La trayectoria histórica de Venezuela, marcada por la sustitución de la agricultura por la renta petrolera, ha generado una profunda crisis estructural en el acceso a la tierra, la producción de alimentos y la institucionalidad rural, agravada por la hiperinflación, la desinstitucionalización del Estado y la violencia en el campo. La política agraria, caracterizada por expropiaciones, control militar de la producción y una creciente inseguridad jurídica, ha provocado el abandono de predios, la caída sostenida de la producción agrícola y una elevada conflictividad social que incluye asesinatos, persecuciones y desplazamientos de campesinos y pueblos indígenas. A ello se suma la expansión de actividades extractivas, como el Arco Minero del Orinoco, que vulnera derechos territoriales y ambientales, profundizando el deterioro de las condiciones de vida rural. En este contexto, las organizaciones campesinas e indígenas, pese a la fragmentación y la cooptación política, impulsan acciones de resistencia y propuestas orientadas a la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria y la reconstrucción de marcos institucionales que permitan enfrentar la crisis agraria y social del país.