En el año 2007, según el censo cooperativo que solo tomó en cuenta el 70% del total de cooperativas activas en aquel entonces, se registraron 2.280.015 cooperativistas (20% mujeres y 80% hombres), lo que representaba el 22% de la población boliviana. Sin embargo, el número exacto de cooperativas legalmente establecido sigue siendo incierto, pues no existe una cifra definitiva. Con la promulgación de la nueva Ley General de Cooperativas N°356 en 2013 y la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), se esperaba una actualización de estos datos. En 2015, dos años después de la entrada en vigor de la ley, el entonces director de AFCOOP, Juan Vargas, informó que existían más de 7.000 cooperativas que debían adecuarse a la nueva normativa.
A pesar de los avances legales y administrativos, hoy los datos continúan siendo inciertos. Según la rendición de cuentas inicial de AFCOOP a principios de 2024, existen 3.383 cooperativas y 1.082.091 cooperativistas (40% mujeres y 60% hombres). Esta cifra contrasta significativamente con los datos anteriores, lo que plantea una gran interrogante sobre la realidad actual del sector cooperativo en Bolivia.
En el marco de la investigación sobre el cooperativismo en Bolivia, impulsada por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) en conjunto con We Effect, con motivo del Año Internacional de las Cooperativas 2025, declarada por la ONU, nos acercamos a AFCOOP y otras instancias competentes para obtener información precisa sobre el número de cooperativas por sector y clase en el país. Sin embargo, al parecer los registros no están completamente actualizados, ni disponibles para nuestros fines.
La conversación que estamos teniendo con varios investigadores, todas y todos ellos conocedores de los sectores cooperativos, indican que las iniciativas cooperativas arrancan con fuerza, pero que la burocratización, la falta de fortalecimiento y educación cooperativa, la falta de financiamiento, la conflictividad interna, la falta de relevamiento generacional, entre otras problemáticas, atenúan su dinámica y, variablemente, aumentan los procesos cooperativos frustrados.
Además, especificidades como la del sector minero, que prolifera en correlación a los precios internacionales del mercado de determinados minerales, la factibilidad que permite la normativa, pueden ser factores para engrosar la cantidad de cooperativas. Todas estas variables, en efecto, responden a múltiples necesidades y en todo caso, estamos muy conscientes de que el dato de los registros cuantitativos no será suficiente para abordar y explicar la viabilidad del cooperativismo en sus diferentes sectores. Otra particularidad serían las cooperativas de agua, como SAGUAPAC de Santa Cruz, que crecen y se consolidan brindando un bien público como es el suministro de agua potable. De esta iniciativa nos serviría el registro de sus socios y usuarios; y, en definitiva, se comprende que en este sector no proliferen las cooperativas, sino que crezcan en cantidad de socios y consoliden sus mecanismos.
Según la Ley General de Cooperativas N°356 y su reglamento (DS N°1995), AFCOOP tiene la responsabilidad de «regular, controlar, fiscalizar y supervisar el movimiento cooperativo nacional en el ámbito de su competencia». Esta misión es esencial para el fortalecimiento del cooperativismo con transparencia e imparcialidad.
Más allá de la institucionalidad y su efectividad en la disponibilidad de datos cuantitativos, lo que requiere la sociedad es comprender al cooperativismo, más allá de lo recurrente y mayormente visible –las cooperativas mineras– en su sustancial contribución a los tejidos sociales y al mejoramiento de condiciones de vida. Seguramente, este será un desafío para las organizaciones, las representaciones y también la para los entes reguladores.