El escenario político ecuatoriano posterior a la salida de Rafael Correa se configura como un proceso de reacomodo marcado más por una evolución pragmática que por una ruptura abrupta, en un contexto de fragilidad económica, crisis de legitimidad y desgaste del ciclo progresista. La estrategia impulsada por Lenín Moreno, expresada en la consulta popular de febrero de 2018, busca consolidar una base propia de gobernabilidad mediante el distanciamiento del caudillismo correísta y la recomposición de alianzas políticas, sin cuestionar de fondo el modelo económico sustentado en el extractivismo y la modernización capitalista guiada por el Estado. Esta transición evidencia las limitaciones estructurales de un progresismo construido sobre la concentración del poder político y la dependencia de las materias primas, al tiempo que abre interrogantes sobre la posibilidad de retomar el horizonte histórico del proceso constituyente —plurinacionalidad, interculturalidad, economía social y solidaria y Buen Vivir— frente a los riesgos de un retorno al neoliberalismo y de una crisis política aún latente.