La creciente conflictividad en torno a los recursos naturales en Bolivia revela tensiones profundas entre modelos de desarrollo que compiten por definir el rumbo del país. Las disputas por excedentes extractivos, los impactos ambientales derivados de actividades mineras, hidrocarburíferas y agrícolas, y la defensa territorial de pueblos indígenas evidencian que la matriz económico-productiva continúa anclada en un patrón extractivista que concentra beneficios y agudiza desigualdades. La clasificación de los conflictos muestra tres grandes campos —apropiación del excedente, sostenibilidad ambiental y preservación de medios de vida indígenas— que, aunque diferentes, comparten una misma raíz: la incapacidad institucional para gestionar demandas sociales en un contexto donde la explotación intensiva de recursos sigue siendo central para la economía. Esta convergencia de tensiones plantea la necesidad de replantear las bases del desarrollo boliviano, cuya retórica de sostenibilidad contrasta con prácticas que reproducen dependencia, degradación ambiental y vulneración de derechos colectivos.