El análisis de las tierras públicas en Argentina revela una tensión estructural entre su valoración como simples recursos económicos y su consideración como patrimonio nacional destinado al bien común. A diferencia de otros países del MERCOSUR, Argentina carece de una institucionalidad nacional unificada para regular la distribución de tierras fiscales, realidad que ha permitido históricamente la concentración de la propiedad en manos de élites provinciales, militares o grupos económicos. Las reformas constitucionales y la fragmentación normativa reforzaron esta atomización, debilitando la capacidad del Estado para implementar políticas equitativas que garanticen acceso a la tierra a campesinos y pueblos originarios. El desafío es demostrar que el país puede superar este modelo disperso y desigual, recuperando una visión estratégica de la tierra como base para el desarrollo rural, la justicia social y la protección de los recursos naturales.