El presente artículo describe y evalúa la incidencia de la transferencia de tecnología en el trabajo de agricultores familiares lecheros de acuerdo a su entorno, a partir de dos casos en los que se ha intervenido de manera directa en acciones de investigación y extensión, uno en Perú y otro en Argentina.

Conocer la situación geográfica es fundamental para comprender el perfil de desarrollo de las distintas regiones, más aún cuando se trata de experiencias concretas, como los dos casos que constituyen el meollo del presente artículo. Por ello, en primera instancia vamos a compartir algunos datos sobre el entorno de su ubicación.

Santa Rita de Siguas

Santa Rita de Siguas es un distrito ubicado en el Desierto costero del Perú (Provincia y Departamento de Arequipa). Cuenta con un clima subtropical árido aunque, paradójicamente, tiene un perfil de desarrollo agrícola-ganadero. Gracias a la intervención humana mediante obras de ingeniería de irrigación actualmente posee aptitud agrícola y ganadera, constituyendo, además, una gran cuenca lechera en el sur peruano.

En el año 1934 se construyó el sistema de irrigación que permite el aprovechamiento de tierras desérticas en tierras cultivables bajo riego. El sistema de riego captura el agua proveniente del deshielo y las lluvias en las zonas altas que convergen y dan origen a los ríos. Una vez capturada y embalsada en enormes represas, el agua se transporta por medio de un complejo sistema de acueductos hacia las fincas (establecimientos agropecuarios).

Lindando con la irrigación Santa Rita de Siguas se encuentra el proyecto de irrigación Majes-Siguas etapa II. Las dos han culminado una primera atapa y la segunda está en construcción; ambas obtienen su caudal de las aguas del Río Siguas. Irrigaciones cercanas obtienen su caudal del vecino Río Chili. Esto trae sus propios problemas.

Las invasiones de terrenos fiscales a la vera del Río Chili se han convertido en un fenómeno social en crecimiento. Algunos asentamientos humanos de manera irregular vuelcan sus efluentes directamente al río sin previo tratamiento. Por tanto, la contaminación del río que aguas abajo abastece a las irrigaciones mencionadas ocasiona perjuicios que repercuten en la comercialización de los productos.

Las fincas del Distrito Siguas oscilan con una extensión de entre cinco y 60 hectáreas, y se dividen en aquellas que cuentan con sistema de riego tecnificado y aquellas que cuentan con riego por gravedad. La característica productiva de acceso y uso del recurso agua revela el nivel de capitalización de los productores.

Los sistemas sofisticados demandan menos agua por cultivo y actúan de amortiguadores en épocas de poco caudal, ya que el productor cuenta con un reservorio de agua. Mientras que los productores con riego por gravedad se ven directamente perjudicados cuando baja el caudal, ya que no cuentan con un reservorio de agua.

Los primeros propietarios de las tierras, fundadores del Distrito de Santa Rita de Siguas, son migrantes que llegaron desde zonas vecinas. Las fincas actuales son propiedad mayoritariamente de descendientes de esos primeros pobladores y corresponden a la segunda o tercera generación familiar.

Los productores con riego tecnificado tienen personal contratado de manera permanente, quienes se ocupan de las tareas productivas, mientras que los propietarios operan como administradores de la finca. La siembra la realiza personal contratado temporalmente de manera grupal, bajo la modalidad denominada cuadrillas, que están compuestas por mujeres, se emplean por jornada laboral y es una forma de precarización del empleo rural, ya que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Estas mujeres son principalmente descendientes del pueblo quechua y sobre todo provienen del departamento serrano de Puno (tierras altas).

El asesoramiento técnico de las fincas bajo riego tecnificado lo realizan profesionales contratados de manera permanente. Pero es el rol de la empresa recolectora de leche el que adquiere importancia en esta tarea, ya que ésta proporciona tecnología de recursos a los productores por medio de asesores de campo. Según un relevamiento del investigador Arturo Flórez M. el año 2001, en los últimos años en Santa Rita de Siguas y distritos vecinos la presencia de programa forrajero motivado por una empresa láctea (Gloria S.A.) produjo un gran aumento de producción. La transferencia de tecnología incluye la adquisición de maquinarias o cultivos y su correspondiente asesoramiento en la utilización.

Esta transacción tiene la particularidad de que el productor paga los servicios o bienes adquiridos con descuentos en la venta de leche a la propia industria que se los suministra. Además, los costos son bajos en comparación con los del mercado. El mejoramiento animal se produce gracias al aporte de las empresas proveedoras de semen congelado, que también vienen con el asesoramiento.

Los propietarios de fincas con riego por gravedad están en clara desventaja, ya que llevan a cabo la mayoría de las tareas productivas ellos mismos, sumando a algún empleado permanente y asalariado. Estos productores dependen del capital cultural familiar, aunque excepcionalmente reciban asesoramiento de personal de instituciones estatales y de las empresas de recolección de leche.

Independientemente de la escala productiva, la producción primaria lechera en Siguas cuenta con un denominador común: el ganado bovino lechero especializado raza Holstein y la inseminación artificial como forma de servicio.

Los productores con sistema de riego tecnificado tienen modelos productivos intensificados con sus animales en confinamiento, con base nutricional de silo de maíz forrajero y suplementos energéticos-proteico, vitamínico y de minerales. El maíz forrajero se siembra y desmaleza de forma manual tras la contratación de cuadrillas. El picado se realiza con maquinarias para tal fin.

Aquellos agricultores familiares no lecheros con planteos netamente agrícolas cultivan cochinilla, alcachofa, papa, quínoa y cebolla amarilla. Actualmente hay una tendencia al cultivo de la quínoa que goza de buen precio internacional. De este modo, el cultivo del cereal se convierte en una potencial competencia frente a los sistemas lecheros ineficientes.

Los productores con sistema de riego por gravedad producen alfalfa para el pastoreo de ganado vacuno lechero, aunque también se suelen encontrar pastoreando ovejas y cabras.

La totalidad de la leche cruda se expende a empresas que dominan el mercado interno. Las industrias realizan la recolección con camiones cisterna o camiones que transportan los recipientes lecheros (porongos). Acopian la leche en distritos cercanos y luego la procesan a derivados lácteos que vuelcan al consumo interno. Una minoría de productores destina la leche al autoconsumo.

El Colorado

Por otro lado tenemos a la ciudad de El Colorado, situada en el Departamento Pirané, Provincia de Formosa en el norte de Argentina. Está inmersa en un clima subtropical sin estación seca. Presenta un régimen de precipitaciones distribuido de manera homogénea a lo largo del año, que suma unos 1000 Mm cúbicos anuales. Las tierras con aptitudes agrícolas y ganaderas son aprovechadas para ganadería lechera y cultivos varios. El ganado lechero adaptado a la zona dio lugar a una cuenca lechera que busca crecer gracias al apoyo de algunas instituciones públicas y privadas.

Los campos (establecimientos agropecuarios) poseen zonas adecuadas para la agricultura y ganadería que son producto del desmonte. Las zonas no desmontadas se aprovechan en un sistema de producción silvopastoril.

Los propietarios de los campos son, en su mayoría, de segunda o tercera generación de inmigrantes, generalmente descendentes de familias dedicadas a la ganadería lechera en sus países de origen (principalmente Alemania). Esta sucesión generacional preserva el capital cultural familiar.

No hay personal contratado permanente, ya que las familias se ocupan casi exclusivamente de las tareas productivas. En ellas hay una distribución del trabajo por sexo muy marcada. Por ejemplo, los hombres se ocupan del mantenimiento del rodeo y ordeñe, mientras las mujeres se encargan del procesamiento de la leche y la fabricación de quesos.

El asesoramiento proviene de múltiples lugares y de manera constante, con presencia de las Agencia de Extensión Rural y Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (A.E.R. INTA El Colorado y E.E.A INTA El Colorado), técnicos asesores de Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, organizaciones no Gubernamentales (ONG) e instituciones educativas secundarias, terciarias y universitarias, las que, mediante pasantías, brindan espacios de encuentro entre futuros profesionales y productores.

El forraje disponible para alimento del ganado vacuno consta de pastizales naturales, pasturas implantadas asociadas y parcelas de caña de azúcar, leucaena y sorgos forrajeros.

El ganado vacuno actual es producto de varios cruzamientos de razas criollas con razas importadas. En los comienzos se utilizaron las razas Holstein y Jersey para intentar mejorar los rodeos criollos. La introducción de genética lechera fue paulatina, pero también han introducido razas carniceras, como Bradford o Brangus, para lograr mejores condiciones cárnicas en los terneros. Por ende, la genética es muy variable, así como la aptitud de los animales, tratándose fundamentalmente de animales de doble propósito.

Según relevamientos del INTA en el Departamento Pirané Sur durante el año 2013, 51% de los productores lecheros procesan su leche siendo al mismo tiempo  productores lecheros y queseros. El restante 38% produce leche para autoconsumo y la minoría la comercializa en la localidad como leche fluida. La ausencia de expendio de leche a empresas recolectoras de leche es una característica, por lo cual el ejemplo es claramente diferente a lo observado en el distrito Siguas del Perú.

Dos asociaciones cooperativas nuclean a varios productores en la zona de influencia de la localidad de El Colorado. La Cooperativa “El Progreso del Km. 210” y la Cooperativa “Perla Del Sur” son casos de productores asociados que industrializan la leche en conjunto para comercializarla en grandes ferias o a través de intermediarios de localidades vecinas. Además, industrializan leche de productores no asociados.

Los productores independientes procesan la leche en una actividad familiar integradora, donde la familia colabora con el ordeñe, procesamiento y posterior venta de quesos en las ferias locales.

Lecciones de la comparación

En el distrito de Santa Rita de Siguas la cadena de valor láctea no tiene relación estrecha entre consumidor y productor. Es inexistente el procesamiento de la leche cruda por parte de los productores, quienes venden la leche a empresas, que son las que producen derivados lácteos y abastecen el mercado interno.

Sin embargo, en El Colorado se observa un escenario diferente, con un esquema acorde a un sistema alimentario local, donde los productores asociados industrializan y comercializan directamente sus productos en ferias regionales. Por ello, en este escenario es factible pensar en otras actividades colectivas, como el caso de la posible compra de recursos y obtención de créditos, ya que en esta cuestión dependen de la asistencia de las instituciones.

El asesoramiento de campo otorgado por las empresas de recolección lácteas en el distrito de Santa Rita de Siguas es fundamental en cuanto a la facilidad para transferencia de tecnología de recursos. Pero este apoyo no propicia el encuentro entre productores, como se evidencia en la localidad de El Colorado por parte de las instituciones mencionadas. La transferencia de tecnologías de información suma mayor eficiencia en comparación con tecnologías de recursos.

Las experiencias compartidas entre los productores de El Colorado, tales como las capacitaciones técnicas, entrega de equipos en programas de apoyo (máquinas ordeñadoras, maquinarias agrícolas) visitas de estudiantes y transacciones inter-productores son ingredientes que fortalecen los lazos entre productores. La presencia de las cooperativas es la visibilización de este capital social.

En conclusión, generar espacios de diálogo apropiados desde instituciones constituye una estrategia para crear lazos entre productores y aumentar la transferencia de tecnologías de información para hacer crecer la eficiencia productiva. No obstante, la adquisición de tecnologías de recursos simplifica tareas mejorando las condiciones laborales de los agricultores familiares lecheros. Esto es posible en tanto y en cuanto los recursos sean accesibles económicamente y formen parte de un objetivo de desarrollo integral que no siempre está presente.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS

A menudo se habla de la necesidad de mostrar experiencias concretas en el plano de la producción agroecológica, para trascender las palabras de un discurso que la promueve, pero que no necesariamente logra demostrar su viabilidad. Movidos por ese interés, en esta oportunidad difundimos el artículo de tres activistas del área que comparten con las y los lectores de Diálogos las principales características de una experiencia exitosa y de alcance más que mediano.

A partir de la década de los 90 comenzó a gestarse un movimiento agroecológico en el Ecuador con la conformación de redes de productores y consumidores y de Organismos no Gubernamentales (ONG) para asumir un rol activo en la revalorización del campo, a partir del análisis de los sistemas productivos y alimentarios de nuestros pueblos, que parte de una lectura bastante intermediada por la academia. La agroecología une a esos sujetos porque es una apuesta de vida en el campo. El enfoque es parte del concepto de desarrollo sostenible, impulsado sobre todo desde ONG y programas de cooperación, que han dejado una huella importante en la validación de tecnologías agroecológicas en el callejón interandino del Ecuador.

Las raíces de experiencia

En el año 1995, en la provincia de Loja (ubicada al sur de Ecuador frontera con Perú), se iniciaron procesos formativos en agroecología con el Consorcio Latinoamericano de Agroecología (CLADES). Tales iniciativas fueron impulsadas por la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA) y estaban dirigidas a profesionales y mujeres y hombres líderes campesinos. Del sector campesino participaron miembros de la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y Populares de Sur (FUPOCS) creada en 1981, de la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML), creada en 1984 y de la Red Agroecológica Loja creada en el 2007, quienes han trabajado la producción agroecológica en sus organizaciones de base y avanzaron en su difusión hasta nuestros días. La RAL, la FUPOCS y la UPML se integran con grupos campesinos diferentes que además han sido apoyados por diversas ONG para iniciativas que contribuyen al desarrollo y la conservación.

Loja es una provincia donde su principal actividad económica es la agricultura en zonas rurales y urbano marginales; es una de las regiones ecuatorianas con más parroquias rurales (75). Tiene una población de 450.000 habitantes, con más mujeres que hombres. Se estima que más de 175.000 habitantes se dedican a actividades agrícolas (INEC 2013) y en su mayor parte no aportan al seguro social.

En la provincia existen 65.625 unidades productivas agropecuarias (UPA) trabajando en una extensión de 995 mil hectáreas; el 84% de fincas pertenece a pequeños productores que ocupan el 27% de la superficie de uso agropecuario, con un tamaño promedio por finca de 5ha/UPA, según datos del III Censo Nacional Agropecuario del año 2000.

En toda la provincia hay terrenos de marcada pendiente, por ubicarse en las faldas de la cordillera occidental, desde los 2400 msnm bajando hasta los 1100 msnm. El sistema de tecnificación en riego es bajo, solo el 14% de la superficie total provincial posee riego y apenas el 4% de la superficie cultivada está ocupada por una agricultura que respeta el medio ambiente y busca la calidad y no sólo la cantidad de producción.

Entre los principales productos están los de ciclo corto (maíz, fréjol seco, cereales, maíz choclo, fréjol tierno, maní, yuca, hortalizas, papa y cebolla). El maíz amarillo duro (48.718 hectáreas) ocupa el cuarto lugar en producción a nivel nacional. En la parte alta están los cultivos de café aromático (19.176 hectáreas) y en la parte baja del valle la caña de azúcar (8.016 hectáreas) y arroz, provocando grandes daños ecológicos, debido al monocultivo y la deforestación. Otra fuente de ingresos es el ganado vacuno y caprino (415.039 hectáreas de pastos cultivados y naturales) (PDOTPL/2011).

Del total de productores y productoras lojanas, el 85% vende su producción a intermediarios; el 14%, la vende directamente al consumidor; el 1% la comercializa con el procesador industrial, y todos destinan aproximadamente un 13% para el autoconsumo.

Una historia de esfuerzos compartidos

En 2006, varios representantes de organizaciones campesinas de la provincia de Loja, que más tarde conformarían la Red Agroecológica Loja, visualizaron la necesidad de unirse para crear estrategias y alternativas de mercado local para los productos con enfoque ecológico. La primera experiencia fue una feria agroecológica mensual en el Parque Jipiro en la ciudad de Loja, con la participación de un promedio de 15 productores pertenecientes a varias organizaciones.

La feria implicó un proceso organizativo de conocimiento de problemas, propuestas y apuestas, que se realizó mensualmente, se gestionó ante instituciones públicas, como el Consejo Provincial de Loja y la Universidad Nacional de Loja, así como la relación con otras organizaciones de trabajo en agroecología a nivel nacional, como la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA) para adaptar la iniciativa, logrando mayor acogida entre las mujeres productoras.  

Entre los años 2007 y 2008 se realizó un proceso de institucionalización de la iniciativa Red Agroecológica Loja- RAL, definiendo su visión, misión y estructura organizativa. Establecen la relación con el Municipio local, lo cual dio como resultado la posibilidad de participar en un espacio de las ferias libres dominicales en el centro de la ciudad, con un promedio de 15 a 20 productoras, la cual sería ampliada posteriormente  con su presencia en una feria sabatina al sur de la ciudad, con 10 productoras.

Se creó un Sistema Participativo de Garantía (SPG) con base a otras experiencias conocidas, para lo cual se adaptó un reglamento acorde a la realidad de la producción agroecológica de los grupos participantes, cuyas características se aplican a la producción en finca permitiendo, en lo posterior, el reconocimiento de la garantía de productos campesinos en mercados locales y territoriales por sus valores en lo  ambiental, en la forma de manejo del suelo, agua, semilla-cultivos y crianza ecológica de animales. Actualmente se cuenta con un reglamento de producción agroecológica y difunde a nuevos grupos la propuesta de producción y feria para la integración de nuevos grupos en la Red.

En el período comprendido entre 2009 y 2010 se fortaleció la práctica de la producción, en alianza con la Universidad Nacional de Loja y otras entidades formativas, se inició la capacitación en prácticas de agroecología y se incrementó la dinámica de participación en diversas ferias a nivel provincial y nacional.

Un paso importante fue la creación de la feria agroecológica al norte de la ciudad, en la cual los sábados, participan entre 30 y 35 productores y los grupos de productoras se incrementaron de cuatro a ocho. De manera complementaria, las y los productores participan activamente en el mes de julio, desde hace ya aproximadamente 11 años, en los encuentros anuales binacionales entre Ecuador y Perú, recuperando e intercambiando semillas y fomentando espacios de encuentro de los pueblos campesinos de ambos países.

En el período que va desde el año 2010 al 2011, la RAL manejó tres ferias agroecológicas en la ciudad de Loja, ejecutó un proyecto de apoyo a las fincas agroecológicas con soporte de la cooperación internacional, creando un Fondo para compartir de recursos con la devolución de las inversiones realizadas por cada finca a la organización. El Fondo es un medio solidario de financiar la producción agroecológica en cadena y en forma adecuada a las socias/os agroecológicos, sin necesidad de hipotecas. Los montos que se prestan son de hasta 600 dólares a dos años plazo y a un interés del 8% anual, que considera los beneficios de compartir esa posibilidad con otros socios. Al momento, con el capital semilla se han beneficiado 50 familias además de la posibilidad de compartir entre socias y socios beneficiarios.

Del año 2012 al 2014 hubo una ruta de constante incremento en participación en la RAL, pasando de siete grupos, una feria y 15 productores del año 2006 a 21 grupos, siete ferias y 150 productores con más de 140 productos en las líneas de hortalizas, tubérculos, frutas, carnes frescas, procesados, granos y artesanías. Este crecimiento se dio con el apoyo económico de varias instituciones de cooperación internacional, aliadas estratégicas del emprendimiento, y con las alianzas fraternas entre la RAL, UPML, FUPOCS, Universidad Nacional de Loja y Municipios de Loja, Saraguro y Paltas.

Actualmente se mantienen el sistema de Ferias Randy Namá, el Fondo del Compartir, el Sistema de formación agroecológica, el Sistema Organizativo, el Sistema Participativo de Garantía-SPG, que se transmite como modelo de gestión de la experiencia a nuevas organizaciones en diferentes cantones de la provincia y en nuevas ferias agroecológicas a nivel nacional; todo ello está orientado a cambiar el modelo de agricultura extractiva por la agroecológica. 

El desafío de trabajar en red

Para la RAL, la agroecológica es una filosofía de vida, que surge a partir del reconocimiento y la revalorización del saber acumulado por los pueblos indígenas campesinos y el entendimiento de la cosmovisión indígena como elemento de un nuevo modelo agrario de producción, frente al evidente desastre social y ambiental que nos ha traído la agricultura empresarial de los monocultivos y los agro negocios, impulsados por la famosa revolución verde.

Dentro de la cosmovisión andina, que es la manera de ver al mundo de esta población, la economía debe sustentarse con principios de solidaridad, reciprocidad e interculturalidad. Dentro de esa concepción económica, que podría considerarse alternativa al modo occidental, están las prácticas del trueque (cambio), la pampa mesa y la minga, que la RAL ha rescatado, esperando sensibilizar a la población para mantenerlas y difundirlas más ampliamente.

La RAL ha marcado la práctica de la agroecología como un proceso de incidencia política, unidad, resistencia y organización dado que se configura como un espacio para compartir saberes, prácticas económicas solidarias (minga, trueque y pampa mesa) y la recuperación de la identidad (cosmovisión andina) de los pueblos del sur (Saraguro, Palta, Shuar y mestizo campesino). Dicha recuperación se realiza a través del trabajo en las chacras campesinas, desechar el uso de agro tóxicos, el manejo sustentable de los recursos naturales como suelo, agua, semillas, y el cuidado de los animales, rescatando sus tradiciones culturales ancestrales (HUACA, Nancy. Cosmovisión Andina: práctica de  economía de solidaridad y reciprocidad. Tesina Curso de economía Social y Solidaria. Loja 2013).

La experiencia está demostrando que la recuperación de las prácticas activas de apoyo a la agricultura campesina agroecológica de diversas organizaciones, fortalece la base social, construye modelos de gestión autónomos, participativos y solidarios, y protege a las familias, una de las  principales razones para producir agroecológicamente.

La RAL funciona como una red social, estructurada en tres niveles de gestión. En primer lugar la Asamblea General, que es la instancia máxima de toma de decisiones; en segundo lugar el Directorio, como instancia de dirección estratégica y el nivel de los emprendimientos, que son la instancia operativa del manejo de las ferias, del Sistema Participativo de Garantía, la Caja del Compartir y de la Formación. Las acciones se planifican y sincronizan colectivamente de acuerdo al calendario agro-festivo de los pueblos.

La organización es dirigida por las y los socios trabajadores, siendo el 90% mujeres, con un modelo de gestión organizado en sectores de la actividad económica. La producción agroecológica está integrada por 21 grupos organizados en comunas, asociaciones y grupos comunitarios; el  financiamiento solidario está integrado por la Caja de Compartir de Fondos; la comercialización está conformada por siete Ferias Agroecológicas Randy Namá, y los servicios de formación y diálogo de saberes están conformados por una  Alianza entre la RAL y la Universidad Nacional de Loja. El centro de la gestión de la RAL es la fuerza del factor solidaridad de la filosofía andina.

¿Un modelo a seguir?

El modelo de gestión de la RAL ha sido consolidado durante los últimos dos años con la incorporación de varias herramientas de gestión de la Agroecología y de la economía social y solidaria, que se han combinado, permitiendo fortalecer la gestión de la organización, la producción, el mercadeo, el sistema económico-financiero y el factor solidaridad.

Las personas beneficiarias han logrado mejorar su forma de vida y su calidad de alimentación y salud; sus ingresos económicos, que han crecido un 13% en los últimos dos años, garantizan de primera mano su auto sostenibilidad y aportan a otras y otros para que continúen en esta experiencia, un cambio social y firme, promovido principalmente por mujeres, para resolver problemas comunes de forma solidaria en un entorno político adverso, marginador de las iniciativas de vida de estos pueblos.

Esperamos seguir multiplicando la experiencia y aportando de forma positiva a la conservación del Buen Vivir, con el Buen Comer y el Bien Hacer.  

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Toda comunicación se establece en un contexto social determinado que la condiciona. El contexto social determina la calidad de la comunicación para hacerla más profunda y sincera. En el ámbito rural, una comunicación veraz debe crear conciencia sobre los problemas de producción, de educación, de vivienda, de salud, entre muchos otros ámbitos de la vida de la población, empoderando a las y los campesinos como protagonistas de su propio desarrollo. Bajo tales premisas, la autora propone una mirada integral sobre el uso de plaguicidas, eco sistémica, según la visión de PLAGBOL, cuya experiencia es la base del texto que presentamos en la versión 145 de la serie Diálogos.

Existen muchos problemas en el área rural que demandan intervención, uno de ellos tiene que ver con los agroquímicos. Si bien la problemática de los plaguicidas en Bolivia está inserta en los ámbitos doméstico, agrícola y de la salud pública, es en la agricultura donde cobra mayor importancia, ya que es el que cuenta con el mayor porcentaje de uso de estas sustancias químicas y, por lo mismo, es el que ocasiona mayor preocupación debido a las implicancias negativas que genera en la salud de los agricultores y de los comercializadores de esos insumos y consumidores de alimentos.

El problema y su respuesta

La producción de alimentos es una de las principales actividades económicas del país. Hay varios factores que han creado la necesidad de usar plaguicidas en nuestro territorio. Por un lado,  la existencia de superficies cultivadas (grandes, medianas y pequeñas), la necesidad de cumplir con plazos rigurosos y estándares de exportación, la falta de información accesible para los agricultores y la agresiva publicidad de las empresas productoras y comercializadoras de plaguicidas, inclusive los más tóxicos, como la única solución para el control de plagas y enfermedades. Este uso ha estado caracterizado por ser excesivo e irracional, causando muchas veces daños en la salud de los agricultores y sus familias y contaminando el medio ambiente. Cada año las importaciones de estos químicos suben de manera alarmante, siendo los más utilizados fungicidas, herbicidas e insecticidas.

El uso de estos productos en nuestro país se remonta a la década de los años sesenta; desde entonces, su uso va en aumento anualmente, tal como lo señala el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) para el año 2011, cuando se importó cerca de cincuenta mil toneladas de esos insumos (SENASAG, Área Nacional de Registros de Insumos Agrícolas, 2011).

Las áreas donde el uso de plaguicidas es mayor son las de los rubros de la producción de grandes extensiones de monocultivos de soya y otros productos. Pero no se trata de una práctica solamente vinculada a los grandes agricultores, sino también está presente en la pequeña y mediana agricultura, donde se producen hortalizas y frutales en todo el territorio nacional.

La Fundación PLAGBOL es una organización que nació el año 2001 como una respuesta a la problemática del uso inadecuado de los plaguicidas en Bolivia. Varios proyectos han sido implementados desde el año 2001, con un enfoque eco sistémico que integra y articula las áreas de la salud, la agricultura y ambiente a partir de una educación ambiental dirigida a los diferentes actores involucrados en el tema. El propósito es reducir los efectos adversos del uso irracional de estas sustancias químicas en la salud de la población boliviana en general, mediante la prevención de los daños a la salud y al ambiente causados por plaguicidas.

La educación ambiental está orientada a generar conciencia, conocimiento, actitudes, habilidades y capacidad de evaluación y participación entre los diferentes sujetos sociales y económicos que participan y se vinculan alrededor de los procesos productivos y de su comercialización en los mercados del país, para fomentar acciones de cuidado y respeto por el medio ambiente y la preservación de la salud humana.

Una propuesta metodológica

La perspectiva eco sistémica  tiene tres componentes: salud, agrícola y comunicación, cada uno con un objetivo en particular. El componente de salud busca disminuir el número y la mortalidad de intoxicaciones por plaguicidas en la población en general, mediante un mejoramiento del diagnóstico, tratamiento, registro y prevención de las intoxicaciones. El componente agrícola pretende reducir el número de intoxicaciones ocupacionales, la contaminación del medio ambiente y de los procesos agrícolas a través de la promoción de un Manejo Integrado de Plagas (MIP) y, finalmente, el componente de comunicación busca concientizar a la sociedad boliviana acerca de la problemática de los plaguicidas en nuestro entorno.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocurren en el mundo aproximadamente tres millones de intoxicaciones agudas cada año, la mortalidad total por intoxicaciones agudas alcanzaría la cifra de 220.000 defunciones al año. La exposición intensa a largo plazo, principalmente laboral, podría representar a unos 735.000 casos con efectos crónicos específicos. Se estima que la exposición de baja intensidad a largo plazo podría causar unos 37.000 casos de cáncer y otros efectos crónicos inespecíficos. En algunos países han ocurrido intoxicaciones masivas de gran envergadura, principalmente de origen alimentario, según advierte M. Arbelaez en el documento Vigilancia sanitaria de plaguicidas; Experiencia de PLAGSALUD en Centroamérica. Las mujeres y los niños son el grupo más vulnerable para sufrir intoxicaciones agudas o crónicas por exposición a plaguicidas.

Bajo esa triple perspectiva, las líneas de acción priorizan procesos tales como la capacitación de  recursos humanos de las áreas de salud, agricultura y educación en la temática de los plaguicidas y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente;  la promoción de la investigación científica en las mencionadas áreas, en coordinación con Instituciones de educación formal superior; y la producción de materiales educativos e informativos para cada grupo meta que acompañe los procesos de información, educación y concientización.

Complementariamente, una línea fundamental está orientada a promover la integración de los actores involucrados en la temática de plaguicidas a nivel nacional e internacional. Se ha logrado coadyuvar en la articulación de acciones entre autoridades con poder de decisión y productores, tal es el caso del municipio de Comarapa en el departamento de Santa Cruz, donde los agricultores asociados realizaron un convenio con el Gobierno Municipal para dar capacitación a otros agricultores en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y lograron producir con menos químicos

Después de trece años de trabajo en el campo de los plaguicidas con miras a reducir los efectos adversos de los mismos en la salud de las personas y en el medio ambiente a través del enfoque eco sistémico, se puede decir que se han conseguido resultados en el desarrollado de actitudes, capacidades y destrezas en el personal de salud, profesores y agricultores, contando con recursos humanos calificados en las diferentes áreas. Una muestra de ello es que se ha logrado incorporar el tema de plaguicidas y MIP en la curricula de Institutos Técnicos Agropecuarios e Institutos Normales Superiores; se ha implementadoa nivel nacional un sistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones agudas debido a plaguicidas que puede ser consultado en la página oficial del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS);  se llevaron a cabo campañas de información, sensibilización y concientización, fruto de las cuales las autoridades con poder de decisión mostraron su interés y voluntad de generar políticas que contribuyan a darle una solución al  problema. Tal fue el caso de los municipios de Caranavi y Comarapa junto a los cuales se llevaron acciones de difusión de los riesgos potenciales de los plaguicidas en la salud y el ambiente.

Es destacable que se puedan mostrar logros a través de datos que consignan el incremento de la capacidad de atención de centros de salud al tratar a pacientes intoxicados, mediante un mejor diagnóstico, tratamiento y prevención de intoxicaciones por plaguicidas y, por tanto, el hecho de que se haya logrado reducir el uso de plaguicidas tóxicos mediante la promoción de las estrategias del Manejo Integrado de Plagas. Los agricultores capacitados se han asociado y ahora brindan servicios de asesoría y capacitación a otros productores en sus municipios para reducir el uso de plaguicidas y fomentar la aplicación del MIP.

Más gente involucrada produce mejores resultados

La experiencia de Plagbol comprobó que en el ámbito educativo son fundamentales acciones de efecto inmediato  de difusión pública y en el de las políticas institucionales la incidencia para un contacto sostenido y directo con autoridades y funcionarios de los distintos niveles estatales, a largo plazo es muy importante establecer vínculos con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, ya que estas sinergias benefician el logro de los objetivos generales de la estrategia.

Pero también es necesario incursionar en el campo de la investigación científica en las áreas agrícola y de salud debido a que los datos obtenidos se convierten en la mejor evidencia de la existencia de un problema que debe ser tratado. La investigación sobre residuos de plaguicidas organosforados en cultivos de tomate que realizamos el año 2012 en el municipio de Omereque (departamento de Cochabamba) y el de Río Chico (departamento de Chuquisaca) fue uno de los pilares para llevar adelante el proyecto “Alimentos y ambientes sanos” que busca fomentar la responsabilidad social y ambientalde las organizaciones civiles de base para disminuir la morbilidad asociada a los alimentos y medio ambiente contaminados por plaguicidas.

Es nuestro deseo que las experiencias exitosas conseguidas en todos estos años de trabajo se puedan replicar en otros contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, y apoyar de esta manera mejoras en la calidad de vida de las personas y minimizar los riesgos de intoxicación y contaminación del entorno debido al uso de sustancias químicas.

Este artículo trata de manera anecdótica sobre las dificultades a las que me enfrenté y el aprendizaje que adquirí en Bolivia durante una experiencia académica basada en las vivencias en el terreno a partir de mi participación en el Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco.

Estoy agradecido a compañeros de instituciones y a actores campesinos e indígenas que me abrieron las puertas de sus espacios y comunidades. El tema central de este texto es la importancia que la investigación acción tiene en el acercamiento a la realidad y en la formación académica. Por ello, el eje articulador es señalar cómo la confrontación de la teoría con la práctica puede enriquecer nuestra comprensión del mundo rural.

Otro tipo de academia

A veces uno se cree poco capaz de hacer ciertas cosas. Al menos desde 2006 se despertó en mí (en quién no) el interés en el proceso de cambio en Bolivia. Seguía con peculiar afán las propuestas de los pueblos indígenas y campesinos en relación a su territorio y autonomía, pero no me imaginé que iba a estar en este país y, mucho menos, que esta visita iba a cambiar mi vida. Hasta tal punto alguien puede ser provinciano, que me parecía imposible conocer estas tierras lejanas. Pero tuve suerte pues, como sabemos, el azar tiene su propia lógica, desconocida para nosotros.   

Ciertamente, el niño que algún día fui y el adulto que ahora escribe no se reconocerían. Cuando pienso en mi destino, me da cierto escalofrío, pues de los múltiples caminos que pude haber tenido, este es el que menos me esperaba. Sin embargo, un día me encontré trabajando con comunidades campesinas y eso me llevó, en 2011, a estudiar la maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, en el Distrito Federal de la Ciudad de México.

Debo decir que tengo aversión a las escuelas, casi desde que tengo uso de razón; también tengo aversión a las ciudades grandes como la monstruosa capital de la república mexicana pero, aun así, el instinto y lo que me comentaban algunos amigos, me hicieron aventurarme a estudiar el posgrado.

El primer día que llegué a la UAM, como si estuviera a prueba, presencié un accidente: mientras los transeúntes esperábamos para pasar la avenida, de entre la gente salió un hombre corriendo, que fue envestido por una camioneta que se dio a la fuga. Yo me quedé petrificado y temblando, mientras un señor me gritaba: “no te quedes ahí nomás viendo como pendejo, háblale a una ambulancia”. Para mi fortuna, una mujer ya estaba hablando a la cruz roja, porque yo, aun con la reprimenda, no me moví en un buen rato. El hombre atropellado me había empujado para cruzar a toda prisa la calle, y yo todavía sentía el roce entre su cuerpo y el mío mientras él estaba en el suelo, agonizando.

Después de eso llegué a las oficinas del posgrado. Me encontré con mi compañero Toño Meléndez y después salió Carlos Rodríguez Wallenius, el coordinador en ese entonces, para invitarnos un café, mientras les platicaba lo que había visto. En la noche regresé a preguntar si sabían algo del señor atropellado y un taxista me dijo que estaba en el hospital, un poco golpeado, pero la había librado. Sólo ese primer día fue de susto, los siguientes fueron más felices.

En el año 2013 entré al doctorado en Desarrollo Rural y me asignaron a Carlos Rodríguez como asesor. Esa noticia ya me parecía un exceso, la suerte me sonreía demasiado y me costaba trabajo creer lo que me estaba pasando. Muchos de los maestros a los que yo admiraba me saludaban y les podía hablar de tú, como a cualquiera. Después de todo, existen personas que están comprometidas y la investigación no siempre está alejada de la realidad de los sectores más desfavorecidos. Una de las premisas del posgrado es que la perspectiva teórica y metodológica se centra en el sujeto y su capacidad para transformar las condiciones de marginación y explotación en el sistema capitalista actual en el que vivimos.

Precisamente fue Carlos Rodríguez quien me propuso hacer una estancia en otro país. Me pasó los contactos de varias universidades y me dijo que contactara a la que más me llamará la atención. Para Bolivia, me dio el correo de Óscar Bazoberry y me puse de inmediato en contacto con él. También fui afortunado en contar con su apoyo. Hice todo el papeleó burocrático y en el cronograma de actividades estipulé que quería no sólo tomar clases sino también conocer el proceso agrícola y territorial de las comunidades indígenas y campesinas. Óscar aceptó; no me imaginaba hasta qué punto estaba de acuerdo con mi deseo de estar en las comunidades.  

La llegada a Bolivia, un mundo muy otro

Llegué a la Paz, Bolivia, el domingo 7 de septiembre de 2014 y mi regreso fue el 15 de diciembre del mismo año. Sólo serían poco más de tres meses para conocer un país diverso. Llegué el día del peatón, así que tuve que caminar desde el aeropuerto en la ciudad más alta del mundo hasta La Paz, sede de gobierno. Sin embargo, no me dio el mal de altura o sorojchi, como le dicen en Bolivia.

La gente me pareció algo desconfiada y menos amable que en mi tierra. Me reuní con Mikhail Calla, quien me contactó con mi amiga Pilar Lizárraga, oriunda de Cochabamba pero que vive en Tarija. Mikahil me empezó a enseñar algunas cosas sobre la capital

mientras tomábamos un té de coca; hablamos sobre la ciudad de El Alto, sus resistencias y luchas. Le hablé por teléfono a Óscar, como me había pedido hiciera en cuanto llegara. El andaba por Uruguay y llegaría a La Paz hasta el día martes. Mikahil me ofreció su casa hasta el día miércoles. Parecía que había llegado antes de lo previsto, a pesar de que mi llegada estaba programada para el primero de septiembre. Traté de contactar con mi familia y no contestaron; le escribí a mi asesor y no contestó; le escribí a Sonia Comboni, boliviana y coordinadora del posgrado, y no contestó.

Todo eso me produjo algo de angustia, estaba solo y no conocía gente. Ese día jugué ajedrez en la avenida el Prado (y gané todas las partidas) y me hospedé en el hotel Copacabana, donde algún día se hospedó el Che Guevara. Todo en su honor; todo para inclinarme y recordar que mis contratiempos eran niñerías burguesas al lado de lo que pasó ese gran hombre.

El martes yo ya había recorrido parte de la ciudad. Por fin conocí a Oscar y me presentó con su equipo de trabajo en el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS). Después fuimos al instituto de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) donde conocí a los compañeros y profesores del doctorado en desarrollo rural.

Al pasar los días, esa hosquedad que percibí al principio, se fue transformando en solidaridad y camaradería. Con Jaqueline, integrante del IPDRS, subí a la recién inaugurada línea amarilla del teleférico, desde donde se percibe la imponente cordillera andina. Lo primero que asombra y que se queda hondo en la memoria del visitante son las soberbias montañas de los andes bolivianos.    

Una semana después, Oscar me propuso ir a tierras bajas del país y sistematizar el caso de mujeres productoras de cusi (el fruto de una palmera), en la comunidad de Yaguarú, provincia Guarayos, departamento de Santa Cruz. Acepté de inmediato.

El contraste fue abrupto. El clima –un calor agobiante-, la flora y fauna, la cultura e historia son distintos a la dinámica que han enfrentado los aymaras y quechuas en tierras altas. Las mujeres me recibieron con su alegría y su corazón abierto, yo les agradecía de todo corazón el permitirme estar con ellas. Un poco por las dificultades para comunicarnos  -pues no entienden muy bien el español- y un poco por su picardía, me dijeron que aceptaban mi corazón y me dijeron que me podía quedar con ellas si así lo quería. Mi corazón no va a olvidar las enseñanzas junto al fogón mientras se preparaba el aceite del fruto de la palmera de cusi en una cocina de adobe: su respeto al trabajar la materia, el compartir los conocimientos y las historias milenarias. 

Después de varios días regresé a La Paz; entusiasmado. La dinámica territorial y organizativa era muy diferente a lo que había conocido en México. Un consejo y la clave para comprender esa nueva realidad me los dio Oscar: tenía que tomar en cuenta la historia para tener una mejor perspectiva. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que hoy forman parte del territorio indígena, responden a una larga lucha de los pueblos indígenas, que en la década de los ochenta y noventa reivindicaron sus derechos ancestrales desde formas propias de organización y cuya manifestación más palpable fueron las marchas por la Tierra y la Dignidad.

Me parece que, desde la experiencia de las mujeres cusiseras, dos palabras encierran la clave para comprender la alternativa al desarrollo hegemónico: tierra y dignidad. Por eso llamé a la sistematización de su caso: Cusiseras en Yaguarú: palmera con trabajo de mujeres. Palmera que es fruto que es flor que es acto. Una propuesta epistemológica y de acción desde los conocimientos y prácticas indígenas.

El IPDRS busca sistematizar experiencias exitosas de acceso y usufructo de la tierra en Sudamérica. Lo primero que me cuestioné –y que creo también se cuestionan constantemente en el Instituto- es qué se entiende por “éxito”. Sin duda, las experiencias que conocí se pueden llamar exitosas desde un aspecto económico, social o cultural.

Pero ¿cómo se mide la dignidad? ¿Es parte del éxito ser digno o viene de un trasfondo histórico que no se puede medir? Estas preguntas me dieron vueltas en los otros cuatro casos que pude conocer y sistematizar. Se trata de experiencias de campesinos e indígenas que luchan por mejorar sus condiciones de vida pero, sobre todo, buscan una vida digna. Desde los pueblos indígenas y campesinos esta palabra toma otro sentido. Creo que el IPDRS haría bien en hablar de casos dignos más que de casos exitosos. No por nada el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, habla de la rabia digna. Algo incomprensible para el capitalismo: la dignidad y la tierra para hacer comunidad.

Mientras tanto, mi patria, el triste y dolorido México, sufría la barbarie del “narco estado”, que desapareció a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Los hermanos bolivianos no dejaron de mostrar su solidaridad y apoyo a los familiares y al pueblo mexicano. Y es que cuesta trabajo aprender la dignidad pero, una vez que se incrusta en el corazón, no se olvida.

Evo Morales fue el primero de los jefes de Estado en pronunciarse contra esta violencia homicida. Diversos actores sociales a lo largo y ancho de Bolivia dieron su respaldo manifestándose y desplegando comunicados. A diario había muestras de apoyo para mi país y para sus sectores desfavorecidos como los pueblos indígenas y campesinos. A veces tanta solidaridad me hizo soltar unas cuantas lágrimas en las noches.

Sólo una vez, alguien me dijo: “¿qué les pasa a los mexicanos, por qué no hacen nada?, televisa los tiene idiotizados”. Esa vez, en lugar de soltar lágrimas iba a soltar golpes, pero me contuve; sólo le respondí que no conocía nada de mi país y su historia y que por eso hablaba. Lamentablemente, el cuento de que televisa nos tiene idiotizados era fomentado por los propios estudiantes mexicanos. Las cosas, empero, son más complicadas.   

Otros aprendizajes de investigación acción

He tratado de mostrar brevemente, con imágenes y desde las experiencias que viví, lo que significó estar en un país como Bolivia. En alguna ocasión, Ruth Bautista, compañera del IPDRS, me sugirió que no fuera tan metafórico o, como decimos acá en México, tan chorero. Sin embargo, lo hago deliberadamente. Creo que para proponer otra forma de comprensión sobre lo rural hay que tomar en cuenta los sentimientos, las imágenes, las alegorías, que es la forma en que también piensan los pueblos campesinos e indígenas. Por ello, en el siguiente apartado, señalo los principales aprendizajes que obtuve en las comunidades de Bolivia, que creo aportan al debate académico sobre los actores subalternos.    

Primero, los actores sociales tienen conciencia de clase y comprenden su situación de marginación y exclusión, lo que se muestra en sus alegorías y relatos históricos. A veces, me daba un poco de pena escribir algo diferente a lo que ellos me contaban, -con palabras más sencillas y profundas-, pues me parecía que interrumpía el fluir del relato. Esto me hace retomar la perspectiva marxista, según la cual existe una clase que puede percibir al capitalismo como una totalidad. Marx la llamó proletariado, nosotros las llamamos clases subalternas.

En segundo lugar, la economía de las comunidades y su lucha por la tierra, se enfrenta a una lógica de acumulación y de ganancia, por lo que podemos hablar de una economía de resistencia desde el territorio. Es decir, para que sigan siendo, los campesinos e indígenas, requieren de la apropiación de territorio. O como ellos lo llaman: Tierra y Dignidad.

Una tercera dimensión es que no existe una separación entre los elementos materiales y espirituales, pues se comprende que, para vivir en comunidad, hace falta una propuesta que abarque diferentes aristas de la vida en común. 

En cuarto lugar, la ecología y la economía se vuelven a unir, ya que no sólo se actúa conforme a la lógica costo-beneficio, sino sobre los derechos de seres meta humanos, como la madre tierra, percibida como un hogar.

Finalmente, existe una utopía territorializada y no en un más allá temporal, que se manifiesta en la praxis de los actores sociales indígenas y campesinos. Esta utopía es real, aunque está subsumida en las condiciones actuales donde domina el ideal del progreso y la vida urbana. 

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Entender el funcionamiento de los sistemas de producción agrícolas es siempre de vital importancia y su estudio ha sido un objetivo prioritario para la sociedad. En este sentido, se han utilizado diferentes enfoques para comprender los procesos que explican la estructura, funcionamiento y la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos. La Agroecología constituye un enfoque principal, al sostener la validez, importancia y pertinencia de la experiencia comunitaria que se presenta en este artículo, merecedor del tercer premio del Concurso de artículos y ensayos gestionado por el IPDRS el año 2014.

Las Pitias es una pequeña población en la frontera Norte entre Venezuela y Colombia, perteneciente al municipio Guajira. El municipio toma su nombre del territorio ancestral del pueblo indígena americano Wayúu, que en su lengua nativa es llamada Wo'Main (Nuestra Tierra), pero en lengua castellana se le ha denominado La Guajira.

Las Pitias se ubica en la parroquia Guajira, a 12 km al Norte de Sinamaica, su capital, entre la troncal del Caribe y la laguna de Gran Eneal. Está integrada por 124 familias originarias, más otras 134 familias asentadas en las viviendas nuevas, suma un total de 268 casas y una población aproximada de 1340 habitantes.

El Proyecto de Capacitación Agroecológica que constituye el tema del presente artículo se inició en el año 2012, con la participación de 3 estudiantes, impulsado por el profesor Norberto Rincón de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. El proyecto continúa en marcha y ya pueden verse algunos resultados como las aptitudes desarrolladas por las personas y los cambios positivos en los modelos de producción hacia un sistema sostenible.

El concepto clave de capacitación agroecológica permite ampliar los conocimientos y experiencias de los pequeños productores y sus familias con respecto a los enfoques tecnológicos de trabajo, logrando, de esta forma, equilibrar el bienestar ambiental, la equidad social y la viabilidad económica.

De la realidad y su contexto

La región de la Guajira se caracteriza, entre otras cosas, por un sistema de producción agrícola de pastoreo itinerante, con cultivos a pequeña escala, de baja tecnología y de gran rusticidad. Un terreno sometido a muchas limitaciones, en especial las ocasionadas por la escasez del agua.

En general, los wayúu son grandes artesanos y comerciantes, sin embargo, los habitantes de Las Pitias, a diferencia de otras comunidades indígenas, se caracterizan por una marcada vocación agrícola, expresada en la siembra de hortalizas en barbacoas por más de tres generaciones. No obstante, por falta de capacitación han sido poco eficientes en la integración de una estructura de sostén económico y en la posibilidad de constituir un sistema para el aprovechamiento de los recursos biogenéticos locales. Los wayúu no alcanzan a autoabastecerse, situación que se agrava por la reciente construcción de 135 viviendas para el asentamiento de otras tantas familias nuevas en la comunidad, cuyos miembros, por ser de otras zonas, no tienen la misma vocación agrícola.

Otro factor determinante para aumentar la complejidad de la situación que vive este pueblo fronterizo, es el contrabando de extracción que se da a través de la movilización de alimentos imperecederos, víveres y combustible, entre otros. Esto ocurre debido a las políticas económicas adoptadas por el gobierno central de Venezuela, como el control cambiario de la divisa y la regulación de todos los precios de bienes e insumos, lo que hace que cada producto en Venezuela tenga un precio por debajo del costo real de producción. Es así que un mismo producto, tiene un valor entre 500% a 1000% mayor en Colombia que en Venezuela, constituyéndose en una tentadora oportunidad para negociantes inescrupulosos.

En 1996 se inició en Las Pitias la conformación de una organización comunitaria de vecinos. Para entonces, contaban con 34 familias que vivían en 14 ranchos construidos con paredes de arcilla, techos de palma y piso de tierra. Consumían agua de pozos artesanales, se alumbraban con lámparas de kerosén, la mayor parte de las personas eran analfabetas, la desnutrición infantil era bastante alarmante, no existía vialidad y sobrevivían de la pesca, el pastoreo, la siembra de hortalizas y la comercialización de cocos.

Gracias al empuje de su gente y con el apoyo de las políticas participativas del gobierno, se constituyó el Consejo Comunal. Esto permitió la promoción del desarrollo, pero centrado solo en la infraestructura física: tendido eléctrico de 800 metros con seis transformadores, alumbrado público, una Aldea Universitaria, un centro clínico nutricional, la construcción de una casa comunal de 220 m2, un terraplén como vía principal y 135 nuevas viviendas.

Justificada necesidad

La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de todos los pueblos, en especial los que se encuentra en condición de riesgos, es fundamental como política de Estado y como necesidad de la propia población. En este sentido, es imprescindible asumir acciones que consoliden la construcción de una estructura social incluyente y un modelo agroecológicamente productivo, humanista y endógeno; centrado en el ser humano y sus capacidades, potenciadas a través de un plan de capacitación familiar y comunitaria, y la difusión de innovaciones tecnológicas.

Con la ejecución de este proyecto se ha promovido la participación protagónica de la comunidad indígena en el fomento de su propio desarrollo, a través de un sistema producción agroecológica – sostenible – comunitario, que permita elevar la calidad de vida de sus habitantes. Así como la realización de actividades de integración comunitaria, en alianza articulada con otras iniciativas de gestión y de las actuales políticas públicas como: misión árbol, todas las manos a la siembra, patios productivos, entre otros.

Con la ejecución del proyecto se espera promover el desarrollo de la agricultura familiar en las comunidades indígenas de la etnia wayúu, a través de un sistema de producción agroecológica sostenible y comunitaria. Las actividades consisten en la producción de biofertilizantes en composteros y hortalizas en barbacoas suspendidas. Los composteros son tablones cavados en la tierra o construidos por encima, para albergar desechos orgánicos que mezclados con tierra y agua fermenten formando el compost. Las barbacoas suspendidas son estructuras elaboradas a partir de madera, materiales reciclados o bloques de cemento diseñadas para albergar un sustrato a base de arena y utilizada para cultivar determinadas especies vegetales de poco crecimiento, en su mayoría hortalizas.

Ambos procedimientos permiten producir vegetales para el  autoconsumo y disminuir los gastos en la alimentación básica, así como mejorar la calidad de vida, integrar la comunidad y contribuir a la reducción de las actividades ilícitas de contrabando de extracción conocido como Bachaqueo.

En la gestión del proyecto se asumieron dos acciones específicas. En primer lugar, caracterizar el sistema conformado por los pequeños productores de hortalizas y otros cultivos vegetales como frutales y plantas medicinales, considerando los aspectos sociales, ambientales, económicos y tecnológicos. En segundo lugar, capacitar a las y los pobladores para la constitución de un sistema de pequeñas granjas integrales, utilizando la producción endógena de biofertilizantes en composteros y hortalizas, y otras especies vegetales en barbacoas suspendidas o canteros.

Los efectos previstos del Proyecto en lo social son promover la participación protagónica de todos los miembros de las comunidades, a través de los talleres participativos, cursos y conversatorios, como sujetos de su propio desarrollo.

En el área ambiental se trata de incentivar un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable, garantizando la administración de la biosfera para la producción de beneficios, con recursos y germoplasmas locales. Para esto se ha sensibilizando a los pequeños productores, agricultores, amas de casa, jóvenes y a la comunidad en general sobre el uso eficiente de los recursos naturales.

Y en lo económico, se pretende disminuir los gastos en la alimentación básica de vegetales y la generación de ingresos económicos por la venta de los excedentes.

De la realidad a la esperanza

En las condiciones actuales la sociedad exige una instrucción de valores agrícolas con la cual se desarrolle el potencial de la creatividad, así como la capacidad de crear recursos naturales que favorezcan la seguridad ambiental y alimentaria. Esto constituye el pensamiento de largo plazo del trabajo del Proyecto, por lo cual hubo que llevar adelante programas de capacitación agroecológica con los productores del sector, dando prioridad a sistema de producción de carácter sustentable.

Las y los participantes debían tener bien clara la problemática existente y poder establecer pequeñas granjas integrales agrícolas rentables, usando técnicas de producción que no destruyan el ambiente, fáciles de aplicar y accesibles a todo productor desde el punto de vista económico.

Para llevar adelante el proceso se elaboró un diseño curricular educativo con el "enfoque por competencias", que exige que los estudiantes de agronomía sean capaces de vincular su formación con las actividades propias del sector y articularse con la comunidad del entorno.

El vínculo entre universidad y comunidad tiene el fin de establecer una relación activa a través de la cual las y los estudiantes puedan actuar como elementos promotores del desarrollo, mediante la conducción de un proceso educativo que, además de fomentar entre los productores la valoración de su trabajo, les proporcione conocimientos sobre la necesidad de impulsar un nuevo tipo de agricultura, que permita alcanzar metas de soberanía agroalimentaria para obtener mejores cultivos y buena producción como contribución a sus familias, el Estado y el país.

De igual forma, las familias productoras son sujetos y objeto de estudio, pues son ellos los protagonistas de un proceso educativo mediante el cual recibirán los conocimientos a través de programas de capacitación agroecológica, a partir de las necesidades identificadas en los talleres de diagnóstico participativo.

El proceso planteó varios desafíos, especialmente en la posibilidad de contribuir a la calidad del ambiente, la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y la reducción del contrabando. Esta capacitación sobre la agricultura orgánica brinda la oportunidad de combinar conocimientos tradicionales ancestrales que poseen los pequeños productores con la ciencia moderna biológica, genética, molecular y tecnología de producción.

El método de trabajo utilizado en el Proyecto corresponde a la investigación de campo de nivel descriptivo, con un diseño no experimental, ex-post-facto; explicado por Roberto Hernández Sampieri en el libro “Metodología de la Investigación” en su quinta edición por la editorial McGraw Hill. Inicialmente se analizó un conjunto de variables existentes que inciden en el desarrollo sostenible del sistema de producción agroecológica, luego se diagnosticó y caracterizó la situación de los productores y sus familias, identificando sus necesidades de capacitación.

En el diagnóstico se consideraron aspectos sociales estudiando los principales rasgos de identidad individual y colectiva;  ambientales, identificando los recursos y germoplasma locales y detectando los distintos grados de vulnerabilidad y riesgos ambientales; económicos, para visualizar los factores productivos de mayor eficiencia, así como la estructura de la economía social del actual modelo productivo, y tecnológicos, al describir los niveles de tecnología alcanzados por los productores participantes, haciendo especial énfasis en las innovaciones aplicadas para la producción agrícola.

Una fuente principal de conocimiento fueron los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas, considerados como datos primarios por ser información obtenida presencialmente de las y los productores y en su contexto real.

El trabajo contó, además, con el respaldo teórico de análisis de conceptos y de las variables por medio de la revisión bibliográfica y de otras fuentes que proporcionan información del objeto de conocimientos. La argumentación fue utilizada como referente teóricos y se consideraron, complementariamente, otras fuentes secundarias.

A lo largo de la gestión del proyecto se ejecutaron nueve actividades de capacitación, entre cursos, talleres y conversatorios, en los que participaron 212 personas (115 mujeres y 96 hombres); 16 actividades de asistencia técnica con la participación de 128 productores (72 mujeres y 56 hombres) y cuatro actividades comunitarias, como jornadas sociales y ferias del volantín, llegando a 429 personas. El  total de beneficiarios asciende a 779 hombres, mujeres y niños.

Comprendiendo el enfoque agrícola familiar

La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar campesina indígena y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural sostenible. La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola: vegetal, animal, forestal, pesquera, pastoril y acuícola, gestionada y operada por una familia y depende principalmente de la mano de obra del grupo familiar, incluyendo a mujeres como a hombres, adultos mayores, jóvenes y niños.

Tanto en países en desarrollo como en los desarrollados, la agricultura familiar es una de las formas predominantes de agricultura en la producción de alimentos. Particularmente en Venezuela hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de la agricultura familiar, como, entre otros, las condiciones agroecológicas y las características territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a la financiación, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales o la disponibilidad de educación especializada.

A través de las actividades realizadas se ha observado un cambio en el sistema de vida de la comunidad, en el cual la agricultura ecológica familiar adquirió mayor relevancia desde diversos enfoques observándose mayor dedicación y mejores resultados. De aplicarse el modelo sustentable en toda la región, la calidad de vida de muchos de sus habitantes incrementaría mejoras en un amplio rango.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El autor del presente trabajo obtuvo el segundo premio de la categoría artículos en el Concurso sudamericano Alimentos y pensamientos, siempre en agenda. El texto define con sus principales elementos constitutivos el concepto de Agricultura familiar y luego, usando información de fuentes secundarias, compara hechos del área en varios países de la región y valida su argumentación respecto al papel social y económico de la AF en Sudamérica. El Comité calificador destacó especialmente la perspectiva regional del artículo y su argumentación.

Al tratar de conceptualizar la Agricultura Familiar (AF) en América Latina se pueden encontrar más    de diez definiciones, que difieren según las variables analizadas, como por ejemplo, el país donde se realice el estudio e incluso al espacio geográfico particular al que nos estamos refiriendo. Además de las tipologías establecidas como campesina, comunitaria, de subsistencia o en transición, que dan     otras connotaciones y mayor densidad al significado básico.

Cada país maneja su propia visión de AF, lo cual permite respetar las características locales, en estos conceptos existen ciertos puntos en común que a continuación se detallan.   

En primer lugar, la parcela de producción, explotación o unidad productiva no sólo es un lugar de   producción, sino que además se ha convertido en un espacio donde la familia desarrolla sus    actividades en relación con el medio ambiente y, por otro lado, las niñas y niños aprenden  actividades  agrícolas y mantienen contacto directo con la  naturaleza.

En segundo lugar, predomina la mano de obra familiar. La jefa o el jefe de la unidad productiva cumplen el papel de administradores y no solo forman parte de la mano de obra.      

Los ingresos provienen de la unidad productiva, pero pueden existir otras fuentes de ingreso no agrícolas. En países como Brasil y Chile se han aprobado leyes que consideran agricultores familiares, a quienes generan sus ingresos principalmente de la actividad agropecuaria.

En tercer lugar, el tamaño de la unidad productiva se considera pequeño en términos generales. La extensión, sin embargo, dependerá del país y de la zona específica en análisis. Por ejemplo, en las zonas costera y amazónica de Ecuador, se considera AF a explotaciones menores a 50 hectáreas, mientras que en la zona de la sierra se trata de explotaciones menores a 10 hectáreas. En Chile se considera AF aquellas explotaciones que no superan las 12 hectáreas de riego básico, concepto que identifica superficie bajo riego con adecuada potencialidad de producción.   

Factores de apoyo a la producción

Con mirada retrospectiva puede afirmarse que el hecho de no tener un concepto claro y relativamente homogéneo de AF ha sido uno de los condicionantes que por décadas permitió la dispersión de iniciativas y duplicación de esfuerzos, por lo cual, pensando en futuros esfuerzos particulares y conjuntos en la región de Sudamérica será prioritario establecer un concepto común que permita fortalecer la comprensión de la AF, al mismo tiempo que se respeten las particularidades de cada     localidad.

La importancia de la AF para América del Sur se expresa también en cifras, ya que representa el 82% de las explotaciones agropecuarias en la región, lo que significa hasta un 67% de la superficie agropecuaria de cada país. Es uno de los pilares en la producción de alimentos, ya que abastece hasta en un 67% los mercados locales, generando más de 60 millones de puestos de trabajo, según mencionan CEPAL, FAO e IICA en su informe 2013. Estas cifras (Figura 1) muestran la relevancia que    tiene la AF y por qué debería ser una de las prioridades en las agendas políticas de nuestros países.

Laimportancia de la AF en la región ha promovido varias iniciativas para potenciar el sector y dotarlo de infraestructura, tecnología y factores de producción adecuados y, con un objetivo aún mayor, mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Lastimosamente, los esfuerzos realizados para fomentar un desarrollo adecuado de la AF no son, hasta ahora, suficientes, todavía el 66% de la pobreza global se ubica en zonas rurales, en donde la mayor parte de la población son agricultores familiares.

Los limitantes que han impedido la consolidación de la AF se encuentran a lo largo de toda la cadena productiva, el débil marco político e institucional diferenciado para la AF y no dimensionar de manera adecuada los problemas del agricultor familiar.

Todo eso causa inestabilidad política, social y productiva produciendo el efecto de 47 millones de personas que todavía padecen hambre en América Latina y el Caribe. Se trata de personas que podrían cubrir sus requerimientos nutricionales si se mantuvieran los niveles productivos actuales, se   mejorara el acceso a los mismos y se evitará el desperdicio de alimentos.

Se ha calculado que cada año se desperdicia más del 15% de los alimentos disponibles en América del sur, lo cual refleja la fragilidad de los sistemas productivos y alimentarios, en los que participa en gran porcentaje la AF. Según la FAO, del total del desaprovechamiento de alimentos, el 28% se da en la producción, 22% durante el almacenamiento o manejo y el 17% en la distribución o venta. En todas las etapas el pequeño agricultor familiar está involucrado de forma directa.

La agricultura familiar de cada día

Poco a poco la sociedad se ha insensibilizado frente a las estadísticas regionales sobre AF, por ello, para mejorar la apreciación del tema en la región es necesario replantear el problema global     dándole un enfoque local. Un ejercicio revelador es que, si a cada comida en nuestros respectivos países le restamos los alimentos provenientes de la AF, desaparecería el 64% de carne de cerdo en Argentina, el 94% de producción caprina en Chile, el 93% de banana en Paraguay y el 80% de hortalizas en Uruguay.

En la siguiente figura se representa la importancia de la AF en el abastecimiento de ciertos productos  de consumo diario en Brasil, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Estos casos, que  son similares en toda la región, denotan lo imprescindible que es el trabajo del agricultor familiar en la alimentación básica de sus respectivos países.

Productos como el feijão (fréjol o frijol) en Brasil o la mandioca en Paraguay, que son básicos en la dieta alimenticia, dependen en un 70% y 94% respectivamente del trabajo de agricultores familiares y, en ambos casos, la producción láctea se vería afectada en más de 50% si la AF dejaría de producir. En los casos de Bolivia y Ecuador, el abastecimiento de alimentos como la papa dependen de la AF en un 100% y 64% respectivamente, y el maíz en 70% en ambos casos. Ambos productos básicos en la dieta de estos países andinos. 

Para las y los agricultores, la importancia de ser responsables de la producción de estos alimentos Va mucho más allá de las cifras. Si bien los porcentajes representan provisiones y abastecimiento de    los mercados locales, indirectamente intervienen en la competencia de precios, en la nutrición y satisfacción del consumidor y en mantener un ritmo de vida adecuado. Por ello, su falta o deficiencia tienen efectos no solo alimenticios, sino que además afectan al correcto funcionamiento de la sociedad. Por esto, podríamos mencionar que la agricultura familiar es la base y permite el correcto funcionamiento de los sistemas sociales y políticos actuales.

Con estos datos, se recalca aún más la importancia de la AF, por lo cual se debe volver a mirar el campo, en especial al pequeño productor como el encargado de llenar de alimentos nuestra mesa.   Las nuevas generaciones deben encontrar las oportunidades que ofrece la AF en América del Sur a través de sistemas productivos de pequeña escala y con ciertas innovaciones, que evolucionarían      generando un mayor impacto para el propio sector y para la sociedad en general.

Es por eso que las soluciones a los problemas actuales deben arrancar con cambios ligeros, reconociendo que tras la AF se encuentra un grupo heterogéneo de recursos y personas. Se debe trabajar en innovaciones sencillas, que den respuesta a eslabones específicos de la cadena productiva, pensando en pequeña escala, que sirvan a agricultores de manera individual y que puedan ser replicados en grupos más grandes de productores. La solución a los conflictos permitirá mejorar el abastecimiento de alimentos en nuestros países e impulsar la seguridad alimentaria con énfasis en la ruralidad.   

El pilar de la seguridad alimentaria

La AF se ha convertido en una de las principales fuentes de producción de alimentos y se han aplicado varias estrategias para vincularla a mercados estables, entre las que destacan los programas de compras públicas, como en el caso de Ecuador y Brasil. Brasil impulsó una ley que establece que el 30% mínimo de fondos públicos será destinado para la compra de alimentos provenientes de la AF entregados a través de programas de alimentación escolar. Además, destacan los programas de inserción en cadenas de valor como los programas de Chile o Colombia, que promueven la agricultura familiar como la principal fuente proveedora de materias primas para la agroindustria.

Pero aún con estos programas resulta escaso el acceso a mercado por parte del pequeño agricultor. Mientras haya mayores oportunidades para comercializar de manera justa sus productos, se dinamizarán otros eslabones de la cadena para satisfacer la demanda existente, lo que conllevará una mayor disponibilidad de alimentos de calidad a precios adecuados, reactivando así las economías rurales y recuperando el interés perdido de trabajar en el campo por parte de la juventud rural.

Esto no se puede conseguir sin un marco político adecuado, diferenciado y justo, pasando de Ministerios de Agricultura que velan por la producción a Ministerios que velan por la producción y la alimentación de la población, en donde los afectados directos y la sociedad civil en general se vean involucrados y participen en la construcción de políticas y programas, que promuevan la comercialización con un nuevo enfoque de la pequeña agricultura.

Por otro lado, la iniciativa prioritaria para fortalecer la AF y garantizar la seguridad alimentaria en la región deberá ser la promoción de mercados formales e informales de alimentos que vinculen de manera directa al pequeño productor con el consumidor, para lo cual se deberá concientizar a ambas partes generando una cultura de compra directa, en donde se priorice el abastecimiento de   productos de calidad y el uso adecuado de los mismos.

Finalmente, con la apertura de la oportunidad comercial para la AF se le otorga una visión a futuro diferente, se promueve el acceso, uso, establecimiento y la disponibilidad de alimentos en las Américas, de manera eficiente, aportando a una agricultura de respeto y preservación de los recursos naturales. 

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La agricultura familiar campesina suele verse fundamentalmente como un asunto de producción y, escasamente, de comercio. Sin embargo, se quiera reconocer o no, sus sujetos están insertos de diversa forma en los mercados. Y aquí entran los consumidores como una dimensión imprescindible de considerar. La autora del presente artículo, primer premio en el Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en Agenda, 2014,  nos habla del papel de las y los consumidores en la inclusión exitosa de la agricultura familiar en el mercado.

Actualmente la pequeña agricultura se enfrenta a una serie de desafíos, que se enmarcan dentro de un escenariode alta disparidad en la distribución de la tierra, de marcados niveles de pobreza rural y de una decreciente y degradada base de recursos naturales.

Hay consenso general a nivel internacional respecto a que la globalización -y el consiguiente modelo de agricultura convencional- han favorecido especialmente al sector agrícola comercial a gran escala y no a la gran masa de campesinos, como señalan en sus informes anuales instituciones como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por ello, los efectos sobre la pequeña agricultura son amplios, abarcando, entre otros,  aspectos tan diversos comola pérdida de la importancia de los cultivos de subsistencia, el predominio de la agricultura empresarial capitalista altamente dependiente de insumos externos y tecnología y el de la fuerza de trabajo asalariada temporal, la creciente urbanización, el papel residual de la economía campesina, las migraciones del campo a las ciudades y la consecuente disminución del carácter agrario del ingreso de los campesinos.

De esta forma, la realidad del medio rural sudamericano se manifiesta de forma dicotómica. Por un lado, tenemos un sector dominado por empresas que son la base exportadora de cada país, con moderna tecnología y capacidad de innovación. Por otro, tenemos a la pequeña agricultura, con escaso capital y tecnología, pero que mantiene una estrecha relación persona-tierra, con características culturales y sociales bien definidas relacionadas al trabajo familiar, la solidaridad comunitaria y la predominancia de población indígena que condiciona la adopción de conocimientos ancestrales. Es este segmento el que se asocia con los índices de pobreza de las zonas rurales y el que se encuentra ante un futuro incierto y cada vez más constreñido.

La inclusión de la agricultura familiar en los mercados

A pesar de la importancia que representa la agricultura familiar campesina como abastecedora de alimentos y generadora de empleo en las zonas rurales de Sudamérica, se trata de un sector empobrecido. El carácter altamente competitivo de las fuerzas de mercado que operan actualmente, así como las tendencias observadas y proyectadas de la población campesina por parte de organismos internacionales del área, permiten concluir que las probabilidades efectivas de que los campesinos pobres de la región puedan salir masivamente de la pobreza son muy bajas, de no contar con políticas y estrategias claras y sectoriales.

En este contexto, no es de extrañar que los pequeños productores agrícolas tengan grandes dificultades para insertarse en los mercados. No sólo porque son demasiados los riesgos a los que deben enfrentarse, sino también porque no cuentan con las herramientas, conocimientos e insumos que los harían competitivos frente a la agricultura convencional. La FAO ha señalado reiteradamente que su presencia es minoritaria en los mercados formales e informales, así como su inserción en las cadenas de valor y en las ventas a agroindustrias y en la agricultura de contrato.

En este escenario, se propone que la reducción de la pobreza rural y, por ende de la pobreza al interior de la agricultura familiar campesina, debe orientarse al desarrollo de la agricultura comercial a pequeña escala, cumpliendo con determinados requisitos, por ejemplo su éxito depende de que la producción se oriente a satisfacer las demandas del mercado actual; estableciendo inteligencia de mercado propia y apuntando a generar datos de calidad y accesible a los agricultores, quienes actualmente no cuentan con los recursos, herramientas y conocimientos apropiados para aumentar su competitividad frente a la agricultura a gran escala (FAO. 2014).

Por consiguiente, los consumidores juegan un rol trascendental para permitir la inserción o inclusión de los pequeños agricultores en los mercados formales, al preferir y, por ende, consumir este tipo de productos. Por otro lado, instituciones públicas y privadas, también son imprescindibles, pues su rol es el de estudiar y entregar información acerca de las preferencias de los consumidores a los agricultores campesinos.

Sellos: una alternativa de comercialización para la agricultura familiar

Una de las alternativas más ampliamente estudiadas y desarrolladas para diferenciar ante los ojos de los consumidores a los productos provenientes de la agricultura familiar campesina a nivel mundial es la adopción de marcas o sellos que certifiquen y aseguren un determinado atributo de estos productos, dándoles ventajas comparativas que permitan a los pequeños productores insertarse en los mercados a través de la valoración de atributos específicos para los consumidores.

Por consiguiente, los sellos se transforman en una estrategia de comercialización que apela directamente a los consumidores, brindando información, destacando características de los productos, captando la atención pública y garantizando que un organismo certificador competente verificó la existencia de las características representadas por el sello.

Es así como gobiernos e instituciones a nivel mundial han promovido la utilización de denominaciones que destacan distintos atributos para promover la preferencia de los consumidores, tales como el origen campesino, ubicación geográfica, métodos de producción amigables con el medio ambiente o ligados a una determinada cultura o etnia, beneficios para la salud, estándares de calidad, etc.

En Sudamérica, resaltar mediante un sello de calidad características diferenciadoras de este tipo de productos aún es una práctica incipiente. Algunos ejemplos a nivel nacional son el “Sello de Origen” y “sello Orgánico” en Chile; el sello de “Producción Integrada” y “Sello Orgánico” en Argentina; “Alimentos con sello Campesino” en Colombia o el sello “Hecho en Bolivia. Consume lo nuestro” en Bolivia, además de otros en el resto de los países de la región.

La opinión de los consumidores

Pese a los esfuerzos destacados, todavía es escasala información con respecto al comportamiento o las preferencias de los consumidores sudamericanos por productos campesinos. Hasta la fecha, la información disponible señala que, si bien los consumidores se muestran dispuestos a adquirir este tipo de productos, no siempre están dispuestos a pagar un sobreprecio por ellos.

Por lo demás, estudios realizados en Chile, Argentina y Brasil señalan que los consumidores se muestran dispuestos a preferir este tipo de productos siempre que se cumplan ciertos estándares, como que se trate de productos funcionales, de calidad y origen campesino certificado. Ello se explicaría porque, para los consumidores, el criterio predominante al momento de elegir sus alimentos está relacionado con los beneficios para su salud y la de sus familias, lo que se expresa en buena calidad, presentación adecuada, inocuidad y valor nutricional de los productos de origen campesino. Es así como en Sudamérica la agricultura campesina, relacionada a métodos de producción libres de químicos, es asociada por los consumidores con la producción de productos sanos, naturales, nutritivos y sabrosos. 

Por otro lado, la importancia que dan los consumidores a la certificación refleja la necesidad de diferenciar los productos campesinos de aquellos provenientes de la agricultura a gran escala, los cuales muchas veces utilizan publicidad engañosa, además de no tener grandes diferencias en cuanto a su aspecto con aquellos provenientes de la agricultura a pequeña escala.

Considerando este escenario, es que se hace necesario fomentar la promoción de aspectos que hacen a los productos campesinos competitivos e incluso mejores que los industrializados a los ojos de los consumidores, tales como sus características organolépticas, su funcionalidad, origen local y origen campesino en general. Por consiguiente, la preferencia de los consumidores por productos campesinos está supeditada a que sean funcionales, de calidad y origen campesino certificado.

La responsabilidad de los consumidores

A pesar de que para la mayoría de los consumidores lo que motiva su compra es su propio beneficio, actualmente comienza a destacar un segmento de consumidores de alimentos que no sólo se preocupan por la forma como se produce el alimento que adquieren, sus características físicas, presentación, precio o calidad, sino también por quiénes se benefician de su compra.

Esta inquietud ha sido denominada como consumo ético o responsable por Harrison etal., y la manifiesta un tipo de consumidor que no sólo consume para satisfacer sus necesidades, sino que considera los efectos de su consumo sobre su entorno social y natural, siendo valores sociales e incluso emocionales o políticos los que motivan su compra.

Esta transformación en el consumo surge, entre otras razones, como consecuencia de las desigualdades y tensiones vinculadas a la globalización económica y el surgimiento de nuevos estilos de vida, en los que el consumo es parte dela construcción de las identidades individuales y grupales, además de buscar influenciar y ayudar a otros con estándares de vida menores.

De este modo, el consumo responsable se transforma en un componente de mercado, el cual posibilita la inclusión de la agricultura campesina en el comercio, favoreciendo la generación de ingresos por parte de los agricultores familiares campesinos. Dicho comportamiento podría ser promovido por los agentes responsables (instituciones internacionales, públicas o privadas), que destaquen un tipo de consumo diferenciado, el cual apela a la responsabilidad de los consumidores al momento de elegir sus alimentos, quienes aportarían a la mejora de los ingresos de un sector empobrecida, además de una sociedad más justa.

Sin embargo, ya sea promocionando aquellas características valoradas y preferidas por los consumidores o apelando a la responsabilidad de éstos, la agricultura familiar campesina que desea insertarse en los mercados y generar ingresos en base a esta actividad, debe considerar las preferencias y actitudes de los consumidores al momento de vender sus productos. Por ello, las instituciones públicas y privadas de apoyo a la agricultura campesina deben proporcionar información y recomendaciones de mercado claras y precisas, que posicionen en la mente de los consumidores a la agricultura campesina, los beneficios de sus productos y los beneficios sociales que implica su preferencia.

La alimentación y sus repercusiones nutricionales durante la etapa infantil son motivo de atención por padres de familia y educadores, al ser cruciales y determinantes dentro del desarrollo fisiológico y en el desempeño escolar de los niños. En el plano social, la alimentación es uno de los primeros procesos educativos de socialización y una extensión del contexto familiar respecto a la mentalidad sobre los alimentos y el hecho de alimentarse. Sin embargo, es difícil encontrar estas reflexiones más allá de los ámbitos muy especializados. Por eso resulta particularmente interesante el artículo que nos propone en esta oportunidad la antropóloga Claudia Terrazas.

En muchos casos, la alimentación escolar conserva y amplía muchos de los valores y significados adquiridos dentro de la alimentación familiar a la vez que puede, en ocasiones, contradecirlos (Nutrición y Alimentación en el ámbito escolar. J. Contreras et. al., 2012). En tal sentido, los hábitos y las costumbres alimentarias de la familia resultan de suma importancia. Por ello, la infancia es uno de los espacios donde se reproducen las preferencias alimentarias básicas por las que optan los miembros de las familias en los hogares, lo que en ocasiones puede producir efectos positivos como negativos en la nutrición y el estado de salud de los niños y niñas en edad escolar.

Por otro lado, en los procesos de alimentación intervienen varios factores e instituciones, que van desde los miembros de la familia hasta las políticas de gobierno, pasando por los servicios de salud, el mercado de alimentos infantiles, la escuela e incluso prácticas socioculturales de crianza (Contribución a la comprensión de la alimentación infantil. Salas et.al., 206:257).

Por esas razones, entre varias otras, definir cuáles son los mejores criterios que contribuyen a mejorar la alimentación escolar es un tema complejo. Pese a ello, hay varios aspectos sobre los cuales se puede dialogar.

Compromisos que se van gestando

Las iniciativas de algunos países de la región se conjugan con manifestaciones en diferentes instancias internacionales que vislumbran nuevos compromisos  para mejorar la calidad nutricional y regular el consumo de comida chatarra en los recintos escolares.  Estas apuestas se materializan con la creación de leyes, decretos y programas y, en muchos casos, la puesta en discusión del tema dentro de las agendas gubernamentales, para promover una alimentación saludable además de la prevención de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

Acciones similares se visualizan a través de la regulación de la venta de productos en los recintos escolares, así como de la incorporación de alimentos saludables en su oferta. Distintos nombres definen a esta iniciativa, uno de los más difundidos es el de “kioscos saludables”, instalación de puestos especiales de venta de alimentos para la población escolar, que van acompañado de otras acciones, como la regulación en el contenido de las etiquetas, control de la publicidad alimentaria e impuestos especiales para este tipo de comida.

Kioscos saludables y la guerra contra la comida chatarra en Perú

En 2012 el Ministerio de Salud del estado peruano, a través de la resolución 908, estableció la aprobación de una lista de alimentos saludables para incorporarlos en los kioscos de los centros educativos. Entre estos alimentos figuran los cereales, las frutas y las verduras, y comestibles envasados que cuenten con registro sanitario y tengan bajo contenido en grasa, azúcares y sal.

El paraguas de esta resolución fue la oficialización de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, inmediatamente nombrada por los medios de comunicación como “Ley de la Comida Chatarra” que estableció entre sus principales alcances retirar de los kioscos de las escuelas los productos procesados además de incorporar una serie de candados a la publicidad que promueve el consumos de alimentos con alto consumo de azúcar, sal y grasas.

Uruguay y la promoción de hábitos alimenticios saludables

El año 2014 el gobierno uruguayo emitió resoluciones que prohíben y suprimen la comida chatarra dentro de las escuelas públicas. El proyecto se estuvo tratando desde el 2012, en el marco de la Ley N° 19.140, que establece la protección de la población infantil y adolecente que asiste a los establecimientos escolares públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables. 

Las acciones supervisadas por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y la administración Nacional de Educación Pública, incluyeron el desarrollo de una lista de alimentos convenientes para vender en las instituciones educativas, y entre los que figuran jugos naturales, postres elaborados con leche, frutas y cereales.

Brasil y la regulación en los comedores escolares

El Senado de Brasil dio el visto bueno a un proyecto de ley mediante el cual se prohíbe vender comida “chatarra” en los colegios públicos, como una forma de disminuir los altos índices de obesidad infantil que confronta ese país.

La norma, que debe ser aprobada también por la Cámara de Diputados, se propone sancionar a los comedores escolares que vendan bebidas con bajo contenido nutricional, alimentos muy azucarados o con mucho sodio y grasa saturadas.

Ecuador y el sistema de etiquetado de los alimentos

El gobierno ecuatoriano implementó un sistema de etiquetado con información nutricional que entró en vigencia en noviembre del año 2013, con el fin de dar a conocer de forma clara el contenido nutricional de los alimentos.

El método está inspirado en las luces de los semáforos, señalando con un círculo rojo los altos niveles de sal, azúcar y grasa. La medida se complementa con regulaciones respecto a la publicidad de los productores industriales de alimentos que suelen emplear imágenes de animales, caricaturas, personajes y celebridades para promover productos con alto contenido de sal, azúcar o grasa.

Los mensajes educativos, en cambio, muestran una clasificación que establece tres grupos: alimentos y bebidas naturales o mínimamente procesados, alimentos procesados envasados que cumplan con los límites establecidos en cuanto al contenido calórico y nutrientes y alimentos de preparaciones envasadas en el punto de venta. Todo ello establece que, más que limitar la venta de los productos a la venta, se trata de establecer cómo y en qué cantidades éstos deben consumirse.

Complementariamente existe la medida de entregar a los alumnos bandejas alimenticias, para que los menús cumplan con los lineamientos que marca la Ley. Complementariamente, se recomienda suprimir los saleros de los comedores de los centros educativos, evitando que las y los consumidores agreguen condimentos a los platos ya elaborados. Por otro lado, en coordinación con los padres de familia, se intenta regular que las y los niños no lleven a la escuela alimentos prohibidos en la lista, fomentando, en cambio, el consumo de frutas y otros alimentos sanos.

Chile y el sistema de etiquetado con información nutricional

En el caso chileno también existe una regulación de la rotulación, comercialización y la publicidad de los alimentos procesados, a través de la promulgación de la Ley Nº 20.606 de Composición de los Alimentos y su Publicidad, más conocida como la Ley Súper 8, que entró en vigencia el año 2013. El nombre de la Ley hace referencia a un chocolate chileno tradicional que es consumido especialmente por los escolares.

A comienzos del año  2014 se definió que los productos calificados como poco saludables deben llevar en su envase una etiqueta que alerte a los consumidores. La nueva Ley de etiquetado de alimentos también regula la publicidad y ganchos comerciales.

Entre los mayores impactos de la Ley está que todo lo que sea rotulado como alto en sodio, azúcar, energía o grasas saturadas no podrá venderse en los kioscos de colegios de educación básica, media  y parvularia. 

Manual de Kioscos saludables en Argentina

En Argentina, la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles,  en coordinación con el Ministerio de Educación, presentó el año 2013 un Manual de Escuelas Saludables, con el objetivo de que se transforme en una herramienta educativa y de auto regulación de los establecimientos educativos y que sea, al mismo tiempo, soporte de legislaciones provinciales.

El manual contienen recomendaciones sobre qué productos ofrecer, cuáles no y cuáles pueden ofertarse pero bajo determinadas condiciones dentro. Esta iniciativa se encamina hacia un proyecto de ley sobre kioscos saludables. Entre los mayores impactos de la Ley está que todo lo que sea rotulado como alto en sodio, azúcar, energía o grasas saturadas no podrá venderse en los kioscos de colegios de educación básica, media  y parvularia. 

Bolivia, iniciativas a nivel municipal: Recreo saludable

En el caso boliviano, la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNASE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, puso en marcha el programa piloto "Recreo saludable”, por el cual un día a la semana los kioscos de las escuelas deben vender frutas.

El año 2013 se implementó el programa de forma generalizada, con el objetivo de incentivar los consumos de alimentos nutritivos durante uno o dos días a la semana, para mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes. Para reforzar el programa, a los dueños de kioscos se les imparten talleres sobre la buena nutrición de los escolares.

El programa se implementa con la conformación de una comisión de personas especialistas en nutrición y salud, quienes organizarán y monitorearán el cumplimiento de la jornada del recreo saludable. De igual manera, se trabaja actualmente en un proyecto de normativa que regule la venta en kioscos, tanto dentro como fuera de los recintos escolares.

De la casa a la escuela: principio de responsabilidad

Las iniciativas mencionadas son avances que merecen seguimiento, porque aunque son  iniciativas interesantes, aún son parciales y deben ser acompañadas por otras instancias y actores. En tal sentido, la responsabilidad, que en ocasiones recae solamente en el sistema escolar, debe ser  compartida por los padres o los miembros de la familia encargados del cuidado de los niños. Complementariamente, es fundamental la responsabilidad empresarial, ya que los contenidos de la  publicidad son determinantes en la conformación de hábitos alimenticios perjudiciales para los escolares.

Una alimentación escolar pensada desde lo nutricional en complementariedad con el contexto sociocultural y acciones enfocadas en la incorporación de nuevas preparaciones debieran también proponer la revalorización de las preparaciones locales. Asimismo, queda como tarea pendiente la propuesta educativa  de integrar a la curricula temas relacionados con la alimentación y su importancia para el desempeño escolar y la salud de los escolares.

La tarea es ardua, ya que estamos bombardeados por publicidad alimentaria que privilegia el consumo y busca reducir el gasto en la producción de alimentos, criterios que se anteponen a cualquier requerimiento nutricional en favor de  la salud. Quedan pendientes investigaciones respecto a las prácticas alimentarias en los recintos escolares y sobre la influencia de los factores socioculturales que complementan la tendencia de los estudios con enfoque médico y económico que muy pocas veces explican el porqué de determinados hábitos alimentarios.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Entre el 12 y el 14 de noviembre de 2014, en la ciudad peruana de Puerto Maldonado, se llevó a cabo un conversatorio entre múltiples actores denominado “Dinámicas transfronterizas y modelos alternativos de desarrollo en la Amazonía” organizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en Bolivia y por CARITAS Madre de Dios en Perú, dentro del marco del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, con el propósito de reflexionar acerca de los problemas y los retos a los cuales se enfrentan las poblaciones y los territorios fronterizos, particularmente aquellos que conforman la triple frontera amazónica de Bolivia, Brasil y Perú. El presente artículo pretende, en base a lo discutido en dicho evento, describir algunos de los principales problemas que enfrenta esta región y argumentar algunas preguntas y desafíos que surgen a partir de este debate.

La Amazonía transfronteriza entre Bolivia, Brasil y Perú, desde una perspectiva más o menos compartida, está compuesta por el Estado del Acre en Brasil, especialmente los municipios del Alto Acre; el departamento de Madre de Dios en Perú, y el departamento de Pando y la parte norte de los departamentos de La Paz y de Beni en Bolivia. La zona de triple frontera abarca alrededor de 40 millones de hectáreas donde vive más de un millón de personas distribuidas en cuatro ciudades principales: Rio Branco en el Brasil, Cobija y Riberalta en Bolivia y Puerto Maldonado en el Perú, además de varias ciudades intermedias y una importante población en el área rural.

La región se halla determinada por una serie de políticas de desarrollo y patrones de uso y aprovechamiento de la tierra y otros recursos naturales que en general, son similares para toda la gran Amazonía de Brasil, Perú y Bolivia.

En los tres países la Amazonía ocupa la mayor parte del territorio nacional (75%, 58% y 74% para Bolivia, Brasil y Perú, respectivamente) y dada su condición de macro cuenca, lo que sucede en un país tiene impactos en los otros, siendo más visible esta situación cuando se trata de agua.

A pesar de que en los tres países varios pueblos indígenas han gestionado y consolidado territorios amazónicos y es posible encontrar importantes áreas establecidas como reservas y zonas de conservación ambiental existe, a la vez, una significativa cantidad de concesiones forestales y explotaciones ilegales de madera. Tal situación se ha visto profundizada en los últimos años debido a nuevos procesos de asentamientos humanos con diversos niveles de control.

Asimismo, otros aspectos contrastan con las políticas conservacionistas que existen en cada país, reflejando claramente la cualidad extractivista del modelo de desarrollo preponderante en la región, como la creciente explotación de oro y otros minerales, el incremento de áreas de exploración y explotación hidrocarburífera, la ampliación de la red de carreteras asfaltadas dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la notable inversión, principalmente en el Brasil, dirigida a la construcción de represas para la generación de electricidad en la Amazonía.

Más allá de los discursos

En un escenario como éste, hay que considerar que, en general, las estrategias de inversión en infraestructura priorizadas por los Estados privilegian otras zonas de intervención pública, primariamente aquellas ubicadas más al norte: en el eje cardinal del IIRSA (Manaos y otras ciudades industriales importantes) y en el nacimiento de los principales afluentes de la cuenca. Sólo recientemente se tiene una carretera asfaltada que une la ciudad peruana de Puerto Maldonado en la frontera con Brasil y Bolivia. Por otro lado, las inversiones estatales ligadas a la agroindustria (soya y oleaginosas) están diseñadas para articular en futuro cercano al Brasil con puertos chilenos y peruanos a través del centro de Bolivia, al sur de la zona transfronteriza Bolivia, Brasil, Perú.

Considerando esto, el interés gubernamental por la región parece ser marginal en términos productivos y de desarrollo. En todo caso, si ha habido alguna intervención, se ha debido principalmente para establecer soberanía nacional en la frontera y sentar presencia de Estado. En este escenario, complejo y con intereses contrapuestos y contradictorios, las perspectivas para encarar un desarrollo rural que permita a comunidades campesinas e indígenas mejorar sus condiciones de vida son más complicadas que en otras zonas de los tres países.

Por un lado, a pesar de la existencia de importantes avances en términos de reconocimiento legal y constitucional de derechos territoriales de pueblos indígenas en Bolivia, su aplicación y ejercicio han venido decayendo en los últimos años en la medida en que la agenda desarrollista se ha sobrepuesto al discurso del “vivir bien”. Adicionalmente, las políticas de desarrollo hasta ahora no consideran a los territorios indígenas como espacios productivos, sino simplemente como escenarios de autodeterminación organizativa, por lo que las iniciativas de gestión territorial indígena no han sido apoyadas de manera consecuente. Tanto así que ahora se cuestiona su existencia por no contribuir a la producción agrícola nacional de alimentos, ya que se ignora o se desprecia su potencial agro forestal.

En el Perú, muy pocas comunidades indígenas han sido formalmente reconocidas por el Estado y es un tema aún pendiente en la lucha por la igualdad y la equidad en el acceso a la tierra y al territorio. La principal razón para ello es que se ha priorizado la dotación de concesiones forestales, mineras e hidrocarburíferas en zonas de población indígena.

Por una parte, Concepción muestra un municipio en el cual el poder político está ahora en manos de la población, que antes era relegada por los grupos de poder tradicional, y que actualmente, aún con grandes desafíos, plantea un cambio sustancial en el estilo de la gestión pública: con mayor calidad en la planificación, con transparencia y participación abierta de la población.

En Brasil existe cierto avance en el reconocimiento de territorios indígenas, pero los problemas con concesiones forestales y petroleras sobrepuestas a los mismos es similar. En ambos casos, se mira a Bolivia como un ejemplo a seguir en este tema.

Por el otro lado, en lo que se refiere al fomento de actividades productivas campesinas, se destaca una tradicional ausencia de políticas estatales respecto a las potencialidades de la zona en frutos amazónicos como el cacao, el copoazú y en silvicultura y agro forestería, salvo recientes intentos, como el caso de la intervención estatal boliviana con la castaña. Las carreteras y las grandes inversiones estatales benefician a la agroindustria de otras regiones, al comercio transoceánico o simplemente a las poblaciones urbanas de las ciudades intermedias de la región que han crecido de manera importante en los últimos años. Buena parte de los alimentos en estas ciudades son traídos de zonas tradicionales de producción agrícola, en las tierras altas del Perú y en Bolivia.

La gente marca el camino

Ha sucedido que el Estado se preocupó, principalmente por defender la frontera y controlar el espacio nacional, impulsando acciones esencialmente a nivel urbano en desmedro de lo rural. En estos términos, no se puede hablar de un apoyo a la pequeña producción agropecuaria familiar y menos a la seguridad y soberanía alimentaria de la población que vive en esta zona.

Este tipo de intervención con soberanía se decide normalmente en las instancias centrales del Estado, con ritmos lentos, ajenos a las necesidades inmediatas de la población y con un generalizado desconocimiento de la realidad y de la importante existencia de relaciones entre fronteras.

Los Estados desconocen que en lugares tan alejados, donde la presencia estatal ha sido tradicionalmente escasa, la gente encontró maneras informales y hasta paraestatales de satisfacer sus necesidades, de colaborar entre municipios y de apoyarse entre demandantes y prestadores de bienes y servicios. Y ahora, cuando se pretende una mayor presencia del Estado, las políticas y medidas que se toman no consideran estas situaciones y todas las relaciones de intercambio y de cooperación ya existentes.

Un par de ejemplos en la frontera Bolivia – Brasil dan cuenta de ello. Hasta hace algún tiempo, la libreta de vacunación contra la fiebre amarilla no era exigida a ningún ciudadano boliviano a la hora de pasar al Brasil. Ahora, a pesar de que el documento ya rara vez se exige en otros lugares del mundo, el gobierno boliviano solicita a todos los brasileños dicho certificado para ingresar al país. Por contrapartida, y por una cuestión de reciprocidad diplomática, el Brasil pide también el documento a todo boliviano que desee viajar a su país, lo que no sucede con la población peruana, que está libre de presentar ese requisito. Una situación similar se da en el caso de enfermos graves, que a veces eran trasladados solidariamente al Brasil para ser atendidos de emergencia, situación que actualmente no ocurre.

Por otro lado, en Brasil el precio de los carburantes es casi tres veces más alto que en Bolivia, por lo que hasta hace poco era normal que la gente de Brasileia y Epitaciolandia, ciudades literalmente contiguas a Cobija (sólo las separan sendos puentes), pasen al lado boliviano a comprar gasolina.  Ahora sin embargo, para evitar el contrabando, se ha prohibido la venta de carburantes a extranjeros en la ciudad boliviana y esto ha duplicado los precios del transporte público en las ciudades brasileras, lo que acaba también afectando a la población boliviana, que cruza a estas ciudades cotidianamente por diversos motivos. Esto genera un aumento del contrabando de gasolina hacia el Brasil, lo que motiva incluso el racionamiento del abastecimiento a la población boliviana.

Las políticas gubernamentales en zonas de frontera tienen por fuerza que considerar las realidades pluriculturales de la región, lo que implica también componentes en salud y en educación, ya que se trata de poblaciones que están interconectadas y que tienen mucho en común.

Para ello es importante que estas medidas se diseñen desde abajo, de manera participativa, con los actores de las fronteras, conciliando los intereses locales con los del Estado. Existe una larga lista de acuerdos, protocolos y convenios entre países fronterizos que no han podido ser aprobados o se aprueban pero no se aplican, porque las condiciones para ello simplemente no se dan en la realidad, porque no hay voluntad o no se conocen la realidad local y los contextos regionales para su aplicación.

Entre la administración y las entidades

La presencia estatal en las fronteras es fundamental, mucho más cuando estos espacios se han caracterizado por la ausencia del Estado, pero es importante que esto se diseñe de manera adecuada, ya que en territorios tan lejanos, con problemas tan específicos y necesidades tan concretas, a veces se puede llegar a cuestionar incluso la pertenencia misma al Estado en cuestión.

Para encarar de mejor manera esto se podría pensar en el reconocimiento de una identidad transfronteriza como elemento dinamizador del desarrollo; algo que aún es muy germinal. Es innegable que en la frontera Bolivia, Brasil, Perú existen ciertos sentimientos comunes, ciertos elementos identitarios, de poblador de frontera, pero queda todavía por discernir si se trata de una idea construida a partir de la existencia de necesidades económicas, sociales y políticas no satisfechas en los tres países que aglutinan a una población que tiene sus propias diferencias o si, realmente, se trata de una noción de identidad que existe incluso previamente a la expresión de sus necesidades y que, en todo caso, se basa en elementos varios ordenes, además de lo cultural.

Las identidades, que pueden ser sobrepuestas e incluso contrapuestas en un mismo sujeto, se construyen a partir de ingredientes aglutinadores o para contraponerse a un adversario en común, y esto es algo que todavía queda por estudiar en esta zona.

Adicionalmente a la concepción de una identidad transfronteriza está la de un territorio transfronterizo que pueda ser la base para la generación de políticas trinacionales de desarrollo. Esta idea es mucho más ambiciosa, ya que, además de determinar su existencia, habría que trabajar en las posibilidades reales de articular medidas estatales de tres países con una mirada común. Sin embargo, pueden adelantarse algunas sugerencias.

En primer término, se puede afirmar, a partir de la observación, que en determinados espacios, principalmente políticos y profesionales, ya existe la percepción de la presencia de un territorio compartido. Es el caso de la iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando (MAP), que plantea ese espacio de planificación territorial del desarrollo en la región. Subyace a esta propuesta la convicción de que, al menos desde lo político, los acuerdos fronterizos locales están basados en necesidades cotidianas que es preciso satisfacer, lo que pueden contribuir a forjar una identidad local. La gente en la región tiene una vida urbana y rural al mismo tiempo; por lo tanto, el poder se forja en espacios mixtos que luego se podrían articular en una red de ciudades para alcanzar propuestas de gobernanza transfronteriza en varios aspectos si es que los acuerdos entre Estados no prosperan.

Por otro lado, sin embargo, el común de la gente en las comunidades rurales y en los barrios no se piensa como parte de una unidad territorial, social y económica entre los tres países, sino que la construcción de su identidad y de su espacio es más bien local y, en todo caso, nacional. Es probable que el desconocimiento de las realidades vecinas pueda ser mayor al que se supone que es, a pesar de que existen lazos familiares, comerciales y laborales entre la población de los tres países.

Pero es determinante que en cada uno de los tres países, la Amazonía es considerada una zona marginal y, en general, desconocida e ignorada por la población. Esta situación debe cambiar.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El autor del presente artículo comparte con las y los lectores de la serie Diálogos sus reflexiones sobre una mayor comprensión de los procesos de descentralización en la región sudamericana desde la perspectiva de desarrollo rural y las implicaciones de lo que describe como un proceso en el que se ha “asimilado importantes instrumentos teóricos y prácticos para apoyar acciones de desarrollo local desde el marco de la acción institucional”, en el proceso generado a partir del intercambio de un grupo de profesionales de diversas organizaciones de desarrollo de Latinoamérica, en un ciclo de reflexión conjunta que incluyó visitas de campo y entrevistas con actores sociales de gobiernos locales y líderes de comunidades campesinas en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

El contexto sobre descentralización y desarrollo local de la mayoría de los países sudamericanos muestra tendencias relevantes que debemos considerar reflexivamente. Entre varios destacan los fenómenos crecientes de urbanización sin una adecuada zonificación del territorio ni planificación de las ciudades que relegan los vínculos con lo rural o sencillamente los ignoran en los procesos de planificación y gestión de políticas públicas.  

Destacan también los efectos del cambio climático, que impactan en las actividades productivas, sin que la gestión pública prevea acciones para minimizar los riesgos ni acompañe el desarrollo productivo, aunque se reconozca la relevancia de una estrategia de generación de excedentes para dar sostenibilidad al desarrollo territorial. Otro aspecto es la débil institucionalidad, que requiere la participación activa de diversos actores sociales, comunidades, partidos y movimientos ciudadanos convergiendo en una visión de futuro común del territorio.

En este marco, en cada país el proceso de descentralización y participación ciudadana toma diferentes matices, influenciados por diversos intereses según los grupos que detentan el poder. Descentralización por descentralización no es siempre la respuesta, es importante analizar los intereses políticos y económicos de quienes finalmente conducen el proceso.

Interconexiones

Al analizar diferentes experiencias en la región, percibimos la importancia de los vínculos del proceso de descentralización con una propuesta política y el necesario soporte de los movimientos sociales. La experiencia Boliviana de luchas y movimientos reivindicativos nos confirma que, finalmente, se logran modificaciones a la Constitución y que, pese a sus limitaciones y vacíos, se tiene un soporte normativo sobre el cual la población puede continuar con sus luchas, presionando e incidiendo para el cumplimiento de la ley. Esto constituye un gran avance y permite tanto la institucionalización del proceso de descentralización y participación como la legitimidad del mismo, en la medida que ha surgido de las bases y responde a una aspiración concreta de la población.

Este conocimiento se enriquece recogiendo las miradas desde las comunidades y del municipio de Concepción, en la Chiquitanía, departamento de Santa Cruz, Bolivia, a partir del acercamiento a  experiencias concretas, que aportan con varios elementos percibidos expresamente en esta dinámica.

Por una parte, Concepción muestra un municipio en el cual el poder político está ahora en manos de la población, que antes era relegada por los grupos de poder tradicional, y que actualmente, aún con grandes desafíos, plantea un cambio sustancial en el estilo de la gestión pública: con mayor calidad en la planificación, con transparencia y participación abierta de la población.

Se constata también la importancia de una articulación real entre sociedad civil y gobierno local, con propósitos comunes a los intereses de ambos lados. El desarrollo ahora no es solamente un tema urbano, sino que se articula a las comunidades con sus representantes en la gestión pública del municipio.

Esta forma de gestión se traduce en espacios efectivos de participación directa, en los cuales la población anteriormente limitada puede presentar sus demandas y hacer control social. De esta manera, la población de las comunidades canaliza sus demandas y prioriza proyectos tanto de carácter social como de desarrollo productivo. Las comunidades tienen referentes y estimulan el desarrollo de capacidades en la población para asumir roles y responsabilidades de gestión pública.

En consecuencia, el gobierno local ha mejorado su capacidad de respuesta frente a las demandas de la población, y ha desarrollado, además, capacidades técnicas para una mayor eficiencia en la gestión municipal implementando instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.

Desde las ONG…

En nuestras instituciones, aún con buenas intenciones, solemos orientar nuestro trabajo en un estilo tecnocrático, con el que la capacitación y el apoyo en los procesos de participación ciudadana terminan por hacer el juego y facilitar la aplicación de las directrices del ministerio del ramo (que en cada país tiene un nombre diferente) o del gobierno central, aun cuando al final del proceso la discrecionalidad de las autoridades deja de lado todo el esfuerzo generado y desconoce las prioridades de la población, causando frustración y desconfianza en el proceso de descentralización. Esto conlleva el desafío de ser más creativos y analíticos al momento de diseñar las estrategias de promoción y apoyo a los procesos de descentralización.

Un esfuerzo que amerita mayor énfasis es generar cambios en los criterios de acción de la población, por ejemplo incidir en capacitar a niños y jóvenes, formándolos con nuevos enfoques y conceptos, con mayor capacidad analítica para leer las tendencias sociales, económicas y políticas en los países y las regiones, apostando por una nueva generación de líderes políticos, estadistas, dotados de conceptos, metodologías e instrumentos y nuevas actitudes y valores.

En cada caso es necesario reconocer al sujeto de la intervención: productores campesinos, miembros de las unidades de agricultura familiar, pequeños productores o cualquier otra denominación con la que se reconoce a productores que son, a la vez, ciudadanos con derechos y deberes políticos. Se trata de miembros de un sector que deben liderar el proceso, para contribuir con su dotación de las competencias necesarias que lo empoderen y permitan su avance hacia una participación efectiva en los espacios de decisión política. En la mayoría de casos, éste se relaciona con sectores de pequeños productores o sectores de población en marginación, que necesitan ser visualizados y reconocidos en su existencia y sus derechos.

Cobra relevancia el aspecto cultural. Para los países sudamericanos, la interculturalidad se vuelve un elemento imprescindible, especialmente para el tratamiento de zonas con sectores de población nativa, vinculada con territorios comunales y aspectos estratégicos de biodiversidad, que constituyen parte de la vida integral de estas poblaciones. Debemos analizar con madurez su racionalidad y lógica de relaciones con sus sistemas socio-económicos y ambientales, en los cuales hacen su vida y sobre los cuales construyen su identidad y reclaman su reconocimiento; esto requiere de una gran sensibilidad social y ambiental, por encima del lucro o desarrollo económico frío.

Ello implica mejorar nuestras estrategias para la incidencia política, no soslayar el rol político que podemos jugar como entidades con capacidad de establecer redes y alianzas estratégicas, para cuestionar y proponer alternativas en favor de la equidad, la justicia y la defensa de los derechos de las personas y grupos vulnerables.

Más hilos de la madeja

Las organizaciones de desarrollo debemos mejorar nuestras estrategias para trabajar el tema de la descentralización desde la perspectiva de desarrollo rural territorial. Para esto es necesario agudizar nuestras capacidades y, por tanto, invertir en conocimiento y lectura del contexto, de las relacione entre los agentes económicos, formar personal especializado e identificar nuestro rol como actores sociales en un territorio.

Actualmente es de particular relevancia ampliar nuestras redes de conocimiento e intercambiar ideas y experiencias entre pares de los países de la región. Debemos profundizar el conocimiento de los procesos latinoamericanos y asumir una actitud crítica de las propuestas y estrategias de los gobiernos en torno a la descentralización.

Por otra parte, sigue en agenda apoyar procesos de planeamiento y acondicionamiento territorial (PAT) y los de planeamiento urbano, en el marco de los planes estratégicos locales, regionales y nacionales, con la finalidad de priorizar y encontrar el eje conductor del desarrollo en cada territorio, en torno al cual se desarrollarán diversos elementos complementarios y conglomerados que hagan posible la generación de excedentes para la sostenibilidad de las dinámicas socio-económicas del territorio.

Debemos considerar que el fin de la descentralización es el bienestar de la población “el vivir bien” como se dice en algunos discursos políticos. Esto supone abrir nuestros sentidos a la complejidad de relaciones que se ponen en juego y mantener nuestros principios y valores coherentes con nuestra misión y visión de desarrollo.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.