Las regulaciones recientes sobre el uso y control de semillas en varios países sudamericanos revelan un conflicto creciente entre marcos legales orientados a la propiedad intelectual y las prácticas ancestrales de reproducción e intercambio propias de la agricultura campesina. La expansión de normativas inspiradas en modelos industriales —como las reformas en Argentina, el proyecto “Ley Monsanto-Von Baer” en Chile y las disposiciones del ICA en Colombia, evidenciadas en el documental 970— muestra una tendencia a restringir el uso de semillas nativas, criminalizando su reutilización y subordinando los sistemas productivos locales a intereses corporativos. Este proceso, heredero de la Revolución Verde y de políticas que priorizan paquetes tecnológicos de alto rendimiento, profundiza la dependencia de insumos externos, reduce la autonomía de los agricultores y amenaza la diversidad biológica y cultural asociada a las semillas. Frente a ello, surgen debates y propuestas orientadas a proteger los derechos de los agricultores y a reivindicar el valor de las semillas nativas como patrimonio colectivo y base esencial para la soberanía alimentaria.