Representantes de pueblos indígenas y naciones originarias de Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina analizan su contexto, calificado como uno de los más peligrosos en el mundo para defensores ambientales y territoriales. El Encuentro Regional de Defensoras y defensores indígenas de la tierra y el territorio en América Latina, realizado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y organizado por diferentes instancias de la International Land Coalition (ILC LAC), contribuye a la identificación de temas comunes que enfrentan día a día, las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Como anfitriones, las y los defensores bolivianos se identifican como representantes de territorios colectivos titulados. Todas y todos coinciden en que estos títulos que prometían la seguridad jurídica, no son garantía frente a las múltiples amenazas, la expansión del extractivismo y una sistemática intervención territorial desde diferentes actores. Pese a los avances legislativos, la apertura al pluralismo jurídico y la afirmación de la jurisdicción indígena gestionada por jueces naturales, los embates que se enfrentan insisten en afirmar un Estado monista que relega a la autoridad indígena y sobrepasa el control territorial que pueden ejercen los pueblos y naciones originarias.
Desde los pueblos y organizaciones invitados reafirmaron a la minería legal e ilegal como la principal amenaza que interviene los territorios y genera impactos a nivel social, político, económico y ambiental. Además, se apuntó el derecho al agua como parte de las problemáticas territoriales y vulneraciones que realizan las empresas del agronegocio, la minería, los hidrocarburos, entre otras, respecto a las poblaciones locales. Estas problemáticas implican disputas por la tierra y los territorios, se cuestionan las posesiones ancestrales e inclusive las titulaciones colectivas, y se descarga un proceso de estigmatización, criminalización y judicialización sobre la población que vive tales vulneraciones, cuestiona, denuncia y se defiende en los marcos legales establecidos.
En el análisis de los actores implicados en la intervención territorial y agresión a sus defensores y defensoras, destacan las empresas transnacionales y nacionales, que promueven proyectos de infraestructura, petroleros, etc., pero además, una serie de agentes del ámbito público que viabilizan permisos, autorizaciones de determinados usos del suelo y los recursos, y respaldan todas estas intervenciones. De esta manera, se identifica al Estado como un directo frente al que se demanda reconocimiento, respeto e incluso, que cumpla las propias leyes.
La individualización de la tierra es una tendencia en toda la región, no sólo por la falta de recursos para los programas de redistribución, demarcación y titulación de tierras, sino también, por la promoción del liberalismo en sectores populares. El intento de asentar la idea de que ser propietario, acceder a créditos bancarios y tener capacidad de decidir individualmente por una posible compra-venta del territorio remite a un intento de acrecentar las vulnerabilidades para poblaciones organizadas de forma colectiva, para su subsistencia y también para la gestión de los territorios.
No obstante, la intervención de los territorios indígenas y comunidades campesinas también es facilitado por la debilidad organizativa de estas poblaciones. Las múltiples necesidades de esta población y la falta de inversión pública en su desarrollo son instrumentalizadas por diversos actores, ofreciendo sobornos, puestos de trabajo precarios u otros favores y fragmentando los tejidos sociales. Además, se impone un discurso institucionalizado que apela al desarrollo económico, “si viene la petrolera, habrá trabajo, habrá recursos”, “las empresas traen escuelas, proyectos productivos”, pero en la práctica los proyectos intervienen los territorios y dejan a su paso la devastación ambiental, la fractura organizativa, el trabajo precarizado y múltiples casos de violencia sexual contra las mujeres.
Se instala una narrativa institucionalizada y propagada entre las clases medias de que los protestantes, denunciantes, defensoras y defensores de la tierra y los territorios impiden el desarrollo económico, ignoran las necesidades estratégicas del Estado y atrasan el progreso que propagandizan las empresas para justificar sus proyectos extractivos. Frente a esta narrativa surge la enorme necesidad de la visibilización de las contribuciones de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes a la producción de alimentos, a la profundización del pluralismo y al cuidado de la biodiversidad.
El Encuentro regional de defensoras y defensores nos aproxima a una diversidad de resistencias y procesos de defensa territorial frente las empresas petroleras, el crimen organizado que trafica con los recursos del territorio amazónico, la minería ilegal, los recursos marítimos, los proyectos de infraestructura que agreden ecosistemas, entre otros. Los testimonios nos muestran un horizonte de resistencia articulada y un mayor respaldo social y político a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes en su propósito de defensa de la vida.
