PRODUCCIÓN - DIÁLOGOS
Textos breves sobre desarrollo rural solicitados por el IPDRS.
Se autoriza su reproducción total o parcial, citando al autor y como fuente al IPDRS.
289 - Acceso a la tierra y territorio en Perú
Acceso a la tierra y territorio en Perú
Fátima Horna Jiménez
Abogada (UNC). Fue voluntaria en el Proyecto Auditoría Social a los Sistema de Justicia de la Comisión Andina de Juristas. Actualmente forma parte del área legal de GRUFIDES.
Milagros Pérez Villanueva
Abogada y defensora, maestrante de Administración y Gerencia Pública, con experiencia en producción y comunicación, y proyectos de desarrollo social. Actualmente es Coordinadora Regional en la Red Nacional de Promoción de la Mujer y Coordinadora de Proyectos en GRUFIDES.
Pablo Ricardo Abdo
Abogado (UNCA) con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UNAP), especialista en asuntos indígenas y ambientales. Actualmente es coordinador del área legal de GRUFIDES y miembro de la Red de Justicia Hídrica del Cusco.
El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, enfatizando la sostenibilidad ecológica, el derecho al agua, la economía solidaria, la equidad de género y el diálogo intergeneracional, como parte de la construcción del buen vivir.
- Marco general del país
Hemos llegado a pasar una de las crisis políticas más grandes de la historia, llegando a tener tres Presidentes de la Nación en un solo año. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destacó la importancia de apoyar a los pequeños agricultores dado que ellos proveen el 60% de la alimentación básica del Perú. Perú es el tercer país que se percibe como el más corrupto de América Latina.
En los últimos años se viene trabajando el fortalecimiento de las políticas públicas en torno a la agricultura familiar, es por eso que se realizaron acciones complementarias frente a la emergencia nacional tales como la ampliación de 1000 mercados hasta fin de año, los cuales se suman a los 900 mercados itinerantes a nivel nacional implementados hasta junio y denominados “De la Chacra a la Olla”; se generó el bono para el agricultor.
El 15 de marzo, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional, ordenando aislamiento social obligatorio. En el ámbito de la salud, resaltó la precariedad del sistema. Se tuvo el mayor índice de fallecidos en la región y el mundo, en respuesta a un país en que el empleo informal que engloba las tres cuartas partes de la población y se ubica entre 70% y 75% de la población activa. Entre otros esfuerzos se creó un sistema de apoyo a las Pymes.
El 9 de noviembre, el Congreso aprobó la vacancia presidencial contra el presidente de entonces, Martín Vizcarra, por incapacidad moral permanente. El 14 de noviembre hubo una represión indescriptible por parte de miembros de la Policía, dentro de la protesta murieron dos jóvenes, Jack Brian Pintado Sánchez de 22 años y Jordan Inti Sotelo Camargo de 24 años. Dicha marcha dejó un saldo de 94 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud, y 42 desaparecidos. Entre estos acontecimientos también destacó el paro agrario del Perú, donde fallece un joven. Desde el departamento de Ica un 30 de noviembre, agricultores denuncian ser víctimas de maltrato y malas condiciones laborales.
- Avances en el acceso a la tierra y territorio
Durante el primer semestre del año 2020, que coincidió con la declaratoria de aislamiento social obligatorio a nivel nacional, según el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) se titularon 1918 predios rurales individuales en 11 departamentos del país, con un total de 2,719.56 hectáreas de superficie titulada, con 3,117 beneficiados/as con títulos de propiedad de los cuales el 48% son mujeres.
Durante ese primer semestre los Gobiernos Regionales y el Proyecto de inversión pública “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa- PTRT3” (PTRT3) no realizaron titulación de comunidades campesinas ni comunidades nativas. Durante todo el año, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), se entregaron 5380 títulos de propiedad rural individual y 7 títulos a comunidades nativas (SPDA Actualidad Ambiental, 2021). Con estas cifras en el acumulado se tiene que al término del año 2020, se han titulado 1.703 332 predios rurales individuales, 1597 comunidades nativas y 5151 comunidades campesinas. Están priorizando la titulación de predios individuales frente a la titulación colectiva.
Por otro lado, como medida de contención de la crisis originada por la pandemia, se creó el programa de Financiamiento Agrario Empresarial (FAE Agro) para otorgar créditos a pequeños productores agropecuarios. Con un fondo total de 2000 millones de soles a diferencia del Programa Reactiva Perú -dirigido a las Empresas con un fondo de 60 mil millones de soles-, el FAE Agro ha sido considerado por la mayoría de analistas como un fracaso (Zegarra, 2020). A fines de abril el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó por primera vez actividades de control y vigilancia de los bosques y sus recursos forestales como criterios en la asignación de presupuesto para el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
- Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
En el mes de diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo registró 197 conflictos. Los conflictos socioambientales ocuparon el mayor porcentaje representando el 65.5% (129 casos) del total de conflictos registrados, los comunales el 9.1% (18 casos) y los conflictos de demarcación territorial el 2% (4 casos). (Defensoría del Pueblo, 2020, pág. 18).
La pandemia ha generado nuevos conflictos, principalmente relacionados con actividades extractivas, ha hecho surgir nuevos actores y en algunos casos ha agravado las situaciones conflictivas, generando resistencia de parte de las poblaciones campesinas e indígenas, máxime para hacer frente a la promoción de las inversiones ante propuestas como la de recortar los plazos en la consulta previa o en realizarla de forma virtual.
- Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio
El Estado ha promovido la titulación de tierras o predios rurales bajo la nómina del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú - PTRT3. De las organizaciones indígenas que han accionado sobre estos puntos, podemos destacar las siguientes: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP, la Unión Nacional de Comunidades Aimaras - UNCA, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas - CUNARCP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP. Todas ellas, en la actualidad, promueven una campaña de Titulación Colectiva impulsada por las organizaciones indígenas nacionales y la estrategia de la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI).
Se han tomado Acciones para fortalecer el acceso a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y Acción de elaboración de un Estatuto modelo para pueblos indígenas de organización territorial comunal, parcialidad o centro poblado, así también se han entablado Procesos constitucionales en acción de defensa territorios y de la titulación de tierras indígenas, siendo las más involucradas en estos últimos la Comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, Comunidad Asháninca Nuevo Amanecer Huawái, Comunidad Nuevo Lamas (kichwas), Comunidades campesinas de Chumbivilcas. En la mayoría de los casos los problemas radican en que la titularidad de las comunidades es parcial o inexistente.
Se ha tomado la decisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30230 de Paquetazo ambiental, puesto que facilitaba el despojo de predios a favor de proyectos de inversión pública y privada recortando medidas tributarias, flexibilizando trámites administrativos y los permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, sin importar la preexistencia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Gracias a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, gremios agrarios, movimientos ecologistas y organizaciones de la sociedad civil se logró la ampliación de la moratoria al ingreso de transgénicos por un periodo de 15 años, es decir hasta el 2035.
- Propuestas
Dentro de la gestión de Estado se han planteado los Proyectos de Ley 3911/2018-PE, 4480/2018-CR y 5808/2020 que proponen la "Ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales". Sobre la ejecución de programas, mediante el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, del 5 de diciembre de 2020 el Poder Ejecutivo formalizó al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- AGRO RURAL.
- Normas
Resolución Ministerial N° 0029-2020-MINAGRI, publicada el 6 de febrero de 2020; Resolución Ministerial N° 176-2020-MINAGRI, del 31 de julio de 2020; Resolución Ministerial N° 0193-2020-MINAGRI, de fecha 24 de agosto de 2020; Decreto Supremo N° 009-2020-MINAGRI, publicado el 11 de octubre de 2020; Ley Nº 31056, amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización, publicada el 21 de octubre de 2020; Ley N° 31071, Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar publicada el 21 de noviembre de 2020; Resolución Ministerial N° 0322-2020-MIDAGRI, del 21 de diciembre; Ley Nº 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.
- Instituciones
Lo más resaltante del año en cuanto a institucionalidad ha sido el cambio de la denominación del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) por el ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Cambio que implica una nueva estructuración en el sector, con un enfoque de gestión integral del territorio y con prioridad en el servicio a la agricultura familiar.
El presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y sus órganos adscritos para el 2021 se ha reducido en relación al año 2020. De 2 875 millones de soles en 2020 a 2 179 millones de soles para 2021.
288 - El acceso a la tierra y el territorio en tiempos de COVID-19 en Bolivia
El acceso a la tierra y el territorio en tiempos de COVID-19 en Bolivia
Elba Flores Gonzales
Trabajadora social (UMSA) e investigadora social con experiencia en derechos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Realizó varias investigaciones sobre justicia indígena, resolución de conflictos y autonomías indígenas.
Deborah Díaz Araujo
Abogada (UAGRM) y especialista en derecho agrario. Trabaja en el acompañamiento a organizaciones indígenas en los procesos de dotación y titulación de sus territorios y la defensa de sus derechos.
Juan Pablo Marca Marca
Politólogo y sociólogo (UAGRM), es autor y coautor de varios libros, artículos, ensayos y columnas de opinión sobre la temática regional y pueblos indígenas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Victoria Lina Aguilera Orrury
Ingeniera ambiental (UAGRM), trabaja en la implementación del Sistema de Información Geográfica y Análisis Espacial en el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) en el CEJIS.
Unidad Funcional de Investigación e Información Estratégica – Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
- Contexto general
En 2020, la crisis política iniciada con la anulación de las Elecciones Generales de 2019 encontró, durante la pandemia del COVID-19, una movilización encabezada por diferentes organizaciones populares y campesinas del occidente del país, que demandaron al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno transitorio, la realización de las Elecciones Generales, las mismas que llevaron a que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con 55,11 % de los votos válidos, asuma nuevamente el poder, ahora con un discurso centrando en responder a las demandas que surgieron debido a la pandemia: crisis económica, gestión de la crisis sanitaria y unificación del país. La gestión de la pandemia desde el gobierno no incorporó un enfoque intercultural ni la variable étnica.
Durante este periodo las grandes actividades extractivas (minería, petrolera, forestal y agropecuaria) fueron promovidas como una salida a la crisis y para la reactivación económica, generando conflictos en las comunidades indígenas que habían determinado su autoaislamiento como medida de protección, en el marco del ejercicio de la libre autodeterminación. Durante el periodo de cuarentena, entre abril y julio, 49 territorios indígenas (algunos habitados por pueblos en situación de alta vulnerabilidad) registraron focos de calor en un número considerable. En mayo se promulgó el Decreto Supremo (D.S.) N° 4232 que autorizó el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación del uso de semillas transgénicas.
- Avances en el acceso a la tierra y el territorio
Entre 1996 y 2020, en Bolivia se saneó y tituló más de 88 millones de hectáreas (88.433.837 ha), superficie que representa 86 % del total de las tierras que debían ser saneadas en el país (103.418.772 ha). En este mismo periodo se entregaron aproximadamente un millón de títulos ejecutoriales a 2.673.830 beneficiarios. Más de un millón de mujeres fueron beneficiadas con la entrega de títulos ejecutoriales; esta cifra representa 49 % del total de beneficiarios.
En 2006, con la promulgación de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la política agraria nacional dio un giro sustancial en sintonía con los cambios que se vivían en el país, apostando por un proceso de redistribución que priorizó la dotación gratuita y colectiva de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. En este periodo y hasta 2010 existió un considerable avance en la titulación de territorios indígenas que alcanzó una superficie de 13.335.734 ha; sin embargo, en el periodo 2010– 2020, por diversos factores (principalmente políticos), el avance en el reconocimiento del derecho propietario de las tierras comunitarias a favor de indígenas fue casi inexistente.
Como resultado de la crisis ambiental, producto de los incendios forestales que afectaron a las regiones de la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía (2019), el proceso de saneamiento y titulación de tierras se vio paralizado.
- Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
La crisis económica ocasionada por la paralización de las distintas áreas de la economía nacional por la llegada de la pandemia del COVID-19, llevó al gobierno de transición a impulsar y consolidar el modelo extractivista; por tanto, los conflictos por el control de la tierra y los recursos naturales se centraron en la actividad minera y petrolera, la ampliación de la frontera agrícola para el uso de los transgénicos y para favorecer al agronegocio, en la consolidación de tierras a favor de grandes propietarios, además de la no atención de los conflictos de avasallamiento a los territorios indígenas por parte de comunidades interculturales.
La promulgación del D.S. N° 4232 que autorizaba el uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, llevó a que organizaciones indígenas, instituciones de la sociedad civil y activistas, a quienes se sumaron la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Central de Pueblos Indígenas Mojeños del Beni (CPEM-B) como terceros interesados, presenten una Acción Popular contra el gobierno transitorio, la misma fue rechazada por el sector agropecuario del oriente y algunas autoridades de Estado.
Los incendios forestales de 2019 afectaron a más de 6,4 millones de ha de los departamentos de Santa Cruz y Beni. El impacto sobre la región de la Chiquitanía (Santa Cruz) afectó a más de 47 comunidades de los pueblos indígenas Chiquitano, Ayoreo, Guarayo; y en la Amazonía (Beni) a las comunidades Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Esta situación fue denunciada al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), el cual sentenció sobre el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía Vs. Estado Plurinacional de Bolivia que, los incendios de 2019 fueron un “ecocidio.
El INRA consolidó a favor del entonces ministro de planificación del desarrollo, Branko Marinkovic, dos propiedades agrarias en el departamento de Santa Cruz. La titulación de estos predios se realizó de forma contraria a la normativa agraria que prohíbe a funcionarios públicos favorecerse con la adjudicación o dotación de tierras (Ley Nº 3545, art. 47).
Una de las regiones más golpeadas por la minería aurífera legal e ilegal, antes y durante la pandemia, son los municipios de Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, Apolo y San Buenaventura, en La Paz, y Rurrenabaque en Beni (CEDIB-Contiocap, 2020). Las empresas mineras que operan en estas regiones generaron impactos directos sobre los pueblos indígenas Leco, Mosetén, Chimán, Tacana y Uchupiamonas que habitan en las orillas de los ríos aledaños. En el territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, las autoridades originarias se declararon en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras en la comunidad Ticaña, por la empresa minera Belén la Victoria de San Luís que movilizó maquinaria y personal en el sector.
En el pueblo indígena T’simane que habita en el municipio de San Borja (Beni), se denunció que grupos de campesinos interculturales realizaron el aprovechamiento ilegal de madera con maquinaria en su territorio. También hay un asentamiento de comunidades interculturales en el territorio chiquitano de Monte Verde (Santa Cruz). De acuerdo al Consejo de Fiscalización de este territorio, el conflicto inició en 2018 con el asentamiento ilegal de tres comunidades interculturales al interior de Monte Verde, que desmontaron aproximadamente 350 ha sin ningún tipo de autorización.
- Acciones indígenas y campesinas para el acceso a la tierra y el territorio
Las acciones reivindicativas se concentraron más bien en la presentación de demandas para la atención de sus necesidades, así como manifiestos públicos frente a las políticas extractivistas y agrarias desarrolladas por el gobierno de transición y el ejercicio de la jurisdicción indígena en la consolidación de las autonomías indígenas.
Del conjunto de estas acciones es necesario destacar las siguientes: acciones frente al nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento del Beni; demanda de abrogación del paquete normativo que ocasionó los incendios de 2019 y audiencias virtuales del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN).
En el ejercicio de su libre determinación y a través de sus instancias de gobierno, las comunidades indígenas de tierras altas y bajas, especialmente la Organización Indígena Chiquitana (OICH), CICOL, Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en el Chaco, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la Amazonía sur, el pueblo Mosetén en la Amazonía norte y el Consejo Yuqui del trópico de Cochabamba, asumieron diferentes medidas para proteger sus formas de vida, tales como el autoaislamiento, la prohibición de las salidas de los territorios para las y los comunarios a no ser que sea para la provisión de alimentos, y la prohibición de que terceros ingresen para realizar actividades extractivas.
También se destacan el control territorial, la coordinación en la gestión del riesgo con las autoridades municipales; las campañas de ayuda humanitaria por parte de los dirigentes para conseguir alimentos, víveres y medicamentos (aspecto que se observó fundamentalmente en la Nación Qhara Qhara de Chuquisaca, el pueblo Yuqui de Cochabamba y Ayoreode de Santa Cruz); la revalorización de la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales; la producción familiar y comunitaria de alimentos; la aplicación de la justicia indígena, decisión asumida por la organización de mujeres del pueblo Mosetén (OMIN), del TIPNIS y del Territorio Indígena Multiétnico I (TIM I). Por otra parte, se identificó demandas de atención y acceso a los servicios de salud integral con enfoque intercultural.
Así mismo, Frente a los decretos transgénicos (Decretos Supremos Nº 4232 y Nº 4238) y la política agraria del gobierno de Añez, se debe destacar que más de 300 organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, consumidores, instituciones, profesionales y colectivos urbanos que promueven el consumo de alimentos saludables, enviaron el 18 de mayo de 2020 una Carta Abierta y un Pronunciamiento Nacional rechazando el D.S. Nº 4232.
Hasta la fecha, Bolivia cuenta con cinco autonomías indígenas originarias campesinas formalmente constituidas: por la vía de conversión municipal están Charagua Iyambae y Kereimba Iyambae (Santa Cruz), Uru Chipaya y Salinas (Oruro); y por la vía territorial Raqaypampa (Cochabamba). Las autoridades indígenas definieron ejercer su jurisdicción y aprobar sus estatutos sin la participación del TSE.
- Propuestas desde las organizaciones indígenas
Se destacan las siguientes propuestas: Participación en la gestión ambiental y derecho a la consulta previa y de buena fe. Protección de la diversidad genética y preservación de las semillas nativas. Abrogación de las normas que componen el paquete normativo denominado “Apoyo a la producción de alimentos”.
El 28 de abril de 2020, las organizaciones indígenas y el 26 de marzo, organizaciones civiles), exigieron una mayor coordinación entre niveles de gobierno y las autoridades y organizaciones indígenas, para enfrentar la pandemia.
- Normas que se promulgaron en 2020
D.S. N° 4245: Amplió la cuarentena condicionada y dinámica hasta el 30 de junio del 2020 y, al igual que el Decreto Nº 4229, permitió la continuidad de las actividades del sector industrial, manufacturero, agropecuario, minero e incluyó al sector maderero y forestal. D.S. N° 4232: Autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. D.S. N° 4320 con el cual Estado promueve la mercantilización de la tierra en pequeñas propiedades. Ley Departamental N° 181 de Declaratoria de Pausa Ambiental. Para preservar el patrimonio natural y establecer restricciones administrativas de acuerdo al uso de suelos para la restauración y conservación.
- Institucionalidad
Inestabilidad de cargos de Ministros de Desarrollo Rural y Tierras. En el INRA se mantuvo el interinato de sus autoridades. Los órganos responsables de proyectar las políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras son la Comisión Agraria Nacional (CAN) y las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD). La instancia nacional no logra reunirse y cumplir sus atribuciones hace más de diez años; lo mismo pasa en el ámbito departamental, que por intereses sectoriales y cálculos políticos no logran establecerse.
287 - La pandemia profundiza las desigualdades de un modelo agroalimentario insostenible
La pandemia profundiza las desigualdades de un modelo agroalimentario insostenible[1]
Luis Rojas Villagra
lurovilla@gmail.com
Economista por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Es investigador multifacético y docente del Instituto de
Trabajo Social de la UNA. Fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Es activista social y en defensa de la naturaleza.
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Inés Franceschelli
ines.franceschelli@henoi.org.py
Comunicadora, actualmente se dedica a la investigación e incidencia en temas relacionados con la disputa por la tierra, los agro negocios
y las violaciones a los derechos humanos; y además, en la vulneración alimentaria desde una perspectiva anticapitalista e internacionalista.
Heñói Centro de Estudios y promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental, tiene como fines
desarrollar actividades de investigación, formación, sensibilización, y apoyo a la acción de los sujetos y movimientos sociales y políticos de Paraguay.
- Marco General del país
El año 2020 ha sido un tiempo de continuidad de los problemas estructurales derivados del modelo económico neoliberal, y de la política prebendaria y elitista vigente en el Paraguay desde hace mucho tiempo. Las instituciones estatales han continuado con sus líneas históricas de actuación, apoyando prioritariamente a los agronegocios, la agricultura mecanizada y la ganadería de exportación, manteniendo en el abandono a los agricultores campesinos e indígenas. Sin embargo, nunca antes el país se había endeudado tan aceleradamente como en el 2020, año marcado por la pandemia y la recesión económica. Una de las derivaciones de la pandemia sumada a la fragilidad estatal, fue el gran aumento del endeudamiento público, La deuda pasó de representar el 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, al 33.5% en octubre 2020.
Uno de los efectos que rápidamente se observó, por causa de la cuarentena decretada por el gobierno de marzo a octubre del 2020, fue el aumento de precios de productos agrícolas básicos, A pocos días de iniciada las restricciones, el precio de la cebolla se incrementó 148%, de la papa 138%, la naranja 58%, del tomate 6% , situación que generó la protesta de los consumidores, por lo cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tuvo que actuar, de modo a aumentar nuevamente la importación de esos productos, y bajar, al menos parcialmente, los precios. Así, el volumen de las hortalizas ingresadas al país en dicho periodo se incrementó en 98 % mientras el valor pagado por las mismas creció 128%, lo cual indica que se importó más cantidad y a precios más altos. A esas dificultades se sumó la irracional expansión de los negocios inmobiliarios y la poca disponibilidad de semillas, tanto las de rubros de autoconsumo como algunas de cultivos de renta.
La falta de ingresos seguros, la inflación del precio de los alimentos, las dificultades para la movilidad de los pequeños productores, entre otros elementos, tuvo una válvula de escape en la autogestión comunitaria y barrial, a través de la organización de miles de ollas populares por todo el país, en su mayoría gestionadas por la propia población con dificultades para alimentarse. En setiembre del 2020, se promulgó la ley 6603[2] de apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la república durante la pandemia del Covid 19.
- Avances en el acceso a la tierra y territorio
Los mecanismos legales para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) cuente con tierras han sido prácticamente abandonados, entre ellos la compra, la expropiación y la recuperación de tierras irregularmente ocupadas, limitándose el actuar de dicho ente agrario, casi exclusivamente a procesos de regularización de lotes asignados en periodos anteriores. Según un informe del 2016[3], en el INDERT existían registradas unas 70.000 solicitudes de lotes por parte de familias campesinas que aún esperaban una respuesta. En el año 2019 se registraron 2.167 nuevas solicitudes de lotes, mientras que en el 2020 fueron otras 525 solicitudes.
Tampoco el gobierno ha avanzado en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente, como las denominadas tierras malhabidas, esto se debe a la falta de voluntad política del Gobierno, así como a la sistemática oposición por parte de los sectores terratenientes, a esto se suma la corrupción endémica del ente agrario, y la complicidad de los órganos de control.
Por otra parte, en el periodo de análisis, se han mantenido las características principales de la política fiscal del país: baja presión tributaria, sumado a la reducción del presupuesto destinado al sector campesino a través del INDERT. En el 2019 el presupuesto fue de Gs. 159.000 millones, monto que se redujo en el 2020 a 146.000 millones. El presupuesto para el 2021, incluye un gran recorte de -26%, quedando en tan solo Gs. 108.000 millones.
- Conflictos en el acceso a la tierra y territorio Los desalojos de tierras, que se habían multiplicado en el 2019 tanto en zonas rurales como urbanas, tuvieron una desaceleración en el 2020 a raíz de las restricciones creadas por la pandemia, aunque igualmente se ejecutaron en algunos casos. No obstante, existen muchos procesos judiciales abiertos, y la permanente presión de terratenientes y propietarios, apoyados por campañas en los medios comerciales de comunicación, para reiniciar los procesos de desalojo. A continuación, se destacan algunos de los principales conflictos por la tierra:
- Asentamiento 1° de marzo, distrito de Yvyrarobana, Canindejú: El Instituto de Bienestar Rural (IBR) había permutado 4.500 hectáreas por una avioneta, a favor de la empresa Perfecta S.A. en 1969, en abierta violación al Estatuto Agrario de 1963[4]. Generando presión para desalojar a las familias campesinas asentadas en el lugar.
- Colonia Yvype, Sexta Línea: La comunidad campesina que sigue resistiendo en sus lotes ha sufrido atropellos, allanamientos y desalojos en los últimos años, así mismo, viene siendo fragmentada y reducida por efecto de la irregular transferencia de lotes a no sujetos de la reforma agraria, y la consecuente sojización del territorio.
- Asentamiento 3 de Julio, distrito de Maracaná, Canindejú: Las amenazas de desalojo son permanentes hacia la comunidad, mientras el INDERT no da respuestas al pedido de solicitud de compra de 1.800 hectáreas por parte de 135 familias que residen y producen ahí.
- Asentamiento Rosarino, distrito de Maracaná, Canindejú: La comunidad sufrió dos desalojos por parte de la fiscalía y la policía, en setiembre y octubre. Sin embargo, la lucha campesina sigue vigente, con el apoyo de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).
- Comunidades indígenas: En agosto, la comunidad Guyrapaju, del distrito de Caaguazú, fue desalojada de un territorio donde vivían desde hacía 12 años. En octubre, otra comunidad indígena, en Jacuí Guazú, distrito de Mayor Otaño, fue desalojada de tierras que habitaban desde hacía 20 años.
- Asesinato de Arnaldo Rodríguez: Eran unas 30 familias que ocupaban 300 hectáreas que reclamaban al INDERT como tierras públicas. Un comerciante de nombre Héctor Calonga, las reclamaba como su propiedad. El 8 de junio de 2020, en una situación de tensión entre Calonga y los campesinos, el comerciante habría disparado a quemarropa a Arnaldo Rodríguez, quien murió minutos después en el lugar[5].
- Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y territorio
En 2020 la mayor actividad de las organizaciones estuvo orientada a proteger a las comunidades frente a la situación sanitaria, realización de ollas populares comunitarias para garantizar la alimentación, donaciones de alimentos de origen agrícola y animal, para asistir a poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto en zonas rurales, urbanas y periurbanas.
La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), realizaron una movilización nacional en el mes de octubre, en la capital, reclamando acceso a la tierra y regularización de la tenencia de la tierra para las familias campesinas, cese de los desalojos, condonación de deudas, reactivación productiva de la agricultura familiar, implementación de la ley de defensa y promoción de la agricultura campesina.
Se presentó el anteproyecto de Ley “Que crea la Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”[6]. Se impulsó el proyecto de ley de creación de la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (DINACARE). El 1° de octubre fue aprobado por la Cámara de Senadores el proyecto de ley que crea el Seguro Agrícola para la Agricultura Familiar Campesina (SAFC)[7].
- Normas
Promulgación, lenta reglamentación y nula operatividad de la Ley 6286/19, de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina.
Por otra parte, el MAG estuvo trabajando en poner en funcionamiento el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Agricultura Familiar 2020/2025, en el cual nada menos que el 87% del presupuesto estaría destinado a mecanizar las fincas campesinas, con soja y maíz transgénicos, además de sésamo[8].
- Instituciones
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): la política agraria del gobierno actual ha sido errática e ineficaz para promover el desarrollo de la agricultura campesina.
En cuanto al INDERT, continuando la triste tradición de esta institución, su último presidente, Mario Vega, fue destituido el 19 de octubre de 2020, al ser imputado por hechos de corrupción, como lesión de confianza.
[1] 1 Resumen del capítulo de Paraguay, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica,
disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146
[2] Ley 6603/20. Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9365/ley-n-6603-de-apoyo-y-asistencia-a-las-ollas-populares-organizadas-en-todo-el-territorio-de-la-republica-del-paraguay-durante-la-pandemia-declarada-por-la-organizacion-mundial-de-la-salud-a-causa-del-covid-19
[3] Arantxa Guereña y Luis Rojas, Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay (Asunción: OXFAM, 2016), 72.
[4] Milena Pereira, Informes sobre el Derecho a la Reforma Agraria 2018, 2019 (Asunción: CODEHUPY, 2018, 2019).
[5] Luis Rojas, 25 años: la reforma agraria en el papel, el capital en expansión, el campesinado en lucha (Asunción: CODEHUPY, 2020)
[6] Disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/122947
[7] Sistema de Información Legislativa, Proyecto de Ley que crea el seguro para la agricultura familiar campesina, consultado el 15 de diciembre 2020. Disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121853
[8] Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), Camino al default social y fiscal, consultado el 16 de enero 2020. Disponible en: http://seppy.org.py/camino-al-default-social-y-fiscal/
286 - Desinstitucionalización, tierra y emergencia humanitaria en Venezuela
Desinstitucionalización, tierra y emergencia humanitaria en Venezuela
Manuel Gómez Naranjo
Director General de Acción Campesina, miembro de la junta Directiva del Grupo Social CESAP y miembro de la Junta Directiva de la Red Sinergia.
Francisco J. Calvani Abbo
Miembro de Acción Campesina y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, Caracas.
Ambos autores, responden a la institución Acción Campesina, que impulsa la Agricultura Sostenible en corresponsabilidad con otros actores, privilegiando la participación de los pobladores rurales y de sus organizaciones en función del desarrollo rural del país. Sitio Web:
https://accioncampesina.com/
- VENEZUELA: CAIDA LIBRE HACIA EL ABISMO DE LA POBREZA
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2019/20) la pobreza total del país ya alcanza al 96,2% de la población, mientras que la pobreza extrema llega al 79,3 % como consecuencia de una caída progresiva del PIB. En 20 años pasamos de producir más de tres millones de barriles diarios de petróleo a menos de 300 mil. Los aspectos que han venido determinando este proceso masivo de empobrecimiento de la población y el sustantivo incremento de la desigualdad social se corresponden con: i) la aplicación de un modelo económico que destruyó el sistema productivo, desencadenado escasez de alimentos y de insumos productivos, hiperinflación y la pulverización del salario; ii) la crisis política que devino en un desmantelamiento de la institucionalidad pública y iii) las sanciones contra el país por parte de los Estados Unidos. En los últimos años debido al empobrecimiento generalizado de la población -incluso de lo que fue una amplia clase media- se empiezan a percibir enormes diferencias sociales, con una mayoría empobrecida que apenas tiene para comer y una minoría que no llega al 5% de la población con altísimos niveles de consumo.
Con respecto al CIVID-19 Venezuela ha tenido un nivel de contagios relativamente bajo en comparación con otros países de AL, debido entre otras cosas, a que el país ya estaba cerrado antes de la pandemia a lo que se agregó la gravísima escasez de combustible que limitó de manera importante la movilización de la población.
El impacto del COVID-19 en la economía está afectando especialmente a los que viven de ingresos diarios como taxistas, peluqueras, empleadas domésticas, campesinos y pequeños productores agrícolas. Unos cuatro millones de trabajadores en el sector informal o por cuenta propia comenzaron a recibir a finales de marzo el bono «quédate en casa», por el equivalente a unos seis dólares al cambio oficial de la fecha.
- AVANCES EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
La aparición del COVID-19 ha traído consigo una casi total paralización de la acción pública en temas relacionados con la tierra. En todo caso, se vienen dando reclamos y protestas silenciosas por algunos grupos de productores y campesinos. Se estima que, en el 2020, la caída del producto agrícola y pecuario ha sido de un 30%, con relación al año precedente. Un conjunto de factores se ha venido añadiendo de manera progresiva en el proceso de disminución de la producción agrícola. Entre ellos, se destacan: disminución casi total del crédito agrícola, inflación creciente y persistente, profundización de la escasez de combustible en razón del abandono de la industria petrolera, recrudecimiento de la inseguridad personal y de los bienes en el campo.
Durante la administración gubernamental de Hugo Chávez, el Estado venezolano ha puesto en evidencia y reconocido constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas. A partir de este reconocimiento se han aprobado numerosos instrumentos legales a su favor. Entre ellas, se destacan la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009) y la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2009). En cuanto a los derechos territoriales y la demarcación de tierras, logro consagrado en la Constitución de 1999, se ha avanzado muy poco. El proceso se encuentra prácticamente paralizado.
- CONFLICTOS EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
El “Arco Minero del Orinoco (AMO)” abarca una superficie de 111.843,70 km², lo que representa el 12,2% del territorio nacional. En la Amazonía venezolana existían ya ese año 1.899 sitios con actividad minera informal, en muchas de las cuales se incorporan hombres indígenas a partir de relaciones laborales que rozan la esclavitud; mientras que las mujeres indígenas se ven expuestas a la prostitución. En el decreto 2.248 se establece de manera explícita la militarización del territorio del AMO.
La actividad minera en los territorios indígenas está tiendo unos impactos que afectan de manera sustancial la totalidad de vida de las comunidades, provocando: La pérdida de los territorios; Una economía distorsionada, existe un exagerado incremento en los precios de los artículos de consumo; El deslave de las condiciones sociales: la atmósfera social en el AMO es la consecuencia de una institucionalidad caótica que deviene en pobreza, prostitución, trata de mujeres, y una morbilidad diversa que ha significado la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas hace más 50 años, como la malaria y la tuberculosis; La destrucción de los ecosistemas, se han dañado severamente las cuencas por la deforestación y la contaminación con mercurio, cianuro y otros metales pesados.
Por otra parte, la venta de excedentes de cosecha y de artesanías se han visto impedidas por las restricciones de movilización afectando las precarias economías familiares. Muchas familias han tenido que migrar a Brasil y Colombia
- ACCIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
Las luchas políticas, en general, se han despojado de sus ropajes ideológicos para ampararse, por un lado, en decisiones pragmáticas vinculadas a la sobrevivencia de la mayoría de los actores implicados y, por el otro, a motivaciones cínicas y oportunistas de una diversidad de actores que coexisten en el umbral de la legalidad (por ejemplo las fuerzas militares) o, son abiertamente grupos irregulares como guerrilla, paramilitares y delincuencia común, etc.
No existe en Venezuela una estructura orgánica que agrupe a las embrionarias organizaciones locales de indígenas y campesinos, en el imaginario de los políticos (de izquierda y de derecha) predomina la idea de que los campesinos y los indígenas son poblaciones que permanecen en una suerte de edad de la inocencia.
Ha habido persecución y encarcelamiento político de dirigentes indígenas, tal es el caso de Lisa Henrito, Villca Fernández, Geraldine Chacón y Gregory Hinds, Juvencio Gómez. A comienzos de 2021 doce indígenas pemones apresados en diciembre de 2019 por una supuesta sublevación, fueron liberados gracias -entre otras razones- a la defensa realizada por la ONG Foro Penal; desafortunadamente Salvador Franco, murió detenido el 3 de enero de 2021. Sus familiares habían denunciado que padecía de desnutrición severa. Las luchas campesinas e indígenas durante el 2020 estuvieron más debilitadas que nunca, fue un año de luchas fragmentadas que estuvieron muy influidas por la nueva normalidad impuesta por el COVID-19.
- ARAR EN EL MAR: PROPUESTAS SIN INSTITUCIONALIDAD
Venezuela está sumergida en un caos institucional. Ahora mismo tenemos dos Asambleas Nacionales, un Presidente de la República con una legitimidad muy cuestionada y un autoproclamado Presidente interino que.
De cualquier modo, si se avanzara hacia una cierta normalización del país habría que pensar en tres grandes ámbitos de propuestas: el rediseño de los marcos regulatorios para que apunten a mayores niveles de equidad en el acceso a la tierra y los territorios; la formulación de políticas públicas y asignación de recursos para compensar la asimetría de poder de los grupos vulnerables (indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres); la realización de cambios profundos en las instituciones
- NORMAS
Entre las medidas de mayor repercusión se encuentran las siguientes: el Incremento del encaje legal bancario, estas medidas limitan el otorgamiento de créditos, afectando seriamente el funcionamiento real de toda la economía, incluyendo la actividad agrícola y la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos
- INSTITUCIONES EN VENEZUELA: LA BÚSQUEDA DE LA UTOPÍA PÉRDIDA
El año 2020 hubo dos cambios relevantes en la institucionalidad pública; el primero, fue la renovación de los diputados de la Asamblea Nacional mediante unas elecciones con poca legitimidad política y cuyos resultados dejan en manos del gobierno ese poder constituido; la segunda, consecuencia de la primera, fue la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una suerte de esperpento institucional que fue concebida con el único propósito de anular las funciones de la anterior Asamblea Nacional que estaba controlada por la oposición al gobierno.
Ahora bien, estos cambios en las instituciones políticas no han tenido ningún impacto en la estructura administrativa del Estado, especialmente, en aquella asociada a los temas agrarios o indígenas. Se podría decir que, durante el 2020, la institucionalidad pública estuvo paralizada por motivo del COVID-19, pero también como consecuencia de la quiebra económica del Estado. Por otra parte, se ha reimpulsado la idea de Estado Comunal.
285 - Desigualdad y pandemia en Colombia
Desigualdad y pandemia en Colombia
María Camila Barrera Gutiérrez
mbarrera@cinep.org.co
Feminista. Trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora de la línea Movimientos Sociales, Tierra y Territorio del CINEP/Programa por la Paz.
Tatiana Paola Galera Cueto
tgalera@cinep.org.co
Feminista, líder juvenil y defensora de derechos humanos. Medica veterinaria zootecnista. Investigadora de la línea Movimientos Sociales, Tierra y Territorio de CINEP/Programa por la Paz en el departamento de Córdoba.
Javier Lautaro Medina Bernal
jmedina@cinep.org.co
Abogado. Especialista en Derecho Constitucional y Magíster en Desarrollo Educativo y Social. Hace parte de la línea de Movimientos Sociales, Tierra y Territorio de CINEP/Programa por la Paz.
El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)/Programa por la Paz, junto al Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política, apuestan por la vida, trabajan por una sociedad justa, sostenible y en paz.
1. Marco general
En el marco de la crisis sanitaria por la COVID-19, las personas defensoras enfrentaron una situación de mayor riesgo por la invisibilización de los contextos de violencia y la falta de protección de parte de las autoridades: por una parte, se redujeron esquemas de protección asignados y, por otra, se autorizaron actividades extractivas, operativos policiales y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), informó que durante el 2020 fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, 12 de sus familiares y 64 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz (INDEPAZ; 2021b). Además, 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres (INDEPAZ, 2021a) y se presentaron 90 eventos masivos de desplazamiento forzado con 8.192 familias víctimas. En diciembre de 2020 fueron capturados tres líderes campesinos del Coordinador Nacional Agrario (CNA) (CNA, 2015). Así mismo, el 2020 no significó una disminución de la violencia de género y contra las mujeres. Sus derechos fueron vulnerados, entre otros motivos, porque se profundizaron los efectos del desproporcionado reparto del cuidado no remunerado; la Red Feminista Antimilitarista reportó 630 feminicidio, las mujeres trans constituyen 46% de los casos, principalmente, como víctimas de homicidio, amenaza y violencia policial.
En marzo se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que fue base para una serie de medidas como limitaciones a la movilidad, la obligación de confinamiento, el cierre de fronteras y la prohibición de aglomeraciones y de actividades no esenciales. La figura del toque de queda a cargo de autoridades locales se hizo común y exacerbó el control policivo y militar sobre la vida, lo cual derivó en violaciones a derechos. En muchos barrios populares, desde los primeros días, se colgaron trapos rojos en las ventanas de las casas como símbolo y alerta del hambre.
El gobierno apostó por el Programa Ingreso Solidario (PIS) dirigido a tres millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, existieron muchos debates sobre el monto en un contexto de vulneración a los derechos a la alimentación, la salud, el trabajo y la educación, y la crisis de salud pública profundizó las desigualdades. Por ejemplo, los estratos socioeconómicos más bajos concentran la mayor cantidad de muertes. A febrero de 2021 en áreas urbanas, aproximadamente, 1,6 millones de hogares pasaron de comer tres comidas al día a menos raciones y existían 1,2 millones de personas menos ocupadas laboralmente, la pérdida de empleos fue desproporcionadamente mayor para mujeres que para hombres.
Los pueblos indígenas denunciaron que las condiciones históricas de vulnerabilidad exacerbaron los riesgos para su salud y su vida. Las organizaciones campesinas denunciaron el desmonte de la infraestructura y la precariedad del servicio de salud, la carencia de agua de riego y potable, la prioridad en los programas de apoyo de medianos y grandes productores, dificultades de conectividad para la educación virtual, aumento de importaciones, exacerbación de la violencia contra las mujeres y aumento del trabajo de cuidado y mínima llegada de las transferencias monetarias.
Finalmente, los confinamientos no significaron un freno para la protesta social. Al elaborarse este capítulo, en todo el país ocurre una sostenida movilización urbana y rural. Uno de los detonantes del Paro Nacional fue la reforma tributaria de corte regresivo, pero las exigencias incluyen una serie de demandas estructurales, el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz (AFP) y la reforma policial, entre otros. La respuesta del gobierno nacional es la militarización de algunas ciudades, tratamiento de guerra a la protesta social, represión policial y desprecio y estigmatización de los grupos movilizados.
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio
Los cuatro proyectos clave[1] de la Reforma Rural Integral (RRI) sobre acceso a tierras, han estado desfinanciados, con un déficit presupuestal de más de 50 % en los últimos tres años, situación que se repetirá en el 2021 (PGN, 2021, p. 10). Por otra parte, el Fondo de Tierras del AFP, con una meta de tres millones de hectáreas adjudicadas en sus primeros 12 años, a 15 de diciembre tenía ingresadas 1.189.828,698 hectáreas correspondientes a 6.420 predios (ANT, 2021a, p. 106). Frente a las cifras de año anterior, esto representa un aumento de 264.924,408 hectáreas y 1.355 predios. No obstante, existen dos problemas: el primero es que muchas de las tierras ingresadas estarían ocupadas, el segundo problema está en la lentitud de entrega de tierras del Fondo. En materia de formalización, que tiene una meta de siete millones de hectáreas en el AFP, desde el inicio de la implementación a finales de 2016 hasta enero de 2021, se han regularizado 499.481 hectáreas, 70 % para grupos étnicos y el restante para población campesina (CPEC, 2021b). Frente a la restitución de tierras, desde el 2011 a marzo de 2021, se habían restituido a través de sentencias judiciales 392.877 hectáreas (URT, 2021). Finalmente, durante 2020 no se constituyeron Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
3. Conflictos alrededor de los derechos a la tierra y al territorio
Se presentaron confrontaciones cuya base son históricos conflictos territoriales y problemas agrarios, por acciones u omisiones de instituciones que vulneran los derechos territoriales:
Cultivos de uso ilícito, sustitución voluntaria y erradicación forzada, estos conflictos pueden enfocarse a partir de cuatro cuestiones: primero, el incumplimiento de los compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). La segunda cuestión está representada en acciones de resistencia frente a la erradicación forzada, el saldo fueron campesinos asesinados, heridos, capturados, violencia sexual y destrucción de bienes. La tercera cuestión es sobre la reactivación de la aspersión aérea con glifosato. Finalmente, la cuarta cuestión es que la participación en el PNIS ha aumentado el nivel de riesgo y ha implicado el desplazamiento por amenaza de grupos armados. Desde la firma del AFP hasta junio de 2020 fueron asesinadas 75 personas, 20 en 2020.
En 2012, se le adjudicó un título colectivo al Consejo Comunitario del Gobierno Rural de la Boquilla; en julio una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar anuló la adjudicación debido a intereses del sector de desarrollo turístico e inmobiliario, la comunidad apeló y se encuentra a la espera de un nuevo fallo. Por otra parte, los sectores empresariales, al comienzo del confinamiento, propusieron aprobar procedimientos breves para agilizar temas que “frenan el desarrollo” como trámites de regalías, consulta previa y licencias ambientales.
4. Acciones de sujetos populares por los derechos a la tierra y al territorio
Con el recrudecimiento del confinamiento y ante la incapacidad del gobierno para contener la crisis sanitaria que se sumó a la desigualdad estructural, las comunidades rurales realizaron acciones para incidir y presionar por acuerdos que mejoraran las condiciones de vida del campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, y grupos de excombatientes. Implementaron medidas propias para la atención de la pandemia en sus territorios y los escenarios virtuales de movilización se fortalecieron, siendo aprovechados para denunciar y realizar declaraciones políticas.
Desde el 12 de octubre se desarrolló una inmensa movilización, liderada por organizaciones indígenas y campesinas, desde el departamento del Cauca hasta Bogotá, que se llamó la “Minga, por la defensa de la vida y paz, el territorio y la democracia”. Así mismo, entre octubre y noviembre, miles de firmantes de paz se desplazaron desde los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), hacia Bogotá, en lo que comenzó como la “Marcha por la vida” y resultó en una masiva “Peregrinación”. Se alcanzaron compromisos con el gobierno central. En el mes de diciembre, tres procesos organizativos alrededor de ZRC presentaron una acción de tutela contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y su consejo, en enero de 2021 un juez tuteló los derechos vulnerados y dio el plazo de seis meses a la ANT para que implemente un plan de acción y tome una decisión sobre la constitución de las tres ZRC.
Con respecto a la pandemia y la defensa de los derechos, se debe resaltar el papel de guardias campesinas, indígenas, cimarronas y de las comunidades para ejercer control territorial frente a la circulación de personas ajenas, trabajadores y vehículos de empresas extractivas en múltiples zonas del país, así como acciones de solidaridad entre comunidades para enfrentar el hambre. Las organizaciones campesinas reforzaron sus prácticas de autocuidado, se diseñaron y aplicaron sistemas de monitoreo para hacer seguimiento a los contagios y se interpusieron acciones judiciales para la defensa de sus derechos en contexto de pandemia. Se garantizó el funcionamiento de mercados campesinos, étnicos y agroecológicos mediante la construcción de protocolos de bioseguridad.
5. Propuestas de política pública
Las principales propuestas y exigencias giraron alrededor de la implementación adecuada e integral del AFP. Además, la necesidad de adecuar la respuesta a la pandemia en función de sus demandas específicas, ocupó buena parte de los debates públicos. Las propuestas que destacamos se centran en los derechos campesinos, la participación en la política alimentaria y en la regulación de cultivos de uso ilícito. Muchas organizaciones campesinas, comunidades étnicas y de pescadores se agruparon alrededor de La Convocatoria (14 de mayo 2020) para hacer propuestas de garantía del derecho a la alimentación y de soberanía alimentaria. Por otra parte, algunos congresistas presentaron el proyecto de ley 236 de 2020, para establecer el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados.
6. Normas
En el Estado de Emergencia, se produjeron varias disposiciones en respuesta a la crisis sanitaria. Algunas afectaron los tiempos de construcción y expedición de los Planes de Desarrollo del nivel territorial e incluso, los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria. Algunas específicas que involucran al sector agropecuario son: Decretos 486 y 796 de 2020 del MADR; Decreto 523 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Resoluciones 075 del MADR y 078 de URT. En septiembre, en respuesta a una orden de la Corte Constitucional, ya que su vigencia era hasta junio de 2021, se prorrogó por diez años la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras y de los Decretos. En materia de acceso a tierras se adoptaron dos normas relevantes: La ANT expidió el Acuerdo 118 que modifica el Acuerdo 058 de 2018, que reglamenta la asignación de derechos de uso. Así mismo, se expidió el Decreto 1330 que reglamenta el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT),
7. Instituciones
No existieron cambios en la estructura institucional del sector agrario y de tierras ni en las apuestas de política pública. Por otra parte, en el marco de la implementación del AFP, en la adopción de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI) se crearon instancias interinstitucionales de tipo técnico y decisión relacionadas con generación de ingresos, asociatividad y comercialización rural.
[1] Acceso a tierras, Ordenamiento Social de la propiedad, Formalización y Regularización.
284 - Chile Rural: entre la pandemia y el proceso constituyente
Chile Rural: entre la pandemia y el proceso constituyente[1]
Rodrigo Faúndez Vergara
rodrigofaundezv@gmail.com
Sociólogo de la Universidad de Valparaíso y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Miembro del Movimiento de Defensa por el Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA). Investigador en ámbitos de la sociedad civil, movimientos sociales, ruralidad y políticas públicas.
Catalina Huerta Huerta
catalina.huerta@ug.uchile.cl
Licenciada en Sociología de la Universidad de Chile. Miembro del Movimiento de Defensa por el Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA). Investigadora en ámbitos de medio ambiente, territorios rurales y políticas públicas.
- Marco general del país
La revuelta popular de octubre de 2019, promovió el escenario político proceso constituyente. La Convención Constitucional estará compuesta por 155 miembros electos, de los cuales, 17 son escaños reservados para pueblos originarios, siete para el pueblo Mapuche, dos para el pueblo Aymara y uno para los pueblos Atacameño, Colla, Quechua, Rapa Nui, Yámana, Kawashkar, Diaguita y Chango, respectivamente. Se excluyó al pueblo tribal afrodescendiente.
Fue relevante la discusión y la insistencia gubernamental por aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), debido al interés de la alianza Asia-Pacífico y a los grupos económicos multinacionales.
La crisis sanitaria contuvo las movilizaciones en los territorios, pero la profundización de la desigualdad, permitió su resurgimiento a fines de 2020. El COVID-19 provocó mayor inseguridad a las comunidades rurales, vulneradas por proyectos extractivos que generan pasivos ambientales, contaminación, escasez de agua, y una alta conflictividad territorial.
El gobierno declaró en marzo, el Estado de Emergencia en el territorio nacional, e impuso la cuarentena obligatoria con un toque de queda. Comunas con población mapuche como Temuco o Padre Las Casas, se vieron afectadas por el COVID-19, sin acceso a la atención médica y con restricciones a su ritualidad.
La política represiva del Estado ha fortalecido la unidad militar en el Wallmapu, con la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe; y además, ante el aumento de incendios de camiones de empresas forestales en carreteras, reforzó el control militar, terrestre y aéreo, de la Araucanía.
Un grupo de presos políticos inició una huelga de hambre en Angol, Lebu y Temuco, solicitando la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de los Estados a tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, así como a optar por sanciones distintas al encarcelamiento. Esta fue la demanda del machi (autoridad) Celestino Córdova para cumplir seis meses de la condena en su lof (comunidad).
La radicalización de la huelga de hambre tuvo un gran apoyo de las comunidades y desató actos de violencia racista contra el pueblo mapuche, principalmente, desde la organización de ultraderecha, Asociación Para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA).
- Avances en el acceso a la tierra y el territorio
El Estado reconoce la reivindicación histórica por acceso a tierra a los pueblos indígenas, mediante el artículo 20 de la Ley Nº 19.253 del Fondo de Tierras y Aguas, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que corresponde a un subsidio postulable por comunidades indígenas para comprar o regularizar tierras. El gobierno intentó entregar dinero a las familias y no tierra, la Contraloría General de la República, rechazó este pedido.
El alcalde mapuche de la comuna de Tirúa, Adolfo Millabur, denunció que en el año 2020 tan sólo 8 % del presupuesto de tierras fue gastado para este fin.
Según la CONADI, entre los años 1995 y 2020, 7.758 familias indígenas han sido beneficiadas con subsidios para compras de tierras por parte del Estado, una superficie de 61.098 hectáreas. En el año 2020, el Estado otorgó 654 hectáreas de tierra a 189 familias indígenas.
La CONADI en el período 1995-2020 financió conflictos por tierras que benefició a 19.810 familias indígenas, con 211.802 hectáreas. En el año 2020, este mismo financiamiento benefició a 706 familias con 3.971 hectáreas.
En relación al acceso a tierra bajo la Ley 20.249 Lafkenche de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, se entregaron 12.122 hectáreas, acumulando 56.001 hectáreas otorgadas entre los años 2012 y 2020.
Las medidas estatales no se relacionan con las demandas de tierras ancestrales de los pueblos, el pueblo Mapuche reivindica 10 millones de hectáreas, por ello ocurren las constantes ocupaciones de fundos por parte de sus comunidades, que en el año 2020 persistieron.
- Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
Inseguridad alimentaria
Como señala Zoila Bustamante de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), la crisis sanitaria ha afectado al sector silvoagropecuario, pero no es la primera vez, tras terremotos o catástrofes naturales, siempre los y las agricultoras familiares, pescadores/as artesanales y feriantes han sido quienes sacan adelante el abastecimiento de alimentos: “Somos la primera línea de la alimentación, somos los que abastecemos al pueblo cuando no hay grandes empresas”.
En 30 años, la producción de legumbres ha disminuido en más de 80 %. El país depende de las importaciones para cubrir más de 70 % de sus necesidades de consumo.
Crisis hídrica y sanitaria
La escasez hídrica y la falta de agua para consumo humano impidió adoptar medidas de prevención al virus. En la provincia de Petorca, la distribución alcanza un promedio de 50 litros diarios. Recién en julio, se consiente aumentar el volumen a 100 litros por persona al día.
Traspaso de terreno a granja China
El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) entregó vía comodato, un terreno de 60 hectáreas a la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), por un periodo de 25 años. Se destinarían 10 hectáreas para una Granja China en Chile, y otras 50 hectáreas para huertos demostrativos intensivos. Esta iniciativa encontró resistencia en San Nicolás, una comuna declarada como agroecológica en el año 2018, y que había preivsto un proyecto para implementar un parque agroecológico juntoa a organizaciones campesinas. Entre los socios de Fedefruta se encuentra un ex ministro de agricultura, hecho no informado con antelación a la aprobación del proyecto.
Profundización de la apertura comercial
El gobierno concedió licencias para abrir nuevos mercados para la importación y exportación de productos alimenticios. Sólo 25 % de las 35 mil toneladas de legumbres que se consumen al año se cultivan en el territorio nacional. De acuerdo a las cifras oficiales, en la temporada agrícola 1979-80 se sembraron 202.420 hectáreas de legumbres en todo el país, superficie que en la temporada 2019-2020, se redujo hasta llegar a las 22.578 hectáreas.
Conflicto del Estado contra el pueblo Mapuche
El COVID-19 ha golpeado a las comunidades rurales y ciudades. El machi Celestino Córdova y otros 27 comuneros, presos políticos, iniciaron una huelga de hambre pidiendo cumplir parte de su condena en su comunidad, sentenciada en el juicio por el delito de incendio que ocasionó la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. A más de 80 días de huelga, se radicalizó a través de una huelga seca, y esto, desató solidaridad y mayor violencia.
El gobierno presentó un proyecto de ley para la persecución del robo y hurto de madera, considerando que la raíz del conflicto mapuche está la industria forestal. La aprobación de esta ley tiene un carácter criminalizador y permite interceptar las comunicaciones, y el uso de agentes encubiertos, etc.
Exclusión del pueblo tribal afrodescendiente chileno de la elaboración de la Nueva Constitución
Se excluyó a los afrodescendientes del censo del 2012, y en el censo abreviado de 2017. En abril de 2019, se decreta la Ley N° 21.151, para el reconocimiento jurídico al Pueblo Tribal Afrodescendiente, como sujetos de derechos colectivos. Ahora demandan su participación en el proceso constituyente.
- Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio
Acciones de apoyo a comedores solidarios en el marco de la pandemia[2] [3]
La crisis alimentaria se ha expandido, con el COVID-19, surgieron cientos de ollas comunes y comedores solidarios. La Cooperativa Mapuche “Gente de la Tierra” de la comuna de Tirúa donó 4.500 kg. de papas a comedores solidarios; y los campesinos de la comuna de Los Ángeles donaron hortalizas a comedores de la Pastoral Social del Obispado.
Manifiesto por la agricultura familiar[4]
En julio se elaboró el “Manifiesto por la agricultura familiar: primera línea de la alimentación”, coordinado por académicos y firmado por organizaciones campesinas y sociedad civil.
Movilizaciones ante la violencia racista contra el pueblo Mapuche[5]
Destacamos la solidaridad de los pueblos ante la criminalización que es objeto la lucha del pueblo Mapuche.
Trawun en el marco de la violencia racista contra el pueblo Mapuche[6]
El 8 y 9 de agosto se desarrolló en la comuna de Curacautín un encuentro o Futa Trawun luego de los hechos de violencia racista. Se discutieron estrategias a futuro y se realizó una marcha hacia la ciudad de Curacautín, que fue reprimida.
Ocupaciones de fundo en territorio Mapuche y la lucha contra empresas forestales e hidroeléctricas
El lof Adkintué ocupó el fundo La Fusta en Lonquimay, a fines del 2019. En mayo fue desalojada con represión.
En septiembre, cinco comunidades mapuche desarrollaron ocupaciones de fundo en comunas de Traiguén y Victoria. Estos predios alcanzan más de 13 mil hectáreas de terreno.
El lof mapuche Juan Jose Ayenao, en diciembre ocupó el Fundo Buena Vista de la empresa forestal AF Chile, en el sector Llaima de la comuna de Melipeuco.
- Propuestas
Propuestas de política
Decreto para aumentar volumen de agua en Provincia de Petorca
MODATIMA interpuso dos recursos de protección ante la Corte de Valparaíso solicitando aumentar al doble (100 litros diarios por persona) el agua entregada a las comunidades rurales de Petorca. La Defensoría de la Niñez presentó un tercer recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que logró anular la resolución en contra y que cumplía con lo que establece la Organización Mundial de la Salud como el mínimo para vivir.
Acuerdo por huelga de hambre Machi Celestino Córdova
A más de 100 días de huelga y mesas de negociación fallidas, el machi Celestino Córdova depuso su huelga de hambre, firmó un acuerdo con el gobierno para que su recuperación sea en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y que, tras su eventual mejoría, deberá postular al Centro de Educación y Trabajo (CET) y pueda visitar su rewe por un máximo de 30 horas.
Propuestas a nivel de gestión comunitaria
Sistema de Monitoreo Local de Cuencas (SIMOL) es un proyecto ejecutado por la Universidad de Concepción en colaboración con la Unión Comunal de Agua Potable Rural de la comuna de Ránquil, en la región de Ñuble. Más de 20 de habitantes comenzaron un programa de formación e investigación en línea para Monitores Simol.
- Normas
En el mes de enero, se promulgó la Política Nacional de Desarrollo Rural, que tiene como propósito central “mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en los territorios rurales”.
En el mes de octubre se promulgó la Ley Nº 21.273 que reconoce al pueblo Chango y sobre tierras indígenas, e incorpora nuevas definiciones sobre tierras indígenas.
En noviembre, entró en vigencia la ley que regula el reglamento de la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales, modificando la administración de los actuales sistemas de Agua Potable Rural (APR), el rol d el Ministerio de Obras Públicas y el Programa de Agua Potable Rural y se garantiza la inversión pública.
Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural[7]
El 22 de enero, se creó el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, para dar mayor competitividad a las actividades productivas agrícolas, alimentaria, acuícola y forestal. No cuenta con participación de la sociedad civil y tiene un carácter productivista
El Gobierno pone suma urgencia a la aprobación del TPP11 y encuentra resistencia de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general.
- Instituciones
Suspensión de la Comisión Investigadora por Mega Sequía y Cambio Climático, que no retomó sus funciones y no elaboró un informe de resultados de su investigación.
Profundización de la apertura comercial
La pandemia mostró que los circuitos mundiales de comercialización de alimentos ponen en jaque el sistema global de circulación de productos, pues la crisis sanitaria impone nuevos términos de relacionamiento comercial a lo largo de todo el encadenamiento productivo.
[1] Resumen del capítulo de Argentina, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146
[2] Diario Concepción. Disponible en: http://bit.ly/3utpdpZ
[3] La Tribuna. Disponible en: http://bit.ly/3dHJrWZ
[4] Ciper. Disponible en: http://bit.ly/2ZLRbPI
[5] Radio Juan Gómez Millas. Disponible en: http://bit.ly/3dHiXoE
[6] Revista De Frente. Disponible en: http://bit.ly/3qTYyjZ
[7] Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Disponible en: http://bit.ly/2P9XYk1
283 - Luchas por la tierra y el territorio, en la pandemia en Argentina
Luchas por la tierra y el territorio, en la pandemia en Argentina[1]
Gisela Hadad
giselahadad@hotmail.com
Socióloga, Doctora en Ciencias Sociales. Investiga conflictos territoriales y la identidad del movimiento indígena.
Coordina el Grupo de Trabajo (GT) Pueblos Indígenas, autonomías y derechos
colectivos, y es miembro del GT Estudios Críticos del Desarrollo Rural (CLACSO).
Tomás Palmisano
tomaspalmisano@hotmail.com
Politólogo, Doctor en Ciencias Sociales. Investiga la concentración de la tierra y el capital,
las transformaciones territoriales, acción colectiva y resistencias al
avance del agronegocio, la minería de gran escala y la actividad hidrocarburífera.
Juan Wahren
juanwahren@gmail.com
Sociólogo, Magíster y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Coordina el GT de Estudios Críticos
del Desarrollo Rural, integra el GT de Territorialidades en disputa y re-existencia (CLACSO),
y el GT sobre Movimientos Sociales y Educación Popular (GEMSEP).
Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de
América Latina (GER-GEMSAL). Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires
- Entre la crisis económica y la crisis sanitaria
En diciembre de 2019 se produjo un recambio presidencial que supuso la salida del entonces presidente Mauricio Macri, máximo referente de la Alianza Cambiemos, y su reemplazo por Alberto Fernández de la coalición Frente de Todos de composición principalmente peronista. A pesar de las diversas políticas anticíclicas y algunos gestos positivos hacia las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, el nuevo gobierno nacional ha mostrado un importante apoyo al modelo extractivo.
La pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad por COVID-19 significó un nuevo golpe a la economía argentina profundamente resentida. El 19 de marzo se anunció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), el cuál exceptuó una serie de actividades esenciales entre las que se incluyeron aquellas vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
En la última medición disponible correspondiente al tercer trimestre (INDEC, diciembre de 2020b), el Producto Interno Bruto (PIB) mostraba una caída de 10,2 %, respecto al mismo trimestre del año anterior, la relación deuda pública/PIB era de 100,7 %, 10,5% más que a finales de 2019 (Secretaría de Finanzas, 2020).
- Avances en el acceso a la tierra y el territorio
Según información proporcionada por responsables del Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (PRONTAR) desde el año 2018, este fue desfinanciado y la pandemia dificultó notablemente retomar los trabajos. Además de la titulación mediante convenios de 37.095,23 ha el PRONTAR destinó fondos a obras hidráulicas, alambrados y la provisión de frutales y aves de corral para las familias campesinas. Por su parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) finalizó cerca de 50 relevamientos territoriales.
En el plano del derecho internacional se produjo un auspicioso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea alrededor de 132 comunidades, conformadas por unos 10.000 miembros de los pueblos wichí, iyjwaja, komlek, niwackle y tapy’y.
- Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
Los acontecimientos más destacados por provincia son:
Buenos Aires: La principal problemática radica en torno a las fumigaciones con agrotóxicos. En algunos municipios los propios vecinos realizan una “epidemiología popular” que constata la multiplicación de casos de malformaciones, cáncer, infertilidad y otras enfermedades. Otra problemática emergente en la provincia fue la quema de pastizales en zonas de humedales, detrás de las cuales se encuentran intereses inmobiliarios y del agronegocio.
Catamarca: Las comunidades indígenas diaguitas se ven fuertemente afectadas por el uso intensivo del agua que requiere la actividad de la empresa minera FMC, que explota la laguna extrayendo litio. La organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) advirtió sobre este hecho pues teme que se repita la historia del río Trapiche, que se secó por la sobreexplotación.
Chaco: Esta provincia ha continuado sufriendo el avance de los desmontes, aún durante el ASPO. La presión extractivista sobre el territorio trae aparejado el aumento de la persecución y represión a sus pobladores. En respuesta, algunas comunidades se organizaron en milicias de defensa del territorio, como es el caso de la Guardia Comunitaria Whasek Wichí.
Chubut: Las autoridades impulsan un proyecto de zonificación que prevé “sacrificar” áreas de la meseta central de Chubut y habilitar emprendimientos mineros. En noviembre la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) denunció el allanamiento de viviendas de asambleístas de Rawson.
Entre Ríos: Autoridades uruguayas aprobaron una legislación que multiplicaba entre 3 y 200 veces, respecto de los valores anteriores, la concentración permitida de sustancias tóxicas en los vertidos fluviales (fósforo, cromo, mercurio, plomo, etc.), sumado a eso, la provincia sigue afectada por las fumigaciones con agrotóxicos, especialmente sobre poblados y escuelas.
Formosa: Durante 2020, se denunció el desmonte de unas 8.000 ha del predio en territorio formoseño, esta situación se vincula con la creciente criminalización y represión de los pueblos indígenas que habitan en Formosa.
La Pampa: La problemática del agua es uno de los principales conflictos, y en este caso, se visualiza en una fuerte oposición a la construcción de la represa Portezuelo del Viento.
La Rioja: En Nonogasta, departamento de Chilecito, funciona desde décadas la curtiembre Curtume CBR, que acumula decenas de denuncias por contaminación de aguas y suelos, vertido de sustancias tóxicas, aumento de enfermedades graves (genéticas, respiratorias, cancerígenas), etc.
Mendoza: Es notable la lucha del pueblo mendocino en contra de la modificación de la ley provincial 7722, que protege el agua y prohíbe el uso de sustancias tóxicas (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etc.). Por otra parte, el gobierno provincial decidió cerrar la Escuela Campesina Agroecológica, gestionada por la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra-Somos Tierra Vía Campesina (UST).
Misiones: Fue escenario de múltiples resistencias, así como de hechos de violencia hacia las comunidades mbya guaraní, que se enfrentan permanentemente al desmonte y el desalojo.
Neuquén: Entre los conflictos más destacados, está el que sostiene cerca de Añelo, la comunidad (lof) Campo Maripe con el Estado provincial y las empresas petroleras que ocupan su territorio. Varias comunidades, entre ellas Paichil Antriao y Quintriqueo, siguen sin poder concluir la demarcación y titulación territorial, y son sometidos a constantes amenazas de desalojo.
Río Negro: En 2017, las fuerzas policiales fueron responsables de la muerte del joven comunero Rafael Nahuel, A la fecha continúa el hostigamiento. Por su parte, el lof Buenuleo, ubicado en el Cerro Ventana de Bariloche, objeto de múltiples agresiones e intentos de desalojo, recibió el 14 de mayo un dictamen favorable de la CIDH a la medida cautelar solicitada en favor de los miembros de la comunidad.
En otro orden de conflictos, en diciembre de 2019, el gobierno aprobó la utilización de un pozo de agua de 2,5 millones de litros para la minera Aquiline Argentina. Por su parte, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci demanda que se cancelen los permisos de extracción de agua subterránea.
Salta: En los primeros meses del año se registraron al menos 25 muertes de niños y niñas wichís por desnutrición y deshidratación, mientras que el avance de la frontera agrícola destruyó las principales fuentes de vida de las poblaciones originarias.
Santa Fe: A fines de 2019, entra en default del grupo agroexportador Vicentín. Desde noviembre de 2019, se encuentra en la Cámara de Senadores (con media sanción de Diputados) un proyecto que establece una zona de resguardo de 1.000 metros libres de tóxicos alrededor de pueblos y ciudades, pero el mismo no fue tratado a lo largo de 2020.
- Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio
Antes del ASPO, se realizó un encuentro masivo en Rio Negro por el Agua y el Territorio de Kurulefu. Así mismo se organizaron asambleas masivas. Durante la pandemia se crearon nuevas redes de distribución y comercialización justa y solidaria que rebasaron la capacidad de producción de muchos de los movimientos campesinos e indígenas que producen alimentos frescos y procesados desde sus territorios. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a los tradicionales verdurazos en algunos puntos del país –con un particular respeto a las mediadas de cuidado colectivo- en octubre, instaló una “chacra agroecológica” simbólica en la Plaza de Mayo. Después de la cuarentena, los días 11 de octubre y 12 de diciembre se realizó una constelación de Acciones Plurinacionales por la Vida y los Territorios de Abya Yala, que tenía como centro la denuncia de la continuidad del extractivismo y visibilización de las demandas y alternativas que se construyen desde los movimientos sociales.
Diferentes organizaciones rurales e investigadores y científicos expresaron su preocupación por la aprobación del trigo transgénico y por el acuerdo de granjas porcinas con China. Respecto a la pandemia pudimos relevar una serie de declaraciones y manifiestos de diversas organizaciones indígenas, campesinas y socio-ambientales. Dichas declaraciones tenían como eje el replanteamiento del modelo agroalimentario nacional, además de poner en cuestión la ilusión del crecimiento económico basado en el despojo y la expropiación de territorios y vidas.
- Propuestas
Con respecto a proyectos de ley se ha propuesto El proyecto de Ley de Control Ambiental de Fumigaciones; El Proyecto de Ley de Acceso a la Tierra y La propuesta de Ley de Humedales. Desde el campo de la permacultura, la Asociación Gaia, propone modificar la forma de entender el mundo y las relaciones vitales, promoviendo el conocimiento de los principios y los valores éticos de la permacultura.
- Normas
Durante el año 2020, se promulgaron diversas normas a nivel municipal y provincial en relación con el uso de los recursos naturales, regulando la megaminería, la técnica de la fractura hidraúlica para la extracción de hidrocarburos y la distancia de las fumigaciones con agrotóxicos en las zonas rurales y rururbanas.
En agosto se creó el Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura.
Con respecto a la problemática medioambiental, en septiembre se anunciaron varias medidas: la creación del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, el envío al Congreso del proyecto de Ley de Educación Ambiental, la implementación del Plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al ministerio de Ambiente
[1] Resumen del capítulo de Argentina, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146
282 - En tiempo de pandemia: “Tierra, salud, trabajo y soberanía”
En tiempo de pandemia:
“Tierra, salud, trabajo y soberanía”[1]
Oscar Bazoberry Chali[2] y Ruth Bautista Durán[3]
- Contexto y síntesis
- ¿Y usted sigue dando manija al tema de tierra territorio?
- Pues sí –y ahora con mayor razón–.
Para definir el año 2020 en una palabra, elegiríamos incertidumbre, por la falta de certeza sobre la posibilidad de contagio de una enfermedad que llevó a la humanidad a extremos desconocidos.
El objetivo del Informe Anual Acceso a la tierra y territorio, en su sexta versión, como del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio[4] y la sistematización de casos inspiradores es mostrar, a través de diferentes herramientas, que existen territorios rurales vivos, dinámicos y con formas propias de reproducción y autogobierno.
No es interés especial del IPDRS, el trabajar el conflicto, pero es evidente que la tierra y territorio, es un recurso escaso y valioso del que los gobiernos e intereses privados están permanentemente al acecho. Esto no cambió con la paralización de muchas actividades y desplazamientos impuestos por el COVID-19, y este Informe introduce diversos testimonios, datos y otros aspectos que muestran que el acoso a los territorios no paró, y por supuesto, tampoco se detuvo la demanda de campesinos, indígenas, afrodescendientes por mayores dotaciones y seguridad sobre sus territorios.
Aunque encontramos un excesivo entusiasmo sobre los aprendizajes que va dejando el COVID-19, es necesario profundizar, sistematizar y comunicar con mayor énfasis, las virtudes de la vida rural para resistir a crisis como la que atravesamos. Al mismo tiempo, desnudar las limitaciones de la vida urbana y las deficiencias de los sistemas públicos en Sudamérica.
Gobierno territorial
Prácticamente en todos los países se encuentran las medidas de aislamiento y cuidado, en especial, en los casos de situaciones con vínculos muy dinámicos con personas que temporalmente, transitan o viven en los territorios, sea por el asentamiento de empresas extractivas, por comercio ambulatorio, por labores de educación y por trabajo en entidades públicas y privadas.
En Bolivia, muchas organizaciones territoriales de la Amazonía, los llanos tropicales y el Chaco emitieron votos resolutivos determinando medidas para proteger sus formas de vida. El autoaislamiento, la prohibición de la salida de los territorios para las y los comunarios, la regulación de la provisión de alimentos y la prohibición del ingreso de terceros para actividades extractivas. Pronto estos votos resolutivos se convertían en denuncias porque una diversidad de actores e instituciones no acataban la palabra de los autogobiernos indígenas en sus territorios, y luego, los pedidos de solidaridad para contar con insumos de información, prevención y tratamiento de la enfermedad; y, además, la demanda de servicios de salud integral con enfoque intercultural.
La ruralidad colombiana, con toda la adversidad que vive, mostró una serie de aspectos a destacar. El rol de las guardias campesinas, indígenas y afrodescendientes para ejercer control territorial frente a la circulación de terceros, trabajadores y vehículos de empresas extractivas; y también, acciones de solidaridad entre comunidades para enfrentar el hambre. Las organizaciones campesinas propusieron prácticas propias de autocuidado, diseñaron y aplicaron sistemas de monitoreo de contagios, y construyeron protocolos de bioseguridad para el funcionamiento de mercados campesinos, étnicos y agroecológicos.
Además de estas actividades desde el ámbito local y territorial, las organizaciones rurales no abandonaron su agenda reivindicativa nacional en interlocución al Estado, promovieron una serie de debates y audiencias y desarrollaron acciones judiciales por sus demandas. Entre ellas, dar respuesta a la pandemia en articulación a los derechos campesinos, la participación de sus instancias y dirigencias en la política alimentaria y en la regulación de cultivos de uso ilícito.
La paralización de actividades, que afectó la comercialización de los productos locales y la provisión de insumos y otros productos para las comunidades, también promovió otras formas de organización del mercado, tanto para sacar productos a los centros poblados, como para proveerse de productos de manera colectiva, disminuyendo la intermediación y la posibilidad de contagio en los territorios.
Como en el resto de la humanidad, estos círculos de protección no fueron suficientes. En la mayoría de los casos, la enfermedad llegó con características de contagio distintas a las urbanas, pero con consecuencias sobre la vida y la salud de las personas, de las que no se cuenta con un registro oficial pormenorizado.
Los territorios y sus formas de gobierno no han estado exentos de conflictos internos, así como de conflictos con otras poblaciones campesinas e indígenas. En algunos territorios se han manifestado distintos intereses de personas que prefirieron arriesgar a sus familias, por vínculos laborales y comerciales, que acatar las medidas impuestas por sus organizaciones territoriales.
También se han manifestado conflictos, antiguos y nuevos, por límites de las comunidades, como se reporta en Bolivia y Perú. Conflictos que son producto de la revalorización del territorio como propiedad común y la mayor presión que se ejerce sobre él en tiempos de crisis. En el caso de Bolivia, se han reportado con énfasis, disputas de territorios indígenas del oriente con nuevos asentamientos humanos organizados por campesinos andinos, denominados interculturales, que en algunos casos se escudan en reivindicaciones legítimas, para cubrir situaciones de tráfico de tierras.
Sistemas agroalimentarios y encomiendas
Las políticas gubernamentales adoptaron una diversidad de recursos y estrategias para respaldar a la base social a la que se deben. En Ecuador, por ejemplo, se promovió una canasta alimentaria solidaria basada en productos del agronegocio, en lugar de colaborar con los circuitos de pequeños productores y consumidores, y así, activar la economía que más cercana está a la mayoría de la gente. En todos los casos, incluyendo el de Brasil y el gobierno que no acata las medidas de prevención, en los territorios rurales son las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes las que generan políticas de prevención basándose en su capacidad de control territorial. Las comunidades rurales recurren a todo su potencial organizativo y productivo para albergar y alimentar a la población que había emigrado a las ciudades en busca de trabajo, y que en la pandemia se vio desempleada y retornó al campo.
Estas acciones territoriales tienen que ver con sistemas alimentarios campesinos e indígenas de circuito corto que funcionan, gestionan recursos y tienen propuestas para el resto de la sociedad. En algunos casos, las instituciones subnacionales alentaron estas iniciativas, descentralizando los grandes comercios que suelen concentrar conglomerados de gente hacia zonas periféricas y donde los productores o intermediarios podían llegar para el abastecimiento alimentario. En otros casos, la omisión institucionalizada hacia los territorios rurales y su población, recayó en que el control territorial logre cerrar el paso de foráneos —y posibles contagios— a las comunidades o en que estas comunidades vivan un autoaislamiento, o más bien, un desolador abandono.
En Argentina, se crearon redes de distribución, comercio justo y solidario, que mostraba la potencialidad de la producción agroecológica de alimentos. Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que realiza periódicamente los verdurazos en algunos puntos del país, adoptó medidas de bioseguridad y cuidado colectivo, e instaló –una “chacra agroecológica” simbólica en la Plaza de Mayo. Y entre octubre y diciembre, se realizaron una serie de acciones de denuncia de la continuidad del extractivismo, a la vez que visibilizaban las demandas vigentes de sus organizaciones.
En Uruguay y Chile se promovieron ollas populares y comedores solidarios. La Cooperativa Mapuche “Gente de la Tierra” de la comuna de Tirúa concedió una buena cantidad de tubérculos a comedores; y la comuna de Los Ángeles donó hortalizas a la Pastoral Social del Obispado. Muchos espacios precarizados quedaron en desabastecimiento con las restricciones que impuso la pandemia. Los asilos, orfanatos, comedores populares, hospitales, internados, etc. En muchos casos, estas instancias rurales y urbanas quedaron desprovistas de recursos, desabastecidas y aisladas por la falta de trasporte, si no se trataba de este tipo de iniciativas locales, no podrían sobrellevar la temporada.
En varios territorios, se recuperaron algunas prácticas de aprovechamiento del suelo, de trabajo y distribución de alimentos como el trueque. En Ecuador, pese a la declaratoria de estado de excepción, la población se mantuvo activa, adoptó los mecanismos virtuales disponibles y activó estrategias para prevenir contagios dentro de las comunidades, así como el trueque de productos alimentarios entre comunidades.
Sin embargo, los registros con los que contamos muestran que la población rural fue más afectada que la población urbana por la falta de circulante en dinero, pero presentó mejores condiciones para la provisión de alimentos. Se revalorizó la producción de alimentos y se renovaron las expectativas de salir al mercado con los productos de cercanía, frutas y verduras, incrementtando la oferta de productos saludables.
En el contexto de la pandemia, se desplegaron canales alternativos para la provisión de alimentos a las ciudades. En gran medida las organizaciones agroecológicas más sólidas reaccionaron pronto, al tiempo que se multiplicaron las pequeñas ferias improvisadas que atrajeron a productores campesinos, familiares y a consumidoras y consumidores urbanos, incluso en las grandes ciudades, fueron visibles estas nuevas redes de mercado y aprovisionamiento.
Al revalorizar los productos frescos, de cercanía y saludables, la pandemia desnudó la crisis de producción de alimentos en algunos de los países, especial reporte de Paraguay, donde se puede comprobar la fuerte dependencia de países vecinos para el abastecimiento de productos de la canasta básica, situación que terminó en inflación y relativa escasez de alimentos.
A contramano, los mercados de exportación fueron golpeados, en el reporte de Uruguay se visibiliza el mercado de la carne, su decremento en volumen y precio, y dependencia del mercado de la China y Europa. En Bolivia, se vio afectado el mercado de exportación de la quinua, con el mismo impacto en volumen y precio. Aunque con distinto rostro social, los extremos terminaron afectando a los pequeños productores y a los empleados de las cadenas de exportación, situación que ha sido poco discutida a nivel regional.
La producción de granos ha ganado protagonismo y territorios en Sudamérica; los precios disminuyeron, especialmente, por el efecto de la baja del petróleo, lo cual no necesariamente impacta al productor, cuyo principal insumo es este combustible y sus derivados. Este sector también fue afectado por la disminución abrupta del transporte marítimo. Sin embargo, los reportes globales siguen reportando el continuo crecimiento del sector, especialmente, el soyero que se ha recuperado y para el 2020 ha incrementado sus áreas de cultivo vía deforestación, cambio de uso de suelo y acumulación de tierras.
El uso de pesticidas altamente tóxicos tampoco se ha detenido con la pandemia. En la mayoría de los países se han incrementado los registros de nuevos productos o nuevas etiquetas que renuevan el entusiasmo por su aplicación. En Bolivia, en un gobierno con escasa legitimidad para decisiones estructurales, aprobó un decreto para acelerar la aprobación de transgénicos para el maíz, la caña, el trigo y el algodón, lo cual finalmente, no progresó. En Argentina, se aprobó un nuevo evento para el trigo denominado HB4, y se constituyó en el primer país en introducir estas semillas al mercado.
El apachikuy, como reza el testimonio que recogemos del Perú, es un término en quechua que ha venido a significar la costumbre del envío de encomiendas, especialmente, alimentos del campo a la ciudad. Es destacable que se haya documentado esta relación y más aún, que en varias regiones esta logística se haya extendido a las autoridades y proyectos coordinados desde instancias locales del Estado. Esto reafirma que la multiresidencia se sostiene en fuertes vínculos territoriales y culturales, más allá de la distancia física.
La histórica vinculación del campo a la ciudad, en la provisión de alimentos y como vínculo familiar y comunitario, normalmente desconocida por la lógica del mercado y la estadística global, ha dejado ver su afectuosa manifestación en estos tiempos de crisis.
Sería importante enumerar los artículos incluidos en las encomiendas, productos difíciles de imaginar por su variedad local, temporal y cultural. Se transportan habitualmente, como un apoyo a los familiares, a las hijas e hijos que tomaron el camino hacia la ciudad u otras regiones rurales, también a las y los amigos, compadres, padrinos y autoridades territoriales.
En una encuesta en Bolivia sobre los sistemas alimentarios, aproximadamente, 90 % de la población entrevistada en zonas de valles enviaron alimentos a sus familiares en la ciudad, 70 % de familias del altiplano y en 60 % las familias del trópico, hicieron lo propio. En proporciones muy similares, las familias en el campo recibieron a familiares que retornaron, de visita o con intención de reinstalarse, debido a la pandemia del COVID-19. Esto ha generado una presión sobre los sistemas alimentarios y sobre otros recursos familiares y comunitarios que es muy difícil de cuantificar[5].
Caminatas de retorno
En la misma lógica anterior, distintos países de Sudamérica han reportado movimientos de población. Los más conocidos, los ocurridos en las ciudades y carreteras del Perú. Nuevamente, el gobierno se involucró en convertir esta situación en una noticia global. Personas y grupos familiares intentando salir de las ciudades y volver a sus lugares de origen, lográndolo por medios no convencionales, a pie y en transporte por tramos. A fines de abril, el gobierno informó que 167.856 personas se registraron para solicitar su retorno a sus lugares de origen, de estas más de 90 % se encontraban en Lima, y hasta esa fecha se trasladaron a 5 mil personas[6]. Sin embargo, muchos otros lo hicieron por sus propios medios, en pericias extendidas por días y con altos costos respecto a situaciones normales[7].
En la mayoría de los casos, el retorno al campo ha promovido la ampliación o construcción de nuevas viviendas; y, además, algunas inversiones en el campo productivo. Aunque no pueden considerarse aún retornos de largo aliento, muchos de ellos, pusieron presión sobre los derechos de propiedad de la tierra y se activaron conflictos por herencias, e incluso, la disputa por el liderazgo entre las estructuras tradicionales y los retornados, o recién llegados. Por otra parte, los retornos temporales como la situación de los estudiantes que siguen sus cursos por medios virtuales, pusieron presión sobre los servicios públicos, para el acceso al internet y sobre costos de conectividad en sus propios entornos familiares y territoriales.
El hecho es que existió un abandono temporal de las ciudades y se revitalizaron los vínculos comunitarios y familiares. Este flujo alimentará las iniciativas de retorno al campo en el mediano y largo plazo, tal como intentan mostrar los casos sistematizados por el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio.
Procesos de restitución y reconocimiento de tierras
Mientras el agronegocio no desaceleró su crecimiento, por distintos caminos y en los diversos países donde existen procesos de restitución y reconocimiento de tierras y territorios, estos fueron bruscamente frenados, especialmente, en el caso de las demandas colectivas.
En Argentina se frenó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, aunque la protección de las tierras privadas y la judicialización de los conflictos fueron incrementando. En Bolivia, vinculado a la crisis política, el gobierno emitió títulos de tierra a empresarios, desconociendo las demandas históricas y disputas con sectores indígenas y campesinos, lo que actualmente se encuentra en proceso de revisión y reversión. Lo mismo ocurrió en Venezuela, donde el COVID-19 ha traído una casi total paralización de la acción pública en temas relacionados con la tierra.
En Perú se frenaron los procesos del Proyecto de inversión pública Catastro, Titulación y Registro de Tierras (PTRT3) y se priorizaron los procesos de titulación de la propiedad rural individual, según reporta el capítulo, se entregaron 380 títulos de propiedad rural individual y 7 títulos a comunidades nativas.
El freno a los procesos de atención a los derechos colectivos, en especial, a los derechos a la tierra y territorio se van convirtiendo en una tendencia regional de los últimos años, en contrasentido con las demandas históricas y las potencialidades de la administración colectiva de los recursos naturales.
En Brasil, el gobierno de Bolsonaro siguió con una política de retroceso y no priorización. Desde la gestión de Michel Temer se fueron frenando los procesos de creación de asentamientos para campesinos sin tierra y demarcación de territorios indígenas, con Bolsonaro y la crisis sanitaria, estos programas se paralizaron por completo, y se menoscaban los mecanismos legales para deslegitimarlos en el futuro. Según el capítulo de Brasil, que toma datos de la CPT sobre conflictos territoriales, hasta noviembre del 2020, se contaron 18 asesinatos, 1.083 casos de violencia contra la ocupación y posesión, que afectaron a 130.137 familias, y 178 casos de invasión de territorios contra 55.821 familias, entre indígenas y quilombolas, todos ellos articulados a actividades neoextractivistas.
Otro tema que tiene que ver con un contexto de violencia y zozobra son los incendios forestales que se desatan en los diversos territorios de la Amazonía y cuya proliferación en el año 2020, no se contuvo con la pandemia y ningún actor es señalado por la justicia como responsable.
Disputa por la voz
La pandemia significó la explosión de las vocerías y el masivo aprovechamiento de los medios, tradicionales y digitales. La hegemonía de los gobiernos nacionales sobre los medios para prevenir o mitigar la enfermedad, fue tenaz en la recuperación de un protagonismo oficial que no necesariamente corresponde a la noción contemporánea de democracia.
Medios como la televisión y la radio recuperaron sitiales para informar, a nivel global, sobre los avances de la pandemia por el COVID-19 y la normativa generada en los países. En tanto, los medios digitales constituyeron medios alternativos, con alcance más limitado y territorial, dispersos y, en muchos casos, poco fiables para múltiples expresiones desde las individualidades más diversas.
Los medios de información y comunicación dejaron espacios limitados a las organizaciones campesinas e indígenas, sus vocerías se concentraron y se conocen pocos cambios y rearticulaciones. Muchas organizaciones, prácticamente, han desaparecido por falta de canales de resonancia y no haber construido sus propias estructuras comunicacionales.
En los medios de comunicación, se puede observar un fenómeno similar a los sistemas alimentarios y el sistema financiero. Al mismo tiempo que parecen existir mayores canales de democratización y apertura a nuevas iniciativas, existe una mayor concentración sobre pocos agentes, aquellos que administran los medios más difundidos.
Resulta prematuro hacer un balance sobre el uso e impacto de los medios digitales que puede haber tenido en los distintos públicos, talleres, seminarios, encuentros, declaraciones políticas, denuncias, entre otras expresiones que sustituyeron, en buena medida a los eventos presenciales y típicamente rurales.
Demandas ante ausencia de atención sectorial
En la gestión de la pandemia, la mayoría de los gobiernos de Sudamérica no incorporó un enfoque intercultural, sea para monitorear los focos de contagio, para la atención médica de las y los contagiados y para disponer de medidas de alivio a las nuevas y viejas necesidades en temas alimentarios, educativos y económicos.
Desde el IPDRS consideramos que los bonos distribuidos en dinero son una mejor opción –aunque no una solución a cuestiones estructurales– que los bonos alimentarios, porque estos últimos terminan favoreciendo a los paquetes agroindustriales del arroz, aceite, azúcar y fideo, un ejemplo de esto, como ocurrió en Ecuador. La manera en que estos bonos fueron distribuidos, en una época de contención de la movilidad física, no fue lo suficientemente eficiente para llegar a los territorios rurales e indígenas más aislados.
En las áreas rurales, los sistemas educativos se paralizaron casi completamente, con el enfoque de escuela presencial, y no se discutieron ni consideraron alternativas acordes a las características de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La atención a la disminución de ingresos monetarios de las familias rurales, no está siendo abordada de manera integral y sostenible. Se repiten las fórmulas de reactivación económica tradicionales y con conocidos resultados. Un ejemplo de esto, nos lo ofrece el capítulo sobre Perú, con la creación del programa de Financiamiento Agrario Empresarial (FAE Agro) para otorgar créditos a pequeños productores agropecuarios con aproximadamente 500 millones de dólares (en comparación con 14 mil millones de dólares para el sector empresarial), fondo que se ejecutó en un pequeño porcentaje.
Sobre los trabajadores del agro, tenemos menos información, una situación documentada de recuperación económica la ofrece el capítulo de Uruguay. Luego de la casi paralización de algunas actividades, la reincorporación paulatina de los trabajadores muestra una creciente brecha en la tasa de empleo entre mujeres y varones. En marzo de 2020, la diferencia entre varones y mujeres era de 1 punto porcentual, en diciembre alcanzó 4 puntos de diferencia. En diciembre, la tasa de desempleo en Montevideo se reportó en 8,4 %, y en el resto del país en 11,9 %.
Entre las pocas acciones concretas, sobre la ausencia de un enfoque integral, en Perú, la ONAMIAP, en junio presentó un amparo al Poder Judicial contra los ministerios de Cultura, Salud, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros, por falta de políticas y medidas de atención con enfoque étnico cultural y de género en el marco de la pandemia por el COVID-19, lo que vulneró y puso en riesgo derechos como la vida, integridad, salud, identidad étnica, educación, igualdad, derecho a la libre determinación y participación[8].
La universalización de la pandemia es una muestra de cómo los gobiernos y las instituciones, ante la emergencia, pueden actuar, voluntaria o involuntariamente, en contra de los principios de interculturalidad, respeto a las diferencias étnicas, de género y generacionales. Un aspecto presente, de manera habitual, en la gran mayoría de las acciones y propuestas de desarrollo e intervención en las áreas rurales.
El cuerpo y la muerte
Sólo un capítulo del Informe Anual ha expuesto al cuerpo, no sólo una materia que simboliza el entretejido social y cultural que se moviliza para coadyuvar al tránsito de la vida a la muerte, sino como como una manifestación de sanación y respeto.
En las sociedades rurales, este tránsito se hace pala en mano, familiares y vecinos cavan las tumbas y entierran a sus muertos, sin mayor trámite que un registro de defunción que puede tardar en oficializarse. En el contexto de la pandemia, la saturación de los servicios funerales, el incremento del costo de los entierros y la privación de prácticas culturales, en muchos casos han llevado a que los cuerpos sean trasladados al área rural, un derecho territorial a la digna sepultura, al que pocas veces se ha prestado atención.
Los análisis clínicos y registros sobre el COVID-19 y otras enfermedades que afectan a la población, insuficientes en las ciudades, y aún más exiguos en las áreas rurales, han generado razonamientos que no se sustentan en información confiable. La percepción de que algunos grupos sociales son más resistentes que otros ante la pandemia, contrasta nítidamente con los indicadores de esperanza de vida y la carencia de acceso a los sistemas públicos de salud, especialmente, en los pueblos indígenas.
En este Informe, como en la mayoría de los estudios sobre la pandemia, abunda la revalorización de los conocimientos y las prácticas tradicionales, en especial, de la llamada medicina tradicional y las prácticas para el cuidado del cuerpo. En pocos casos se informa sobre el monitoreo del impacto del COVID-19 en poblaciones rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, con excepciones notables de algunas organizaciones de Colombia, Ecuador y Brasil.
Poco se dice sobre la manera en la que los pueblos interpretan la vida, la muerte, las enfermedades, y en este caso, la nueva y desconocida enfermedad, que tiene similar sintomatología que otras más conocidas. El uso de los remedios locales que ayudan al cuerpo a dar duras batallas y las prácticas del cuidado tradicional, se han revitalizado y hasta viralizado digitalmente, tanto como la enfermedad.
En varias comunidades andinas se ha despachado al Khapaj Niño Coronavirus[9]¸ tal como las y los abuelos antes despacharon a otras enfermedades letales y como se suele recibir y despachar al granizo, a las plagas u otros fenómenos atmosféricos que alteran el ritmo de los cultivos agrícolas y la vida misma, pero que al pasar enseñan a recobrar el equilibrio. Una actitud y racionalidad que podría dar lecciones de memoria y resiliencia, al resto de la sociedad.
Para muchas de las poblaciones rurales, especialmente comunidades indígenas, esta ha sido una más de las batallas que han tenido que vivir desde el cuerpo y el territorio, para concebirse como sociedades que insisten en la reproducción y resistencia.
- Reivindicaciones territoriales y vulneración de derechos humanos
Con mucha preocupación, el año 2020 nos deja la constatación de que los contextos marcados por la violencia pueden agudizarse aun con la emergencia sanitaria. En Colombia, la defensa territorial, medioambiental y de derechos enfrentó una mayor invisibilización y desprotección. Las medidas restrictivas por la pandemia, atenuaron las medidas de protección a las personas en riesgo y se autorizaron actividades que conllevan o activan el uso de la violencia, tales como la continuidad de las actividades extractivas, los operativos policiales y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. El capítulo de Colombia de este Informe, basándose en datos de INDEPAZ, indica que durante el 2020 fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, 12 de sus familiares y 64 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz; 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres, ocurrieron 90 eventos masivos de desplazamiento forzado dejando 8.192 familias afectadas; y ocurrieron 630 feminicidios. La dureza de estas cifras es contrarrestada por una permanente resistencia de parte de una diversidad de organizaciones sociales. Precisamente, la viralización de un video en el que policías agredían y asesinaban a una persona, suscitó en septiembre en la ciudad de Bogotá, una movilización de indignación y protesta, cuya respuesta de parte de las fuerzas públicas fue una de las expresiones más duras de brutalidad policial, dejando el saldo de 13 asesinatos y decenas de heridos. Bajo esa sombra, el 12 de octubre se desplegó desde Cauca hasta Bogotá, la “Minga, por la defensa de la vida y paz, el territorio y la democracia”; y entre octubre y noviembre, excombatientes en reincorporación realizaron la “Marcha por la vida” en memoria de los 236 excombatientes asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el año 2016.
Puede que el contexto colombiano sea el que mayor preocupación suscita en el ámbito internacional; sin embargo, son varios los patrones de la conducta estatal que se repiten en los diferentes países de la región ante la expresión de la protesta social, y en específico, ante las reivindicaciones territoriales. El desacuerdo, la resistencia y la movilización son legítimo derecho de la sociedad civil; y, la persecución y represión a estas expresiones o a los organismos que las convocan y dirigen, se constituyen en violaciones a los derechos humanos.
En Paraguay, como explica este Informe, las instituciones estatales históricamente han apoyado y priorizado a los agentes del agronegocio y la ganadería de exportación en detrimento de campesinos e indígenas. A la desatendida demanda por tierra, se le suma la lógica del desalojo de tierras que, si bien atenuó en el 2020 por las restricciones de la pandemia, no se detuvo; y, además, persisten los procesos judiciales y la presión que grandes propietarios y terratenientes ejercen sobre las familias sin tierra o con ocupaciones por legalizar, haciendo uso de medios de comunicación para desarrollar campañas que sirven de amedrentamiento y amenaza. Estos sectores, así como lo vive el pueblo Mapuche en Chile y Argentina, utilizan las instituciones estatales, las fuerzas públicas y los medios de comunicación para, en una clara disputa por la tierra, ejercer su poder sobre familias, comunidades y pueblos indígenas que demandan tierra o defienden sus territorios.
En el Informe, se muestra que la continuidad de esta conducta estatal —y sus aliados— en el tiempo de la pandemia por el COVID-19, se expone en Brasil, donde la política gubernamental gestionó la emergencia sanitaria de forma ultraliberal, dando “prioridad a la economía sobre la vida”. De tal forma, se incrementaron las exportaciones y se omitieron la cantidad de decesos y el vertiginoso ascenso de contagios, incluso en territorios rurales alejados de las ciudades que concentran mayor población, pues se habían incrementado las actividades del modelo primario-exportador, la minería, la ganadería, entre otros. Las y los afectados por esta dinámica económica y política gubernamental fueron los pueblos indígenas, que se encuentran acorralados por el latifundio, y ahora, indefensos ante una política gubernamental que, varios han denominado como necropolítica y hasta genocida, pues promovió la ruptura de las medidas de prevención poniendo en riesgo a toda la población, y principalmente, a los sectores más vulnerables, y existía un gran subregistro de contagios y decesos.
- Apuntes finales
En pandemia, se puede apreciar lo que ocurre con las industrias extractivas, provengan los capitales y los estímulos de donde vinieran. Se paralizó gran parte de la economía, pero no el movimiento de personas, trabajadores de distinto rango, que se articulan a ella, poniendo en riesgo a las poblaciones locales, como comúnmente ocurre con la contaminación, la trata de personas, y la corrupción de autoridades.
Rubros esenciales, se los llama en algunos países, estratégicos en otros, al sector de la economía que es intocable, protegido por los estados, operan en las situaciones más inverosímiles. Ojo que no estamos hablando de alimentos, sino de minerales, hidrocarburos, cultivos forestales, entre otros, que contaminan suelos, agua y generan pasivos ambientales y sociales en magnitudes inatendibles, para los gobiernos que los sustentan.
Las mujeres llevaron la peor parte, la pandemia y el distanciamiento físico, no disminuyó la violencia de género, al contrario, la vulneración de sus derechos y las actividades domésticas y de cuidado, se incrementaron. Si bien desde las instituciones y la prensa, se han hecho esfuerzos por destacar el protagonismo de las mujeres en estos tiempos difíciles, sus conocimientos y su fortaleza para atender el estado físico y mental de su entorno, lo cierto es que no compensa la tremenda carga que se les impuso desde la sociedad, aunque con reconocimientos y glorias.
A los campesinos e indígenas, protagonistas del Informe Anual que presentamos, les quedan sus propias fuerzas para resistir, pero, sobre todo, para tomar en sus manos la economía, los sistemas de salud comunitarios y la educación de sus niñas/os y jóvenes. Para esto, es esencial continuar divulgando y apropiándose del marco de derechos que los protege, como dando caña con la defensa de los territorios y los recursos naturales.
[1] Texto resumido de la introducción al Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (2021), disponible en: https://bit.ly/3BuanSU. Consigna principal de la XXVII Marcha de la Federación Nacional Campesina de Paraguay de 2020.
[2] Sociólogo, profesor del posgrado del CIDES-UMSA y coordinador general del IPDRS.
[3] Socióloga, investigadora del IPDRS.
[4] Véase: https://porlatierra.org/
[5] “Bolivia en los tiempos de COVID-19: Adaptación de los sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar, campesina y comunitaria” (2020). Disponible en: https://bit.ly/3mD9PGi
[6] Ojo Público. Disponible en: https://bit.ly/3jkfgaU
[7] “Migración de retorno en el Alto Piura en el Contexto de la COVID 19” (2020). Disponible en: https://bit.ly/3BjmeTU
[8] Servindi. Disponible en: https://bit.ly/2XRXnI8
[9] “Una cuarentena individual para una sociedad colectiva: La llegada y despacho del Khapaj Niño Coronavirus a Bolivia”. Disponible en: https://bit.ly/3myvtLH
281 - La juventud rural, expectativas y sueños propios
La juventud rural, expectativas y sueños propios
Ruth Bautista Durán1
Fernanda Barral Oroz2
Introducción
El Proyecto “Apoyo a la juventud en Suramérica para un desarrollo sostenible e incluyente: compromiso ciudadano y formación en zonas rurales”, que ejecuta Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras – AVSF, entre los meses de mayo y julio, presentó uno a uno, los diagnósticos sobre juventud rural y educación técnica que preparó en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, durante el año anterior.
Este proyecto pretende mejorar la oferta en formación agrícola a nivel técnico y profesional desde los propios territorios y comunidades rurales para las y los jóvenes, y tiene la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible e incluyente en la región andina. En los talleres de presentación de los diagnósticos, los investigadores que elaboraron los análisis en cada país, compartieron información actualizada sobre la educación técnica en el ámbito rural, sumando datos estadísticos, reflexiones especializadas y testimonios de jóvenes rurales.
En este artículo intentaremos recuperar algunas ideas que surgen de estas presentaciones y que nos han permitido reflexionar respecto a la juventud rural y sus oportunidades educativas. El contexto marcado por la pandemia generada por el COVID-19 determinó que estos cinco encuentros se realicen de forma virtual, con audiencias convocadas a una reunión en la plataforma Zoom y a las transmisiones en Facebook. Esto a su vez, determina una particular forma de participación y acceso a la información, mediada por las restricciones y el autocuidado de prevención de contagios y enfermedad.
Los talleres se concentraron en la descripción del mundo rural que hicieron los especialistas en diálogo con las y los líderes juveniles. Un intercambio enriquecedor y bastante ilustrativo de lo que se viene considerando como la nueva ruralidad, una noción que nos remite a un contexto en el que parece difuminarse la frontera entre el campo y la ciudad, se incrementan las labores no agrícolas en el campo y los medios de comunicación actuales permean en el cotidiano rural, se cierran las brechas socio-económicas entre el campo y la precariedad urbana, se tejen mayores y más cualificadas relaciones urbano-rurales. No obstante, a esta dinámica, las preocupaciones medioambientales y la prevención de mayores crisis alimentarias, persiste la concentración de la tierra en pocas manos, la centralidad de los servicios y la participación en el sector público son todavía bastante urbanas. En cuanto a la educación, aunque exista legislación para asegurar el acceso democrático, todavía se constatan brechas importantes para un acceso diversificado y económicamente posible, lo que en muchos casos se sostienen en prejuicios y estigmatizaciones sobre lo rural.
Estas paradojas, así como la comprensión y valorización de lo rural y las actividades agropecuarias que manifiestan las y los jóvenes, muestran la pertinencia del abordaje del proyecto de AVSF y la necesidad de establecer estos escenarios de discusión. Poner el foco en la juventud podría brindarnos mayores luces para caracterizar y articularnos a las nuevas ruralidades.
Ruralidad y educación
El aporte de la agricultura familiar y de la economía campesina e indígena al abastecimiento alimentario general y a los índices de producción en cada país, suele ponerse en cuestión al momento de valorar el potencial de la población rural. Al hablar de las y los jóvenes rurales, pronto se atribuye el flujo migratorio a los bajos niveles registrados del aporte de la población y los territorios rurales a las estadísticas nacionales de ingresos. Sin embargo, este aporte también debería valorarse respecto al incentivo e inversión pública a la situación jurídica sobre las posesiones de tierra, iniciativas económicas y proyectos productivos de esta población organizada territorial, política y económicamente. Estos incentivos y presupuestos asignados sectorialmente, suelen no ser suficientes y estar muy por debajo de la inversión a proyectos de infraestructura, hidrocarburos, minería, y otros, que no favorecen a la sociedad en su conjunto y de manera inmediata, como lo hacen los alimentos de la agricultura familiar campesina e indígena.
Uno de los aspectos que deja ver la enorme desventaja y hasta afectación que viven las familias campesinas e indígenas en sus territorios, es que la demanda por la tierra no es atendida a cabalidad. En Colombia, del total de las tierras agrícolas, 81 % es propiedad del 1 % de las personas dedicadas a la agricultura (Patiño, 2021); en Ecuador 46,3 % de las tierras son propiedad del 0,68 de la población nacional (Robles-Pillco, Tobar y Almeida, 2021); en Perú, 72 % de las tierras agrícolas son propiedad del 0,9 % de la población (Troncos, 2021) y en Paraguay, 86 % de las tierras están concentradas en manos de 2,6% de la población (Cateura, 2021). Sin acceso a la tierra o con una seguridad jurídica lábil sobre las posesiones, muchas familias rurales en la región están condicionadas a pagar por sus tierras y a gestionarse las condiciones mínimas de vivienda, producción de alimentos, transporte, salud y educación.
Precisamente este contexto es el que condiciona la serie de nuevas ruralidades sudamericanas que han emergido, configuradas por las estrategias que deben inventar las familias y comunidades para viabilizar sus proyectos de vida e iniciativas colectivas. Caminos que conllevan logros, y en muchos casos frustraciones debido a temporadas agrícolas angustiosas por la falta de agua, por alguna plaga o porque los precios de los productos agrícolas en el mercado, no cubren los verdaderos costos de producción. En el caso de las y los jóvenes, sus pasos iniciales son acompañados por el impulso de sus padres, sin embargo, no siempre se logra salir adelante.
Marina Colque hoy, es una joven productora agroecológica que ha logrado seguridad jurídica sobre sus tierras y se ha formado en proyectos y el ámbito organizacional en la zona andina boliviana. Respecto a su acceso a la educación superior, explica
Yo he aprobado con [la] mayor nota he salido y becada he ido de Palca allá a la Universidad [Mayor de San Andrés] he entrado a [la carrera de] Trabajo Social. [El] 2008, ya estaba en segundo año, trabajaba y estudiaba y tenía una beca-comedor, no tenía que reprobar ni una materia, y una materia troncal he reprobado para el tercer año. Ya no tenía beca-comedor y ya no estaba trabajando, entonces mi papá ya no me daba ni para pasaje. A pie sé venir, me recuerdo esa vida y a veces lloro; a pie, no sé tener ni para comer, he conocido licenciados y de ahí me he salido de la universidad. Sin comer sé andar por estudiar, entonces ya no he podido alcanzar (Bautista, Ruth, 2018).
Según los datos presentados en los diagnósticos, son porcentajes muy bajos de jóvenes que acceden a la educación superior, y las brechas entre lo urbano y rural son muy marcadas. Por ejemplo, en Bolivia, 18 % de los adolescentes rurales no asisten a la escuela en comparación con el 8 % del área urbana. En Colombia solo el 1,1 % de jóvenes en las comunidades rurales van a la universidad. En Ecuador, al 2017 solo 6 de cada 10 jóvenes rurales cursaban la educación media. Paraguay muestra que apenas 4 de cada 10 adolescentes concluyen su noveno año de estudios. Y en Perú, solo el 28,6 % de la población rural entre 17 a 24 años asiste a una institución educativa (Robalino, Magaly et. Al., 2021).
Una de las cuestiones que sobresale en los cinco diagnósticos, es el trabajo juvenil. Ante la adversidad y falta de oportunidades de educación, muchos jóvenes optan por trabajar para obtener beneficios económicos. Sin embargo, Troncos (2020) explica que la baja o la no remuneración es otro ámbito de la problemática de los jóvenes rurales. Para el contexto peruano “…si bien 44,8 % de los jóvenes en el país trabaja y recibe un pago, en el área rural sólo 29,8 % trabaja con remuneración” (Troncos, 2020). Y CENAISE, concluye en que la tasa de desocupación de los jóvenes en la región es tres veces más alta que en adultos, y más de 60 % de los jóvenes que trabajan, se desempeñan en empleos informales y precarios, con remuneraciones bajas y temporales, sin acceso a salud y seguridad social. Si bien existen avances en la escolarización obligatoria, el conflicto se sitúa en el proceso y finalización de la escolaridad. Los datos muestran el rezago entre 15 y 17 años, Bolivia tiene 19,08 %, Ecuador 16,04 %, Paraguay 20,58 %, Perú 22,51 %, y sobresale Colombia con 37,80 % (Robalino, Magaly et. Al., 2021).
La deserción es otro de los factores importantes, aquel momento en el que los jóvenes abandonan la formación académica, principalmente, para abocarse al trabajo. Como Cuatera (2021) menciona en el diagnóstico de Paraguay “Llevando al plano de proyección 60 de cada 100 escolares quedan fuera del sistema o mirando desde el otro lado, solo 40 de 100 logran terminar la escuela”.
En Perú, la población que menos asiste a una institución educativa es en el rango de 17 a 24 años, solo 46 %. De este grupo de edad, en el área urbana, la asistencia llega casi a 50 %; sin embargo, en el área rural, solo es de 28,6 % (Troncos, 2021). En Colombia, si bien el diagnóstico indica que no se encontraron estadísticas precisas del conjunto rural, en porcentajes estimados en el Plan de Educación Rural del Ministerio de Educación Nacional (2018) la deserción anual en la educación técnica y tecnológica, según la proporción de municipios rurales y rurales dispersos, estaría alcanzando un promedio de 16,6 %, a nivel nacional (En: Patiño, 2020).
La participación de la población rural en las actividades productivas destaca que, a nivel nacional en Ecuador, el mayor porcentaje de individuos se encuentra relacionada con la agricultura, ganadería, avicultura y pesca; con alrededor de 992.755, lo cual representa 42,90 % de la población rural total (Robles-Pillco, Jaime et. A., 2021). Aunque esta cifra es muy importante respecto a la actividad agropecuaria, debido al desincentivo y la presión a la que están sujetos los territorios rurales, se impone la pluriactividad para la población rural.
En el mismo diagnóstico, las diversas actividades no agrícolas son: trabajador nuevo (12,22 %); industrias manufactureras (7,30 %); comercio al por mayor y menor (7,04 %); construcción (5,26 %); transporte y almacenamiento (2,71 %); actividades de los hogares como empleadores (2,56 %); enseñanza (2,38 %); administración pública y defensa (1,99 %); actividades de alojamiento y servicio de comidas (1,63 %); actividades de servicios administrativos y de apoyo (1,31 %); otras actividades de servicios (0,96 %); actividades de la atención de la salud humana (0,94 %); actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales (0,86 %); explotación de minas y canteras (0,80 %); actividades profesionales, científicas y técnicas (0,75 %); información y comunicación (0,42 %); actividades financieras y de seguros (0,32 %), distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos (0,24 %); suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (0,13 %); actividades inmobiliarias (0,09 %); artes, entretenimiento y recreación (0,24 %).
Estos datos nos dan una idea de la gama de posibilidades que ven las y los jóvenes al momento de optar o no, por la educación técnica, superior o su inminente ingreso al mundo laboral.
¿Qué quieren los jóvenes rurales?
Lo imperante, que se deja ver en los diagnósticos presentados en el proyecto de jóvenes rurales, es atender a la necesidad de las personas que habitan los territorios y crear propuestas a partir de una visión adecuada. Se hace urgente poner el foco en los actores principales y escuchar en sus voces, las demandas de educación contextualizada y de calidad.
Cada contexto marca una situación diferente, sin embargo, el común entre las experiencias que compartieron las y los jóvenes, fue la percepción de que la educación rural aún se encuentra subestimada respecto a la urbana. Lourdes Tola de CIOEC, Bolivia, comentaba “La educación está en las ciudades (…) ‘ustedes tienen que fijarse en otras opciones de vida, en otros lugares, si ustedes quieren desarrollo’. Es lo que nos viven inculcando en las escuelas y colegios”.
Ante esta situación muchas y muchos jóvenes salen a las ciudades a buscar oportunidades, carreras correlativas a su conocimiento del ámbito rural y productivo, o dejan sus comunidades rurales, permanente o temporalmente, por curiosidad y experimentación. No obstante, la percepción de la comunidad muchas veces dificulta su retorno, como contó Roxana Ortiz del Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA, “Nos meten un miedo de que si volvemos a nuestros territorios donde nacimos, estamos retrocediendo”.
La noción con la que crecen y deben enfrentar las y los jóvenes, es la tendencia a comprender al campo rural como el rezago respecto al desarrollo, que sería propiamente urbano. En tal sentido, el retorno al campo se consideraría un retroceso, sin considerar que la alternativa urbana, en la mayoría de los casos, tampoco ofrece oportunidades de educación o trabajo estable y con seguridad social. El nivel de prejuicios y estereotipos que se reproducen sobre lo rural, puede ser un peso importante para los jóvenes que desean emprender caminos propios en el campo o fuera de él.
El discurso de Roxana Ortiz de CIMA, Colombia, mostró la necesidad imperante de hablar de la educación a través del paro, “La pedagogía apoya mucho a ese cambio que nosotros queremos lograr, que este paro se vaya directamente a las urnas, pues debemos empezar a hacer pedagogía desde ahora”.
Desde el macizo colombiano, se plantea crear nuevas pedagogías adaptadas a las diversas ruralidades, un discurso muy enfocado hacia “lo propio” y la revalorización de las prácticas de sus abuelos con la tierra. Similar a la experiencia de Evelyn Perea de Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, Ecuador, quien contaba a través de su vivencia, las carencias que presentaba la educación en cuanto al acceso y calidad en su territorio, y el trabajo de la UOCE por una educación contextualizada.
“Educación para la nueva crianza, este gran sueño nace por todo lo que hemos vivido, por toda la falta de educación. El gobierno no nos da el paso para poder estudiar, no tenemos las condiciones para poder llegar a tener un título”. En el caso de la organización UOCE, se trabaja por una educación propia, desde las y los jóvenes que han logrado niveles considerables de educación, y que como retribución a la comunidad, enseñan todo lo aprendido a las nuevas generaciones. A partir de ello, surge el concepto de la “nueva crianza”, apostando por la Universidad Campesina Utopía Popular, proyecto que nace a través del trabajo de 5 años de escuelas comunitarias.
Por otro lado, la peruana Shirley Flores Meza, Docente del CETPRO Esteban Buscemi, en la presentación del diagnóstico, mostró otro ámbito posible para las y los jóvenes, un trabajo articulado al desarrollo de mejores políticas públicas para la educación. Desde su visión explica, “Desde mi punto de vista es mucho lo que falta conocer desde las realidades diversas que tienen los estudiantes de zonas rurales. Lo que buscamos es que lo que se enseña a un estudiante, una matemática, una comunicación, un inglés, un EPT [Centro de Educación Técnico-Productiva], que esto le sirva en su trajinar diario (…) que lo que se le enseñe le sirva para solucionar problemas diarios”.
La experiencia de los jóvenes debe ser escuchada en tu gran magnitud, ellos generan dinámicas y trayectorias peculiares en su contexto, asimilan discursos formativos que no siempre provienen de programas oficiales. Están dispuestos al aprendizaje a través del activismo, y hasta puede afirmarse, que tienen una versión propia de lo que es la ruralidad contemporánea, no exenta de paradojas. En el caso de la presentación del diagnóstico de Paraguay, nos llamó la atención, pues los jóvenes muestran un reconocimiento importante a su familia y el trabajo en la tierra, aunque con el norte del desarrollo agroindustrial. El joven estudiante Alan Hivan Liebl Rosner explicó que “Desde pequeño mis familiares me han inculcado la importancia de trabajar en el campo, así también (estoy estudiando) por el deseo de querer hacer un cambio de innovación tecnológica en procedimientos forestales y agroindustriales”.
Y finalmente, Nicolás Guerrero de Paraguay, afirmó “Desde chico, mi gran sueño fue estudiar, algún día ser ingeniero agrónomo o agropecuario, ya que me enfoqué en la agricultura desde pequeño. Siempre encontraré alternativas para estudiar, si el año que viene no puedo ingresar por problemas económicos, voy a buscar la forma y no dejaré de estudiar”.
El ímpetu de la juventud, no siempre llega a plasmarse en la realidad y registrarse. Las y los jóvenes, rurales y urbanos, suelen ser impredecibles en sus decisiones y forma de cerrar/abrir sus ciclos vitales. Debe reconocerse que todavía la juventud rural vive desventajas materiales importantes, y también, una serie de subjetividades que cuestionan su necesidad e impulso por atravesar las fronteras y las ambigüedades actuales entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, también el mundo adulto desde el cual les observamos, debe reconocer sus ventajas, su perspectiva integral, las nuevas nociones de lo colectivo que han construido junto a sus comunidades y la propuesta de sociedad que nos plantean con su ejemplar forma de sobrellevar las frustraciones y rezagos.
Lo rural, lo agropecuario y la expectativa de la educación
De acuerdo a los diagnósticos presentados, se nota que en algunos de los países la formación técnica tiene una estrecha relación con las instituciones ministeriales, tal es el caso de Ecuador, cuyo Ministerio de Educación, en el área agropecuario tiene 236 unidades técnicas (Robles-Pillco, Tobar y Almeida, 2021). El diagnóstico de Paraguay, señala la cantidad de colegios técnicos agropecuarios, 106 son de gestión oficial dependientes del MEC y 11 corresponden a la gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 24 instituciones son de gestión privada y subvencionada (Cateura, 2021).
En cuanto a los contenidos, se presenta una preponderancia a carreras técnicas hacia el área rural. En Ecuador, “Del total de estudiantes matriculados en bachillerato técnico (268.993) del primero al tercero de bachillerato, el 67 % corresponde al área de servicios (contabilidad e informática), el 23 % al área industrial, 9 % a agropecuaria; y, 1,1 % al área artística y deportiva” (Robles-Pillco, Tobar y Almeida, 2021).
En el caso de Colombia, también se presenta una relación directa entre lo rural y ciertas especialidades dentro trabajo agropecuario,
El 40.5% de la oferta académica está relacionada con la producción agropecuaria, zootecnia y veterinaria, mientras el 16.8% de los programas están enfocados en la producción vegetal y en la agronomía. La agroindustria es el campo de estudio general del 27.9% de los programas, y la silvicultura y agroforestería, el del 6.3%. El área a la cual se dedican la menor cantidad de la oferta académica a nivel de pregrado universitario es la de la pesca y la acuicultura, con una participación de solo el 2.6% (Patiño, 2021).
Por otra parte, el Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA, promovió una finca de referencia Agroambiental El Dinde, en el municipio de La Unión – Nariño, para desarrollar un círculo de pensamiento y continuar hacia la construcción del que será el “Instituto de Pensamiento y Acción Campesina CIMA El Dinde”, y a la larga, construir la Universidad del Macizo, Propia y con Enfoque Campesino. Y por su parte, en la autoproclamada Universidad Campesina “Utopía Popular”
los jóvenes encuentran un espacio en el que durante 4 años se formarán y educarán desde el conocimiento crítico político, científico, histórico y agroecológico. Aparte de ser un espacio de formación en diversas materias, en agroecología y en pensamiento crítico, es un acto de reclamo por su derecho al conocimiento, ya que el hecho de que estos jóvenes rurales queden excluidos del acceso a la educación y al conocimiento es parte de una injusticia estructural hacia la población rural de bajos recursos (UOCE, 2020).
Pueden verse dos tendencias, aquella meramente institucional que vincula directamente lo rural a lo agropecuario en el ámbito técnico, y aquellas iniciativas que emergen de las organizaciones y de sus inquietudes por construir la educación propia. Si bien se trata de experiencias peculiares, deben tenerse en cuenta como expresiones territoriales, en los que los jóvenes suelen participar desde por mucho tiempo y desde donde construyen el discurso de lo propio, como ámbitos de la gestión y autogobierno.
Apuntes finales
Cada experiencia compartida por las y los jóvenes, que participaron en los diagnósticos, muestra la diversidad de la región. Desde Ecuador y Bolivia se percibió la importancia de las organizaciones de base en busca de nuevas alternativas, en Perú se observó el avance de las políticas públicas para mejorar la educación rural, mientras que en Paraguay notamos la necesidad de las y los jóvenes por adaptarse o contrarrestar un modelo económico hegemónico y competitivo. En Colombia el conflicto político siempre presente, marca un ámbito territorial en el que confluyen los intentos del autogobierno y el autocuidado, que cala en la juventud y su lucha a través de múltiples pedagogías para la construcción de lo propio, entre ello, la educación propia.
Por otra parte, rescatamos el testimonio de Lourdes Tola de la CIOEC, Bolivia, cuando contaba “Yo soy mamá, tengo mi niña, y con ella tenemos un huerto en casa, entonces empezamos a trabajar junto a ella, para que aprenda lo que estamos haciendo. Y que además valore y respete el medio ambiente, porque nosotros producimos de manera ecológica”.
Entre las problemáticas que salieron a la luz y dejaron ciertas inquietudes, resalta la situación de las mujeres jóvenes en el espectro rural, y específicamente, la maternidad temprana para ellas, sus entornos familiares y comunales. El diagnóstico de Perú, señala esta es una problemática que comparte la población rural y urbana, en este país, la mayoría de madres solteras, tanto en el área urbana como rural, tienen entre 12 a 14 años (Troncos, 2021). Este tema suele ser abordado desde la perspectiva de las vulnerabilidades, sin embargo, las jóvenes rurales que son madres, estudiantes y trabajadoras, nos muestran que pueden hacerse muchas lecturas y propuestas para la formación de estas jóvenes y el renovado estímulo, con el que crían a sus hijos.
Otro tema a problematizar junto a las y los jóvenes tiene que ver con el cambio climático y la agenda de desarrollo sostenible. Además de ser principal comprometer a este sector con los pendientes de conservación de la vida, son necesarias las visiones territoriales para alimentar, no sólo la preocupación, sino las alternativas para la mitigación de los impactos ambientales.
Se invitaron a los diagnósticos a una diversidad de jóvenes, que dejaron en testimonio sus inquietudes, principalmente educativas; sin embargo, creemos que es posible aproximarse a los jóvenes desde el ámbito de las inquietudes culturales y también desde las posiciones políticas. Varias de las jóvenes que pudieron hacer escuchar su voz en estos talleres, manifestaba un discurso activista como parte de la voz de enunciación rural y el espacio podría abrirse para conocer también su visión del mundo.
1 Ruth Bautista Durán es socióloga e investigadora del IPDRS.
2 Fernanda Barral equipo comunicación del IPDRS
Bibliografía
Bautista, Ruth (2018) Estudio de Caso Marina y Eduardo: construyendo una vida y un territorio propio. La Paz: Movimiento por la tierra y territorio/IPDRS
Cateura, Luis Fernando (2020) Diagnóstico de la Formación técnica y profesional agrícola en el Paraguay. AVSF/Fundación Paraguaya
Crespo Flores, Carlos Osbaldo (2020) Educación, ruralidad y jóvenes en Bolivia. Un estado de la situación. AVSF
Patiño Torres, Carlos (2020) Diagnóstico del estado de la educación técnica y tecnológica en Colombia para los jóvenes rurales. AVSF
Robalino, Magaly; Larrea Daniel, Crespo, Carlos y Coral, Paul (2021) Sistematización de los diagnósticos nacionales sobre ruralidad, juventud y educación técnica. Avances, fortalezas y desafíos comunes en el contexto de la diversidad de los territorios. CENAISE/AVSF.
Robles-Pillco, Jaime; Tobar, Vaca Martín y Almeida Betancourt, Antonio (2020) Diagnóstico sobre Formación técnica y profesional agrícola en Ecuador. AVSF
Troncos, Joel y Omayra, Peña (2020) Formación técnica y profesional agrícola de apoyo a la juventud en Suramérica para un desarrollo sostenible e incluyente” en Perú. AVSF
280 - Artesanos de la leche: La experiencia de Flor de Leche en la producción de derivados lácteos en Achocalla
Artesanos de la leche:
La experiencia de Flor de Leche en la producción de derivados lácteos en Achocalla
Geovana Mercado[1]
Trayectoria
Flor de Leche es una organización eco-social productiva que nace en 1998, en el municipio de Achocalla que se encuentra entre La Paz y El Alto. Inicio al principio con muy poca producción de leche, actualmente compra la leche de más de 150 familias y emplea a más de 36 personas para elaborar quesos y yogures frescos y añejos. Flor de Leche nace bajo la iniciativa de Stanislas Guilles, quien había trabajado alrededor de 11 años en educación de adultos, junto con la cooperación internacional en el Norte de La Paz, en la provincia Bautista Saavedra; de esta experiencia en el campo, le nace la necesidad de construir un proyecto que pueda sostenerse económicamente de forma autónoma sin depender de financiamiento externo.
En su búsqueda él llega a Achocalla que aún era una zona agrícola con bastante ganadería. Es ahí donde decide comenzar un emprendimiento en torno a la transformación de la leche a través de la iniciativa de Flor de Leche. Al inicio, Stanislas y su esposa Valentina Yanahuaya, compraban la leche y hacían pruebas de los quesos, en la cocina de la casa, poco a poco fueron creciendo, inicialmente contratando solo a dos personas para que les apoyen con la producción.
Institucionalidad
Actualmente Flor de Leche es una Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L), aunque al inicio era una empresa unipersonal. Así mismo se denominan una empresa eco-social pese a que en Bolivia no existe dicha figura legal.
Ser una empresa eco-social significa para Flor de Leche ir mucho más allá de obtener beneficios económicos sino también buscar un equilibrio y armonía con el medio ambiente y sustentar proyectos sociales en beneficio de los demás, los cuales incluyen actividades educativas, culturales y la promoción del desarrollo local.
“Esto para nosotros es tratar de mantener un balance entre lo económico, lo productivo, lo social y lo ecológico ambiental no sea una empresa simplemente para generar lucro y generar utilidades para los socios que mantenga un equilibrio ambiental a nivel ecológico y a nivel de productivo” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Aspectos tributarios
En términos impositivos, Flor de Leche esta categorizada como “Gran contribuyente” (GRACO), cuenta con numero de NIT y realiza sus aportes para el pago de impuestos bajo esta modalidad. Sin embargo, Flor de Leche considera que su clasificación no es del todo justa puesto que no cuentan con la posibilidad de descargar las compras por materia prima, lo cual incide de forma negativa en la empresa.
“Para nosotros el gran insumo es la leche más del 50% de nuestros costos porque son pequeños productores, sin embargo, tenemos que declarar como el 100% de las ventas, es un poco ilógica la clasificación que nos han puesto.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Organización interna
Flor de Leche es una empresa que utiliza una gran cantidad de mano de obra para procesar alrededor de 3000 litros de leche por día. Para esto se cuenta con un equipo de 25 personas en producción, necesarias principalmente por tratarse de producción artesanal, ya que, según Flor de Leche, si se hace una comparación con los procesos de transformación industrial, la misma cantidad de leche (3000 litros) se podrían transformar con tres a cuatro personas y maquinaria industrializada. Sin embargo, siguiendo su filosofía de empresa eco-social, Flor de Leche apuesta por la producción artesanal y la generación de empleos que eso conlleva. Es así que en la planta de producción trabajan alrededor de 25 personas y otras 10 personas en el area administrativa y de comercialización. Además de la producción de quesos, Flor de Lecha, también cuenta con un restaurant en Achocalla, donde se emplean aproximadamente 15 personas, de la cuales 10 personas atienden el restaurante los fines de semana y otras personas apoyan en el sistema y temas contables externos. En total 35 personas son personal fijo, y el resto es contratado por servicio cuando es necesario.
“Flor de Leche cree en el potencial de la producción artesanal de productos de alta calidad con uso intensivo de mano de obra como propuesta de desarrollo regional.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
El mercado
El principal mercado de Flor de leche es el Subsidio de maternidad y lactancia, pero además de ello, Flor de Leche distribuye sus productos en supermercados y tiendas especializadas en productos naturales y ecológicos, a continuación, se describe su experiencia en dichos mercados.
Supermercados y tiendas especiales
Flor de Leche afirma tener una relación basada en la confianza con los supermercados y tiendas en los que distribuye sus productos, es decir no cuentan con un acuerdo o contrato formal, pero siempre entregan a pedido.
“una vez por semana ellos nos entregan sus pedidos, producimos y preparamos su pedido y dos veces por semana vamos a dejarles a cada tienda o a cada supermercado. Y al interior del país es la misma dinámica de pedidos y preparar la producción y lo mandamos con buses, a Santa Cruz principalmente, un poquito a Cochabamba, y Sucre, Tarija, Oruro muy poquito.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
En cuanto a los precios se tienen precios diferenciados para compras al por mayor, que la realizan mayormente los mercados y supermercados, mientras para entregas en el interior del país se añade el costo de envío.
Experiencia con mercados estatales
El mercado más grande de Flor de Leche es el subsidio de maternidad y lactancia ya que el 60 a 70% de su producción se destina al mismo. Para acceder a este mercado Flor de Leche se presenta cada año a una convocatoria pública, en la que vienen participando desde el 2007, teniendo ya casi 14 años de experiencia en la provisión a este mercado.
“…cada año participamos en parte de la licitación, y hay que armar toda una carpeta de requisitos y varias certificaciones que tenemos que sacar, no adeudos en las AFPS, por ejemplo, en la Caja Nacional, solvencias fiscales, SENASAG, análisis microbiológicos, hay que armar una buena carpeta con bastante información, pero además nos hacen un monitoreo a la calidad de la leche, y eso es cada dos meses. Y bueno nuestra planta y el personal tiene que pasar la inspección para renovar cada proceso de licitación”. (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Sin embargo, pese a que el acceso a este mercado les sirvió mucho para consolidarse, al momento Flor de Leche se encuentra en busca de reducir su dependencia del mismo debido a que por ser un mercado estatal, este en ocasiones se ve afectado por factores políticos generando una inestabilidad en la demanda y por ende incertidumbre para la planta procesadora de leche:
“Es un mercado bien inestable no hay forma de hacer proyecciones, algunos meses nos piden un montón y otros meses no nos piden regularmente de ese lado es un mercado difícil de planificar… nosotros sostenemos porque esto nos permite seguir la dinámica con los productores de leche y compensarlos de otra manera. El subsidio nos permite mantener esta dinámica con el productor de leche y tener la cantidad de leche que podamos manejar esa cantidad de leche, pero del otro lado del mercado es bien inestable y la dependencia tan grande nos cuesta mucho.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
En cuanto a otros mercados estatales, Flor de leche tuvo la experiencia de proveer la Alimentación Complementaria Escolar en el municipio de Achocalla en el 2010, fue una experiencia interesante, donde se ofrecieron diferentes productos lácteos y con sabores alternativos como ser yogures bebibles con sabores a cañahua, amaranto y coco. Además, se evitó el uso de envase plásticos para no contaminar el medio ambiente, sino que en cada escuela los niños tenían sus vasitos para recibir su desayuno escolar, y Flor de Leche doto de refrigeradores a los colegios para que guarden los yogures o leches saborizadas refrigeradas, pues no se conserva a temperatura ambiente. El problema surgió sin embargo al momento de realizar los cobros por los productos al Gobierno Municipal, por las constantes demoras en los pagos, donde casi un año después seguían adeudando algunos pagos. Por otra parte, el municipio decidió no continuar contratando a Flor de Leche en la siguiente gestión porque si bien los productos de Flor de Leche eran de mayor calidad y en base a leche entera y natural, sus precios eran un poco elevados en comparación con los de la competencia.
Cadena de Valor
Como la especialidad de Flor de Leche son los quesos madurados, el 95% de la leche va a una sala de maduración, y el 5% pasa a productos frescos como ser: quesos frescos, yogur y queso para untar. Saliendo de la sala de producción los quesos pasan al área de afinamiento, por el lapso de dos semanas y hasta un año y medio, dependiendo del tipo de queso. Luego del proceso de afinamiento, cuando el queso llego a madurar, pasa a la sala de embalaje donde se etiqueta y envasa, después pasa a la sala de despacho donde los quesos se ponen en cajas destinadas al mercado. Flor de Leche realiza su propia distribución, dos veces por semana a diferentes puntos de venta, que son supermercados, tiendas especializadas y algunas ferias. Así mismo, Flor de Leche provee al Subsidio de maternidad y de lactancia alrededor de 60 a 70% de su producción.
Flor de leche en la actualidad trabaja con varias asociaciones de productores que se han ido conformando a lo largo de 20 años en torno a la trayectoria de la empresa. Alrededor de 130 familias de productores de leche corresponden al municipio de Achocalla. La leche es acopiada cada mañana, los productores están distribuidos en tres grupos: los productores que viven más cerca, quienes ordeñan la leche y la transportan hasta la planta donde son recibidos de manera personal y dos grupos de acopio: uno que acopia de la parte denominada la Hoyada en la ciudad de La Paz y otro grupo que acopia de la parte alta de Achocalla. El acopio está liderado por dos productores de leche que van casa por casa o comunidad por comunidad en ciertos puntos a recoger la leche bien temprano en la madrugada y después transportan en vehículos hasta la planta. Una vez que se ha recibido la leche en la planta, se realizan controles de calidad de la leche, y se recibe y pesa para luego ser pasteurizada. Una vez que la leche ha sido pasteurizada pasa a los diferentes procesos de producción.
En su relación con los proveedores de leche, Flor de Leche tiene un área de desarrollo de proveedores, contando con personal contratado exclusivamente para apoyar a fortalecer la la relación con los proveedores de leche haciendo incidencia para que se produzca un producto de mayor calidad, por ejemplo, brindando capacitaciones sobre alimentación de ganando, y promoviendo la asociatividad entre los proveedores.
“…hacemos capacitaciones para que los productores puedan producir un mejor queso, cuando se quedan con su leche, cuando por alguna razón no podemos recibirles su leche y entonces hemos hecho capacitaciones como hacer el queso, como hacer el yogur y también una certificación con el viceministerio de educación alternativa me parece en la que han certificado todas estas capacidades que los productores tienen y que no son reconocidos formalmente o que no han cursado una escuela, pero han reconocido a través de certificaciones, en conclusión es de nuestro interés estar en cercanía con nuestros productores de leche y generar estos espacios.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Un restaurante en Achocalla
Además, Flor de Leche cuenta con un restaurante en Achocalla, el cual solo funciona sábados y domingos y cuyo principal objetivo es el de dar a conocer los productos de Flor de Leche y que los clientes y amigos puedan degustarlos y conocer más acerca del proceso de producción, así como visitar la zona de Achocalla.
“en realidad ha sido como una estrategia para poder atender a nuestros clientes, porque antes trabajábamos toda la semana y el fin de semana llegaban algunos clientes y amigos y decían si podían visitar la planta o conocer un poquito más, o degustar algún quesito, y no teníamos ni el espacio ni la gente para atenderlos. También decimos que es nuestra principal herramienta de marketing, porque ahí la gente que nos visita puede conocer la planta y como se hacen los quesos y apreciar los productos de otra manera, en nuestros platos y postres que ofrecemos.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Innovación
La experiencia de Flor de Leche demuestra cómo es posible innovar desde la producción artesanal y respetuosa por el medio ambiente, además logrando beneficiar a las comunidades de pequeños productores que les rodean. En este sentido se identificaron cuatro diferentes tipos de innovación realizados por la empresa los cuales se describen a continuación:
- Innovación en productos, mediante lo cual Flor de Leche ha logrado desarrollar diferentes productos derivados de la leche y procesados de forma artesanal.
- Innovación en procesos, específicamente en términos de manejo de residuos del procesamiento artesanal como ser a través de la implementación de biodigestores, bio-filtros, lagunas de oxidación y humedales artificiales.
- Innovación social, que toma en cuenta a los proveedores de materia prima como aliados y construye iniciativas para promover el desarrollo de toda la comunidad, promoviendo el uso intensivo de mano de obra como propuesta de desarrollo regional.
- Innovación en servicios, como por ejemplo el servicio de restaurante que además de beneficiar a la zona por ser un atractivo turístico, le otorga la posibilidad de promocionar sus productos de forma más cercana al consumidor, ofreciendo una experiencia única y asegurando la fidelidad de sus clientes.
Estructura de costos y su importancia
Flor de Leche ha desarrollado un sistema para la determinación de los costos y su manejo, el cual se realiza mediante la organización en “centros de costos” que constituyen todas y cada una de las etapas del procesamiento y es así como determinan sus costos de producción.
“La primera etapa es la recepción de leche y la pasteurización todos los costos directos con esa etapa los apropiamos a esa etapa y así sucesivamente hasta el final. Esa es nuestra forma de manejo y los llamamos centros de costos que es por área, si no me equivoco son cinco áreas que son las etapas de producción, en estos centros de costos apropiamos los centros de costos directos únicamente.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
El proceso Productivo cuenta con 5 áreas de trabajo:
- i) Servicios a la producción: cuya función es la recepción de leche, control de calidad de leche, pasteurización de leche y envío para los procesos de quesos y yogures; en esta área trabajan 2 personas.
- ii) Producción: se encarga de la transformación de leche en queso de manera artesanal, cuenta con 4 personas y en promedio por día se obtienen 350 kilos que queso.
iii) Área frescos: cuya función es preparar yogur, queso crema y queso criollo; cuenta con 3 trabajadores.
- iv) Área de afinamiento: cuya función es cuidar, afinar y hacer madurar los quesos de diferentes tipos y variedades; cuenta con 3 trabajadores.
- v) Área de Embalaje: La función de esta área es el cortado, envasado y embalado de los diferentes tipos de quesos, tanto para supermercados y subsidio. Se cuenta con 3 trabajadores.
En cuanto a costos administrativos, estos son manejados de forma separada a los costos de producción de acuerdo a la cantidad de leche que se procesa diariamente. Toda la información relacionada a costos se maneja a través de hojas dinámicas de Excel con la ayuda de una contadora, sin embargo, Flor de Leche también se encuentra desarrollando un sistema contable más avanzado que se adapte a las necesidades de la empresa:
“Ha ido cambiando porque al principio toda la contabilidad estaba en un Excel era menos compleja, era más poquito que registrar y que controlar. A medida que nuestro negocio ha ido creciendo hemos tenido que apoyarnos con sistemas contables es más especializado y justo desde los últimos tres años estamos diseñando un sistema contable y un sistema de gestión se adecue a nosotros y sea único para Flor de Leche porque realmente es complejo. Si bien hemos tenido sistemas siempre hemos tenido que apoyar con Excel y como hay más control que hacer se necesita un sistema más específico.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Certificaciones
Flor de Leche cuenta con diferentes certificaciones, en cuanto a calidad cuenta con certificación ISO 9001 desde hace varios años, además con certificaciones BPM (buenas prácticas de manufactura). Por otra parte, Flor de Leche es miembro de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) y en el marco de esta organización, se encuentran en procesos de obtener una certificación de productores ecológicos denominada Sistemas Participativos de Garantía (SPG), debido a que los lineamientos de esta certificación para queso y leche aún están en desarrollo. Así mismo cuentan con certificación de inocuidad alimentaria otorgado por SENASAG, el cual es obligatorio para las industrias lácteas, entre otras certificaciones también cuentan con la certificación del SEDES y con el sello “Hecho en Bolivia”.
En cuanto a la certificación de inocuidad alimentaria otorgada por SENASAG, su obtención fue muy difícil para Flor de Leche debido a la naturaleza artesanal de su producción, y a que el SENASAG no contempla este tipo de producción entre sus normas:
“Es bien complejo, porque no hay una comprensión artesanal, por ejemplo siempre nos han observado que utilizamos madera en nuestros sótanos de afinamiento, todos los utensilios deben ser de plástico o acero inoxidable, pero en la producción artesanal la madera da características especial y es importante, pero no siempre hay esta apertura o el tema de reutilizar materiales, por ejemplo en nuestros basureros son bidones guardados donde pintamos papel plástico y vidrio, y claro siempre son motivo de observación, porque los basureros deben estar siempre bien tapados. O las toallas del personal tienen que ser de papel y que cada uno use una toallita de papel en lugar de tener toallas que se puedan lavar y de reutilizar” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Debido a esto, obtener la certificación de SENASAG cada dos años fue siempre un problema para Flor de Leche, sin embargo, la ampliación de la validez del certificado a 5 años les parece más ventajoso en la actualidad.
Contexto post-Covid-19
La cuarentena decretada durante el 2020 debido al COVID-19 afecto de manera significativa a Flor de Leche, en primer lugar, debido a su gran dependencia del subsidio de maternidad y lactancia como principal mercado. Debido al COVID-19 se frenó temporalmente la provisión del subsidio y por lo tanto Flor de Leche tuvo que reducir significativamente su producción, lo cual afecto tanto a la empresa como a sus proveedores pues tuvo que dejar de comprar leche al no tener donde acomodar sus productos.
“en la pandemia lo hemos sentido más fuerte que nunca el subsidio paró y no podíamos procesar, y tuvimos que parar el acopio de leche”. (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Así mismo la pandemia obligo a Flor de Leche a modificar sus procesos con el fin de asegurar la seguridad y sanidad de sus productos y el personal que trabaja en sus plantas de producción, ya que si bien anteriormente existían protocolos de seguridad para cada proceso, se vio la necesidad de implementar nuevos protocolos para evitar contagios a nivel de productores, acopiadores y miembros del Equipo. De esta forma Flor de Leche implemento los siguientes protocolos:
- Protocolos para productores
- Cuidamos a los abuelitos (los jóvenes tuvieron que asumir sus labores)
- Protocolos para acopiadores recojo y entrega de leche
- Bioseguridad y procedimientos.
- Implementación de vestimenta y equipo de protección personal.
- Barbijos, delantales, mamelucos, gorros, botas, guantes y otros
Sin embargo, pese a todo lo negativo que trajo la pandemia COVID-19 Flor de Leche puede aún rescatar algunos aprendizajes positivos como ser lo importante del trabajo en equipo y la necesidad de articularse en redes con otras empresas para afrontar crisis como estas:
“El tema de la pandemia nos ha enseñado a nivel interno a trabajar con un grupo de gente comprometida, nos ha favorecido en tener conciencia con el entorno, con el tipo de productos que se hacen. Creo que para el futuro otra cosa que veíamos importante relacionarse y aliarse con otras organizaciones amigas, empresas e ir generando de manera conjunta. Hay que hacer como redes entre nosotros para poder pasar esta situación.” (Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica Flor de Leche).
Los aprendizajes de la experiencia de Flor de Leche
La experiencia de Flor de Leche sin duda nos transmite diferentes aprendizajes que pueden ser aplicados a otros emprendimientos entre los cuales destacan:
- El respeto por el medio ambiente se constituye en una fortaleza de la empresa, puesto que motiva al desarrollo de innovaciones tecnológicas que aseguren practicas respetuosas con el entorno y benefician no solo a la empresa sino también a la comunidad y la región de Achocalla que podría lograr replicar las mismas en el corto y mediano plazo.
- El desarrollo de una relación ganar-ganar con sus proveedores les asegura materia prima permanente y de buena calidad, esto se logra a través de la construcción de relaciones de confianza, en base a la transparencia y empatía, además a la provisión de servicios y apoyo tales como la capacitación en el manejo del ganado y de la leche, así como la transferencia de conocimientos en elaboración de yogur y quesos criollos.
- El acceso a mercados públicos permitió el crecimiento sostenido, pero también genero dependencia, por ser el destino de la mayor parte de su producción, por lo cual urge promover su ingreso a otros mercados y así diversificar sus opciones minimizando el riesgo que actualmente representa el mercado del Subsidio.
- El contexto Covid-19 propicio la necesidad de implementar nuevas medidas de bioseguridad y ajustar los protocolos y procesos para evitar la contaminación de su producto y el contagio de los trabajadores, esto fue desarrollado de forma exitosa por la empresa en base a la identificación de puntos críticos que requieran mayor control, como por ejemplo el área de recepción de leche. Así mismo la empresa no solo trabajo un protocolo para sus instalaciones, sino que también ofreció guías a los proveedores de materia prima para que se cumplan todas las medidas de bioseguridad y se eviten contagios en las familias productoras.
Referencias
Entrevista a Teresa Guilles, Gerente Estratégica de Flor de Leche S.R.L., realizada el 7 de noviembre en La Paz-Bolivia, 2020.
Cómo citar este texto
Mercado, Geovana (2020). Artesanos de la leche: La experiencia de Flor de Leche en la producción de derivados lácteos en Achocalla. En: Curso Virtual: Determinación de costos y experiencias de mercado en Bolivia. La Paz: IPDRS – Swisscontact.
[1] Es PhD en Economía de Alimentos y Recursos de la Universidad de Copenhague. Sus principales intereses profesionales incluyen aspectos institucionales y organizativos de los mercados campesinos, revalorización de los alimentos locales, soberanía alimentaria, conservación de la agrobiodiversidad y métodos de investigación cualitativa. Es autora y coautora de una variedad de textos e investigaciones en torno a Compras públicas, Alimentación Escolar, Cultivos andinos y Soberanía Alimentaria.