La violencia estructural y política ha marcado de manera profunda a comunidades campesinas e indígenas en Sudamérica, especialmente en Colombia y el Perú, donde el conflicto armado y las disputas por la tierra provocaron desplazamientos forzados, despojo territorial y la ruptura de las formas de vida comunitaria. Aunque en ambos países los enfrentamientos armados han disminuido o finalizado formalmente, sus consecuencias sociales, culturales y económicas persisten, agravadas por la continuidad de intereses rentistas, terratenientes y extractivos que aprovechan la violencia para concentrar tierras. Los procesos de retorno enfrentan múltiples obstáculos, entre ellos la burocracia estatal, la ineficiencia institucional y la persistencia de actores armados o empresariales que controlan los territorios. En este contexto, las comunidades afectadas desarrollan diversas estrategias de resistencia, reorganización y defensa territorial, combinando acciones legales, organización colectiva y movilización social, evidenciando que la lucha por la tierra sigue siendo un eje central de conflicto y dignidad en la región.