La primera semana de la COP16, que se está llevando a cabo en Cali – Colombia, ha finalizado con percepciones encontradas respecto a las negociaciones de la Zona Azul. Por un lado, en ciertos Grupos de trabajo, hubo un llamado a la flexibilidad para que la representación de ciertos países deje de lado cuestiones “no esenciales”. Sin embargo, otros Grupos de trabajo reportan un avance significativo reflejado en por lo menos 20 documentos listos para su aprobación en plenaria y, además, que se han llegado a acuerdos importantes respecto a la movilización de recursos financieros para el cuidado de la biodiversidad y el acceso de los pueblos indígenas a estos fondos.
Posicionamientos indígenas
En general, la percepción indígena es que se debe continuar fortaleciendo su representatividad en este tipo de eventos, no solamente en la Zona Azul de la COP16, sino también en todos los espacios de toma de decisiones. Asimismo, se ha visibilizado, en reiteradas y acertadas ocasiones, que la interseccionalidad es clave para entender el rol protagónico que deben tener las mujeres indígenas en el cuidado de la biodiversidad, la lucha contra la crisis climática y la sostenibilidad de la vida.
También, especialmente en la Zona Verde, se ha hecho un énfasis crítico en la folclorización que sigue sufriendo el movimiento indígena, especialmente en este tipo de eventos donde el uso de vestimenta tradicional les hace blanco de miradas y pedidos de fotografías, como síntoma “leve”, pero reiterado, de este problema estructural que refleja un enraizamiento racista y discriminador.
Asimismo, sumado a lo anterior, pero desde dos posiciones diferentes se ha discutido el establecimiento de un órgano subsidiario dentro de la COP de biodiversidad que atienda específicamente las necesidades y luchas indígenas. Por un lado, ciertos sectores del movimiento indígena validan y secundan esta propuesta en el afán de reclamar estos espacios como suyos, sin embargo, otros sectores más críticos argumentan que solo es una estrategia de silenciamiento, ya que brindar un espacio específico no significa, necesariamente, que tomen el lugar que les corresponde en la toma de decisiones.
Es importante mencionar, que la agenda de los pueblos indígenas dentro de la COP16 incluye un continuo y enfático llamado a la articulación y al establecimiento de medidas que garanticen el acceso a financiamiento para el cuidado de la biodiversidad, pero desde la autodeterminación y la autogestión. En ese entendido, en atención a la lucha común de los pueblos sudamericanos, se ha conformado la denominada “G9” de los pueblos indígenas, donde Bolivia está incluida junto a Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Surinam, y Guyanas. Aunque existe una declaratoria inicial, esta coalición aún se está terminando de articular y deberá responder a las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas que la conforman.
¿Y el sector campesino?
Si bien la presencia indígena ha sido un poco más visibilizada en esta COP, a pesar de la instrumentalización que se ha evidenciado en espacios donde se habla de los pueblos sin su presencia, la representación campesina, y de otras comunidades rurales, ha sido menor, especialmente en la Zona Azul.
La agenda campesina dentro de la COP16 ha priorizado en sus discusiones a los conflictos territoriales relacionados con el saneamiento y titulación, la amenaza que representan los monocultivos, los transgénicos y los agroquímicos para la Vida, aunque también se abordaron temas relacionados con circuitos de comercialización y mecanismos de financiamiento para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
Las discusiones han incluido la criminalización de las comunidades campesinas, especialmente de aquellas de menor escala y que no responden a una cadena de valor industrial, sino más bien a una familiar y de subsistencia. Al igual que los pueblos indígenas, sus territorios son amenazados por el extractivismo y el agronegocio, lo que los convierte en defensoras y defensores de primera línea ante la crisis civilizatoria, los modos de vida consumista que representa y el estigma de que el sector campesino se opone al desarrollo.
En este panorama, se vuelve imprescindible garantizar el cumplimiento de salvaguardas nacionales e internacionales, como el acuerdo de Escazú, que protegen la Vida de las y los defensores, y que previenen la escalada de la violencia. También se deben fortalecer las redes de articulación y soporte de quienes denuncian no solo los conflictos territoriales, sino también las violencias contra la Naturaleza.
A modo de conclusión
En síntesis, comunidades rurales, indígenas y campesinas, han posicionado que no puede tomarse ninguna decisión sin su participación, siendo que son las primeras en defender el territorio, pero también son las primeras en sufrir los impactos diferenciados de la crisis climática y la emergencia que significa.
Asimismo, han seguido resistiendo la imposición de falsas soluciones, cuestionando incluso la esencia misma de la COP, ya que metodológicamente no permite su participación efectiva en la toma de decisiones. Además, han hecho evidente que su rol como guardianes de la Naturaleza no compatibiliza con la mercantilización de la vida, cuestionando la forma en la que se están implementando REDD+, los bonos de carbono, los bonos de biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza, la bioeconomía, la economía circular, entre otras medidas que pretenden atender la crisis climática.
