El análisis de las políticas públicas de tierras en Paraguay revela que la histórica concentración de la propiedad rural, sostenida por marcos legales débiles y una aplicación limitada de la reforma agraria, continúa condicionando gravemente las posibilidades de vida del campesinado. Aunque la Constitución reconoce el latifundio como un problema social y habilita mecanismos como la expropiación y el uso social de la tierra, la acción estatal se ha reducido casi exclusivamente a la compra de predios, sin alterar la estructura profundamente desigual que ubica al país entre los de mayor concentración de tierras en el mundo. Programas recientes como el censo rural o la CEPRA han evidenciado tanto la desconfianza y frustración de las comunidades como el alcance limitado de las intervenciones, afectadas por bajos presupuestos y debilidades institucionales. El reto consiste en demostrar que una reforma agraria efectiva requiere voluntad política sostenida, recuperación de tierras malhabidas, fortalecimiento institucional y participación social amplia, únicas vías para revertir la descampesinización y sus consecuencias sobre la soberanía alimentaria, el empleo y la cohesión social.