La reforma agraria integral se plantea como una condición indispensable para alcanzar una vida digna en el campo y reducir las profundas desigualdades en el acceso y control de la tierra a nivel global. En un contexto marcado por la concentración de la propiedad, el acaparamiento de tierras y el aumento de los conflictos agrarios, se subraya la necesidad de retomar políticas redistributivas que garanticen seguridad jurídica, equidad de género y participación efectiva de campesinos, pueblos indígenas y comunidades locales. Las experiencias expuestas evidencian que los avances en materia de reforma agraria no son concesiones estatales, sino el resultado de largas luchas sociales, muchas veces acompañadas de persecución, criminalización y violencia contra defensores de la tierra y el medio ambiente. Frente a modelos de desarrollo basados en la inversión a gran escala y el despojo territorial, se destaca la urgencia de fortalecer las organizaciones sociales, proteger a los defensores de derechos y promover políticas públicas coherentes que articulen acceso a la tierra, soberanía alimentaria, justicia social y sostenibilidad ambiental.