Tras nueve años de presentar un Informe Anual, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) propone una décima versión que aborde las tendencias, dinámicas y sucesos que determinan el acceso a la tierra y al territorio para campesinos indígenas y afrodescendientes, así como su situación en la geopolítica actual. Esto nos sitúa en un tiempo en el que las disputas por la tierra y territorio se complejizan con el modo en que los Estados y las multilaterales están conduciendo las acciones frente a la crisis climática.
En esta oportunidad, para abordar el tema planteado recurrimos a nestras aliadas y aliados en diez países de Sudamérica. En esta oportunidad, las novedades son los investigadores Luís Hallazi y Miluska Carhuavilca del Instituto del Bien Común (IBC) del Perú; la compañera Natalia Rodríguez de Tierra Viva de Paraguay y Liliana Buitrago del colectivo Mujeres, cuerpos y territorios de Venezuela. Se reincorporan al equipo Juan Pablo Marca y Micaela Noriega del CEJIS Bolivia; y Stalin Herrera del IEE del Ecuador; y tenemos la permanencia de Juan Wahren, Gisela Hadad y Tomás Palmisano del GER-GEMSAL / UBA de Argentina; al equipo de Jorge Montenegro, Djoni Ross, Lina Hurtado, Mercedes Solá y Yamila Goldfarb, y sus universidades en Brasil; a Alejandra Donoso y Florencia Vega de la Defensoría Ambiental de Chile; Javier Medina del CINEP en Colombia; y, Pablo Díaz y Camila Gianotti del Núcleo de Estudios Rurales de la UDELAR Uruguay. Todas y todos ellas se encuentran ahora trabajando en la elaboración de los capítulos que integrará el Décimo Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.
Por nueve años, este Informe Anual acompañó e hizo seguimiento a las luchas por la tierra generando evidencias sobre la persistente demanda campesina y afrodescendiente de tierras, y los movimientos por la reconstitución y defensa de territorios indígenas. Los agentes que, en el marco del modelo extractivista de desarrollo, disputan los bienes naturales y obstaculizan los proyectos de vida campesinos e indígenas, se valen de esquemas de dominación territorial de larga data. En la actualización del esquema capitalista, se hace persistente la desventaja estructural de las poblaciones locales, principalmente, de las mujeres y las niñas, frente a la explotación humana, las condiciones y beneficios laborales, el acceso a servicios básicos, a la salud y educación, el acceso a la seguridad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia, los impactos ambientales en la salud; y además, los impactos de la crisis climática.
Cada vez más perspectivas alimentan la crítica al modo de comprender y actuar respecto al cambio climático. La situación no se remite al ámbito meramente físico donde las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) han generado una alteración sin precedentes de los patrones climáticos, se trata de un momento que pone en crisis a varias dimensiones de la vida, pues entre las causas y consecuencias se tienen las decisiones políticas, marcos normativos, una enorme desigualdad económica basada en una estructura de intereses y privilegios concentrados en determinados países, empresas y hasta familias; respecto al agravio a los derechos humanos y múltiples afectaciones a la salud y economía de las mayorías poblacionales expuestas a la degradación ambiental, las implicancias del extractivismo en sus territorios y hasta el desplazamiento territorial. Aun así, sistemáticamente se afianza la visión antropocéntrica que justifica la presión sobre la Naturaleza y delega su cuidado y restitución a los avances tecnológicos.
La captura de Dióxido de Carbono (CO2) ha sido proclamada internacionalmente como la clave para resolver el calentamiento global y la alteración de los patrones climáticos desencadenados; y, por tanto, es la clave de la mercantilización de las funciones naturales que garantizarían el equilibrio ecosistémico planetario.
Pese a que, se ha evidenciado que la capacidad del reino vegetal para capturar CO2 no es suficiente para compensar los millones de toneladas de GEI emitidas diariamente. La compensación se basa en el supuesto de que todos los GEI, incluso los más nocivos, pueden convertirse en CO2; olvidando que los árboles solo capturan CO2 y, recientemente confirmado, metano (CH4).
El panorama mundial respecto a este fenómeno meramente físico parece desolador. El 2024 se ha reportado como el año con la temperatura promedio más alta, tomando en cuenta los niveles preindustriales. Eventos de origen antrópico, como los incendios forestales, arrasan cada vez más extensiones de biomas como la Amazonía, que atraviesa nueve países sudamericanos.
Esta crisis multidimensional no está suscitando suficientes acciones, al contrario, se ha instaurado una dinámica en la que subyace una lógica de compensación, negociación y mercantilización antes que de cuidado de la Naturaleza, sus bienes y las funciones que garantizan las condiciones para el sostenimiento de la vida. Tras la constatación de los daños que ocasiona el extractivismo petrolero, la descarbonización supone un proceso de transición energética que lejos de significar la concientización y repliegue en las disputas, promueve otros tipos de extractivismo y afectación, principalmente, a las poblaciones rurales y, por supuesto, a la Naturaleza. Además, la dinámica de las Conferencias de las Partes (COP) concentran una burocracia y un repertorio de mecanismos y propuestas que van reiterándose desde hace 30 años, con muy pocos resultados.
Los avances tienen que ver con la financiación de las acciones por el clima y la reducción de GEI. Sin embargo, esta financiación no necesariamente implica la atenuación de las actividades extractivas y la reducción de los impactos negativos. Las negociaciones procuran compensar los daños y pérdidas, en un marco geopolítico marcado por la desigualdad. Los países ricos financian a los países pobres para que estos puedan cumplir con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas y, eventualmente, mitigar los impactos de la crisis climática y el agotamiento de los bienes naturales por actividades extractivas.
Hace varias décadas, el cambio climático moviliza una gran cantidad de recursos, y se ha producido una discursiva sumamente paradójica en la que los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes se distinguen por sostener una peculiar relación con la Naturaleza, y son descritos como población vulnerable, pero también, como población resiliente e incluso como “guardianes” de la biodiversidad. No obstante, la población indígena, campesina y afrodescendiente es la más agredida por el extractivismo y el colonialismo verde como nuevas formas de disputa de los bienes naturales. Aunque las experiencias que se van documentando nos hablan de buenas y malas experiencias, debemos prestar atención a la presencia y acción que permite el financiamiento verde en los países, así como en su efectivo impacto en los territorios y en la vida de la población rural.
Con el ascenso de Donal Trump en los Estados Unidos de Norte América, el tablero internacional se ha movido radicalmente, deteniendo el flujo de fondos para la transición energética en los países ricos y deteniendo los procesos de ayuda y mercado en los países empobrecidos; por lo que se espera cambios en el horizonte y mecanismos de negociación en los meses en los que se espera estructurar esta publicación.
Nos interesa, entonces, analizar los cambios que están ocurriendo, el flujo de los financiamientos y su articulación con la problemática agraria, territorial y climática, por la vía de la ayuda internacional o el mercado, así como los propios presupuestos en los Estados; proyectos de desarrollo en los territorios, políticas públicas y marcos normativos. Y, fundamental en aquel contexto, las posibilidades y estrategias de la participación y autodeterminación de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes. Con esto, esperamos poder contribuir a generar insumos para organizaciones sociales, activistas, académicos e instituciones de desarrollo a sus análisis sobre la geopolítica actual, el impacto del financiamiento al cambio climático y las propuestas de campesinos, indígenas y afrodescendientes, al respecto.
