Las políticas de tierras en el Perú han favorecido, desde la década de 1990, la expansión de grandes empresas agrarias orientadas a la exportación, generando procesos de reconcentración de la tierra y debilitando el acceso y la seguridad territorial de pequeños agricultores y comunidades campesinas y nativas. A pesar de la existencia de leyes que reconocen derechos para estos sectores, las reformas constitucionales y normativas liberalizaron el mercado de tierras, redujeron las garantías sobre la propiedad comunal y facilitaron la transferencia de territorios a inversionistas privados. Paralelamente, la informalidad y la falta de titulación persisten como problemas estructurales, mientras la consulta previa enfrenta resistencias que limitan la participación indígena en decisiones sobre sus territorios. En conjunto, la situación evidencia una marcada tensión entre el modelo de desarrollo orientado a la gran inversión y la necesidad de políticas agrarias que aseguren una distribución equitativa de la tierra y la protección efectiva de los derechos colectivos.