones; no obstante, el 2021 disminuyó la participación por la hegemonía partidaria, paradójicamente, el MAS evitaba la participación de los pueblos indígenas. Para las elecciones subnacionales de marzo de 2026, la participación de los pueblos indígenas se expresa en 19 pueblos y organizaciones distribuidos en siete departamentos del país, a excepción de Cochabamba y Santa Cruz. Haciendo notorio el declive o ausencia de la hegemonía partidaria, la participación política de los NPIOCC rompe monopolio de partidos políticos, pone en vigencia las democracias comunitarias, no produce caudillos, otorga poder a las autoridades territoriales disponiendo de escenarios donde la democracia comunitaria subordina a la lógica representativa liberal y se construye la democracia intercultural, profundizando la participación indígena para el ejercicio de la libre determinación. De fondo y fundamentalmente, este reconocimiento, participación y transformación de lógicas avanza en la reparación histórica de la exclusión política de los NPIOC.

Por su parte, Miguel Vargas, director del CEJIS se refirió a los riesgos que, actualmente, viven los derechos colectivos desde una perspectiva territorial y ambiental. Respecto a la primera presentación, Vargas partió afirmando que la titulación de tierras no garantiza la seguridad jurídica, pues hay una brecha entre el reconocimiento constitucional y las garantías al ejercicio de derechos. Algunos datos que ilustran estas aseveraciones refieren a los 42% de tierras bajas afectadas por los incendios que corresponden a TIOC, el promedio de 300 mil hectáreas deforestadas anualmente para ampliar la frontera agrícola desde 2023, el 36% de tierras bajas sobrepuestas a áreas de reserva hidrocarburífera corresponde a TIOC, el incremento de contratos mineros en áreas protegidas y TIOC, considerando que 14 de las 23 Áreas Protegidas a nivel nacional se traslapan a 21 TIOC; 34 de las 200 áreas protegidas a nivel subnacional se traslapan con 45 TIOC; 18 de 36 pueblos indígenas de tierras bajas se encuentran en alta vulnerabilidad. Toda esta presión refiere a un patrón extractivista que, secularmente se ha reproducido en el territorio nacional. Este patrón implica la presión por ampliar las fronteras extractivas, tanto en la minería como en los hidrocaraburos, agricultura y ganadería a gran escala; mayor deforestación, incendios forestales, actividades ilícitas, y una estructural falta de políticas de salvaguarda a pueblos indígenas de contacto inicial o aislamiento voluntario. Un hito importante para comprender la dinámica de la expansión extractivista tiene que ver con el cambio del Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Beni en el año 2019. Este hito coincide con el incremento sistemático de los incendios forestales.

Uno de los principales riesgos en el actual contexto político y en la continuidad de la expansión extractivista, refiere a la consolidación de la política de regresión de derechos territoriales, y con ellos, el derecho a la autodeterminación, autonomías, jurisdicción indígena, instituciones propias, consulta previa, control y vigilancia ambiental. De tal forma, para Vargas, los retos que deben afrontar las organizaciones tienen que ver con la rearticulación orgánica de una agenda común con perspectiva nacional, a tomar cuerpo a partir de la defensa de la CPE, el bloque de constitucionalidad y tratados internacionales. Con ello, los desafíos incluyen la construcción de nuevos liderazgos y la propuesta de gestión de los recursos naturales en los territorios consolidados.

Finalmente, Oscar Bazoberry, coordinador general del IPDRS, compartió una serie de reflexiones recordando que las tensiones que vemos en la política mundial, tienen correlación con el escenario de crisis política y económica que atravesamos.

No es casual que el capital se presente con el uso de la fuerza, y se afirme un estado-nación-imperio. No es llamativo que haya líderes mundiales que usen la fuerza, lo llamativo es la legitimidad que pueden llegar a tener, afirmó Bazoberry.

La tierra y el territorio están en el núcleo de la discusión, los poderes están disputando nuestros recursos. Hay que advertir que esta es una discusión global, con pesos y contrapesos. En nuestro contexto, encontramos actores sumamente diversos, por lo que el saneamiento y titulación de tierras en Bolivia es un conjunto de movilizaciones, de historias específicas. Bazoberry afirmó “la estructura de la propiedad agraria, corresponde a la estructura de la sociedad boliviana, y eso lo afirmo porque hay voces que quieren desconocer estos avances”.

Siendo Bolivia un referente en el registro de la propiedad agraria. Bazoberry explicó que organismos como el BID han tenido su mayor inversión y trabajo ha sido en nuestros temas, lo agrario, la titulación, lo ambiental, el cambio climático, pero ahora, según su discurso, buscan al sector privado. La titulación de tierras no implica la ausencia de los conflictos, los habrá siempre, pero no será lo mismo para un pueblo indígena, disputar tierras con un título agrario que sin el título. La gestión territorial, antes identificada como un desafío, es difícil porque las áreas saneadas no son continuas y hay otros factores. La conflictividad posterior a la titulación, no es competencia del INRA, sino del Tribunal agroambiental.

La regresión de derechos no es posible. Pese a que la versión del mundo que está ganando privilegia al sector privado como garante del bienestar global e individual, hay que aceptar que, incluso el sistema de Naciones Unidas ha fallado porque está muy penetrado por las grandes riquezas internacionales. Sin embargo, existen avances, conquistamos estos ámbitos tanto la ONU, como la Unión Europea emiten declaraciones e incorporan nociones propuestas desde el campo rural como la soberanía alimentaria, reflexionó Bazoberry.

Algunos acuerdos y reflexiones

• La cuestión agraria es mucho más que repartir títulos.
• Hay que apostar a la reconstitución del tejido social y trabajar en la reconstrucción de agendas rurales, indígenas, campesinas y sectores populares.
• La expansión del extractivismo seguirá dando presión a los territorios indígenas y campesinos, el rol del Estado cambió de ser garantista de derechos a garantizar la apertura al mercado y la inversión privada por los recursos naturales que están en los territorios saneados y titulados y las áreas protegidas.
•  Las organizaciones indígenas están cerrando un ciclo, es importante nutrir la reflexión y lectura crítica del contexto, apostar por la rearticulación y movilización y propuestas.