La aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales representa un hito histórico en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones rurales frente al poder de las corporaciones agroindustriales transnacionales. Este avance reafirma principios fundamentales como la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra, a las semillas, a condiciones de vida dignas y a la protección frente a la contaminación ambiental y la violencia estructural. En un contexto global marcado por la concentración de la propiedad, la mercantilización de los alimentos y la vulnerabilidad de millones de campesinos, la declaración se constituye en un instrumento político y ético que fortalece las luchas sociales por la autonomía productiva, la biodiversidad y la justicia social. Aunque su aplicación depende de la voluntad de los Estados, su adopción consolida un marco de referencia internacional que desafía los intereses de las grandes multinacionales y legitima las demandas históricas del campesinado a nivel mundial.