El conflicto en torno al proyecto minero Tía María evidencia cómo la expansión de actividades extractivas en territorios rurales no solo plantea tensiones por el uso del agua y la degradación ambiental, sino que revela profundas fallas institucionales en la toma de decisiones, la ausencia de consulta y la débil articulación entre Estado, comunidades y empresas. La resistencia de los agricultores del valle del Tambo expresa el temor a que la minería altere irreversiblemente el equilibrio ecológico y productivo del que dependen, mientras que la conflictividad social expone la necesidad de mecanismos legítimos, transparentes y participativos para gestionar intereses contrapuestos. El desafío consiste en demostrar que es posible una relación equilibrada, basada en responsabilidad ambiental, diálogo informado y gobernanza territorial, capaz de conciliar las demandas extractivas con la protección de la agricultura familiar y el bienestar de las comunidades.