El denominado Pacto de Leticia surge en un contexto de alarma internacional por los incendios forestales en la Amazonía y expresa una respuesta política limitada de los Estados sudamericanos frente a una crisis ambiental de carácter estructural. Si bien el acuerdo plantea intenciones de cooperación regional para la conservación de los bosques y la biodiversidad, prima en su formulación la reafirmación de las soberanías nacionales por encima de mecanismos efectivos de coordinación, debilitando el rol de instancias ya existentes como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. El reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus saberes ancestrales aparece de forma parcial, sin abordar de manera clara sus derechos territoriales, demandas de autonomía ni su participación vinculante en las decisiones sobre la Amazonía. En este marco, el pacto revela las contradicciones de los Estados, que omiten su responsabilidad en la promoción de modelos extractivos y en la actuación de actores económicos legales e ilegales, reproduciendo una visión que subordina la protección amazónica a intereses nacionales y a una lógica de desarrollo dependiente y poco sostenible.