La situación de los defensores de la tierra y del medio ambiente en el Perú se desarrolla en un contexto marcado por la inseguridad jurídica, la corrupción institucional y la expansión de actividades ilegales y extractivas que afectan gravemente a comunidades campesinas y pueblos indígenas. La lentitud y desigualdad en los procesos de titulación comunal, junto con la superposición de concesiones forestales, mineras y petroleras, han generado conflictos territoriales persistentes, violencia social y un alto nivel de riesgo para quienes defienden los derechos colectivos. A pesar de ciertos avances normativos y administrativos, las políticas públicas continúan priorizando la titulación individual y los proyectos de inversión a gran escala, debilitando la protección de los territorios comunales. Frente a este escenario, las organizaciones indígenas y campesinas han impulsado acciones de incidencia, movilización y propuestas orientadas a garantizar la seguridad territorial, el reconocimiento pleno de sus derechos, la participación efectiva en la gestión del territorio y la defensa de la vida y del medio ambiente como condiciones fundamentales para un desarrollo rural justo y sostenible en el Perú.