La emancipación de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe exige mucho más que superar la discriminación diaria: requiere garantizar plenamente sus derechos humanos y reconocer su control sobre la tierra, base material y simbólica de sus proyectos de vida. El documento muestra cómo, pese a avances constitucionales y legales en varios países, persisten patrones culturales e institucionales que siguen limitando su acceso a la propiedad, agravados por contextos de violencia, pobreza y despojo, como en Colombia. Frente a ello, las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes han construido estrategias de resistencia, emprendimientos productivos y formas de incidencia política que fortalecen su autonomía, su identidad cultural y su capacidad de permanecer en sus territorios. El desafío para los Estados es demostrar que estos cambios normativos pueden traducirse en transformaciones reales que garanticen la justicia de género en el campo.