Gobierno boliviano debe tomar medidas para productores del campo y los jóvenes

Lorenzo Soliz T. y César Soliz O.

El gobierno boliviano decretó este 14 de abril varias medidas complementarias para que la población continúe resistiendo la cuarentena total por el covid-19 hasta el 30 de abril y para disminuir los efectos sobre la economía y el empleo. Entre otras medidas, el DS 4216 establece el Programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que destinará hasta 1.500 millones de Bolivianos para créditos que se otorgarán a cinco años de plazo, con 1 año de gracia, cuya la tasa de interés y condiciones recién serán reglamentadas. Entre tanto el Plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral a las empresas legalmente constituidas otorgará créditos concesionales por 18 meses con seis de gracia, por un monto equivalente a dos salarios mínimos nacionales, por trabajador, por un máximo de dos meses. Estas medidas sin duda paliarán en algo los efectos que ya se sienten en el empleo, los ingresos y la economía.

Sin embargo estas medidas no alcanzan a las y los productores del campo. Como se sabe, este tiempo de cuarentena total fue posible resistir, en gran medida, gracias a la disponibilidad de productos alimenticios de la denominada agricultura familiar. Tubérculos, hortalizas, frutas y carnes rojas y blancas, entre otros, que contribuyen en modo importante a la seguridad alimentaria estuvieron al alcance de la gran mayoría de la población, a veces con cierta especulación. A ello se sumó la solidaridad y cooperación entre la población, especialmente de grupos y activistas jóvenes, para ayudar a paliar el hambre a los grupos más vulnerables.

Pese a esta evidencia, las medidas gubernamentales no benefician ni atienden a campesinos indígenas y pequeños productores que producen los alimentos con que nos alimentamos cotidianamente. Como en el pasado, se continúa considerándolos solo como sectores pobres y no como productores y productoras, como actores económicos. En el país, según el Censo Agropecuario del 2013, existían 871.927 unidades de producción agropecuaria, de las cuales 803.738 pertenecían a una comunidad (www.ine.gob.bo), todo un sector que produce alimentos y genera empleo directo e indirecto.

Por las restricciones de la cuarentena hay productores(as) del altiplano y zonas de valle que no lograron cosechar aún la papa, y el gorgojo de los andes está mermando la producción más que otros años en las mismas parcelas, y los productores de leche y sus derivados de las zonas más alejadas no pueden comercializar sus productos porque no tienen la forma de llevar sus productos a los mercados. En zonas del valle cochabambino donde se suele realizar la siembra de papa después de la época de lluvias (papa lojru), habitualmente por semana santa, tampoco se llevó a cabo con normalidad. En el Chaco, los animales del bosque (monos y loros) consumieron más maíz de las parcelas ya que sus dueños no llegaron para espantarlos como solían hacerlo, y en zonas del Chaco chuquisaqueño prácticamente quedaron sin productos que cosechar por el ataque de las langostas semanas antes de la declaración de la cuarentena. En la Amazonía campesinos, indígenas y pequeños barraqueros no lograron comercializar toda la castaña recolectada del bosque, incluso anunciada la cuarentena los compradores bajaron el precio de 100 Bs la caja de 23 kilogramos a solo 60 o 50Bs, según los lugares; en las zonas de recolección y producción de cacao no se alcanzó a cosechar y recolectar todo el cacao, al igual que otros productos alimenticios de las familias de esta región, etc. En otras zonas de la Amazonía, hay migración de los pequeños centros urbanos a propiedades privadas y de pequeños productores rurales donde hay productos que cosechar y el trabajo se paga con alimentos. El riesgo mayor de todo ello es que no quede reserva de semilla para la nueva siembra, la siembra de invierno donde hay condiciones para hacerlo.

Con relación a la juventud, rural y urbana, si bien muchos de ellos recibirán el bono universal de 500 Bs., no han sido tomados en cuenta para la generación de iniciativas y emprendimientos que contribuyan a generar empleo e ingresos. La juventud hoy está más formada y más preparada que antes, tienen mayores recursos en conocimiento y manejo tecnológico y redes de contactos y comunicación. La Ley 342 de la juventud establece que a este grupo etario pertenecen personas de 16 a 28 años de edad, según el censo de población del año 2012, había 1.796.001 jóvenes (17% del total nacional) entre 20 y 29 años, de los cuales 1.315.398 estaban en el área urbana y 480.603 en el área rural (www.ine.gob.bo). Todo un potencial de fuerza laboral, creatividad y emprendimiento.

Consideramos necesario que el gobierno nacional tome medidas complementarias para apoyar a estos sectores a los que acabamos de referirnos, no como sujetos de políticas sociales sino por su capacidad y potencial productivo. Dotar de crédito productivo, especialmente capital de operación con bajo interés, a través del sistema financiero que prácticamente cubre todo el país, en las áreas alejadas con la Banca estatal, la Banca de la micro y pequeña empresa y las Entidades financieras de desarrollo. Incentivar procesos de transformación, de ferias y mercados locales, incluir más la producción local en las compras estatales, facilitar el acceso a semillas para las nuevas siembras, entre otras. Para ello debe coordinar con las organizaciones nacionales y departamentales de productores, organizaciones económicas campesinas (OECAS) y las comunitarias (OECOM), asociaciones, cooperativas, etc.). Las ONGs pueden apoyar y acompañar actividades productivas, de transformación y comercialización con modalidades diversas con asistencia técnica, capacitación comunicación, etc.; sumar a ello los esfuerzos y aportes que ya está realizando la cooperación internacional. Mayor coordinación con gobiernos departamentales y municipales en esta materia, para acompañar y apoyar iniciativas de re-dinamización productiva de sectores campesinos indígenas, pequeños productores y de las y los jóvenes en sus jurisdicciones. Solo así se podrá re-dinamizar también las economías locales, de los municipios y ciudades intermedias -hoy mal trechas como efecto de las medidas por la pandemia-, y así disminuir los riesgos de mayores niveles de pobreza y la desigualdad, que ya son marcadamente manifiestas.

De no apoyar a este sector de productores agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria nacional –que además no tienen garantizada su propia alimentación y sus ingresos por la pandemia-, es previsible la escasez de alimentos en el país, y mayor contrabando e importación debilitando más la capacidad productiva local. Se prevé que las migraciones se puedan intensificar hacia centros urbanos donde no hay ni habrá empleo suficiente o a las tierras bajas, y habrá que ver si hay opciones fuera del país; será terreno fértil para prestamistas informales y usureros así como el habilito (endeudamiento) que empobrecerán más a esta población sometiéndola a condiciones indignas de trato y trabajo, como el de la zafra, actividades agropecuarias y agroforestales, el empleo doméstico, entre otros. Igualmente, si no se apoya ni otorga oportunidades a la juventud rural y urbana, la tasa de desempleo también irá en aumento, con todas las consecuencias sociales y políticas que de ello se puedan derivar, en un contexto en que, además, permanecerá el coronavirus en nuestro medio.

Agenda económico productiva en la pos cuarentena por pandemia de covid-19

Algunas propuestas para el campo sudamericano

Lorenzo Soliz, IPDRS

La pandemia del covid-19 llegó a la región sudamericana justo en momentos en que en gran parte de ella, es decir en los andes y valles interandinos, en el Chaco sudamericano y la Amazonía, se realizan las cosechas agrícolas y la recolección de frutos de los bosques, aunque aún no se han completado totalmente los trabajos del ciclo agrícola, agroforestal y de recolección.

Actualmente la población rural de la región es de 64,5 millones de personas, 15% del total, de 430 millones de habitantes (http://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa). La región además presenta una alta diversidad cultural, para el año 2014 se estimaba que en América Latina existían más de 800 pueblos indígenas con una población cercana a los 45 millones de personas. (CEPAL. Los pueblos indígenas en América latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile, 2014).

Ante la pandemia del “coronavirus” esta población, especialmente los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes, son los más vulnerables ya que no cuentan con sistemas adecuados de salud para atender enfermedades endémicas como el dengue, malaria, chagas y otras, menos aún para atender personas contagiadas por el coronavirus; tampoco es generalizado el acceso a agua segura en sus comunidades y territorios, entre muchas otras carencias que son evidencias de pobreza y desigualdad al interior de los países y en la región. Para protegerse ante el riesgo de propagación de la pandemia han asumido diversas estrategias según las regiones, condiciones y prácticas culturales: internarse a los bosques evitando el contacto con población urbana; replegarse a sus comunidades y cerrar el acceso de caminos vecinales y otros mecanismos de autodefensa, en algunos países incluso antes de las medidas gubernamentales; cierre y cancelación  de actividades turísticas; resoluciones orgánicas complementarias a las medidas gubernamentales para disminuir los riesgos de propagación y contagio, etc.

En la mayoría de los países, la agricultura sigue siendo importante en la generación de empleo rural, supera el 60% en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Según la OIT, un 5% de personas que viven en zonas urbanas cercanas a zonas con actividad agrícola acuden a emplearse en dichas actividades, en Ecuador y Perú supera el 8%. En este tiempo de cuarentena fue visibilizado con mayor claridad el gran aporte de mujeres y hombres campesinos indígenas y pequeños productores a la alimentación urbana y rural.

Sin embargo, en el área rural no todas las familias producen sus alimentos ni lo hacen en la cantidad suficiente para todo el año, tampoco en todos los casos tienen opciones de caza, pesca, melea ni recolección de frutos del bosque. Quienes han desarrollado sistemas productivos diversificados en superficies significativas para su alimentación y para el mercado tienen cierta capacidad de soportar este tiempo de crisis y cuarentena; pero quienes están sintiendo la escasez y están pasando necesidades son aquellos que se dedican a oficios no agropecuarios o han optado por la multi/pluriactividad combinando actividades en el área rural y actividades informales en la urbana; quienes no producen en cantidad suficiente ni diversifican sus cultivos y actividades productivas; quienes no tienen tierra o no la tienen en cantidad suficiente; los que no tienen acceso a riego; en algunas zonas altoandinas también mujeres y hombres adultos mayores y niños(as), entre otros.

En esta coyuntura de la cuarentena, desde el IPDRS saludamos que las organizaciones comunales han organizado de manera colectiva el abastecimiento de alimentos que no producen en sus territorios; organización de la caza y la pesca para proveerse de proteína animal; recuperación y fortalecimiento de mecanismos de reciprocidad y colaboración para compartir productos alimenticios entre las familias; implementación de ferias itinerantes en algunos espacios locales, etc.

Las medidas de emergencia sanitaria y de cuarentena aplicadas en la mayoría de los países de la región por la cantidad de días que ya lleva y porque las ayudas gubernamentales (bonos, canasta de alimentos) que no llegan hasta ahora, está generando malestar, tensiones e incipientes movilizaciones que pueden descontrolarse si no se logra saciar el hambre y atender las necesidades más básicas. Además está dificultando completar adecuadamente las labores del ciclo agrícola, agroforestal y de recolección; ni que decir de quienes generan sus ingresos diariamente para cubrir las necesidades familiares.

Dado que esta situación de cuarentena va a concluir, ya que no es posible sostenerlo por mucho tiempo, y cuando se retomen seguramente de manera gradual las actividades, es necesario afrontar de manera inmediata las consecuencias y efectos que ya está dejando la pandemia en los diferentes ámbitos. Una de ellas es el riesgo de una crisis alimentaria, con desempleo y agravamiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres del campo. Por ello desde el IPDRS formula las siguientes propuestas para la etapa de recuperación posterior a la cuarentena por la pandemia.

1. Sistemas de protección y cuidado personal y colectivo.

Bajo la hipótesis que la pandemia del covid-19 va a continuar por lo menos por los próximos meses sino años, seguramente con diverso grado de afectación en todos los ámbitos de la vida de la población, se debe fortalecer el sistema de salud en las áreas rurales, combinando con los sistemas de la medicina tradicional e incrementando recursos públicos para ello. Por su parte la población deberá cambiar definitivamente y asimilar nuevos hábitos de protección y cuidado personal y colectivo tanto en el área urbana como rural interconectados sobre todo por el sistema de transporte e intermediación. En el campo se deberá asimilar nuevos hábitos y prácticas para continuar con la vida cotidiana bajo las nuevas condiciones, una vida productiva y saludable en la familia y en la convivencia comunitaria según cada contexto y cultura.

2. Movilizar recursos y actores para fortalecer sistemas productivos y alimentarios en los territorios

Es imperativo movilizar todos los recursos institucionales, materiales, humanos, económicos, tecnológicos, asistencia técnica incluso virtual, para contribuir en la producción campesina indígena y afrodescendiente que está alimentando a la población, antes y durante este tiempo de crisis; producir especialmente en las tierras y territorios titulados a los que han accedido estos sectores en las última década en prácticamente todos los países, y debe ser de manera sostenible de acuerdo a la vocación productiva y a las características agroecológicas y agroforestales. El aumento de la producción no implica necesariamente ampliación de frontera agrícola sino trabajar en la productividad con fortalecimiento de la base productiva diversificada preexistente. El propósito es asegurar la producción de alimentos para los siguientes seis meses ya que las cosechas obtenidas ahora estarán agotándose. Y, donde sea posible, generar reserva de alimentos.

Se propone la siembra inmediata de cultivos de corto plazo (granos, hortalizas, tubérculos), que se puede empezar a cosechar a partir del segundo mes e incluso antes tanto para su consumo, trueque, intercambio como para los mercados locales y regionales. También promover e incentivar la siembra en huertos, canchones (tras patio) y en todo espacio posible tanto en área urbana como rural para garantizar la disponibilidad y acceso a alimentos en los próximos meses.  Todo esto debe ser complementario al sistema habitual de producción que tienen las familias y organizaciones de las diversas zonas y ecorregiones.

Además, hoy más que nunca, se deben valorar y criar (sembrar, reproducir, cuidar y reservar) la diversidad de semillas nativas o criollas, el material vegetal y el germoplasma en manos de los pequeños productores, campesinos indígenas y afrodescendientes.

3. Mantener, reforzar y en su caso constituir ferias productivas y comerciales

Por la importancia que tienen para dinamizar las economías locales, estimular la producción local y generar empleo directo e indirecto entre otros beneficios, se debe mantener, reforzar y en su caso constituir ferias permanentes o temporales y mercados locales de productos alimenticios y de rigen rural, y de productos necesarios para el campo y las ciudades intermedias en alianza entre productores y consumidores, el apoyo de autoridades locales y la participación de intermediarios en los casos necesarios. En dichas ferias, los productores campesinos indígenas y afrodescendientes deben ser actores relevantes, y no marginales ni marginados como suele ocurrir en algunos casos. Los gobiernos locales deben controlar el agio y especulación y los sistemas de pesos y medidas, principalmente las utilizadas por los intermediarios.

4. Renovados esfuerzos para involucrar a la juventud

No cabe duda que la pandemia también sirvió para ayudar a ver la importancia del mundo rural en sus diversas dimensiones para nuestras vidas tanto en el área rural como urbana. Por ello es necesario renovar estrategias y mecanismos para interesar y ofrecer a los más de 30,7 millones de jóvenes rurales latinoamericanos (PROCASUR, CCDA. Sistematización de los resultados del encuentro internacional de juventudes rurales, tierra y territorios. Abril, 2016) nuevas posibilidades y opciones de participación en el fortalecimiento del desarrollo rural, no necesariamente vinculados con actividades agropecuarias ni en las actuales condiciones de trabajo como realizan sus padres y abuelos. Más bien incluyendo innovaciones necesarias y escudriñando nuevas actividades y emprendimientos en áreas en que puedan desempeñarse (procesamiento y transformación de la producción, comercialización, biocomercio, diversos servicios rurales, etc.), dado que cuentan con mayor formación y capacitación y tienen manejo y dominio de las tecnologías de información y comunicación, de las aplicaciones (app), etc. Además, a diferencia del pasado, muchas zonas rurales están interconectadas y tienen acceso al internet, una herramienta que la juventud conoce y maneja.

5. Organización y control territorial

En territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes que cuentan con áreas destinadas a la cacería, pesca, recolección de frutos y otros recursos destinados al consumo local o a mercados nacionales y de exportación (como castaña, cacao, por ejemplo) deben fortalecer y aplicar las normas y los mecanismos de control, vigilancia y gestión territorial, ya que por la falta de alimentos y la necesidad de ingresos puede convertirse en una actividad depredatoria y atentatoria contra la integridad territorial y de las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, tanto por acción interna pero sobre todo por acción de actores externos como pescadores y cazadores furtivos, comerciantes de estos productos, recolectores externos, madereros, etc. Lo importante es que las organizaciones territoriales, como propietarios colectivos legales de dichas áreas no pierdan su capacidad decisional y de control y gestión territorial. También tendrán que ejercer control sobre la circulación de actores externos vinculados con industrias extractivas de sus territorios y territorios circunvecinos.

6. Recomponer el tejido social y recuperar la confianza.

No cabe duda que la pandemia ha generado condiciones razonables para la desconfianza entre población urbana y rural, entre vecinos, entre comunarios y comunidades; también frente a las personas en tránsito, los migrantes de retorno, los turistas, etc. Se han debilitado los lazos sociales y comunitarios. Cundió la desconfianza y el temor ante el extraño y la discriminación. Por eso es necesario recomponer el tejido social y recuperar la confianza entre todos, bajo las nuevas condiciones y prácticas de cuidado y convivencia colectiva mencionadas en contexto de presencia del virus covid-19 en nuestro medio. No será fácil, pero es necesario para recuperar la convivencia rural, y rural urbana.

Son necesarias otras medidas como la preservación de empleo urbano y rural, la dotación de bonos a sectores vulnerables, financiamiento productivo, medidas fiscales y arancelarias, entre otras, que aquí nos limitamos a mencionar.

¿Por qué el kit de alimentos del
gobierno no incluía soja?

Luis Rojas – Heñói

La velocidad en la expansión de la inesperada pandemia del coronavirus, ha venido a desnudar rápidamente muchas de nuestras fragilidades sociales, en nuestro país, así comoen otros tantos. A la desastrosa situación de los sistemas públicos de salud, e incluso de las finanzas públicas, que para afrontar una emergencia como esta solo puede recurrir desesperadamente a más deudas del Estado, se deben sumar otras dimensiones muy deterioradas.

Es el caso de la crítica situación alimentaria y productiva en el Paraguay, “un país eminentemente agropecuario, que alimenta a 60 millones de personas en el mundo”[1], según los publicistas del modelo agroexportador. En este país eminentemente agropecuario, 300 mil familias carecen de tierras, 840 mil personas viven subalimentadas, y miles tienen problemas de desnutrición, obesidad y otras enfermedades vinculadas a la mala alimentación. Todo esto en un país con millones de hectáreas de tierras fértiles, abundante agua dulce, una biodiversidad prodigiosa y la mayor producción de energía eléctrica per cápita del mundo.

Recursos sobran. Para algunos. Para otros faltan. Paraguay es el campeón mundial de la desigualdad en la distribución de tierras, una pequeña oligarquía terrateniente, nacional y extranjera, controla más del 80 % de las tierras, y las destinan a la producción de soja y maíz transgénicos; ganadería para exportación de carne; directamente a la especulación inmobiliaria; o a actividades ilícitas como el narcotráfico y cultivos ilícitos. En simultáneo, miles de campesinos, campesinas e indígenas han tenido que abandonar el campo para explotarse en trabajos informales en las ciudades, vender algo en las calles, prostituirse, delinquir, o irse del país, en busca de lo que aquí no encontraron. Es el Paraguay del coronavirus, donde hijos de familias ganaderas y afines van a Francia a esquiar en sus vacaciones, y disfrutar de un buen champán francés, mientras los hijos de los barrios populares envían mensajes de WhatsApp, pidiendo donaciones de víveres para sus ollas populares, que calmen el hambre durante la crisis.

La población mayoritaria padece un sistema alimentario deficiente, porque el modelo productivo agroexportador está en función a los intereses de la reducida y angurrienta élite, y no al pueblo mayoritario. Hay recursos públicos y privados para apoyar a los agronegocios, no para la agricultura campesina. El 94 % de la tierra cultivada corresponde a rubros empresariales, destinados principalmente al mercado internacional. La soja se destaca con 3,5 millones de hectáreas y casi 10 millones de toneladas anuales. La gran ganadería con unas 14 millones de vacas sobre 17 millones de hectáreas. En contrapartida, menos del 6 % de la tierra pertenece a cultivos campesinos, como la mandioca, porotos, maíz nativo, maní, frutas y hortalizas. Obra y gracia de la sojización y vacunización[2] del país, apoyadas por el crédito y la represión estatales.

El coronavirus desnudó nuestra fragilidad alimentaria. Como no abastecemos el mercado interno con producción nacional de productos básicos, éstos rápidamente empezaron a encarecerse: en 2 semanas, el precio de la cebolla en los supermercados aumentó 148 %, la papa 138 %, la naranja 58 % y el tomate 6 %[3]. Mientras las importaciones desde Brasil se reducían por disposiciones del vecino país, los productos argentinos quedan como única opción para salvarnos de una hambruna mayor. La dependencia de empresas y producción extranjera han hecho añicos la seguridad y soberanía alimentaria del Paraguay. El histórico y saludable contrabando es solo una expresión de esta auténtica vergüenza nacional.

Lo que no importamos es soja (si sus semillas transgénicas y sus agrotóxicos anexos); tampoco la comemos, no es parte de nuestra cultura alimentaria. Por eso cuando el gobierno anunció socorrer a la población empobrecida con kits de alimentos, incluyó en ellos 2 kilos de azúcar, pan, poroto y aceite, 5 kilos de fideo y harina, un kilo de sal, 12 litros de leche y 2 latas de carne en conserva, además de jabones[4]. No se acordaron de incluir la soja, que alimenta a 60 millones de personas más allá de nuestras fronteras. Mejor dicho, a cerdos y aves que alimentarán personas en otras latitudes. O mejor aún, que saciarán el hambre de personas, porque en rigor, carne derivada de balanceados transgénicos y antibióticos, no puede llamarse alimento.

Nuestra tierra y agua destinada a la soja, la que no puede ir a nuestro kit de alimentos. Ahora el gobierno anuncia que no habrá kits, sino 230.000 gs. por transferencia telefónica, para 330 mil familias pobres[5], para poder ir al Súper. Un poco de carne, azúcar, sal, aceite, yes yes, pan, jabón y papel higiénico, y pará de contar, no da para más. El libre mercado fija los precios, generalmente en favor del patrón.

¡Qué modernidad! Compraremos comida y jabones con el celular; racionaremos la compra para aguantar la pandemia; mientras, enviamos soja y carne al resto del mundo, y escuchamos al ministro Mazzoleni en televisión, contándonos cuantos se han enfermado y cuántos han muerto hoy. De coronavirus. No de hambre o malnutrición, eso no tiene cámaras ni micrófonos.

Referencias

[1]https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20843&LangID=S

[2] Referente al ganado vacuno.

[3]https://www.ultimahora.com/suben-precios-frutihorticolas-y-el-mag-culpa-los-proveedores-n2876492.html

[4] https://npy.com.py/2020/03/que-contienen-los-kits-y-como-me-anoto-para-recibirlos/

[5]https://www.ultimahora.com/gobierno-reemplaza-kits-alimentos-dinero-mas-300000-familias-n2876845.html

Foto portada: ecovisión

Material libre para su difusión citando la fuente.

 COVID-19 en el campo: Control territorial,
autocuidado y resistencias cotidianas

Ruth Bautista Durán[1]

Desde las montañas de Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar de Colombia, las Comunidades Marchantes Étnico Campesinas, emiten un comunicado en el que alertan a su gobierno central sobre las condiciones en las que deben enfrentar, la propagación primero del impacto de la información, y luego, del contagio mismo del Coronavirus (COVID-19). Explican, “desde el gobierno nos piden lavarnos las manos cada 3 horas, pero en nuestras comunidades no hay agua ni para tomarla (…) nos piden aislamiento en nuestras casas, mientras cientos de nosotros tenemos que salir diariamente a producir e incluso comercializar los alimentos”[2]. Situación por la que atraviesan muchos territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes de Sudamérica, y que nos hacen preguntarnos ¿Cómo enfrentan estas poblaciones las enfermedades? ¿Cómo enfrentan el problema de su acceso a derechos, a servicios, a inclusión social y política en aquello que se denomina “bienestar común”?

Las respuestas inmediatas y prácticas a estas preguntas, no suelen tenerlas los organismos multilaterales ni las instituciones públicas, que no pueden abastecer las necesidades de la población rural (ni urbana), necesidades que, convertidas en demandas, enlistan consistentes agendas reivindicativas en todo el ámbito rural. Siguiendo el comunicado de las comunidades de Montes de María, exponen: “Los territorios rurales de Montes de María son habitados en su mayoría por familias campesinas, afrodescendientes e indígenas que re inventamos todos los días formas de proteger lo poco que nos queda, e históricamente hemos luchado por condiciones dignas en nuestras comunidades. En todas nuestras agendas de negociación con los gobiernos de turno hemos insistido en la urgencia de garantizar nuestro derecho al agua y a un buen sistema de salud pública, en proteger nuestras montañas y fuentes hídricas para seguir garantizando la alimentación y por ende la vida, no sólo nuestra sino de una gran parte de la población”. Mostrando su activa forma de re invención cotidiana de estrategias de protección, y además, su forma de negociar temas estructurales como agentes de su propio desarrollo y asumiendo cierta responsabilidad frente al resto de la sociedad.

En el caso de las comunidades indígenas, aún más, las amazónicas y selváticas, la efectividad de los sistemas de salud, y aún, los servicios de infraestructura y saneamiento básico, son inexistentes o precarios, con el desate de la alerta por el COVID-19 solo recomiendan prácticas higienizantes propias de las sociedades urbanas, y un aislamiento que redunda con la situación de marginación e incomunicación con las que suelen vivir estas poblaciones. En Brasil, la opción es enfrentar la pandemia “por cuenta propia”[3], tal como se enfrentan a otras enfermedades mucho más letales en su entorno como el dengue (enfermedad viral transmitida por mosquitos), aunque por toda la –no siempre buena- información sobre la epidemia los pueblos indígenas se encuentran en alerta, bajo la recomendación de no viajar hacia las ciudades y no recibir visitantes[4].

Por otra parte y en la perspectiva del ejercicio del control territorial, en el Cauca, otro departamento de Colombia, el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), emitió una resolución respecto a la pandemia del COVID-19 en la que afirma su derecho a “definir los lineamientos políticos organizativos para la protección de la vida y la salud de las comunidades a través de los sistemas propios”, basándose en el derecho fundamental a la salud, y el reconocimiento de los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida. De tal forma, se declaran en “Minga permanente de Protección de la vida, la salud y el buen vivir en los territorios indígenas del departamento del Cauca”, recomiendan intensificar la vida espiritual de sus comunidades y realizar ejercicios de armonización, y además, intensificar el ejercicio de control territorial, “suspende la entrada de personal foráneo a los territorios indígenas (…) desplazamiento a destinos turísticos y sitios sagrados [prohíbe el] ingreso, presencia y movilización de actores armados legales e ilegales en los territorios indígenas”. Se suma a los planes de contingencia, medidas preventivas y protección nacionales, pero a través de sus estructuras organizativas propias, como intermediadores en la información, detección temprana, acompañamiento a pacientes y articulación al sistema de salud respecto a la pandemia. Además de disponer su institucionalidad propia, autoridades, dinamizadores y sabios, dispone de su tejido de educación, emisoras indígenas y anima a “mantener y ampliar la economía propia, basada en la producción local, la recuperación de prácticas productivas y alimentarias ancestrales, trueques familiares, cooperativas, fondos rotatorios, mercados locales agroecológicos, minga, fortalecimiento de empresas comunitarias (…) prohibir el ingreso y consumo de productos procesados, bebidas azucaradas (…) fortalecer espacios productivos por la autonomía alimentaria (…) uso de huertas medicinales y alimentarias, como fuente de alimentación y cuidado integral de la vida”[5].

Al pensar en el campo, los pobladores y la dinámica rural, debemos imaginar varios escenarios y también, varias trayectorias, formas de negociación de necesidades, formas organizativas e institucionales. En las últimas décadas, la tendencia ha sido el cristalizar la lucha por la tierra y la defensa territorial en las ciudades, en reclamos ante las instalaciones de oficinas públicas, explanadas, en largas marchas hacia el poder centralizado en las urbes, siempre en demanda. Con poco reconocimiento social, se desestima a la población rural en términos de “productividad” económica, y tampoco se suele valorarla en términos de resiliencia y adaptación, a los cambios climáticos en sus territorios y en sus temporadas productivas, y tampoco, en los embates sociopolíticos o sanitarios.

En Bolivia, la Nación Qhara Qhara que había logrado articular un evento en la ciudad de Sucre, con invitados de Colombia y diversos académicos sobre su demanda histórica e internacional sobre las riquezas del Galeón San José, tuvo que suspender este evento y elevó un comunicado para sus bases que indica “se recomienda a todas las autoridades que son parte de la Nación Qhara Qhara respetar y asumir las recomendaciones de las autoridades nacionales para ayudar a combatir esta emergencia nacional”. Y además, en territorio guaraní, el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca suspendió la conmemoración de los 128 años de la muerte de su líder histórico Apiguaniki Tüpa, el 29 de marzo, y recomienda a “todos los capitanes zonales, comunales y responsables de salud, de cada capitanía, quienes deberán coordinar con las instancias de salud correspondiente de existir alguna sospecha de síntomas del COVID-19, deben reportar al centro médico más cercano para que los profesionales del área aconsejen las acciones a seguir”.

Las poblaciones rurales cuya actividad principal es la agropecuaria, suelen enfrentar y superar problemas sanitarios, epidemias y plagas. Es cierto que los sistemas de salud centralizados no les favorecen, pero su existencia, reproducción y permanentes luchas, nos hablan de estrategias de sobrevivencia y saberes locales efectivos para enfrentar adversidades.

Las muchas enfermedades y plagas generan bastante conocimiento, no sólo aquel que se considera tradicional sino también como producto de la experimentación en pequeña escala. Los productores saben, por ejemplo, que la diversidad de cultivos favorece al menor ataque de plagas y enfermedades. Las familias campesinas se desenvuelven en contextos adversos y aprenden a enfrentar un diálogo con la naturaleza, responden a los caprichos del clima, las variaciones en calidad del suelo, la transformación demográfica de sus comunidades, la disponibilidad de fuerza trabajo; y por supuesto, la dinámica del mercado local y las políticas agroalimentarias.

No siempre salen airosas en este permanente proceso de aprendizaje, las familias rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, suelen vivir enormes desastres, inundaciones, sequías, heladas, las plagas pueden arrasar con su producción y son muchos los riesgos que viven ante la política extractiva de los Estados respecto a los recursos naturales de sus territorios. Sin embargo, la actividad agrícola en su vida cotidiana les ha enseñado a ser cautelosas y cuidadosas, y no temen a la innovación en miras al mejoramiento de sus cultivos o la crianza de sus animales. Esta cautela es la que se encuentra en los comunicados y resoluciones citados, aquella que emerge de una vida cotidiana que sabe reinventarse aún en la desigualdad y desventaja estructural de lo rural respecto a lo urbano.

La persistencia de la vida rural y el ejercicio de gobiernos propios, y principalmente, del control territorial que se previene de la incursión de agentes externos, pero además, resguarda los sistemas propios de educación, cultura y autocuidado, serán los que enfrenten la alerta, la enfermedad y la emergencia. Sin abandonar las luchas y demandas actuales, sin permitir la intervención o militarización de los territorios, las autoridades rurales desde los territorios, enseñan al resto de la sociedad a articularse, desde sus lógicas propias, a las políticas de protección, prevención y atención al posible contagio de un virus que está poniendo en riesgo a un sistema económico que se sustenta en la desigualdad y el marginamiento de varios sectores sociales.

[1] Socióloga, investigadora del IPDRS y coordinadora de la plataforma del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio: www.porlatierra.org/casos

[2] OPDS Montes de María, disponible en: https://www.facebook.com/notes/opds-montes-de-mar%C3%ADa/coronavirus-y-territorios-rurales-montes-de-mar%C3%ADa-frente-a-una-pandemia-sin-agua/2527637167454255/ 19 de marzo de 2020.

[3] “Sem apoio do Ministério da Saúde, indígenas enfrentam coronavírus por conta própria”, disponible en: https://pt.org.br/sem-apoio-do-ministerio-da-saude-indigenas-enfrentam-coronavirus-por-conta-propria/   16/03/2020

[4] “Baixa imunidade de povos indígenas do Pará ao novo coronavírus preocupa autoridades”, disponible en: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/03/18/baixa-imunidade-de-povos-indigenas-do-para-ao-novo-coronavirus-preocupa-autoridades.ghtml  18/03/2020

[5] “Se suspende la entrada de personal foráneo a los territorios indígenas del departamento del Cauca”. Resolución del Consejo Regional Indígena del Cauca 006, 17 de marzo de 2020, disponible en: https://www.cric-colombia.org/portal/res-006-17-mar-2020-suspende-entrada-personal-foraneo-territorios-indigenas-departamento-cauca/

Una mirada del estado socioambiental y
 territorial de Uruguay¹

Pablo Díaz Estévez
diazpablouruguay@gmail.com

Observatorio de Política de Tierra, Núcleo de Estudios Rurales, Universidad de la República, Sede de Tacuarembó. Grupo universitario interdisciplinario de estudios rurales: Educación rural, Tenencia de la tierra y Ruralidades.

1. Marco general del país

Al cuarto año del tercer período del Frente Amplio en el gobierno, con 34% de adhesiones de la población para las elecciones del 2019, superior ante sus contendientes, pero no suficiente para ganar la primera vuelta.

95 % de la población uruguaya es urbana, aunque el sector agropecuario sigue siendo la base de generación de divisas, cuyos productos primarios representan 57% del valor de las exportaciones a octubre de 2018, el país creció 2,5% en términos interanuales.

Si bien el agro uruguayo no entró en una crisis estructural por la fuerte concentración de la riqueza, los agentes nacionales más débiles del sector agroindustrial experimentaron una crisis de viabilidad.

El Estado no intervino los mercados, ni direccionó el desarrollo productivo ni disciplinó al capital financiero. La política tributaria gravó sueldos, pasividades y consumo, sin afectar la riqueza ni su inequitativa distribución.

El mercado de tierras y el mercado de alimentos siguieron concentrados en los agentes económicos más poderosos sin que el Estado fijara allí un posicionamiento decisivo. Sin embargo, la política del Instituto Nacional de Colonización (INC) de acceso a la tierra permitió mejorar los ingresos de una buena parte de las unidades productivas familiares al seguir subsidiando la renta del uso de las tierras públicas.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La política de tierras no sufrió modificaciones respecto a los años anteriores.

No hay una política pública de tenencia de la tierra en 96% del territorio, donde los reguladores no estatales, como grandes empresas, sociedades anónimas y capitales extranjeros exigen la libre compra-venta-arrendamiento de tierra como si fuera una mercancía más.

64% de las adjudicaciones de tierra del INC se realizaron en régimen de cotitularidad, tanto al hombre como a la mujer de un núcleo familiar.

La única política activa de tenencia y acceso a la tierra es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Colonización y la afectación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), las cuales regularon ciertos aspectos de uso de la tierra en pequeñas zonas del país.

Entre 2008 y 2018, ingresaron al SNAP unas 15 áreas en todo el país, que son apenas 285.265 hectáreas, representando menos de 1% del territorio nacional.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Protestas nacionales de los productores agropecuarios, que incluyó a los productores familiares, a la pequeña, a la mediana y a la gran burguesía agraria bajo el lema Un solo Uruguay (USU), este movimiento de productores “autoconvocados” bregó contra la cooptación de sus dirigentes negando el carácter partidario de su movilización y diferenciándose de las gremiales tradicionales del campo.

En la Proclama principal del USU no hubo una oposición a la inversión extranjera, sino que se reclamaba “que todos tenemos que tener las mismas reglas de juego”.

La Mesa Nacional de Colonos promovió una negociación con el INC para evitar desalojos de predios habitados, no obstante, la institución omitió y limitó este diálogo. Los desalojos de las tierras públicas son operados por orden judicial, se procedió en la Colonia Eduardo Acevedo del Departamento de Artigas por el atraso en el pago de la renta, desconociendo la inversión en mejoras en la propiedad del colono.

Se generó el movimiento Cota 81, que denunciaba el nivel de inundación que causaría el segundo megaproyecto de la empresa finlandesa UPM en las riberas del Río Negro. Además, la participación eco-feminista del colectivo “Por el costado de la vía” en una serie de intervenciones públicas, denunciando los perjuicios del proyecto de ferrocarril y los efectos que causaría la ampliación de la superficie afectada para abastecer la nueva planta de pasta de celulosa del proyecto UPM2.

En Paso De Centurión y Sierra de Ríos (Departamento de Cerro Largo) el SNAP realizó consultas para que unos 200 padrones rurales ingresaran a la zona. Los pobladores se movilizaron para confrontar sus derechos a las empresas forestales para resguardar el estado natural del ecosistema.

El Movimiento “Canelones Libre de Soja Transgénica”, presentaron firmas al gobierno para la prohibición de la soja transgénica en el Departamento de Canelones, por ser irreconciliable con la tradición de la producción familiar granjera.

En el Departamento de Montevideo, el colectivo Asamblea Permanente por la Rambla Sur se opuso a la privatización del Dique Mauá, a una concesión de empresas que requieren de una terminal fruviomarítima. La empresa china Shandong Baoma Fishery Group, adquirió terrenos considerados como “suelo rural”, para construir un megapuerto. Los pobladores denunciaron los impactos que sufriría su economía local.

4. Acciones Campesinas e Indígenas

Una campaña de recolección de firmas motorizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se procuró el uso del mecanismo de democracia directa, referéndum, que se utilizará para oponerse a la ley 19.553 de “riego con destino agrario”.

Otra campaña de recolección de firmas fue impulsada a nivel nacional por un “movimiento ciudadano” llamado “UPM2 No” contrario a la instalación de la planta de celulosa.

Las acciones indígenas se centraron en acciones culturales de denuncia y de solidaridad internacional con otros pueblos originarios. La re-emergencia charrúa fue la principal expresión de estos pueblos originarios en 2018, a partir de diversos colectivos que se nuclean en el Consejo de Nación Charrúa (CONACHA) y los productores familiares o campesinos nucleados en torno a la Red de Semillas Nativas y Criollas que llevaron adelante el VII Foro de Soberanía Alimentaria.

5. Propuestas

El conflicto del sector agropecuario desatado el 23 de enero y la firma del contrato para la segunda planta de UPM, son las principales causas que generan diferentes protestas de la población en la gestión.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en los últimos años reclama políticas diferenciales con la producción familiar.

Dirigentes de sindicatos de trabajadores rurales nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), coordinaron una respuesta a la problemática del sector agropecuario planteada por los “autoconvocados”. El Movimiento por la tierra y contra la pobreza elevó al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, una propuesta de movilización por una alianza entre las organizaciones del campo y la ciudad que permita diputar la renta de la tierra y su tenencia. Sin embargo, en la Mesa representativa, la iniciativa no prosperó por la posición de USU respecto a la gran propiedad y la política tributaria.

6. Normas

Desde el primer gobierno del Frente Amplio se ha endurecido la legislación para penalizar a ocupantes precarios de tierra, a nivel urbano y rural, con la aprobación de la Ley N° 19.661 que establece la “Modificación de las normas de desalojos colectivos y del régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales”.

El “desalojo colectivo” es el que se efectúe frente a 5 núcleos familiares o más, que “a título precario, de forma continua e ininterrumpida se encuentren ocupando desde hace más de veinticuatro meses un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación”.

El Parlamento aprobó el Proyecto de Ley “Por el que se declara de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica y se crea una Comisión Honoraria Nacional”, promovido por la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología de Uruguay y el capítulo local de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología SOCLA.

7. Instituciones

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente alcanzó la construcción de 30.000 viviendas en 51 años. La Cámara de Senadores rechazó un proyecto por universalizar la vivienda social también para las familias rurales sin “título de propiedad en regla o con posibilidades de regularizar”. En el Departamento de Cerro Largo, la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades, presentó al 2018 unos 500 escritos para regularizar situaciones de tenencia precaria. Estos ocupantes urbanos y rurales tienen sus derechos posesorios reconocidos, no obstante, también están expuestos a ser penalizados por la Ley de usurpación Nº 18.116 de abril de 2007.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo intervino a favor la Mesa Nacional de Colonos. Cuando la presidencia de la república, difundió el estado de las deudas de un colono con el INC, la INDDHH tomó posición denunciando que se había difundido “información pública de forma no adecuada y que tal proceder podría ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos de la libertad de expresión”. Con la aprobación en Naciones Unidas de los Derechos Campesinos, se habilita la posibilidad que la INDDHH se vincule de forma más estrecha a situaciones de reivindicación del acceso a la tierra y el territorio.

[1] El IPDRS tituló el artículo, el cual es un resumen del capítulo Uruguay, parte del Informe 2018.

Bolsonaro, perseguição, exploração e extrativismo
nos territórios e povos indígenas do Brasil

Carlos Walter Porto-Gonçalves

cwpg@uol.com.br

Danilo Pereira Cuin

danilo_cuin@yahoo.com.br

Julia Nascimento Ladeira

julia.nladeira@gmail.com

Marlon Nunes Silva

marlonunesilva@gmail.com

Pedro Catanzaro da Rocha Leão

pedroleao0498@gmail.com

Laboratório de Estudos de Movimento Sociais e Territorialidades (LEMTO), é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-graduação em Geografia do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense.

1. Marco Geral

Aliança político partidária alimentou uma corrente conservadora, que deu pé ao impeachment preventivo ao ex-Presidente Lula da Silva e a eleição dum presidente fascista e medíocre.

A mídia e as igrejas protestantes contribuíram a eleição de Bolsonaro com um discurso de ódio, expondo o excessivo gasto público e a corrupção do PT.

Ele encarnava a volta a valores conservadores, com argumentos fascistas de legitimação da supremacia branca, familiarista, masculina e heterossexual; numa afronta contra políticas sociais, e as demandas de povos indígenas, afrodescendentes, mulheres e comunidades GLBT.

Bolsonaro assume uma política ultraliberal, subordinada as oligarquias financeiras, defensora dos interesses de empresas transnacionais, com enormes consequências na persistência da desigualdade social.

1480 ocorrências de conflitos no campo, colocando nem disputa uma área equivalente a 4,6% do território, envolvendo aproximadamente um milhão de pessoas.  

Mais de 400 mulheres que agem como protagonistas nas lutas no campo, assim como no âmbito político, estão na cadeia.  Esta persecução vem crescendo desde o governo de FHC, e no 2015 no segundo governo de Lula da Silva.

Desde 1994 com o Plano Real, as elites submeteram o pais às maiores taxas de juros do mundo.  As medidas iniciaram com a sobrevalorização do Real, a importação generalizada de produtos industriais, o que permitiu um populismo consumista. 

O setor industrial secundário em 1994 contribuía com 26% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, hoje contribui com menos de 10%, empurrando o pais ao extractivismo, para exportações de produtos primários agrícolas e minerais.

Lula da Silva com a aliança político partidária, colocou um megaprojeto de infraestrutura, lançado por FHC em 2000, a Iniciativa de Integração Regional Sul Americana (IIRSA), para alcançar o mercado da Asia.

O país recebeu recursos do banco chinês, o BNDES, aliado ao setor da construção civil, aliado a corporações como Odebrecht, Camargo Correia, OAS.

A ruptura política iniciada em 2015 deu pé a expressão duma ideológica ultraliberal, e agudisou o regime de acumulação rentista.  

Aumentou a exploração do trabalho e da natureza, como a reforma trabalhista, a lei que limita os gastos públicos por 20 anos, a regressão da política ambiental, da reforma agrária e dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, entre eles indígenas e quilombolas.

2. Avanços no Acesso à Terra e ao Território

110 milhões de hectares de terras/territórios estão nas mãos de povos indígenas; cerca de 100 milhões de hectares de conservação, metade delas sob uso direto de populações tradicionais.  Mais de 40% do território brasileiro está sob uso direto de grupos que escapam ao controle das oligarquias latifundiárias.

191 bilhões de reais estão disponíveis para os agronegociantes com o Plano Safra.

Expansão territorial dos grupos empresariais ligados à mineração, ao agronegócio, ao hidro negócio, às grandes empreiteiras com suas mega-obras de construção civil (portos, hidrovias, rodovias, hidrelétricas) e novos setores como os de energia eólica e solar. 

No final do primeiro mandato de Lula da Silva, se editou a medida provisória 458 proporcionando a maior legalização de terras griladas da história do Brasil; em particular na Amazônia para a concentração fundiária.

A lei é o segundo grande golpe contra a classe trabalhadora subalternizada.

1. Sobre os Assentamentos Rurais

Diminuição histórica de decretos de desapropriação para fins da reforma agrária no Brasil, em 1998 assinaram 845 decretos, 2015 nenhum decreto foi assinado, 2018 4 decretos foram aprovados.

Entre 2015 e 2018 a desapropriação foi duma área equivalente a 0,7%, da ocorrida entre 1995 e 1998, e a 1,8% da área no primeiro mandato de Lula da Silva.

Entre 2005 e 2016 mais de 100.000 famílias se assentarão no território brasileiro.  A média anual do período 2015-2018 foi de 9.609 famílias.

1. Sobre as Terras Indígenas

Ouve uma queda vertiginosa das homologações desde o 1º governo FHC, com sua quase nulidade no período de ruptura política de 2015.  FHC fez 145 homologações. Lula alcançou 79 TI's e Dilma 21; Temer homologou somente 1 no Mato Grosso.
Aceleração do desmatamento nas Terras Indígenas na Amazônia, reconhecidamente áreas mais preservadas pelas práticas culturais dos povos.
Entre 2016 e 2018 o desmatamento atingiu um crescimento de 124%, o que representa um salto de 11,9 mil hectares para 26,7 mil hectares.
As TI's exercem um papel fundamental enquanto barreira ao desmatamento, sobretudo no Pará.

1. Sobre as Comunidades Quilombolas

A destinação de recursos públicos para a titulação de territórios quilombolas sofreu uma queda de mais de 97% nos últimos cinco anos, de R$ 42 milhões o 2003 para R$ 1 milhão 2018.
Nos últimos 15 anos 206 áreas quilombolas, com pelo menos 13 mil famílias, foram tituladas pelo INCRA.  Em 2018 se emitirão apenas 144 comunidades e titulou somente 4 terras quilombolas.

3. Conflitos no Acesso à Terra e ao Território

No ano 2018, 4,6% do território brasileiro esteve sob disputa direta em conflitos foram 1480 ocorrências de conflitos na área rural, envolvendo 957.713 pessoas e 39.425.494 hectares; 92% está localizada na Amazônia.

Se inverterão 191 bilhões de reais para os agronegociantes com o Plano Safra de apoio Estatal ao setor  privado.

Dos 912 conflitos em que foi possível identificar as categorias sociais que protagonizaram algum tipo de violência, o Estado aparece diretamente implicado em 30% deles, em 131 em casos de grilagem.

O Estado se envolveu em conflitos com empresas mineradoras, para garantir o acesso ao subsolo, o que exige a mediação do Estado contra os que ocupam a superfície da terra, e ainda o acesso à água.

4. Ações e Propostas dos Movimentos Sociais

A pesar da persecução política, a militarização do campo e a cidade, e o crescente número de assassinatos a lideranzas indígenas, os movimentos sociais estão demostrando sua capacidade de articulação estratégica.  

Se gestão encontros, plenárias, manifestações, ocupações, retomadas de terra, ocupações de instituições públicas e acampamentos que envolvem uma grande diversidade de organizações.  

Mais de 3 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, reivindicando a retomada das demarcações de Terra Indígenas (TIs), e a declaração do FAMA coloca como horizonte a construção da aliança entre a diversidade para o “enfrentamento ao sistema capitalista, patriarcal, racista e colonial”.

5. Normas e Instituições

Brasil vive um transição institucional no desenvolvimento rural e agrário para favorecer ao setor privado.

Temer em 2018, favoreceu interesses do agrohidronegócio, da ampliação da exploração mineral e do capital financeiro. O INCRA se transformou numa imobiliária estatal.
Intensa política de titulação individualizada de lotes, promovendo fragmentação e vulnerabilização das famílias assentadas.  Só em 2017 foram expedidos 26.523 Títulos de Domínio e 97.030 contratos de concessão de uso.

Ao contrario o valor destinado à obtenção de terras para agricultura familiar foi em 2018 de 83,7 milhões, sendo que em 2015 foi de 800 milhões.
O orçamento para a Assistência Técnica nos assentamentos também sofreu grandes cortes, passando de 355,4 milhões, em 2015, para 19,7 milhões em 2018.

O Crédito Fundiário para a venda de lotes de assentamentos rurais.

Os grupos que dominam o agronegócio emplacaram a nomeação da Sra. Ministra Tereza Cristina (DEM-MS), indicada pela Frente Parlamentar Agropecuária. Uma das defensoras do projeto que muda as regras no registro de agrotóxicos no país. 

O conjunto das políticas que o novo governo vem pondo em prática, sobretudo contra a reforma agrária, o mundo indígena e o meio ambiente e em defesa dos interesses do capital financeiro, da mineração e do agronegócio, ratifica a tese de que se trata da continuidade da ruptura política iniciada em 2015.

Perú: un contexto peligroso para defensores
de la tierra y el medio ambiente¹

Aldo Santos Arias
aldosanto@gmail.com

1.      Marco general del país

Un reto del Estado peruano es garantizar la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas, y los 55 pueblos indígenas, cuyos territorios están expuestos a actividades ilegales o a la superposición de derechos.

Isaac Huamán Pérez, Director Regional de Agricultura y Christopher Paul Hernández Larrañaga, Director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria fueron detenidos por liderar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras en Ucayali.

Perú sería uno de los países más peligrosos para defensores de la tierra y el medio ambiente el tráfico de terrenos, fenómeno que al igual que el narcotráfico, es una cadena de valor asociada a una serie de delitos como usurpación, falsedad genérica, corrupción de funcionarios, etc.

El 28 de marzo del 2018, Martín Vizcarra Cornejo sucedió en la presidencia A Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció luego de un escándalo relacionado a servicios que habría brindado a la empresa brasilera Odebrecht, mientras ejercía funciones.

Escándalos de corrupción, revelan una red de jueces y fiscales comprometidos con actos de corrupción que involucraban a funcionarios, empresarios, políticos y hasta a reconocidos deportistas.

El presidente Vizcarra propuso una reforma del sistema de justicia y convocó a un referéndum que aprobó tres modificaciones constitucionales, entre ellas la prohibición de la reelección de congresistas, legitimando así su gobierno.

El 2018 estuvo marcado por el desarrollo de campañas electorales a nivel regional y municipal.

2.      Avances en el acceso a la tierra y el territorio

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha fortalecido su rectoría en materia de saneamiento físico legal. Además, la emisión de diferentes instrumentos normativos ha permitido llenar vacíos y superar algunos de los problemas de los gobiernos regionales.

Sin embargo, la Política Nacional Agraria pese a señalar que el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y nativas sería prioritario, contradictoriamente siguió privilegiando la titulación de predios individuales, dejando de lado la titulación comunal. Lo mismo ocurre con el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – PTRT3, que desde el 2015, no ha titulado a ninguna comunidad. Se calcula que más de 49 % de la superficie del país está ocupado por comunidades campesinas y comunidades nativas, sólo en cuatro de 24 regiones se han reportado avances en materia de saneamiento físico legal y titulación durante el 2018.

Gobiernos Regionales reciben transferencias de entre 300 mil y 1 millón de soles anuales para el saneamiento de tierras rurales y solo 33 % de ellos destina dichos recursos para la titulación comunal, el resto los destina para la titulación de predios individuales.

3.      Conflictos por el acceso a tierra y territorio  

La titulación de una comunidad nativa puede tomar hasta 25 años, mientras que, para una empresa, tener los derechos sobre tierras toma un máximo de 5 años.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Dirección Regional Forestal, aprobaron una norma para entregar concesiones de hasta 200 mil hectáreas, bosques adjudicados que se superponen a 29 de 53 comunidades y que tenían el compromiso de titular 350 mil hectáreas. Entonces, solo se podrá entregar derechos sobre 110 mil hectáreas, el territorio a titular se ha reducido a la tercera parte.

De acuerdo con cifras del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), se han entregado 241.085,26 hectáreas para el aprovechamiento forestal y minero generando inestabilidad social, inseguridad jurídica y precariedad económica.

Según la Presidencia del Consejo de Ministros, han sido identificados 194 casos de conflicto social a nivel nacional, 80 corresponden a minería y 20 a hidrocarburos. Con cifras diferentes, la Defensoría del Pueblo indica que, de 181 casos identificados en 2018, 113 son conflictos socioambientales, la minería ocupa 64,6 % e hidrocarburos 13,3 %.

La presencia de actividades extractivas en las comunidades campesinas y nativas continúa siendo una fuente potencial de conflictos sociales.

Queda pendiente la emisión de una norma que establezca criterios técnicos para solucionar controversias por superposición de tierras comunales por otros derechos, concesiones forestales, mineras, petroleras o Áreas Naturales Protegidas.

No existe un sistema unificado que permita tener información oficial de la cantidad de comunidades campesinas y nativas tituladas o en proceso de titulación.

Estado peruano desconoce la personería jurídica de los pueblos indígenas, ya que el reconocimiento de las comunidades no ha tomado en cuenta los estándares del Convenio 169 de la OIT. El pueblo Achuar del Pastaza no logra la titulación integral de su territorio, por este desconocimiento.

La comunidad campesina La Arboleda, situada entre los distritos de Tiquillaca y Atuncolla, en Puno, presentó un recurso de agravio constitucional que se resolvió en diciembre 2018, luego de 7 años de espera, el Tribunal Constitucional ha anulado todo lo actuado y devuelto el caso a la primera instancia.

4.      Acciones campesinas e indígenas para el acceso a la tierra y el territorio

Encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas en Puerto Maldonado (20 de enero). Las organizaciones indígenas dirigieron una comunicación al líder religioso, denunciando la vulneración de sus derechos.

Foro de Pueblos Indígenas en el marco de la VIII Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril). Se elaboraron propuestas para fortalecer la institucionalidad indígena, y combatir la corrupción que amenaza y vulnera los derechos de los pueblos indígenas.

Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de la Amazonía: “aportando a la agenda de las mujeres” (26 y 27 de abril). Se pronunció en a favor de la defensa del territorio para el buen vivir, la lucha contra el cambio climático, la economía indígena con énfasis en la agricultura y seguridad alimentaria, lucha contra la violencia, la igualdad de oportunidades y participación política de las mujeres.

Semana de Encuentro de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú (4 al 8 de junio). Para fortalecer la agenda del Pacto de Unidad, como el empoderamiento de las mujeres y la consolidación de la agenda de los pueblos indígenas u originarios para la defensa de sus derechos como la identidad cultural, la autonomía, la institucionalidad indígena, el acceso a la tierra y al territorio.

Taller Enfoque de la Mujer Indígena en la Gestión del Territorio y sus Bosques (08 y 09 de agosto). Presentaron propuestas de las mujeres indígenas sobre la gestión del territorio y bosques.

Foro Balance, retos y caminos a seguir para el Buen Vivir de las mujeres indígenas (19 de setiembre). Elaboró recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Plataforma de Beijing y la Cedaw, y para visibilizar la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

IV Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (30 de noviembre). Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio del ambiente para conocer el estado de la implementación de las políticas ambientales y el proceso de elaboración del Reglamento de Ley de Cambio Climático.

V Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (28 de diciembre) Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio de Agricultura y riego para conocer el estado de la implementación de las políticas agrarias, el estado de la agricultura familiar, la titulación de comunidades campesinas y nativas en el marco del PTRT3.

5.      Propuestas

El V Encuentro Nacional del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y el Informe alternativo 2018 planteó algunas prioridades para el Estado:

• La derogatoria, modificación o suspensión, de las normas aprobadas durante el actual gobierno, referidas al acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, adquisición y expropiación de inmuebles, transferencias de propiedad del Estado para obras de infraestructura, entre otros.
• Crear una política pública nacional para la seguridad territorial de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas.
• Garantizar la función Viceministerio de Interculturalidad respecto al derecho a la tierra y territorio de los pueblos.
• Ampliar la normatividad de consulta previa para la construcción de infraestructura para la provisión de servicios públicos.
• Garantizar los derechos a la tierra y al territorio, mediante, la titulación colectiva, demarcación, saneamiento y protección de los territorios ancestrales.
• Cesar políticas y normas que promuevan el acceso a tierras y territorios de pueblos indígenas, beneficiando a proyectos de inversión de grandes empresas privadas.
• Implementar el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado antes de la adopción y la ejecución de cualquier proyecto, programa, política o norma que afecte derechos fundamentales y colectivos.
• Promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones acerca de nuestras tierras y territorios.

6.      Normas

1. Ley N° 30723, que prioriza la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, iniciativa cuestionada porque pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que habitan las Reservas Indígenas Isconahua, Murunahua y Mashco Piro.
2. La Ley N° 30754 Marco sobre Cambio Climático, que agrupa 10 Proyectos de Ley y que reconoce el valor de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios, además de contemplar su participación en los mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático. Las organizaciones exigieron que sea consultada previamente, pues no tomaba encuentra compromisos climáticos, excluyendo derechos de titulación, manejo y gobernanza territorial.
3. La Ley Nº 30776, que delega al poder ejecutivo, la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios. Se emitieron 101 decretos legislativos, entre ellos el DL N° 1374, que establece el Régimen Sancionador por Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley N° 28736 sobre Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial las organizaciones criticaron esta norma, pues no han sido consultadas sobre su emisión y alcances.
4. Instituciones

Las competencias en materia de titulación y saneamiento físico legal han sido transferidas desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales, proceso no exento de dificultades, por lo que estas capacidades son bastante limitadas.

Los esfuerzos de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural han centrado en proponer mecanismos de simplificación y gratuidad, no obstante la precariedad institucional y la continua rotación de funcionarios debilitan la sostenibilidad de cualquier política. Otra entidad importante en materia de titulación es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, cuyas competencias en materia de otorgamiento de concesiones forestales han sido transferidas a los gobiernos regionales.

Si bien se ha generado normativa que precisa que la demarcación y titulación de comunidades nativas a cargo de los gobiernos regionales no podrá quedar suspendida por superposición con áreas de los BPP, dicha medida no atiende a las comunidades nativas que solicitan la titulación de áreas de bosques y no una cesión en uso, que es la figura que el Estado viene aplicando actualmente. 

El Ministerio de Cultura, órgano técnico especializado en materia de Pueblos Indígenas u Originarios del Poder Ejecutivo, tiene la función de coordinar acciones para culminar el proceso de saneamiento físico legal de las territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, conforme establece el Decreto Supremo Nº 005-2013-MINCU, por lo que se requiere un activo acompañamiento del sector, a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en materia de seguridad jurídica.

*(1) Este artículo fue titulado por el IPDRS, tomando una cita del texto

Pilares de la revuelta Indígena – Popular

Francisco Hidalgo Flor
francisco.hidalgo.flor@gmail.com

Introducción:

La publicación en el portal de Sudamérica Rural de este breve ensayo: “Comuna, Agora, Barrios: pilares de la revuelta indígena – popular” tiene el propósito a abrir una miradas, conocimientos y reflexiones que ubiquen a la par lo específico y lo general de las movilizaciones, levantamientos, revueltas, rebeliones que sacudieron a Sudamérica en los meses de octubre y noviembre del 2019.

Alumbrar sobre lo concreto puede aportar a mirar lo general, en esa dinámica podemos encontrar los horizontes y las limitaciones de estos acontecimientos que sacudieron el continente.

El texto que presentamos se interroga inicialmente respecto de cuáles son los pilares de un acontecimiento que marco un punto de inflexión respecto de la verdadera situación social y política del Ecuador, más allá de lo que los grandes medios de “comunicación” y la ideología oficial pretendían imponer.

La ideología oficial pretendía que aquello que acontecía en los niveles de la institucionalidad gubernamental era lo que acontecía en la sociedad, eso es la viabilidad del retorno neoliberal y la transición hacia el recorte del estado. Pero precisamente lo que evidenciaron los acontecimientos de octubre es la profunda y asentada resistencia social al modelo neoliberal, resistencia desde las clases populares.

Una de las especificidades de las revueltas en Ecuador es la importancia del movimiento indígena, pero a la par la evolución de los acontecimientos, en especial alrededor del centro político, que es la capital, Quito, y la espacialidad de las instituciones del poder, que se colocaron en condiciones de fragilidad, solo se pueden entender por la incorporación y apoyo desde las barriadas populares de la misma ciudad, y también unas redes de solidaridad y respaldo en los intersticios de los propios aparatos públicos.

Reconociendo también que fue una revuelta de alcance nacional, que incorporó expresiones de lucha especialmente en las regiones andina y amazónica, con cortes de carreteras y paralizaciones en la dinámica económica.

El texto nos presenta tres pilares: la Comunidad indígena en las zonas rurales, el Barrio popular en las grandes ciudades, y el Ágora no solo como el espacio físico en la Casa de la Cultura sino como modalidad de interacción y dirección.

Pero esta revuelta en Ecuador adquiere otras connotaciones cuando se la reconoce como el primer momento de una oleada que continuó casi inmediatamente en Chile, luego empató con los graves acontecimientos de noviembre en Bolivia, y finalmente se expresó también en el paro nacional de Colombia.

Oleadas de lucha social en la región que obligan a reconocer el enorme problema de la inequidad en nuestro continente, y la enorme vitalidad e indignación social que sobrepasa la institucionalidad de partidos y estado.

 Mira el artículo completo al que hace referencia el autor haciendo click aqui

Nueva Constitución para Chile en el
contexto del estallido social actual

Luis Pezo Orellana
Luis_pezo@hotmail.com

“¡Chile despertó!”, es una de las consignas que se dicen, escriben y cantan en el marco de las movilizaciones que a diario se realizan, producto del inédito e impresionante estallido social que se ha producido a lo largo de todo el país desde el 18 de octubre de este año.

Las manifestaciones comenzaron a propósito del alza en las tarifas del transporte público, siendo el hito de inicio las evasiones al metro realizadas y convocadas en señal de protesta por estudiantes secundarios en Santiago. La olla a presión provocada por años de neoliberalismo, la extrema desigualdad social, el abuso y la usura institucionalizadas, la inequidad de la justicia, el distanciamiento y descrédito de la gente hacia los partidos políticos, las continuas alzas de los servicios básicos y del costo de la vida, entre otros muchos factores, explotó a través de múltiples demandas sociales que exigen un país más justo e interpelan al Estado para que se haga cargo de garantizar derechos que han estado en gran medida entregados al mercado (salud, educación, agua, pensiones, electricidad, infraestructura vial, etc.).

Dado que se ha evidenciado que la Constitución Política de la República de Chile, vigente desde la dictadura cívico-militar, no ha permitido realizar cambios importantes en estas materias, la exigencia de generar una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente ha cobrado gran fuerza en el marco del estallido social, siendo una de las consignas más presentes en las movilizaciones.

El 15 de noviembre, un conjunto de partidos políticos de diversas tendencias, generó un acuerdo, ratificado por el gobierno, para realizar un plebiscito en abril de 2020, que someta al escrutinio de la ciudadanía la necesidad de contar con una nueva constitución y también el mecanismo para generarla, siendo uno de ellos la asamblea constituyente, denominada en este acuerdo como “convención constitucional”.

Este acuerdo ha generado críticas fundadas por parte de diversos actores y por gran parte de la ciudadanía, por fijar a priori condiciones cuestionables respecto del cuórum para aprobar preceptos de la nueva constitución, así como sobre la elección y composición de quienes conformarán el órgano constituyente, entre otros aspectos cuyos detalles quedarían a cargo de una “comisión técnica”, compuesta por representantes de partidos políticos.

No obstante, es posible constatar que el tema constitucional ha sido el que mayor avance ha logrado producto de la movilización social, ya que existe la posibilidad cierta de iniciar el próximo año el proceso constituyente chileno, si es que la ciudadanía así lo confirma en el plebiscito antes mencionado. Hoy vemos cómo este tema se trata en cabildos y asambleas populares de diversas organizaciones sociales, así como en foros, charlas, conversatorios y seminarios de diverso tipo. Asimismo, se aborda continuamente en la prensa escrita, redes sociales y hasta en programas de televisión abierta en diferentes horarios, y por supuesto, en las manifestaciones sociales de la calle. Todo parece indicar que el tema llegó para instalarse un buen tiempo, y ofrece la posibilidad de tener la mayor deliberación democrática que se haya dado en la historia de Chile.

Considerando este contexto, en atención a la gentil solicitud del IPDRS, presento de manera sinóptica algunos aspectos que se desarrollan con mayor profundidad en el artículo “Nueva Constitución y Desarrollo Rural en Chile: elementos para la reflexión y el debate” (Pezo, 2017), publicado por la revista Sustentabilidad(es).

¿Por qué cambiar la Constitución de 1980?

Cualquier intento de incorporar los temas rurales y de desarrollo rural en la constitución chilena, debe considerar los obstáculos que la actual carta magna impone para aquello y los principales cuestionamientos que sobre ésta se han realizado, y que permiten comprender el escenario actual que busca su reemplazo definitivo. Estos cuestionamientos principales se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Los “pecados de origen”: La Constitución de 1980 es una constitución surgida desde la cruenta dictadura cívico - militar, que impone autoritariamente el modelo económico y político vigente. En su formulación estuvo ausente el debate abierto y su “ratificación popular” se dio a través de un plebiscito fraudulento[1], por lo tanto es una constitución cuyo origen es ilegítimo.

1. La constante histórica: En Chile nunca ha habido un proceso constituyente democrático, nunca se ha realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir la institucionalidad política y la vida en comunidad. Como señala Manuel Antonio Garretón: “Chile es el único país del mundo que después de una larga dictadura que impuso su institucionalidad no ha hecho un proceso constituyente, y el único de América Latina que no ha tenido una asamblea constituyente después de la dictadura” (Garretón, 2013: 32).

1. Una constitución “tramposa”: La Constitución de 1980 contiene reglas tramposas puestas intencional y explícitamente por quienes la redactaron, con el fin de impedir que cualesquiera de los gobiernos posteriores puedan hacer algo distinto de lo que la derecha política permita (Atria, 2013). Las trampas consisten en “cerrojos” constitucionales que al fin y al cabo neutralizan las posibilidades de instalar temas importantes desde la ciudadanía a en materia de creación o cambio de normas legales. El sistema electoral (que sólo recientemente se modificó), los cuórum excesivamente altos para modificar leyes y reformar la constitución y el control preventivo del tribunal constitucional, son obstáculos para legislar a favor de las demandas populares.

1980. Necesidad de incorporar temas relevantes en la Constitución: Son diversos y numerosos los temas que se han planteado debieran ser abordados por una nueva carta fundamental chilena, los cuales están ausentes en la Constitución de 1980. Algunos de ellos son los siguientes: avanzar de una democracia representativa a un sistema político más participativo, descentralizado y con autonomías territoriales; reconocimiento constitucional del país como Estado plurinacional con derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas; reconocimiento y garantías estatales sobre los derechos económicos, sociales y culturales; protección y soberanía efectiva sobre recursos naturales estratégicos; protección efectiva del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad; rol más activo del Estado en la economía, entre otros.

Por último, en este apartado cabe señalar que la Constitución de 1980 no contiene ninguna disposición explícita que permita promover el desarrollo rural, como la tienen las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), con los conceptos de Soberanía Alimentaria y de Desarrollo Rural Integral Sustentable, respectivamente. Al contrario, como veremos a continuación en el caso la tierra y el agua, las disposiciones constitucionales vigentes son absolutamente desfavorables al respecto.

Constitución y concentración de la tierra en Chile

En el escenario neoliberal que se impone con la dictadura, marcado por la contrarreforma agraria y el libre mercado de la tierra, se conforma un proceso sostenido y creciente de concentración de la tierra y de descomposición y pauperización del campesinado que se mantiene hasta hoy.

La anterior reforma agraria fue posible gracias a disposiciones constitucionales que establecían la función social de la propiedad y la posibilidad de expropiación de “predios rústicos”. Después del golpe de Estado, además de suprimir la ley de reforma agraria, el gobierno dictatorial modificó, a través de la Constitución de 1980, la función social de la propiedad, eliminando también las referencias a las expropiaciones de predios rústicos.

Por otra parte, en el año 1974 se estableció el Decreto 701 para fomentar las plantaciones forestales, ofreciendo beneficios y garantías a este tipo de inversiones, lo cual favoreció la plantación de 2,5 millones de hectáreas – fundamentalmente pino y eucaliptus, bonificadas por el Estado-, en tierra anteriormente reformada que fue traspasada a privados, las cuales están hoy concentradas en dos grandes grupos económicos. Además de la pérdida de bosque nativo y de tierras agrícolas que podrían destinarse a la producción de alimentos, la expansión de las explotaciones forestales ha implicado el desplazamiento y empobrecimiento de la población indígena mapuche (Chonchol, 2017).

Al presentar esta situación, lo que queremos destacar es que el proceso de concentración de la tierra en Chile tiene directa relación con la legislación y políticas de corte neoliberal que se han implementado en el país y con la carencia absoluta de protección legal para el campesinado y sus tierras, con la única excepción de las tierras indígenas protegidas por la Ley N°19.253 desde el año 1993.

Desde nuestra perspectiva, es necesario plantear el tema de la tierra y su función económica y social en el debate constituyente chileno, con el fin de sentar bases constitucionales para hacer frente al proceso de concentración de la misma, así como la protección, distribución y el acceso a la tierra por parte de la agricultura familiar, pequeños y medianos productores, con consideraciones especiales al respecto para los pueblos indígenas, su territorialidad y autodeterminación.

La constitución chilena y la privatización del agua

En Chile existe una legislación mercantil de las aguas, que convierte a nuestro país en el único del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y su gestión (Mundaca, 2015). La Constitución de 1980 asegura esta situación en el artículo 19, número 24, consagrado al derecho de propiedad, en donde señala lo siguiente: “Los derechos particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

La citada disposición constitucional es el principal anclaje que ha evitado la derogación o reformas sustanciales al Código de Aguas de 1981, que hace operativa la privatización y mercantilización de las aguas a través de las siguientes disposiciones (Correa y Mundaca, 2017):

• Reconoce a las aguas como bien nacional de uso público, pero se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, permitiendo la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas y su transacción en el mercado.

• Le transfiere al Estado, a través de la Dirección General de Aguas, la facultad de conceder a particulares, de manera gratuita y a perpetuidad, los derechos de aprovechamiento de aguas, los cuales pasan a formar parte del patrimonio de sus titulares.

• Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, lo cual tiene dos grandes efectos: 1) se crea, de facto, el mercado de las aguas, en el cual sus propietarios pueden vender, comprar o arrendar agua y 2) genera la existencia de propietarios de agua sin tierra, y propietarios de tierra sin agua.

• Distingue entre derechos de aprovechamiento consuntivos (que se consumen totalmente las aguas, por ejemplo: agricultura, minería) y no consuntivos (que se utilizan, pero que se deben restituir, por ejemplo: hidroelectricidad). Ambos tipos de derecho se otorgan a particulares, y luego se transan en el mercado.

A más de 35 años de su vigencia, el Código de Aguas ha provocado una alta concentración de la propiedad de los derechos de agua. Lo anterior ha tenido fuertes repercusiones en la agricultura familiar campesina. De acuerdo a Mundaca (2017a), miles de familias campesinas privadas de agua han debido abandonar la actividad agrícola o migrar hacia las ciudades. Lo anterior, sumado a los severos períodos de escasez hídrica que han existido en los últimos años en muchas zonas rurales, ha contribuido a la pauperización sostenida del campesinado.

Para hacer frente a éstas y otras problemáticas asociadas con la privatización y mercantilización de las aguas, se hace necesario derogar el inciso final del número 24 del artículo 19 de la Constitución vigente, y establecer, para la recuperación de las aguas, “un marco constitucional que consagre a las aguas como un bien nacional de uso y dominio público, y su acceso, como un derecho humano esencial e irrenunciable” (Mundaca, 2015: 24)

Epílogo: ¿Qué va a ser de Chile?

Probablemente sea una de las preguntas que todos y todas nos estamos haciendo en estos momentos. A más de un mes de iniciado el estallido social, las manifestaciones continúan. El gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a las múltiples demandas sociales y ha respondido con la represión más brutal que se haya conocido desde el fin de la dictadura. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre esta represión, actualizadas al 25/11/2019, son las siguientes:

Fuente: INDH (www.indh.cl)

Por su parte, datos oficiales de la Fiscalía Nacional indican que, del total de investigaciones por violaciones a derechos humanos (2.670), 2.052 corresponden a denuncias contra Carabineros, 183 involucran al Ejército, 50 a la Policía de Investigaciones (PDI) y 26 a la Armada[2]. Recientes informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch (HRW) denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza tanto a manifestantes como a transeúntes.

Por cierto, la brutal represión no ha hecho sino aumentar la conflictividad social. A las manifestaciones sociales se le suman saqueos y destrozos a lo largo de todo el país, y las comunicaciones del presidente y del gobierno anuncian más represión. En el Congreso Nacional se fraguan acusaciones constitucionales contra el Ministro del Interior y contra el Presidente Piñera, mientras que en las calles se pide a gritos la renuncia del primer mandatario. Es muy probable que las movilizaciones se mantengan hasta que haya respuestas satisfactorias y efectivas respecto de las demandas sociales, así como justicia y reparación para las víctimas de la represión.

Conviviendo con la inseguridad y la incertidumbre, está también el entusiasmo y la esperanza que ha promovido este despertar de Chile, y la expectativa de la generación de un “Pacto Social” que corrija las injusticias y marque un antes y un después de este estallido social. En este ámbito está la posibilidad de generar una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, que tenemos a la vuelta de la esquina, más cerca que nunca en la historia de nuestro país. La desconfianza que persiste respecto del acuerdo cupular sobre este tema exige una ciudadanía activa y vigilante del camino que el proceso vaya asumiendo. Que este tema se posicione en las conversaciones cotidianas y en todos los rincones del Chile rural es un propósito al cual hemos querido contribuir en este escrito y en el artículo al cual hemos hecho referencia.

Bibliografía

Atria, F. (2013). La constitución tramposa. Santiago: LOM.

Correa, C. y Mundaca, R. (2017). Recuperación del agua y defensa de la vida. En: Varios Autores, Recuperar el agua. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Chonchol, J.(2017). La revolución chilena en el campo. En: Varios Autores, Reforma Agraria. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Fuentes, C. (2013). El Fraude: crónica sobre el plebiscito de la constitución de 1980. Santiago: Hueders.

Garretón, M.A. (2013). El nuevo esfuerzo: plebiscito para una nueva constitución. En: Varios Autores: Plebiscito para una nueva constitución. Santiago: El Desconcierto.

Mundaca, R. (2015). La privatización de las aguas en Chile. Causas y resistencias. Segunda Edición. Santiago: América en Movimiento.

Mundaca, R. (2017). Recuperar el agua para ir a una segunda reforma agraria. En: Varios Autores, Reforma Agraria. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Pezo, L. (2017). Desarrollo Rural y Nueva Constitución en Chile. Elementos para la reflexión y el debate. En: Sustentabilidad(es), vol. 8, núm. 15: 43-78.

[1] Para revisar en detalle el proceso fraudulento del plebiscito para aprobar la constitución de 1980, véase Fuentes (2013).

[2] Fuente: Sitio web de la Fiscalía Nacional. Noticia “Fiscalía eleva a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a derechos humanos” (26/11/2019). http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=16974

 Lea el árticulo completo al que hace referencia el autor en este enlace click aqui

Pensamiento crítico en el ámbito
socioambiental y territorial de Chile

Alexander Panez Pinto

alexander.panez@gmail.com

Rodrigo Faúndez Vergara

rodrigofaundezv@gmail.com

1. Marco general del país

Un contexto determinado por la trayectoria del poder hacendal en el Valle Central de Chile y la colonización del territorio mapuche en la segunda mitad del siglo XIX. Con la Pacificación de la Araucanía, el Estado desarrolló un proceso de expansión territorial hacia al sur del país, represión física, inferiorización y el despojo de territorios. Las comunidades mapuche quedaron concentradas en reducciones, que sumaban aproximadamente 500 mil hectáreas.

El régimen dictatorial reprimió la osadía campesina de rebelarse contra el poder patronal. La reforma agraria como reestructuración implicó la modernización de la agricultura y mayor integración al mercado internacional. Con la contrarreforma agraria, un tercio de la tierra expropiada fue devuelta a sus antiguos propietarios, otro tercio fue rematado o vendido a empresarios, y el tercio restante fue asignado a campesinos no involucrados en organizaciones o partidos de izquierda.

Se consolidó la propiedad privada del agua y su reconocimiento como un bien económico separado de la tierra, transable en el mercado.

El retorno al gobierno de Sebastián Piñera significó la tendencia a facilitar el proceso de acumulación de capital, y el incremento de la criminalización hacia quienes se oponen. Han aumentado los anuncios de inversión privada en actividades extractivas, destaca el sector minero con un aumento de 971 % alcanzando $4.770 millones y la autorización de proyectos con fuerte impactos socio-ecológicos.

Los movimientos en conflictos de larga duración han profundizado su estrategia de incidencia, han surgido nuevos focos de conflicto por la expansión de monocultivos, se han presentado acciones inéditas de campesinos, y se ha acentuado el conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La concentración de la tierra es similar a la existente antes de la reforma agraria (1967-1973). El Censo agropecuario (2007) reflejó la desigualdad en la tenencia de la tierra. Las explotaciones menores a 20 hectáreas, son 75 % del total de explotaciones y concentran apenas 3,9 % de la tierra. Las explotaciones de más de 200 hectáreas, equivalentes a 3,9 % del total de explotaciones y concentran 85,1 % de la superficie plantada.

Al 2018, no se registran avances en el acceso a la tierra para campesinos. De acuerdo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1995 y 2018, 6.833 familias indígenas han sido beneficiadas con subsidios para compras de tierras, lo que corresponde a una superficie de 55.255,55 hectáreas. Entre los años 2010 y 2018 se compraron 24.411 hectáreas, resultando 3.655 familias indígenas beneficiadas. 248 familias indígenas obtuvieron tierras, 1.686 hectáreas de superficie, en promedio 6,7 hectáreas por familia. La compra de tierra se concentró en cuatro regiones, BioBio (29,3 %), Araucanía (19,3 %), Los Ríos (15 %) y Los Lagos (36,4 %); con presencia del pueblo Mapuche.

La Ley Lafkenche (20.249) crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. Entre los años 2009 y 2018, se han decretado 43.619 hectáreas para este uso. Existen cuestionamientos al proceso de adjudicación, por su arbitrariedad y los tiempos de tramitación.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Explotación de litio en el Salar de Atacama

La Corporación de Fomento (CORFO) y la empresa Soquimich (SQM) firmaron un acuerdo, que aumentará la explotación de litio en el Salar de Atacama, utilizado para electromovilidad y el incremento de la recaudación fiscal. El Consejo de Pueblos Atacameños exigió la protección del territorio y el derecho a consulta indígena. El Salar está sobreexplotado 2.000 litros de agua por segundo sobre su capacidad de recarga natural. El emprendimiento minero “Pascua Lama” fue clausurado por el primer Tribunal Ambiental, por pedido de campesinos e indígenas diaguita (provincia del Huasco).

Conflicto con el agronegocio frutícola en Petorca, Valparaíso

El aguacate (palta) representa 60 % de la superficie cultivada. El río Ligua está sobre-otorgado en 129 %, y el río Petorca, en 87 % sobre su disponibilidad. El impacto de este alto consumo de agua es el agotamiento de los suelos y el aumento de la erosión. El Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA) internacionalizó la denuncia. Los exportadores y el gobierno criminalizaron estas acciones. Conflictos similares ocurren en la laguna de Aculeo (comuna de Paine), en Panquehue (región de Valparaíso) y Las Cabras (región de O’Higgins) también con la producción de paltos.

Oposición al embalse Punilla en San Fabián de Alico (región de Ñuble)

San Fabián de Alico de la región de Ñuble, amenazada por “Hidroñuble”, que propone construir una central hidroeléctrica y el embalse Punilla que implica inundar 1.700 hectáreas de tierra agrícola y pastoreo campesino. La policía chilena y empleados de la “Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A” (de la empresa italiana Astaldi) desalojaron a 80 familias, sin una solución habitacional. Destaca el protagonismo campesino en su negativa de desocupar sus tierras, así pasó también en el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio).

Conflicto con empresas y reivindicación del pueblo Mapuche

La radicalización del “nuevo movimiento mapuche” coincide con los impactos de las plantaciones de pino y eucaliptus en la disponibilidad de agua, contaminación y pérdida de territorio. El asesinato de Camilo Catrillanca provocó el malestar y solidaridad popular, y ante la ofensiva del Estado las organizaciones Mapuche se unificaron en un “estado de rebeldía”, que a su vez, sumó recuperaciones de tierra, en el sector Butaco y las 20 mil hectáreas de 11 comunidades del lago Lleulleu, en Biobio.

La violencia hacia comunidades como rasgo común en los conflictos

Al sospechoso suicidio de Macarena Valdés (2016), opositora a la instalación de torres de alta tensión en la comunidad Newen-Tranguil en Los Ríos; se sumaron los asesinatos de Camilo Catrillanca y Alejandro Castro de la bahía de Quintero-Puchuncaví. Numerosos defensores/as han sufrido amenazadas de muerte por su lucha contra proyectos extractivos.

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

Ocupación de fundos y lucha con las empresas forestales

Fundo Mundo Nuevo en Curanilahue. 36  familias ocuparon el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio), primera recuperación de tierras en manos de empresas forestales, realizada por grupos no-mapuches.

Marcha plurinacional por el agua y los territorios. En esta sexta versión se desarrolló en 11 de las 15 regiones del país, el día 28 de abril, en el marco del día mundial de la tierra.

Encuentro Wallmapu-Patagonia. En mayo se realizó en Panguipulli, región de los Ríos, entre organizaciones mapuches de Chile y Argentina, orientada a intercambiar información sobre los proyectos extractivistas y asociados a la iniciativa IIRSA-COSIPLAN.

Futa Trawun y Declaración de Comunidades mapuche de Temukuikui. Luego del asesinato de Camilo Catrillanca, en diciembre, organizaciones mapuche se reunieron para exigir la desmilitarización del Wallmapu; verdad en el relato sobre el despojo del Estado hacia el pueblo mapuche; continuar con el control territorial y continuar la ruta de libre determinación.

Encuentro nacional de MODATIMA. En diciembre se realizad el 2° encuentro, decide su agenda 2019 en tres ejes de acción: desmercantilización de la tierra, el agua y la energía.  

IX Tribunal ético en Illapel, Región de Coquimbo. En diciembre, organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), cuestionó la violencia estatal y de las estrategias contra las luchas campesinas.

Impulso a la “Ley de la jibia” (Boletín 9489). Organizaciones de pescadores artesanales y sectores de oposición al gobierno, impulsaron esta ley que permite la captura de este molusco con métodos artesanales.

5. Propuestas

Propuestas de políticas

1. Incidencia social en la Reforma al código de aguas

Si bien la reforma al Código de Aguas de 1981 avanzaba en consagrar las aguas como un bien nacional de uso público, el derecho de propiedad sigue suscrito en la constitución. Las propuestas de los movimientos son: Consagrar el Agua como bien común y derecho humano en la constitución. Restituir el agua a la tierra. Establecer prioridades de uso. Nueva institucionalidad hídrica.

1. b) Propuesta de derogar el Decreto de Ley 701 sobre Fomento a la Industria Forestal

El Decreto de Ley 701, instituido en la Dictadura civil-militar (1974), ha subsidiado a la industria forestal, el grupo Matte, a través de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones; Forestal Mininco; grupo Angelini, entre otras.

Alternativas productivas y de resignificación del territorio

1. Cooperativa de cultivos tradicionales Andinos Petorquinoa, Valparaíso

Petorquinoa es una cooperativa campesina de cultivos andinos como la quínoa y sus derivados. Los 40 campesinos reestablecen su relación con la tierra y muestran que es posible defender el territorio con cultivos tradicionales de bajo impacto hídrico.

1. b) Control comunitario de cuencas frente al monocultivo forestal, Catruman, Chiloé, Región de Los Lagos

Una experiencia de restauración ecológica del territorio, mediante manejo de cuencas desde la comunidad. Una red participativa de agua, la reforestación con árboles nativos, la construcción de un humedal artificial, modificando sectores de monocultivo forestal.

6. Normas

La agenda legislativa se ocupó en la discusión en torno al proyecto de ley de reforma al Código de Aguas. El gobierno se opuso a las limitaciones parciales a la propiedad privada sobre las aguas y resguarda la certeza jurídica a los privados.

Se promovió el proyecto de ley que “Prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad” (2010) y que volvió a ser discutido en el segundo semestre del 2018.

El gobierno, en junio, retiró el proyecto de ley llamado “ley de glaciares” por un proyecto general para crear un sistema de áreas protegidas. El proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para “reducir el componente político” y lograr mayor eficiencia

Aprobación en el senado al reconocimiento constitucional al pueblo Afrodescendiente.

7. Instituciones

El perfil empresarial de diferentes ministros problematiza su imparcialidad frente a temas agrarios y socioambientales. El ministro de agricultura Antonio Walker, ex presidente de la Federación de Productores de Fruta y empresario agrícola de la región del Maule, posee derechos de aprovechamiento de agua de 20 mil litros/segundo. Otros con este derecho, son el ministro de hacienda, la ministra de energía, el ministro de minería y el ministro de desarrollo social (MODATIMA, 2019).

El embajador de Chile en China (Luis Schmidt Montes), es ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y también presidente de FEDEFRUTA.

Conformación de alianzas público-privadas para políticas públicas bajo la idea de la filantropía privada y la responsabilidad social, como “Compromiso País”, donde varios empresarios promueven el desarrollo de 16 grupos sociales vulnerables, “Personas pertenecientes a pueblos indígenas en el 40% más pobre”, que cuenta con una mesa de trabajo en la que participan 2 representantes del sector privado, uno de ellos, Juan Sutil, empresario frutícola y presidente de la corporación “Reguemos Chile”, para quien la problemática del pueblo mapuche se debe a la falta de políticas de apoyo al emprendimiento en las comunidades y propone convertir a las comunidades mapuche de la Araucanía en “zonas de exportación de fruta”. Otro ejemplo, el “Plan agua para Petorca”, con representantes del ejecutivo y del agronegocio, proponen que el Estado compre derechos de aprovechamiento de agua a empresas agrícolas para garantizar el consumo de agua potable en la provincia o que estas empresas donen sus derechos de agua a los sistemas comunitarios de agua potable rural como medida de emergencia.

*Resumen elaborado en base al Capítulo Colombia del Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://bit.ly/2WFbNKk