La construcción de la paz en Colombia se encuentra estrechamente vinculada al acceso a la tierra, la reparación a las víctimas y la transformación estructural del campo, en un contexto marcado por profundas desigualdades históricas y una persistente conflictividad territorial. A pesar de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz, la implementación de la Reforma Rural Integral enfrenta avances limitados y retrocesos significativos, expresados en la concentración de la propiedad, la expansión del extractivismo, la violencia contra líderes sociales y la disputa armada por el control de territorios estratégicos. La persistencia de economías ilícitas, la débil presencia estatal y las tensiones entre modelos agroindustriales y formas campesinas e indígenas de producción han profundizado la inseguridad y la fragmentación social en amplias regiones rurales. Frente a este escenario, las organizaciones sociales, campesinas e indígenas han impulsado respuestas colectivas como la Minga, las zonas de reserva campesina y las guardias comunitarias, reafirmando la centralidad del territorio, la participación y la justicia social como condiciones indispensables para una paz duradera y territorialmente arraigada en Colombia.